• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ
  • Nº Recurso: 109/2019
  • Fecha: 21/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Las facultades del Presidente, referidas en el artículo 708.2 LECrim, han de ponerse al servicio del fin constitucional que les es propio, huyendo de cualquier gesto susceptible de ser interpretado como expresión de credulidad o incredulidad respecto de las respuestas del testigo o del perito. La declaración de la víctima o denunciante puede ser prueba hábil para desvirtuar la presunción de inocencia, no obstante lo cual el tribunal sentenciador debe aplicar obviamente en esta valoración criterios de razonabilidad que tengan en cuenta la especial naturaleza de la referida prueba. El fin de la prueba pericial no es otro que el de ilustrar al órgano judicial para que éste pueda conocer o apreciar algunos aspectos del hecho enjuiciado que exijan o hagan convenientes conocimientos científicos o artísticos. La garantía de presunción de inocencia exige que el Tribunal que condena haya alcanzado certeza sobre los hechos que se imputan al acusado como fundamento de su condena. Y como condición de tal certeza ha de exigirse su objetividad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 10774/2019
  • Fecha: 18/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Cuando se alega infracción del derecho a la presunción de inocencia, la función consiste en verificar que, efectivamente, el Tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, para dictar un fallo de condena. La función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a la presencia del juzgador de instancia, porque a éste sólo corresponde esa función valorativa. La prueba de cargo ha de venir referida al sustrato fáctico de todos los elementos tanto objetivos como subjetivos del tipo delictivo, pues la presunción de inocencia no consiente en ningún caso que alguno de los elementos constitutivos del delito se presuma en contra del acusado. El recurso de casación cuando se articula por la vía del artículo 849.1 LECrim ha de partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de la prueba. Se han señalado como indicios determinantes de llegar a la convicción del animus necandi: a) la personalidad del agresor y agredido; b) posibles relaciones entre ambos; c) incidencias previas al hecho; d) conducta posterior del agresor; e) clase y características del arma empleada; f) zona del cuerpo a la que se dirigió la agresión; g) reiteración, en su caso, de los actos agresivos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES MARTINEZ ARRIETA
  • Nº Recurso: 4111/2018
  • Fecha: 18/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El control de racionalidad de la inferencia no implica la sustitución del criterio valorativo del Tribunal sentenciador por el del Tribunal casacional y el juicio de inferencia del Tribunal "a quo" sólo puede ser impugnado si fuese contrario a las reglas de la lógica o a las máximas de la experiencia. La prueba indiciaria puede ser prueba de cargo cuando: 1) el hecho base esté plenamente probado; 2) los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos bases completamente probados; 3) se pueda controlar la razonabilidad de la inferencia; 4) que tal inferencia esté exteriorizada en la resolución. Desde la perspectiva constitucional la diferencia entre presunción de inocencia y la regla "in dubio pro reo" resulta necesaria en la medida que la presunción de inocencia ha sido configurada por el art. 24.2 como garantía procesal del imputado y derecho fundamental del ciudadano protegido por la vía de amparo, lo que no ocurre con la regla " in dubio pro reo", condición o exigencia "subjetiva" del convencimiento del órgano judicial en la valoración de la prueba inculpatoria.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 45/2019
  • Fecha: 16/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El Tribunal de instancia ha obtenido el convencimiento de la realidad de los hechos a partir de la credibilidad subjetiva en la víctima, que no solo la aprecia a partir de la hábil capacidad perceptiva inherente a su edad de 14 y 15 años durante el periodo de tiempo que se enjuicia, sino que pondera también la singularidad psíquica de la denunciante que el recurso subraya, si bien lo hace destacando que el informe pericial, aun cuando admite el hábito de la denunciante al consumo de tóxicos, concluye que estos hábitos pueden favorecer la pérdida de datos o de algunos de los detalles acaecidos, pero en modo alguno implican que la versión de la denunciante sea irreal o fabulada. El convencimiento del Tribunal deriva de una valoración conjunta y razonable del material probatorio aportado. La prueba pericial es prueba personal y carece de la naturaleza documental que el recurso presupone.El artículo 74 del Código Penal exceptúa la posibilidad de pueda aplicarse el delito continuado a tipos penales que tutelen bienes jurídicos eminentemente personales, si bien reconoce que su aplicación sí será factible cuando se trate de infracciones contra la libertad e indemnidad sexuales que afecten al mismo sujeto pasivo, habiendo reflejado nuestra jurisprudencia la oportunidad de su aplicación en todos aquellos supuestos en los que, por el tiempo transcurrido no puedan individualizarse los comportamientos delictivos desplegados contra una misma víctima sometida a abusos por el mismo sujeto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 10747/2019
