• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 6955/2019
  • Fecha: 30/01/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La sección de admisión considera que el escrito de preparación presentado cumple las exigencias del art. 89.2 LJCA y que -habiendo versado la cuestión litigiosa sobre los requisitos de acceso a la profesión de abogado y, en concreto, si es factible la realización simultánea de los cursos para obtener la convalidación del título habilitante (Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o Título Universitario de Grado equivalente) obtenido en el extranjero, con los cursos de formación comprensivos del conjunto de competencias necesarias para la profesión de abogado (Máster) o, por el contrario, es preciso haber obtenido con carácter previo dicha convalidación del título habilitante para, posteriormente, ser admitido en el Máster- concurre el supuesto del art. 88.3.a) LJCA invocado. Por ello, admite a trámite el recurso de casación, precisando que la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar: Si a los efectos de acceso a la profesión de abogado resulta exigible haber obtenido la convalidación del título habilitante obtenido en el extranjero para ser admitido en los cursos de formación específicos (Máster) o, por el contrario, resulta factible la realización simultánea de ambas formaciones; y las normas jurídicas a interpretar: los arts. 2 de la Ley 34/06, de 30 de octubre y 2 del Real Decreto 775/11, de 3 de junio. Recursos de casación ya admitidos sobre análoga cuestión: 3352/19 y 6529/19.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 10426/2019
  • Fecha: 28/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Hay actividades llevadas a cabo por grupos organizados en que la investigación alcanzará a detectar solo a uno de ellos. Uno de los objetivos de la investigación será justamente identificar otras persona implicadas (lo que puede lograrse o no); y/o confirmar que en efecto los indicios de que se está ante una estructura organizada se confirman. Pero obviamente cuando se investiga por contarse con datos indicativos de esa realidad, que necesitados de confirmación, pueden utilizarse los métodos previstos en las leyes para esas pesquisas que, por resultar más dificultosas, requieren medios especiales (entre ellos, el uso de agentes encubiertos). Lo exigible es que exista base indiciaria valorada en un juicio ex ante de esa realidad. Es indiferente que luego se confirme o no. La organización y el grupo criminal tienen en común la unión o agrupación de más de dos personas y la finalidad de cometer delitos concertadamente. Pero mientras que la organización criminal requiere, además, la estabilidad o constitución por tiempo indefinido, y que se repartan las tareas o funciones de manera concertada y coordinada (necesariamente ambos requisitos conjuntamente: estabilidad y reparto de tareas), el grupo criminal puede apreciarse cuando no concurra ninguno de estos dos requisitos, o cuando concurra uno solo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
  • Nº Recurso: 3073/2017
  • Fecha: 22/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda de responsabilidad contractual contra un abogado por los daños y perjuicios derivados de la no interposición de recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social, cuyas probabilidades de éxito se fundaban en que la Administración reconociera la procedencia de la rectificación al alza de la pensión. El demandado se opuso a la demanda argumentando que el encargo recibido se concretaba a la asistencia al actor solo en primera instancia, y que, en cualquier caso, un eventual recurso era insostenible y tenía nulas posibilidades de éxito, por lo que no procedía reconocer indemnización alguna en favor del demandante. También negó la responsabilidad por no haber interpuesto reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Administración. En primera instancia se estimó parcialmente la demanda ya que consideró acreditado que el encargo al demandado abarcaba todas las instancias y que la falta de interposición del recurso supuso una pérdida de oportunidad aunque el recurso no tenía muchas posibilidades de éxito. En apelación se estimó el recurso del demandado al no haberse demostrado la producción de daño derivado de la no interposición del recurso ni la posibilidad de éxito del recurso. Recurrida en casación, la sala tras exponer su doctrina sobre la responsabilidad civil de letrado y sobre la frustración de acciones judiciales de carácter patrimonial lo desestimó al no existir elemento alguno del que pudiera desprenderse el éxito del recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO SALAS CARCELLER
  • Nº Recurso: 955/2017
