• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 10161/2019
  • Fecha: 14/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El dolo de lesionar en el delito de lesiones del art. 149 va referido a la acción, pues el autor conoce o se representa que, como consecuencia de la acción que voluntariamente desarrolla, se va o puede producir unas lesiones. En este caso el resultado es evidente y queda acreditado con el resultado final y la acción es agresiva y directa al ojo con la llevanza de anillos en los dedos. La idoneidad es absoluta en la producción del resultado. No se trató de un mero puñetazo, sino de un golpe directo al ojo con los anillos en los dedos. No es suficiente con que el delito se haya producido en meras circunstancias de tiempo o espacio coincidentes con los propios de la actividad laboral, sino que, además, se requiere que la conducta objeto de sanción guarde alguna relación con el cometido concreto de la actividad laboral. En este caso, hay una absoluta desconexión en la agresión de un empleado a otro y la causación de un resultado dañoso, por cuanto en la redacción del hecho probado no existe un vínculo entre empresa y empleados por el hecho de que uno agreda a otro en el mismo centro empresarial, y aunque lo haga en horario comercial, por cuanto no puede llevar a maximizarse la responsabilidad objetiva o por riesgo, llevando a la empresa a responder por "todo lo que ocurra en su seno" civilmente, por cuanto la agresión queda desconectada de las funciones encargadas al agresor. Debe excluirse a la empresa de la condena como responsable civil subsidiaria del artículo 120.4 del CP.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 10194/2019
  • Fecha: 09/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No puede convertirse el proceso de recusación del juez en un proceso de castigo por la circunstancia de sus relaciones familiares, o por sus distinciones, como aquí se pretende,ya que ello provocaría una sanción por hechos ajenos a la función jurisdiccional. La circunstancia discriminatoria debe referirse a la víctima. Es difícil argumentar una consideración de la Guardia Civil como colectivo vulnerable sin desnaturalizar la finalidad del precepto. No se describe una situación de discriminación, no se describe la ideología, tampoco se establece una comparación entre situaciones desiguales sobre las cuales fundar la discriminación, ni el hecho probado contiene una definición ni expresión de la situación objetiva de desigualdad derivada de una ideología del sujeto pasivo del delito.Y no puede considerarse que el hecho de pertenecer a un instituto policial sea una ideología. El abuso de superioridad debe suprimirse del atentado. El daño moral y las lesiones psíquicas son conceptos indemnizatorios acumulables. El delito de desórdenes públicos tiene una naturaleza tendencial. Su finalidad es atentar contra la paz pública, concepto más amplio que el de orden público. La nulidad de un nombramiento judicial no determina que los actos realizados durante la vigencia del nombramiento sean nulos o anulables.El uniforme solo permite el inmediato reconocimiento del agente; y habiéndose identificado el agente como tal, con conocimiento del acusado, concurre el elemento cognitivo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 10737/2018
  • Fecha: 03/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El ámbito del control casacional en relación a la presunción de inocencia se concreta en verificar si la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y si, en consecuencia, la decisión alcanzada por el Tribunal sentenciador, en sí misma considerada, es lógico, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos. Es conforme con nuestra doctrina valorar las declaraciones sumariales practicadas con las formalidades legales e introducidas en el plenario en condiciones que permitan a la defensa del acusado someterlas a contradicción. Ante la rectificación o retractación del testimonio operada en el acto del juicio oral (art. 714 LECrim), o ante la imposibilidad material de su reproducción (art. 730 LECrim), el resultado de la diligencia accede al debate procesal público ante el Tribunal, cumpliéndose así la triple exigencia constitucional de toda actividad probatoria: publicidad, inmediación y contradicción. El reconocimiento fotográfico es una diligencia que ordinariamente se practica en sede policial, que permite orientar la investigación hacia determinadas personas, pero que, en ningún caso, constituye prueba de cargo suficiente para justificar una condena.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 10078/2019
  • Fecha: 01/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito de asesinato con la concurrencia de ensañamiento. Descripción de los requisitos para la apreciación de la agravante. Determinación de la intervención del Jurado en la configuración de las agravantes en la fijación y su explicación en el veredicto. Función judicial de traslación de los hechos probados por el Jurado en la sentencia.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE JOAQUIN HERVAS ORTIZ
  • Nº Recurso: 1048/2019
