• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MONTERDE FERRER
  • Nº Recurso: 1567/2018
  • Fecha: 14/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La jurisprudencia de esta Sala ha señalado en general que el número 2 del apartado 1 del art. 390 CP, la simulación de un documento puede incluir supuestos de falsedad ideológica cuando la mendacidad afecta al documento en su conjunto porque se haya confeccionado deliberadamente con la finalidad de acreditar en el tráfico una relación jurídica inexistente. Por el contrario, la alteración del contenido del documento de forma parcial, sería atípica por la despenalización expresa del art. 392 ya que sería un supuesto de falta a la verdad en la narración de los hechos. La falta de verdad en la narración de los hechos entraña mendacidad en lo que el contenido del documento relata, mientras que la inautenticidad atañe al origen creador ya sea en su dimensión subjetiva es decir la de la identidad de la persona que aparece como autora del mismo, o sea en su dimensión objetiva que afecta a aquella supuesta realidad antecedente que condujo o determinó la elaboración misma del documento y que éste, por el solo hecho de existir -con independencia de la fidelidad mayor o menor de su contenido- presupone como realidad objetiva verdadera. La sentencia objeto del recurso de casación es, precisamente, la dictada en apelación por el Tribunal correspondiente, y por ello, no pueden ser objeto de denuncia cuestiones ajenas a lo debatido en el recurso de apelación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 10161/2019
  • Fecha: 14/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El dolo de lesionar en el delito de lesiones del art. 149 va referido a la acción, pues el autor conoce o se representa que, como consecuencia de la acción que voluntariamente desarrolla, se va o puede producir unas lesiones. En este caso el resultado es evidente y queda acreditado con el resultado final y la acción es agresiva y directa al ojo con la llevanza de anillos en los dedos. La idoneidad es absoluta en la producción del resultado. No se trató de un mero puñetazo, sino de un golpe directo al ojo con los anillos en los dedos. No es suficiente con que el delito se haya producido en meras circunstancias de tiempo o espacio coincidentes con los propios de la actividad laboral, sino que, además, se requiere que la conducta objeto de sanción guarde alguna relación con el cometido concreto de la actividad laboral. En este caso, hay una absoluta desconexión en la agresión de un empleado a otro y la causación de un resultado dañoso, por cuanto en la redacción del hecho probado no existe un vínculo entre empresa y empleados por el hecho de que uno agreda a otro en el mismo centro empresarial, y aunque lo haga en horario comercial, por cuanto no puede llevar a maximizarse la responsabilidad objetiva o por riesgo, llevando a la empresa a responder por "todo lo que ocurra en su seno" civilmente, por cuanto la agresión queda desconectada de las funciones encargadas al agresor. Debe excluirse a la empresa de la condena como responsable civil subsidiaria del artículo 120.4 del CP.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 10313/2019
  • Fecha: 14/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Afirma que no se trata de comparar la valoración probatoria efectuada por el Tribunal y la que sostiene la parte que recurre o cualquier otra posible, sino, más limitadamente, de comprobar, de un lado, la regularidad de la prueba utilizada, es decir, su ajuste a la Constitución y a la ley, y, de otro lado, la racionalidad del proceso argumentativo. Esta forma de proceder en el control de la racionalidad del proceso valorativo no implica que el Tribunal que resuelve el recurso pueda realizar una nueva valoración de las pruebas cuya práctica no ha presenciado, especialmente las de carácter personal. Se trata, solamente, de comprobar que el Tribunal de instancia se ha ajustado a las reglas de la lógica, no ha desconocido injustificadamente las máximas de experiencia y no ha ignorado los conocimientos científicos, y que, por lo tanto, su valoración de las pruebas no ha sido manifiestamente errónea, absurda, caprichosa o absolutamente inconsistente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 1684/2018