  • Fecha: 22/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso extraordinario por infracción procesal: la disconformidad de la parte con las normas sustantivas aplicadas es un tema ajeno al art. 218.1.II LEC, sustantivo y no procesal; alcance del deber de motivación de la sentencia; no cabe confundir la falta de motivación con la disconformidad con la sentencia, ni siquiera con el error de la misma; la valoración del trabajo realizado por el procurador, cuya ejecución no se discute, no es un tema de valoración de prueba, sino relativo al fondo del litigio, propio del ámbito del recurso de casación. Derechos del procurador: no es posible eludir la aplicación del arancel (RD 1373/2003, de 7 de noviembre, modificado por RD 1/2006) para ajustar la cantidad correspondiente a su intervención en el proceso a la que se estime adecuada al trabajo efectivamente realizado. Doctrina constitucional: no es aplicable la doctrina del principio de proporcionalidad para limitar los derechos del procurador; no cabe deducir un principio de proporcionalidad de la disposición adicional única del RDL 5/2010, sino un principio de limitación. Doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: no se opone a la normativa europea la aplicación estricta del arancel. Aplicación del RDL 5/2010: distribución de la limitación global -300.000 euros- entre las actuaciones de la primera instancia, segunda instancia y recursos extraordinarios. La aplicación estricta del arancel, con la limitación máxima referida, también opera frente al propio cliente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO SALAS CARCELLER
  • Nº Recurso: 2068/2017
  • Fecha: 22/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que había estimado la pretensión de condena a la retribución variable pactada en un contrato de prestación de servicios jurídicos. El encargo profesional consistió en interponer los recursos procedentes en relación con la reclamación de unas deudas por la AEAT. Se fijó un precio para tales servicios con una parte fija y una parte variable que se obtendría de la aplicación del 5% a la cantidad «reducida /obtenida» por la gestión encargada. El demandado opuso que el resultado beneficioso no se alcanzó porque, aunque el expediente administrativo objeto de los recursos se declaró caducado, se inició otro que finalizó con el cobro de la deuda reclamada y estimó que la única ventaja obtenida consistía en el pago de menos intereses de los que en principio se le reclamaban. La sala establece una doctrina general sobre el alcance de la denominada «cláusula de éxito» que permite adicionar el pago de una retribución variable por el resultado favorable obtenido en el encargo. Se establece que la literalidad de la cláusula, en la forma en la que lógicamente debió ser entendida por el cliente, conduce a que el resultado favorable ha de entenderse como definitivo e inatacable, circunstancia que no se dio en el supuesto litigioso al iniciarse un nuevo expediente por la Administración, por lo que la aplicación del porcentaje de retribución variable solo alcanza a los intereses que se reclamaban en el primer expediente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 87/2019
  • Fecha: 16/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso rechazando el motivo de impugnación, siguiendo la doctrina jurisprudencial de la Sala. El Tribunal sentenciador hará constar en su informe, siendo posible, la edad, estado y profesión del penado, su fortuna, si fuere conocida, sus méritos y antecedentes, si el penado fue con anterioridad procesado y condenado por otro delito, y si cumplió la pena impuesta o fue de ella indultado, por qué causa y en qué forma, las circunstancias agravantes o atenuantes que hubiesen concurrido en la ejecución del delito, el tiempo de prisión preventiva que hubiere cumplido, su conducta posterior a la ejecutoria, y especialmente las pruebas o indicios de su arrepentimiento que se hubiesen observado, si hay o no parte ofendida, y si el indulto perjudica el derecho de tercero, y cualesquiera otros datos que puedan servir para el mejor esclarecimiento de los hechos, concluyendo por consignar su dictamen sobre la justicia o conveniencia y forma de la concesión de la gracia. Por otra parte y en relación con los informes del Ministerio Fiscal y del órgano jurisdiccional, el artículo 25 de la Ley de Indulto no exige preceptivamente la inclusión en el informe del Tribunal sentenciador de todos los datos que en dicho artículo se menciona, aludiendo el precepto a que dichas circunstancias se harán constar en el informe "siendo posible". Además el contenido de dicho informe carece de carácter vinculante.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 10238/2019
