• Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Santander
  • Ponente: MARIA ALMUDENA CONGIL DIEZ
  • Nº Recurso: 322/2018
  • Fecha: 15/06/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Se recurre el Auto de P.Abreviado. Se alega vulneración del derecho de defensa, de la tutela judicial efectiva y al juez imparcial interesando la nulidad de actuaciones. Sostiene que entre su primera declaración como investigado y el auto de P.Aabreviado han transcurrido 4 días pese a que la incoación tuvo lugar en el año 2008 habiéndose retrasando su acceso al procedimiento de forma injustificada, menoscabando con ello su derecho de defensa. La efectividad del derecho de defensa requiere, al menos que se garantice la posibilidad de comunicación entre el acusado y su letrado que permita a aquel conocer el contenido de la acusación que se formula contra él y de las pruebas presentadas en su contra, a fin de poder proporcionar a su abogado los instrumentos necesarios para que pueda articular su defensa de forma eficaz, lo que se encuentra íntimamente relacionado con el momento en que se produzca la imputación, con la complejidad y volumen de la causa y con el tiempo que se disponga para poder ilustrarse mínimamente de la misma. La obligación de informar a las personas sospechosas de los hechos por los que se les investiga y los derechos que, a partir de ese momento, tienen entre ellos el de acceder al contenido de las actuaciones e intervenir en ellas contradictoriamente, surge al comienzo del procedimiento y, desde luego, antes del primer interrogatorio en calidad de sospechoso. El recurrente ha sufrido efectiva indefensión material por lo que se acuerda la nulidad del auto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Burgos
  • Ponente: IGNACIO MARIA DE LAS RIVAS ARAMBURU
  • Nº Recurso: 28/2020
  • Fecha: 15/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El conjunto de indicios existentes sirvió para valorar la relación de ambos acusados con el delito investigado, justificando adecuadamente la proporcionalidad de dicha medida, de cuya entrada y registyro derivó la existencia de una gran cantidad de droga e instrumentos para su tráfico. Lo anterior junto a otras pruebas, determina la conducta de Juan María, encargado de almacenar una importante cantidad de speed, para que, Carlos Daniel, que le había facilitado el alquiler de una vivienda próxima a la suya en la que se ocuparon diversos útiles para su pesaje y empaquetado, se encargara de su distribución a los otros dos acusados.Ello integra en sí misma el delito de tráfico de estupefacientes aplicado.,
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Santiago de Compostela
  • Ponente: JOSE GOMEZ REY
  • Nº Recurso: 1/2018
  • Fecha: 15/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se examinó la posible falsedad de los documentos que se reputan falsos en el escrito de acusación: el de más enjundia la nota interior en la que consta como fecha la de 13/10/2011. Además, se dice que son falsos, la diligencia fechada el 21/10/2010, el oficio de fecha 12/12/2010 y el oficio en el que se da respuesta al anterior, fechado el 16/1/2013. De estos cuatro documentos han alegado las defensas y reconocido el Ministerio Fiscal, que por su estrecha vinculación, cabe considerar que han sido confeccionados en "unidad natural de acción". Se trata de un expediente sobre "Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos". La sentencia efectúa un minucioso anális de la base documetal y del delito del art.390 CP, indicando que a) son atípicas, por ausencia de antijuridicidad material, las falsedades burdas e inocuas por carecer de potencialidad para perturbar el tráfico jurídico; b) es necesario que el documento falsificado tenga vocación de introducirse en el tráfico.Y se concluye en que :los documentos que se reputan falsos por las acusaciones carecían de virtualidad para perturbar la investigación en curso, que era el "tráfico jurídico", la relación existente en aquel momento entre la Fiscalía y las autoridades o funcionarios que suscribieron los documentos. Las falsedades eran inocuas, pues carecían de potencialidad lesiva, de capacidad para alterar la realidad jurídica en la que se insertaban.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ
  • Nº Recurso: 3782/2018
