• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 10235/2020
  • Fecha: 13/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Por lenguaje encriptado debe entenderse aquel que se disfraza bajo la apariencia de un lenguaje inocuo, en cuyo caso habrá que conectar el contenido de la intervención con algún otro medio probatorio para conseguir una prueba de cargo válida, apta para desvirtuar la presunción de inocencia, esto es, para llegar a la plena convicción de que de la prueba practicada existe una actividad de los acusados dirigida al tráfico de drogas. Estos medios pueden consistir en las declaraciones de los coimputados, testifical u ocupación de instrumentos de elaboración de droga en una diligencia de entrada y registro. Debe darse la razón al recurrente en este punto cuando se ha impuesto la pena mínima por la existencia de un delito contra la salud pública y, sin embargo, en la referencia a la aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria por impago de la pena de multa impuesta de 55.000 euros se acude a la máxima prevista en el art. 53.2 CP, que es de un año de prisión en caso de impago de la multa proporcional. No existe la debida correspondencia entre graduación de la pena principal de prisión y graduación de la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, y, asimismo, tampoco la debida motivación de ese alcance en el margen que prevé el art. 53.2 CP. Por ello, en este caso de multa proporcional de 55.000 euros, y ante su impago deberá acudirse a la pena de un mes de responsabilidad personal subsidiaria en supuesto de impago de la pena de multa impuesta.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 10264/2020
  • Fecha: 12/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Examinada la declaración de hechos probados de la sentencia recurrida, no es posible encontrar en la misma una contradicción de las características enunciadas ni de clase alguna, por lo que el motivo debe ser terminantemente rechazado. Reprocha el recurrente que no consta el móvil o razón por la cual se produjeron estos hechos, que lo cifra en las desavenencias con su hermano. Pues, bien, no es preciso que en los hechos probados se exprese el móvil de las acciones penales, esto es, los motivos personales por los cuales el delincuente comete el crimen, pues sabido es que el móvil no forma parte del tipo, y la causa que tenga el asesino para acabar con la vida de su víctima, es una cuestión que escapa al derecho penal. No puede sino concluirse que tuvo que representarse tal posibilidad desde el momento en que dirige los disparos no al techo o al suelo, sino directamente al lugar por donde los agentes asomaron la cabeza para hacerle deponer su violenta actitud. Bajo ninguna imprudencia se causaron las graves lesiones sufridas por su padre, sino más bien una indiferencia total hacia el posible resultado dañino que pudiera producir el procesado, portando el arma, y disparando un arma en el interior de una vivienda y frente a la pierna de su padre, con las consecuencias más que previsibles sufridas con tal disparo, que en modo alguno puede ser tomado como imprudente, sino doloso, y causante de un delito de lesiones del art. 149 del Código Penal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE
  • Nº Recurso: 10255/2020
  • Fecha: 12/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el caso actual el recurrente reproduce en su recurso de casación las mismas argumentaciones que en el previo recurso de apelación ante el TSJ contra la sentencia dictada en primera instancia por la Sección Vigésima de la Audiencia Provincial de Barcelona. Considera la sentencia recurrida, al igual que la del tribunal de instancia, que el testimonio de la víctima reúne todos los parámetros para considerarla prueba de cargo y aparece corroborado, además de lo ya expuesto, por las declaraciones de los agentes de la Guardia Urbana de Badalona. Pero es que, la confirmación de la presencia del semen propio en la cavidad vaginal de la mujer, a través de la prueba biológica ya adelantada, reclamaba de él una explicación seria y coherente con dicha presencia seminal dentro de la mujer, sin que el acusado haya modificado en nada su relato sobre la negativa del hecho de haber mantenido relaciones sexuales con ella en las horas previas a la extracción de los vestigios vaginales que permitieron la constatación delictiva. Por tanto, la Audiencia dispuso y utilizó para su convicción pruebas válidas y de contenido incriminatorio suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia que se denuncia como infringida. No designa documento alguno que evidencie el error de algún dato o elemento fáctico de la sentencia recurrida por su propio y literosuficiente poder demostrativo directo, es decir, sin precisar de la adición de ninguna otra prueba ni tener que recurrir a conjeturas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 10073/2020
