• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ
  • Nº Recurso: 10461/2019
  • Fecha: 05/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La existencia de signos de defensa dejados por la víctima durante el episodio de la agresión no conduce, siempre y en todo caso, a neutralizar la aplicación de la agravante de alevosía. Se recuerda la compatibilidad del ataque alevoso (art. 139.1.1 CP) y el asesinato hiperagravado que tiene como víctima a personas singularmente vulnerables.El art. 140.1 del CP castiga con la pena de prisión permanente revisable el delito de asesinato cuando «la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad, o discapacidad física o mental». Las dificultades surgen cuando la menor edad de la víctima ha sido ya determinante para la calificación del ataque como alevoso.La Sala considera que de lo que se trata es de responder a la cuestión de si la muerte alevosa de un menor cuya edad le inhabilita para cualquier defensa -hay menores que sí pueden defenderse-, impide un tratamiento agravado acorde con su mayor antijuridicidad. Y la respuesta que da es negativa. Concluye que la muerte alevosa de un niño siempre será más grave que la muerte alevosa de un mayor de edad que es asesinado mientras duerme o se encuentra bajo los efectos de sustancias que le obnubilan. La condición de la víctima menor de 16 años de edad supone un fundamento jurídico distinto que justifica la decisión del legislador, y que no implica un mecanismo duplicativo (bis in idem) que impida la calificación en el art. 140.1.1º del Código Penal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 10548/2019
  • Fecha: 05/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito de abuso sexual, con penetración, a menor de dieciséis años (art. 183.3 C.P.) Delito de prostitución y corrupción de menores (art. 188.1 C.P.). Delito de quebrantamiento de medida cautelar. Recurso de casación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Ámbito de control, a través del recurso de casación, de la actividad probatoria desplegada en la instancia. El control de la estructura racional del juicio de autoría. La validez de la declaración de la víctima como prueba de contenido incriminatorio. La prueba indiciaria. La responsabilidad civil ex delicto. La determinación del importe de la indemnización. El daño moral indemnizable.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ
  • Nº Recurso: 2918/2018
  • Fecha: 05/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Respecto al art. 189.3.a), la utilización de menores de 13 años es sólo aplicable a quienes participen en el proceso de creación del material pornográfico, no a quienes se limitan a su difusión en la red. Las sucesivas reformas del art. 189.3 CP, operadas por LO 11/1998, LO 15/2003 y LO 5/2010, no facilitan precisamente la tarea complementadora del ordenamiento jurídico que el art. 1.6 del CC atribuye a la jurisprudencia del TS. Superadas las dudas iniciales, hoy en día puede afirmarse que la línea jurisprudencial que propugnaba la exclusión del tipo agravado previsto en el art. 189.3.a), respecto de aquellos casos en los que el autor no participa en lo que pudiera denominarse el primer escalón productor o distributivo, limitándose de forma exclusiva a su intercambio, ha acabado por imponerse. En cuanto al art. 189.3.b), sí es aplicable al difusor de ese material la agravación referida a que los hechos revistan un carácter particularmente vejatorio. La aplicación del tipo agravado previsto en el art. 189.3.b), no suscita ninguna dificultad en aquellos casos en los que quien divulga esas imágenes en la red capta con el dolo -directo o eventual- el carácter singularmente degradante que se añade a la vejación predicable de todo acto sexual con menores. En el caso, el autor había creado un grupo de distribución y asumido la condición de administrador, con facultades técnicas para excluir a todo aquel que no aporte escenas en la línea de dureza del grupo que se lidera.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 10553/2019
  • Fecha: 14/04/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El acusado acopió material que él mismo elaboró, grabando los encuentros sexuales que mantuvo con la menor (reiterados contactos sexuales con penetración). Los archivos integran material pornográfico para cuya confección involucró a una joven de 14 años. Los vídeos almacenados en su ordenador evidencian que las grabaciones fueron algo más que una mera práctica erótica o técnica de estimulación, abocada a ser destruida. El acusado los grabó con finalidad de permanencia y fueron confeccionados y conservados en condiciones de poder ser reproducidos. La tipicidad fluye con naturalidad. Daño moral. Los daños morales no dependen, a diferencia de los materiales, de una determinación objetiva. La jurisprudencia ha mantenido que no tienen que concretarse con alteraciones patológicas o psicológicas sufridas por las víctimas, sino que pueden surgir de la mera significación espiritual que tiene el delito para ella y de la necesidad de integrarlo en su experiencia vital. Cuando no haya alteraciones objetivamente perceptibles, no requiere más parámetros para la evaluación de su alcance que la gravedad de la acción que lesionó a la persona perjudicada, la importancia del bien jurídico protegido y las singulares circunstancias de la víctima. Solo puede ser objeto de control casacional cuando sea manifiestamente arbitrario y objetivamente desproporcionado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 10583/2019