  • Fecha: 12/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Admitida la necesidad de que en la determinación del precio de venta al público de las mercancías intervenidas o decomisadas se tenga en cuenta el estado de conservación del tabaco, se hace difícil entender el enlace entre esa exigencia normativa y el contenido material del derecho a la presunción de inocencia. La Audiencia ha concluido que en el interior de los dos contenedores que arribaron al puerto de Barcelona había 700.000 cajetillas de tabaco. Y ha proclamado esa inferencia a partir del examen de la prueba documental y testifical que fue sometida a contradicción durante el plenario.Basta la lectura del relato de hechos probados para descartar su encaje en la infracción de la norma de cuidado, del deber de diligencia que da vida al tipo imprudente. El acusado aprovechando su condición de apoderado de Agente de Aduanas, con la finalidad de importar una gran cantidad de tabaco, sin abonar la deuda aduanera y obtener un beneficio económico, simuló una importación más del material que habitualmente éste importaba, concretamente artículos de uso doméstico en plástico.La introducción irregular de mercancías se consuma desde que pasan la primera oficina aduanera situada en el interior del territorio aduanero de la Comunidad sin que hayan sido presentadas en ella. Pasaron cuatro días en los que la mercancía clandestina -ya en territorio español- estuvo a disposición del acusado, sin control de los agentes de Vigilancia Aduanera. Mal se puede hablar de tentativa de delito.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 3958/2018
  • Fecha: 12/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Las declaraciones testificales en el Plenario de los agentes policiales sobre hechos de conocimiento propio al estar prestadas con las garantías procesales propias del acto, constituyen prueba de cargo apta y suficiente para enervar la presunción de inocencia. Estos funcionarios llevan a cabo sus declaraciones de forma imparcial y profesional, en el sentido de que no existe razón alguna para dudar de su veracidad, cuando realizan sus cometidos profesionales, teniendo las manifestaciones que prestan un alto poder convictivo, en cuanto no existe elemento subjetivo alguno para dudar de su veracidad, precisamente en función de la profesionalidad que caracteriza su cometido profesional, la formación con la que cuentan y la inserción de la policía judicial en un Estado Social y Democrático de Derecho, como es el nuestro. Esta Sala admite como manifestaciones espontáneas supuestos de declaración no provocada seguida de la aportación de un dato fáctico esencial desconocido por la fuerza, que se comprueba seguidamente como válido. La posición en el juicio de los testigos adquirentes de droga es extremadamente delicada, como nos enseña la experiencia del foro, pues delatar al vendedor le va a acarrear seguras y graves represalias, no sólo por lo que en sí supone de imputación delictiva, sino por los riesgos que corren, de verse inmersos en problemas judiciales, los eventuales vendedores que decidan no suministrarle alguna dosis en ocasiones futuras.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ
  • Nº Recurso: 3713/2018
  • Fecha: 12/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito de estafa. Elementos del delito. El engaño bastante. El recurso de casación tras la reforma operada por la LO 41/2015, de 5 de octubre. Recurso de casación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia: límites a la valoración de la prueba practicada en la instancia. La credibilidad de los testigos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 3487/2018
  • Fecha: 11/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Para que pueda prosperar un motivo por denegación de prueba hay que valorar no solo su pertinencia sino también y singularmente su necesidad; más aún, su indispensabilidad en el sentido de eventual potencialidad para alterar el fallo. La prueba podía ser en verdad pertinente. Pero desde luego, su necesidad es muy cuestionable. La presencia de otras periciales analizando la sustancia convierte esta hipotética indagación en una diligencia totalmente prescindible.Un auto no firmado no equivale a inexistencia de una decisión judicial. Lo realmente determinante no es que la intervención telefónica (o cualquier otra decisión jurisdiccional) aparezca en un escrito rubricado por un juez, sino que lo haya decidido un Juez de forma racional y motivada.La firma no es lo que confiere vida jurídica a la decisión. Eso no significa que no sea importante; y que no se deba extremar el cuidado. la mayoría de los cinco autos no firmados por el Instructor sí recogen una diligencia consecutiva firmada por el Letrado de la Administración de Justicia que minimiza en alguna medida aquella omisión -ausencia de firma del Instructor-: no es que la subsane o sirva para suplirla, pero sí acredita que el Letrado da fe de que el Auto fue dictado por el Instructor y por ello se procede a ejecutar lo resuelto.El silencio del acusado sirve como dato corroborador de su culpabilidad, pero no como medio para suplir o complementar la insuficiencia de prueba de cargo contra él.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 3225/2018