  • Fecha: 16/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Cuando se alega infracción de este derecho a la presunción de inocencia, la función consiste en verificar que, efectivamente, el Tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y sus correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción. El principio in dubio pro reo no es un principio absoluto, sino algo que debe impregnar la interpretación en el caso de duda razonable del juzgador. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal operada por la Ley 41/2015 modificó sustancialmente el régimen impugnatorio de las sentencias de la jurisdicción penal, al generalizar la segunda instancia, bien ante la Audiencia Provincial o bien ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, estableciendo un régimen de casación con un contenido distinto, según los supuestos. La jurisprudencia de esta Sala ha excluido la aplicación del subtipo atenuado de amenazas en supuestos en los que, entre otros elementos concurrentes, se ha desplegado la acción a partir de amenazas graves, tales como amenazas de muerte en lugares solitarios, amenazas reiteradas, amenazas con agresiones no lesivas, con acorralamiento o zarandeo de la víctima, entre otros supuestos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 10187/2020
  • Fecha: 15/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el artículo 183 ter.2, relativo a la conducta conocida como sexting, no se exige la comisión de actos de violencia contra el menor. Lo que el tipo requiere es la existencia de contactos con un menor de 16 años a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la realización de actos dirigidos a embaucarle, con la finalidad de que facilite al autor material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor. Los actos han de estar dirigidos a embaucar al menor. Embaucar significa engañar, prevaliéndose de la inexperiencia del engañado, y la conducta del autor contiene, generalmente, una mezcla de promesas y amenazas o conductas similares a través de las cuales se pretende conseguir la finalidad típica. Por lo tanto, es irrelevante que las comunicaciones verificadas no contengan amenazas. Por el contrario, a los efectos del tipo, tiene trascendencia que el autor pretendiera la remisión de las fotos que luego envió la víctima, como resulta acreditado por la prueba documental que ya ha sido mencionada. El error en la apreciación de la prueba demostrado por documentos no se orienta a una nueva valoración del conjunto de la prueba sobre la base de la documental, sino a la corrección de un error demostrado palmariamente, sin necesidad de argumentación, por el particular concreto de un determinado documento, y siempre que sobre ese punto concreto no existan otras pruebas que el Tribunal haya valorado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 10493/2019
  • Fecha: 10/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Presunción de inocencia: contenido y alcance de estudio, cuando se invoca en casación. Triple comprobación: existencia de prueba de los hechos imputados; validez de las pruebas en cuanto que se hayan obtenido con respeto a los derechos fundamentales; adecuación de los razonamientos valorativos a las reglas de la lógica y a las máximas de la experiencia. En los procedimientos con Tribunal de Jurado, dado que existe un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, la misión del Tribunal Supremo consiste en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. La sentencia contra la que se formula recurso es la de apelación. Validez de la declaración de la víctima como prueba de cargo bastante. Allanamiento de morada: se resuelve correctamente la alegación de que acusado y víctima convivían en el mismo domicilio. Residencia esporádica de algún día. Valor de las manifestaciones de tercero reflejadas en el informe pericial. Las declaraciones de descargo recogidas en el informe pericial no se propusieron como prueba. Daños morales: no dependen de una determinación objetiva. La indemnización sólo puede ser objeto de revisión cuando sea manifiestamente arbitraria o desproporcionada. Denegación de diligencia de prueba: no se denegó la prueba pericial sobre su objeto propio de pericia, sino sobre sus antecedentes.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES MARTINEZ ARRIETA
  • Nº Recurso: 10196/2020