  • Fecha: 14/04/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El Tribunal de apelación examinó detallada y exhaustivamente la prueba que el de primera instancia tomó en consideración para emitir su pronunciamiento acerca del alcance de los hechos y la intervención en los mismos del acusado. Respaldó el juicio de credibilidad que éste emitió respecto a la declaración de las tres jóvenes víctimas de los acometimientos sexuales. Analizó sus declaraciones tomando en consideración el contexto en que se desarrollaron los hechos enjuiciados y las características psicológicas de las jóvenes, cuyo testimonio escrutó desde el triple prisma que sugiere la jurisprudencia: ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud, entendida como coherencia interna del relato y corroboración objetiva, y persistencia en la incriminación. Repasó la totalidad de la prueba practicada, las testificales, las periciales médico forenses, las que emitieron las distintas psicólogas intervinientes en las actuaciones, así como los datos que aportaron las trabajadoras sociales, y los que quedaron reflejados en el reportaje fotográfico de la vivienda donde los hechos se desarrollaron. Y profundizó expresamente en el análisis de la prueba de descargo. Descartó error o arbitrariedad en el proceso de valoración probatoria que sustentó la condena en la instancia, y la vulneración de la presunción de inocencia. Pronunciamiento que no puede ser considerado inmotivado, ni irracional o arbitrario, ni contrario a las máximas de experiencia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 3576/2018
  • Fecha: 06/04/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La incongruencia omisiva es atendible en aquellos casos en que el tribunal no se pronuncie sobre el contenido de la pretensión, silenciando aspectos esenciales para la adecuada calificación de los hechos, sin perjuicio de la posibilidad de una desestimación implícita respecto de aquellas cuestiones que no han sido acogidas por el órgano decisorio. El control casacional en relación a la presunción de inocencia se concreta en verificar si la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y si, por ello, la decisión alcanzada por el tribunal sentenciador es, en si misma considerada, lógica, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos. El motivo esgrimido al amparo del artículo 849.2 LECrim exige: 1) que se funde en verdadera prueba documental; 2) que evidencia error de algún dato o elemento fáctico o material; 3) que tal dato no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba; 4) que el dato contradictorio así acreditado sea importante para alterar el fallo. En la medida en que se aleje del mínimo legal se hará más patente la necesidad de explicar fundadamente la razón de la pena que se impone, motivación que en su corrección es controlable en casación por la vía de la corriente infracción de ley. En la coautoría existe una corresponsabilidad de los copartícipes respecto al resultado que finalmente se produzca en la ejecución del delito.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 1807/2018
  • Fecha: 11/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito de lesiones, supuesto de contagio de enfermedad de transmisión sexual. Transmisión del VIH en supuestos en los que el infectado conocía la enfermedad de su pareja y aceptó mantener relaciones sexuales en forma que entrañaba un riesgo de contagio. El TS establece doctrina relativa a la diferenciación entre la respuesta penal que debe darse a quien dolosamente coopera con una situación de peligro desarrollada por alguien que termina sufriendo la consecuencia del riesgo (cooperación a la autopuesta en peligro), y el tercero que es responsable de asumir y desarrollar personalmente la situación de peligro cuando ha sido consentida por quien resulta perjudicado (heteropuesta en peligro consentida). En el caso concreto, el TS afirma, de un lado, que de forma excepcional cabe sostener (como se hace en el caso concreto) que las dudas del Tribunal sobre un hecho determinante de la antijuricidad material del comportamiento, pueda plasmarse en un pronunciamiento de no culpabilidad del acusado. Y, de otro, que no cabe acudir al consentimiento de la víctima para excluir la responsabilidad del autor del hecho pues no resulta adecuado por eludir que la plenitud de la adhesión exigiría que se proyectara sobre el resultado lesivo que se enjuicia y, aun en ese caso, que el criterio normativo fijado en el artículo 155 del Código Penal atribuye al consentimiento una minoración de la penalidad que reside en el menor desvalor de la acción, pero en modo alguno una irrelevancia penal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES MARTINEZ ARRIETA