  • Fecha: 05/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La indemnización correspondiente a la intervención quirúrgica, concepto novedoso introducido en el baremo por la Ley 35/2015 y que el artículo 140 define como el perjuicio personal particular que sufre el lesionado por cada intervención quirúrgica a la que se somete en atención a las características de la operación, complejidad de la técnica quirúrgica y tipo de anestesia, indemnización por cuantía única y que no tiene en cuenta la edad del lesionado. Por ello, como quiera que el baremo tiene la consideración de "cuadro de mínimos" en los delitos dolosos es necesario incluir en el quantum indemnizatorio fijado este concepto. Supone reconocer un plus aflictivo del lesionado que se ve obligado a someterse a intervenciones quirúrgicas, lo que supone una diferencia frente a la generalidad de lesionados que no puede desdeñarse. Y es que el lesionado que tiene que someterse a una intervención quirúrgica, más si son varias, padece un daño moral propio más gravoso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 186/2019
  • Fecha: 05/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Ninguna tacha de ilicitud cabe oponer a que la Policía utilice fuentes confidenciales para recabar información que abran el camino a su actividad constitucionalmente establecida de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente. Los policías que se han servido de confidentes no están obligados a revelar cuáles son sus fuentes de información. Cuestión distinta es su carencia de eficacia probatoria dentro del proceso. Si la confidencialidad está en el origen de la noticia policial de la perpetración delictiva para justificar la medida, habrá de ir acompañada de una previa investigación encaminada a constatar la verosimilitud de la imputación. El volcado de la información contenida en un dispositivo de almacenamiento masivo es meramente funcional, y no se lleva a cabo una selección, sino que se realiza una copia íntegra a fin de realizar una pericia sobre ese contenido. Por ello, ni siquiera es necesaria la presencia del Letrada de la Administración de Justicia. Para el conocimiento del valor en venta de la droga puede ser suficiente la simple consulta de numerosas páginas de internet, algunas de ellas de carácter oficial, en las que esos parámetros son difundidos. Además, los precios de venta en el mercado son remitidos por la Comisaría General de Policía Judicial semestralmente a los órganos judiciales. Siempre se puede ofrecen una prueba alternativa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES MARTINEZ ARRIETA
  • Nº Recurso: 309/2019
  • Fecha: 04/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El quebrantamiento de forma por el que insta la nulidad de la sentencia dictada exige que la sentencia no dé respuesta a las pretensiones jurídicas oportunamente deducidas por una de las partes procesales al tiempo del enjuiciamiento de los hechos. Tal quebrantamiento de forma, para que sea procedente la nulidad, exige que las pretensiones sean oportunamente deducidas en los escritos de calificación definitiva de los hechos, sin que pueda incluirse en el vicio de la incongruencia omisiva las divergencias sobre valoraciones probatorias, hechos o calificaciones de los hechos. El recurso de casación es un recurso extraordinario a sometido a unas reglas de actuación que exige, cuando se trata de una infracción de ley por error de hecho la valoración de la prueba, designar un documento, ponerlo en relación con el hecho probado para discutir su contenido fáctico o para incorporar un contenido fáctico que sea relevante en la calificación de los hechos. El error de derecho, que fundamenta la impugnación, exige un absoluto respeto al hecho probado discutiendo, desde la asunción del relato fáctico, la subsunción en el tipo penal que designa como indebidamente aplicado o inaplicado. El relato fáctico describe, con claridad, un hecho subsumible en el tipo penal objeto de la condena.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: INES MARIA HUERTA GARICANO
  • Nº Recurso: 8316/2019
  • Fecha: 29/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Responde a la cuestión suscitada en el auto de admisión en el mismo sentido de lo ya resuelto en SSTS nº 968, 1055, 1153, 1321 y 1390/20, en las que se analizaban supuestos idénticos. Se razonaba, en esencia, que hacer posible cursar el Máster de acceso a la Abogacía sin que se posea la titulación u homologación de Grado hasta el momento del examen o evaluación final del Máster, y permitiendo que se simultanee con el Máster los estudios de convalidación del título extranjero para la obtención del título de Grado en Derecho u Homologado no resulta conforme a la Ley 34/2006, artículo 2, y Real Decreto 775/2011, cuyos artículos 3 y 4 reiteran que los estudios para la capacitación profesional del abogado son "cursos de formación para