  • Fecha: 09/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Ambas Salas han dado respuesta, en los términos que la tutela judicial efectiva exige, al contenido de impugnación, han constatado la normalidad en el desarrollo de la prueba pericial y el Tribunal ha expresado el fundamento de su convicción sobre las condiciones psico físicas del acusado en el desarrollo de las conductas objeto de enjuiciamiento. El Tribunal dispuso de elementos suficientes para la declaración fáctica y para dilucidar sobre las pretensiones de las partes, por lo que la prueba sobre el extremo de la capacidad del acusado para conocer la antijuridicidad era innecesaria. En la sentencia se afirma la capacidad intelectiva del acusado con apoyo en los dictámenes del médico y de la psicóloga forense y la propia conducta del acusado, que evidencia el conocimiento del actuar contrario a la norma. No hay referencia alguna a una afectación de sus facultades psicofísicas para afirmar una disminución de su culpabilidad en el hecho, ni de elementos de especial intensidad de la conducta reparadora para la consideración de cualificación que el recurrente solicita. El tipo penal del abuso sexual no requiere un elemento subjetivo específico, sino que como delito contra la libertad requiere en su tipicidad subjetiva el dolo entendido, en su acepción clásica, como conocimiento y voluntad de agredir la libertad sexual o la indemnidad de una persona, sin necesidad de que se concrete en un ánimo lúbrico o libidinoso, que no viene requerido por la tipicidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 10699/2019
  • Fecha: 09/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En los procedimientos con doble instancia, como el del Tribunal del Jurado, el control casacional de las sentencias que les pongan término, no solo comporta realizar un control de legalidad referido a la interpretación y aplicación de la ley por los tribunales encargados de la apelación, sino que también puede ajustarse a revisar los juicios de inferencia que haya alcanzado el Jurado, a través del análisis que de esta cuestión haya efectuado el Tribunal de apelación en el caso de que el argumento hubiera sustentado el previo recurso devolutivo ante él. La circunstancia eximente de legítima defensa, en relación con su naturaleza de causa excluyente de la antijuricidad de la conducta, se basa en la existencia de una agresión ilegítima y en la necesidad de actuar en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, a causa precisamente del carácter actual o inminente de esa agresión. Pero no existirá una auténtica agresión ilegítima que pueda dar paso a una defensa legítima cuando la agresión ya haya finalizado, ni tampoco cuando ni siquiera se haya anunciado su inmediato comienzo. El ataque puede ser igualmente alevoso cuando, aun habiendo mediado un enfrentamiento, se produce un cambio cualitativo en la situación. La apreciación de esta circunstancia cualificadora exige además, como elemento subjetivo e intencional, que el conocimiento y la voluntad del autor abarque no sólo el hecho de la muerte, sino el modo en que la alevosía se manifiesta.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Tarragona
  • Ponente: MARIANO EDUARDO SAMPIETRO ROMAN
  • Nº Recurso: 757/2019
  • Fecha: 31/07/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Se recurre el auto que acordó la continuación del procedimiento por los trámites de procedimiento abreviado contra el investigado, por un delito contra la seguridad del tráfico y un delito de lesiones por imprudencia grave, alegando en síntesis, que los hechos relatados en la denuncia no son constitutivos de infracción penal, pues la tasa de alcohol arrojada fue de 0,62 mg/l, que con un margen de error del 7,5% sería inferior al límite legal de 0,60 mg/l. También se refiere al atestado de la Policía Local donde se hizo constar que, a juicio de los agentes, no existió afectación en la conducción atendiendo a la sintomatología inexistente, y que no se pudo acreditar una velocidad excesiva del autobús, ante la ausencia de huella de frenada, por el tacógrafo y la ausencia de quejas de pasajeros, concluyéndose que la causa del atropello fue la incorrecta maniobra de aproximación de la denunciante a su vehículo sin tener en cuenta el espacio disponible. El recurso se desestima. En esta fase procesal se trata de valorar en términos de mera probabilidad la existencia de una base suficiente y racional para continuar el proceso. El Instructor considera que se han practicado las diligencias necesarias para estimar concurrente la existencia de un sustrato indiciario suficiente, como es el atropello de la denunciante por parte del autobús municipal conducido por el investigado, quien arrojó una tasa que superaba el límite legal, precisando un testigo que la velocidad pudiera ser excesiva.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.