  • Fecha: 11/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el caso enjuiciado, puede deducirse el ánimo homicida, en función del instrumento utilizado, un vehículo de motor, mecanismo apto para acabar con la vida de una persona mediante su atropello. La víctima se encuentra en una esquina que hace chaflán, prácticamente al lado de la pared del inmueble que bordea tal esquina, de manera que de ser alcanzada, hubiera sido empotrada entre el morro del vehículo y la pared, cuyo aprisionamiento es potencialmente letal. Por si fuera poco, la velocidad con que iba a ser acometida era la adecuada para un desarrollo mortal. Únicamente puede salvarse por la maniobra de su amiga, que la empuja hacia fuera de la trayectoria del móvil, con lo que salva milagrosamente su vida. Se califica la acción del intento de atropello con dolo de muerte, como constitutivo de un delito intentado de homicidio en concurso ideal, del art. 77.1 del Código Penal, con un delito de lesiones dolosas, causadas con instrumento peligroso, tipificadas en los arts. 147 y 148.1º del Código Penal. Al no existir más que una víctima, a la que se causan lesiones como consecuencia del intento de atropello, el delito de lesiones dolosas no puede calificarse aparte, sino que tal consecuencia es la correspondiente a la causación de lesiones mediante el hecho calificado de homicidio intentado, no pudiendo tener el autor dolo de matar y de lesionar a la misma persona y al mismo tiempo; en otras palabras, no hay un concurso de delitos, sino un solo delito (homicidio intentado).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JOSE NAVARRO SANCHIS
  • Nº Recurso: 24/2018
  • Fecha: 11/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala declara inadmisible la demanda al haberse presentado fuera del plazo de tres meses establecido en el artículo 293.1.a) LOPJ. Y considera que no hay error judicial, con claridad, porque la sentencia impugnada es correcta cuando impone las costas (art. 139 LJCA), pues, aunque el recurrente junto con sus dos hermanos sucedieron a su madre fallecida en la posición procesal de recurrente, que litigaba con el beneficio de justicia gratuita, ésta es personalísima y sólo disfruta de ella quien acredite la insuficiencia de recursos para litigar. De hecho, en casos de litisconsorcio o pluralidad de actores o demandados, cabe que unos gocen y otros no, del mencionado beneficio, asociado a la situación patrimonial personal de cada uno de ellos. El recurrente acredita que en 2019 obtuvo, al parecer para otro litigio, ese beneficio de justicia gratuita, lo que es un hecho posterior a las vicisitudes de este asunto y que no pudo el Tribunal sentenciador tener en cuenta para resolver, ni afecta a la corrección de lo resuelto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGELES HUET DE SANDE
  • Nº Recurso: 145/2019
  • Fecha: 11/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS, ante la alegación previa de la Administración demandada del incumplimiento por la entidad recurrente del requisito que establece el art. 45.2.d) LJCA para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación, recuerda STS de Pleno de 5 de noviembre de 2008 (rec. 4755/2005), que aclaró definitivamente la necesidad de las entidades mercantiles de aportar el acuerdo corporativo al que hace referencia el citado precepto. En el presente caso, siendo necesario acreditar, no sólo el nombramiento como administrador único, sino también que, como tal administrador único, disponía de la capacidad interna necesaria para ejercitar acciones en su nombre de conformidad con los estatutos, resulta tal requisito no se ha cumplido por la recurrente ya que no consta acreditado en forma alguna que la firmante del acuerdo aportado sea, efectivamente, la administradora única de la sociedad. Y siendo un requisito subsanable, sin embargo la recurrente no ha procedido en consecuencia ante la causa de inadmisibilidad opuesta por la Administración en la contestación a la demanda, lo que obliga a declarar la inadmisibilidad del recurso sin necesidad de que por la Sala se tenga que abrir de oficio ningún trámite de subsanación.

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