  • Fecha: 14/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La casación en procedimientos competencia de los Juzgados de lo penal permite exclusivamente comprobar que la norma penal sustantiva ha sido correctamente interpretada y aplicada. Para el resto de infracciones posibles el debate queda cerrado con la resolución de la Audiencia Provincial.Esta casación no está reclamada por el derecho a la tutela judicial efectiva, aunque también lo sirva; sino por el principio de seguridad jurídica. No busca tanto dar una solución al caso concreto, como proyectar hacia el futuro una interpretación de la ley penal en un punto controvertido.Lo que se plantea en rigor un problema de subsunción jurídica sino de valoración probatoria, aunque atinente a un elemento interno, como es decidir si el recurrente tenía conocimiento de los requerimientos recibidos y las advertencias que contenían. La sentencia de instancia, ratificada en ese punto por el Tribunal de apelación, lo declara así probado. Pues bien, ahí quedan finiquitadas las posibilidades de cuestionar en el ámbito de la jurisdicción ordinaria (otra cosa es el recurso de amparo) cuestiones probatorias. Las inferencias no son más que una forma de prueba indirecta de hechos internos. Son hechos anímicos, pero "hechos" aunque con una peculiaridad: han de acreditarse a través de elementos externos, deducirse de éstos. Esa deducción es prueba indirecta: de unos hechos externos se infieren otros internos. Tal problemática es ajena a la subsunción jurídica.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 2949/2019
  • Fecha: 14/10/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo consiste en determinar si, a efectos de la actuación ante órganos judiciales unipersonales, la designación de letrado por el turno de oficio excluye la exigencia de otorgamiento de la representación mediante poder o comparecencia apud acta; debiéndose interpretar, en principio, el artículo 2.e) de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, en relación con los artículos 24 CE y 45 LJCA. Sobre cuestión análoga se ha admitido el recurso de casación nº 2452/2019 por Auto de 23 de septiembre de 2019. La Sala Tercera aprecia la conveniencia de reafirmar, reforzar o completar o, en su caso, cambiarlo o corregirlo, el criterio que sobre la cuestión fijó esta Sala en la sentencia de 30 de junio de 2011 recurso de casación en interés de la ley nº 76/2009) en la que se afirmaba que cabía sostener un criterio interpretativo del artículo 23 LJCA basado en el principio pro actione, que evite un excesivo rigorismo en la aplicación del requisito de acreditar la representación, impuesto por el artículo 45 LJCA, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, en el sentido de que el órgano judicial, aunque no puede excepcionar el cumplimiento del presupuesto procesal de la postulación, sí que, atendiendo a a las circunstancias concretas, derivadas de la dificultad acreditada de comunicación del Letrado de oficio con su representado, pueda habilitar un plazo suplementario para la subsanación de este defecto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Bilbao
  • Ponente: ROBERTO SAIZ FERNANDEZ
  • Nº Recurso: 76/2019
  • Fecha: 10/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se impugna la sentencia que condenó a la acusada, como autora de un delito continuado de estafa agravada, alegando quebrantamiento de las normas y garantías procesales, infracción de precepto legal en la calificación jurídica de los hechos y vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Se afirma que se han producido en el juicio oral irregularidades causantes de indefensión para la defensa, en tanto que solo pudo formular una pregunta al testigo de cargo cuya respuesta invalida su testimonio, sin que exista ninguna otra prueba contra los acusados. Afirma que se ha prejuzgado la causa pues se ha paralizado el juicio en tres ocasiones a fin de que los acusados llegaran a un pacto con el Ministerio Fiscal reconociendo que se llevaron un dinero, y que el propio Magistrado ponente les manifestó en los pasillos, a presencia de su Letrado, que tenían el caso perdido y que era mejor que pactasen con el Ministerio Fiscal, quien presentó unas conclusiones, antes de la finalización del juicio, y ante la crítica del letrado de la defensa, el Magistrado ponente manifestó que el Fiscal podía realizar sus conclusiones cuando quisiera y que resolvió una cuestión previa sin motivación, dejándola para sentencia. El TSJ desestima el recurso pues, con independencia del acierto u oportunidad de las expresiones vertidas en el juicio oral, no se ha justificado el menoscabo del derecho a la defensa, ni la falta de imparcialidad del tribunal mas allá de las conjeturas que la parte propone.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 339/2019