  • Nº Recurso: 2743/2018
  • Fecha: 11/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El tribunal encargado de la apelación expresa sus dudas sobre la veracidad y credibilidad en el testimonio de la víctima, única prueba sobre el origen de las lesiones y lo hace argumentando sobre la falta de coherencia de la declaración de la víctima, pues carece de congruencia afirmar que el acusado la obligó a no incriminarle y, al mismo tiempo, afirmar que llegó al hospital privada de conocimiento y que al despertar narró que había sido una amiga que le causó las lesiones. Por otra parte, no contribuye a esa credibilidad en el testimonio el hecho de afirmar que el origen radicaba en la obligación a la prostitución ejercida por el acusado. Y al mismo tiempo, declarar que esa obligación no se produjo. En cuanto a la corroboración del testimonio expresado por el parte médico éste no tiene el sentido incriminatorio hacia el acusado pues lo que relata que es el carácter agresivo de la lesión. El tribunal concluye la motivación de su convicción absolutoria afirmando "que el testimonio de la víctima no aparece revestido de poder conclusivo suficiente para desvirtuar, más allá de toda duda razonable, la presunción constitucional de inocencia", con una motivación razonable sobre la base de lo documentado en el juicio y una vez conocida el contenido de la sentencia que revisa. La motivación es razonable del tribunal ha satisfecho las garantías del contenido esencial del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva al proporcionar una explicación razonable.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 10286/2019
  • Fecha: 09/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Cuando se alega infracción del derecho a la presunción de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, pero sí puede este Tribunal verificar que, efectivamente, el Tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio. La declaración de la víctima puede ser prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, aun cuando fuera la única prueba disponible, como es frecuente que acaezca en casos de delitos contra la libertad sexual, porque al producirse generalmente con absoluta clandestinidad, se dificulta la concurrencia de otra prueba diferenciada. El tiempo de paralización de un procedimiento como consecuencia de una declaración de sobreseimiento parcial y provisional, no puede luego invocarse a efectos de integrar el fundamento material de la atenuante de dilaciones indebidas. Nuestra jurisprudencia refleja además que tampoco resulta oportuna la minoración penológica si no se aprecia una negligencia en la actuación procesal del Juez o una disfunción atribuible a la Administración de Justicia. El artículo 21.6 CP exige como base para su apreciación que la paralización sea indebida, no justificada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ
  • Nº Recurso: 10492/2019
  • Fecha: 05/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No hay obstáculo para que si comparece en el juicio, acompañado de abogado, se permita la personación de la víctima "apud acta" incorporándose con plenitud de derechos y sin perjudicar el derecho de defensa con acusaciones sorpresivas. La determinación del ámbito de competencia del Tribunal del Jurado se obtiene por la aplicación combinada de los arts. 1 y 5 de la LOTJ, interpretados conforme al acuerdo de Pleno no jurisdiccional de 9 de marzo de 2017. Si nos centramos en la relación funcional entre los delitos contra la libertad sexual y contra la vida por los que B. ha resultado condenado, sería de aplicación el apartado 6 del citado acuerdo, según el cual, « en los casos de relación funcional entre dos delitos (para perpetrar, facilitar ejecución o procurar impunidad) si uno de ellos es competencia del Tribunal del Jurado y otro no, conforme al art. 5.2.c) de la Ley del Tribunal del Jurado, se estimará que existe conexión conociendo el Tribunal del Jurado de los delitos conexos». Y si a lo que atendemos es a la unidad de designio, cobra especial valor el párrafo segundo del apartado 5: « cuando se atribuyan a una sola persona varios hechos delictivos cometidos simultáneamente en unidad temporo- espacial y uno de ellos sea competencia del Tribunal del Jurado, se considerarán delitos conexos por analogía con lo dispuesto en el art. 5.2 de la LOTJ, por lo que, si deben enjuiciarse en un único procedimiento, el Tribunal del Jurado mantendrá su competencia sobre el conjunto.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.