  • Fecha: 14/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Esta Sala no estima que la ausencia del imputado sea invalidante de la prueba de cargo cuando estando presente su letrado, tiene éste oportunidad de intervenir en la práctica de la diligencia. El reconocimiento fotográfico efectuado en sede policial, si bien no constituye prueba de cargo, es una diligencia que facilita la investigación en tanto que permite orientar ésta hacia una determinada persona. Pero, al propio tiempo, esta Sala ha establecido que cuando el testigo señala inequívocamente a una persona durante el plenario, su fuerza probatoria radica en la credibilidad o fiabilidad del testimonio de quien realiza la identificación. El dolo de matar, cuando existen datos sugestivos de que pudiera haber concurrido y el autor del hecho lo niega, debe obtenerse por inducción a partir de aquéllos. Para ello, cabe tener en consideración dos hechos objetivos como hechos básicos en la prueba de indicios: de un lado, la clase de arma utilizada y, de otro, el lugar de cuerpo elegido para el mencionado golpe, que ha de ser una zona vital, como la cabeza o el tronco, donde se albergan órganos cuya lesión puede determinar la pérdida de la vida humana. Cuando la fuerza o intimidación se desarrollan antes de la consumación del delito y tienen por objeto vencer la resistencia personal que impide al culpable la disponibilidad del bien codiciado, estamos ante un delito de robo, ya afloren las violencias antes o durante la aprehensión material de las cosas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 10374/2019
  • Fecha: 14/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La nueva catalogación jurídico-penal de los delitos contra la libertad sexual que se diseña en el Código Penal de 1995, ha producido cierta confusión, " el error procede de la confusión de identificar la agresión sexual con el antiguo delito de violación, es decir con la concurrencia de penetración, y no como sucede en el modelo de tipificación actual, con la concurrencia de violencia o intimidación. Por ello es procedente recalcar, para evitar la reiteración de estos errores, que en el modelo actual de tipificación penal de los delitos contra la libertad sexual, la diferencia entre los tipos de abuso sexual y los más graves de agresión sexual, no consiste en la concurrencia de acceso carnal, sino en la utilización de violencia o intimidación". En cualquier caso, el delito de agresión sexual requiere violencia o intimidación, pero en modo alguno que se ocasionen lesiones a la víctima. Respecto a la utilización de la violencia para cualificar el robo, el Acuerdo de Pleno no Jurisdiccional de esta Sala, de 24 de abril de 2018, establece "Cuando aprovechando la comisión de un ilícito penal en el que se haya empleado violencia, y en la misma relación de inmediatez y unidad espacio temporal se realiza un apoderamiento de cosas muebles ajenas se entenderá que se comete un delito de robo del art. 237 CP cuando se haya perpetrado con inmediatez al acto violento y sin ruptura temporal y la violencia empleada facilite el acto del apoderamiento".
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 399/2018
  • Fecha: 08/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se requiere para que concurra un supuesto de bis in ídem en el plano sustantivo que sea castigado un sujeto dos veces por unos mismos hechos. Y a la hora de interpretar la expresión "unos mismos hechos", se considera que se da este supuesto en los casos que concurra la identidad de sujeto, hecho y fundamento. En el delito del artículo 379.2 CP, en el que la conducta punible consiste en conducir el vehículo de motor bajo la influencia de, entre otras, bebidas alcohólicas, la embriaguez es inherente al citado delito, y con base en ello no resulta de aplicación la atenuación pretendida, de conformidad con lo dispuesto en el art. 67 del Código Penal. Dada la naturaleza y bien jurídico protegido en el delito del art. 383, nada impide que sea de aplicación la eximente incompleta o atenuante de embriaguez,
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE
  • Nº Recurso: 3847/2018
  • Fecha: 20/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima el recurso de casación y parcialmente el contencioso-administrativo. Tras la STC 8/2017 de 19 de enero, tomando en cuenta la nueva redacción del art. 294.1 LOPJ en la que desaparece la mención por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, en todos los supuestos de absolución por cualquier causa o de sobreseimiento libre, el perjudicado tiene derecho a la indemnización. En el presente caso, los elementos a tomar en consideración para fijar la indemnización, quedan reducidos, en el presente caso a los siguientes conceptos: dalos morales, naturaleza del delito por el que fue absuelto (secuestro de menor de edad) y gastos dejados de percibir durante su estancia en prisión. Vistas las consideración expresadas en la sentencia casacional, y a falta de otros elementos acreditativos de mayores daños, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes procede fijar la indemnización en la cantidad de 12.309.60 euros.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.