abogados"; de forma que, si no se está en presencia de un título de Licenciado o Graduado en Derecho o en poder de la credencial de homologación de un título extranjero, no se puede participar en "cursos de formación para abogados". Así, la respuesta a la cuestión interpretativa planteada es: A efectos de acceso a la profesión de abogado, curso de formación especializada (Posgrado, Máster) creado por la Ley 34/2006, y reglamentado por el Real Decreto 775/2011, en el marco del Real Decreto 1393/2007 (anterior RD 56/2005), es exigible haber obtenido previamente la homologación del título habilitante obtenido en el extranjero (o del título español de Grado), sin que sea conforme a derecho la realización simultánea de ambas formaciones.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 5616/2019
  • Fecha: 29/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La doctrina moderna más destacada define al sujeto pasivo del delito como el titular del interés cuya ofensa constituye la esencia del delito o como aquel a quien se debe la condición jurídica negada por el delito o la persona que soporta las consecuencias inmediatas de la actividad criminal. Entendemos que el término "persona agraviada", en una interpretación teleológica y amplia del término contenido en el artículo 228 CP, incluye tanto a los titulares o beneficiarios de la prestación económica debida, como al progenitor que convive con el hijo o hija mayor de edad y sufraga los gastos no cubiertos por la pensión impagada, y ello porque los mismos, tal y como ha reconocido de forma reiterada la Sala Civil del Tribunal Supremo, tienen un interés legítimo, jurídicamente digno de protección. No existe duda de que el progenitor conviviente con el alimentista es una de las personas que soporta las consecuencias inmediatas de la actividad criminal, llevada a cabo por el otro progenitor que impaga la pensión alimenticia a los hijos, por lo que debe ser considerado agraviado a los efectos de tener legitimación para formular la preceptiva denuncia e instar así su pago en vía penal. Es jurisprudencia reiterada de esta Sala que es posible la subsanación del defecto procesal, mediante la asunción por parte del alimentista mayor de edad y en sede judicial de la denuncia formulada por su progenitor.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 423/2019
  • Fecha: 28/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El relato de hechos contenido en la sentencia es perfectamente coherente e inteligible. La sentencia es clara en los hechos probados, los que relata de forma precisa en los aspectos relevantes sobre los que correspondía decidir, llegando a continuación a la conclusión de que dichos hechos son subsumibles en los tipos penales por los que el recurrente ha resultado condenado. El mero acceso no integraría delito, salvo que se acreditara perjuicio para el titular de los datos o que este fuera ínsito, por la naturaleza de los descubiertos, como es el caso de los datos sensibles. El perjuicio consistió en utilizar la información obtenida por este medio para desplegar toda una labor de acoso frente a la denunciante a quien remitió ingentes y extensos mensajes en los que le dirigía quejas sobre sus relaciones de pareja. El delito de acoso previsto en el artículo 172 ter 1 exige implícitamente una cierta prolongación en el tiempo; o, al menos, que quede patente, que sea apreciable, esa voluntad de perseverar en esas acciones intrusivas, que no se perciban como algo puramente episódico o coyuntural, pues en ese caso no serían idóneas para alterar las costumbres cotidianas de la víctima. El recurrente de forma obsesiva remitía a la denunciante multitud de mensajes, al no asumir la ruptura de su relación. Esta actitud fue desplegada por el acusado en un dilatado espacio temporal -diez meses-.Y desde luego la víctima vio alterado de modo grave el desarrollo de su vida cotidiana.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 125/2019
  • Fecha: 28/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La prueba practicada y referida por el Tribunal es suficiente para la condena para entender la expuesta como prueba de cargo. Al fin y al cabo hay una aprehensión de droga en cantidad relevante en poder del recurrente, lo que habilita la inferencia de la preordenación al tráfico por el quantum de la droga aprehendida, como especifica con claridad en la sentencia el Tribunal. No se ha producido la vulneración de los derechos fundamentales del recurrente, ya que el TSJ ha llevado a cabo su proceso de análisis del grado de motivación suficiente de la sentencia. Inexistencia de apreciación de la atenuante del art. 21.2 CP, ni como analógica, consta solo que era consumidor, pero no su afectación a su capacidad y voluntad al momento de perpetrar el delito, que es lo determinante a los efectos de la aplicación de la atenuante.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.