  • Fecha: 10/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima el recurso de casación y parcialmente el contencioso-administrativo. Tras la STC 8/2017 de 19 de enero, tomando en cuenta la nueva redacción del art. 294.1 LOPJ en la que desaparece la mención por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre', en todos los supuestos de absolución por cualquier causa o de sobreseimiento libre, el perjudicado tiene derecho a la indemnización. En el presente caso, los elementos a tomar en consideración para fijar la indemnización, quedan reducidos, en el presente caso, al tiempo de duración de la privación de libertad y al carácter más o menos afrentoso del delito imputado, en este caso un delito de violación. Vistas las consideración expresadas en la sentencia casacional, y a falta de otros elementos acreditativos de mayores daños, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes procede fijar la indemnización en la cantidad de 3.000 euros.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Ávila
  • Ponente: ANTONIO NARCISO DUEÑAS CAMPO
  • Nº Recurso: 195/2019
  • Fecha: 09/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Confirma la condena impuesta por delito contra la seguridad del tráfico por conducción bajo los efectos del alcohol. El conductor acusado sufre un grave accidente de tráfico que obliga a su traslado a centro hospitalario donde será sometido a las pruebas de detección de presencia de alcohol y drogas en su organismo por razones terapéuticas y relacionadas con el tratamiento que debe recibir. Arroja resultados de 3,2/l mg de alcohol en sangre. Denuncia la vulneración del derecho a la intimidad personal en la obtención de la prueba incriminatoria, al no haber sido autorizada voluntariamente la extracción de la muestra examinada. Se niega la afectación del derecho a la intimidad personal. Presunción de inocencia y pruebas aptas para desactivar la presunción. Reincidencia.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS GIL IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 85/2019
  • Fecha: 09/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el presente caso, la sentencia apelada confirma la sanción impuesta a la entidad recurrente, por la prestación de servicios de seguridad privada a terceros, careciendo de la autorización preceptiva. En la sentencia se exponen los hechos en los que se sustenta la sanción, y declara que de tales los hechos en los que se sustenta la comisión de esta infracción son claros, puesto que, por un lado, la autorización del sancionado comprendía solo la actividad de instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad en determinadas Comunidades Autónomas, no la de custodia de llaves, reservada, según resulta de la normativa aplicable, a las empresas autorizadas para la actividad de centralización de alarmas, estando acreditada la posesión de una caja fuerte en cuyo interior se hallaban distintas lleves de inmuebles, además de que el contrato suscrito con Prosegur evidencia una subcontratación de los servicios de acuda y custodia de llaves, atribuyéndose la condición de Central Receptora de Alarmas, por más que el recurrente pretenda desviar la atención fijándose en aspectos ajenos a las cuestiones debatidas, cuando no directamente incorrectos. Y estos hechos están correctamente tipificados en la norma aplicada. Por ello, entiende que no existe error en la valoración de la prueba realizada por el juez "a quo", sin que se infrinjan los principios y derechos invocados por la apelante.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 10194/2019
  • Fecha: 09/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No puede convertirse el proceso de recusación del juez en un proceso de castigo por la circunstancia de sus relaciones familiares, o por sus distinciones, como aquí se pretende,ya que ello provocaría una sanción por hechos ajenos a la función jurisdiccional. La circunstancia discriminatoria debe referirse a la víctima. Es difícil argumentar una consideración de la Guardia Civil como colectivo vulnerable sin desnaturalizar la finalidad del precepto. No se describe una situación de discriminación, no se describe la ideología, tampoco se establece una comparación entre situaciones desiguales sobre las cuales fundar la discriminación, ni el hecho probado contiene una definición ni expresión de la situación objetiva de desigualdad derivada de una ideología del sujeto pasivo del delito.Y no puede considerarse que el hecho de pertenecer a un instituto policial sea una ideología. El abuso de superioridad debe suprimirse del atentado. El daño moral y las lesiones psíquicas son conceptos indemnizatorios acumulables. El delito de desórdenes públicos tiene una naturaleza tendencial. Su finalidad es atentar contra la paz pública, concepto más amplio que el de orden público. La nulidad de un nombramiento judicial no determina que los actos realizados durante la vigencia del nombramiento sean nulos o anulables.El uniforme solo permite el inmediato reconocimiento del agente; y habiéndose identificado el agente como tal, con conocimiento del acusado, concurre el elemento cognitivo.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.