  • Fecha: 01/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se sostiene en la alzada que no se ha producido vulneración del derecho a la presunción de inocencia, pues en el acto del juicio se practicó prueba de cargo suficiente para fundamentar la condena de la recurrente, como lo fueron las declaraciones de L y de A, cuyas versiones de los hechos encuentran corroboración objetiva en las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del metro de Madrid, que han sido aportadas a las actuaciones, y en la declaración testifical de otra empleada del metro. Tampoco puede entenderse vulnerado el principio in dubio pro reo, pues sabido es que dicho principio no obliga a dudar a los órganos judiciales, sino, simplemente, a dictar sentencia absolutoria cuando albergan una duda razonable sobre la verdad histórica de los hechos que son objeto de acusación o sobre la intervención en ellos del acusado, sin que el Juzgador a quo haya manifestado duda alguna en ninguno de esos extremos y sin que tampoco albergue dicha duda este órgano ad quem. También se considera que no existe ausencia de dolo en la conducta de J, pues es evidente que actuó, al menos, con dolo eventual, al acometer con el carrito de bebé a L en varias ocasiones, toda vez que tuvo que representarse necesariamente la probabilidad de que su conducta pudiera causar algún tipo de lesión, aunque fuera leve, y sin embargo, no dejó por ello de realizar tal conducta, que condujo a un resultado lesivo para L.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE JOAQUIN HERVAS ORTIZ
  • Nº Recurso: 909/2019
  • Fecha: 01/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se considera en la alzada que en el acto del juicio se practicó prueba de cargo suficiente para destruir la presunción de inocencia del denunciado, como lo fue la declaración testifical del denunciante, de cuya veracidad no existe motivo alguno para dudar y que no entra en contradicción alguna con lo inicialmente denunciado, debiendo añadirse que el denunciante acudió a recibir asistencia sanitaria de inmediato y que presentó denuncia al día siguiente, habiéndole sido apreciadas lesiones compatibles con su versión de los hechos, que también constan en el informe médico forense, de tal manera que tal versión cuenta con elementos objetivos de corroboración, a diferencia de la versión del denunciado, que no consta que acudiese realmente a presentar denuncia ni que sufriese lesión alguna. No ha existido vulneración del derecho a la presunción de inocencia ni del principio in dubio pro reo, pues dicho principio no obliga a dudar a los órganos judiciales, sino, simplemente, a dictar sentencia absolutoria cuando albergan una duda razonable sobre la verdad histórica de los hechos que son objeto de acusación o sobre la intervención en ellos del denunciado, sin que el Juzgador a quo haya manifestado duda alguna sobre ninguno de esos extremos y sin que tampoco albergue dicha duda este órgano de apelación. No existe desproporción al establecer la indemnización de 50 euros por cada día de curación, aunque sean no impeditivos, pues con ella se resarce el daño moral y las lesiones.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA TERESA CHACON ALONSO
  • Nº Recurso: 1943/2019
  • Fecha: 30/09/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Después de recordarse por la Sala los requisitos establecidos legal y jurisprudencialmente para el dictado de una orden de protección considera que en el presente supuesto el recurso no puede prosperar,ante la ausencia de indicios delictivos, debido a las versiones contradictorias de la denunciante y denunciado, sin que existan elementos objetivos que avalen el relato incriminatorio de la primera y sin que puedan excluirse móviles espurios, considerando que se interpone la denuncia 4 días después de que la denunciante recibiera la demanda de divorcio interpuesta por el investigado en la que solicítala guarda y custodia del hijo menor común, apuntando en todo caso la falta de apreciación de una situación objetiva de riesgo .
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Valladolid
  • Ponente: ANGEL SANTIAGO MARTINEZ GARCIA
  • Nº Recurso: 587/2019
  • Fecha: 25/09/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la presente causa ha sido dictada Sentencia por la que se le condena al acusado como autor de un delito de maltrato del artículo 153.1, del CP, concurriendo la atenuante muy cualificada de alteración mental.Frente a tales pronunciamientos interpone recurso de apelación la acusación particular sostenida por su ex pareja, para concluir que, además de los hechos declarados probados, se debe declarar también por probado que el acusado tenía conocimiento de lo que estaba realizando, como cabe deducir del hecho de que fuera conduciendo perfectamente una bicicleta, por el hecho de portar armas y objetos contundentes, solicitando penas más graves. Pero lo único que se puede solicitar (y en su caso conceder) es la nulidad de la sentencia por la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia. Además esta Sala no aprecia en la sentencia recurrida insuficiencia o falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia. Muy al contrario, en la sentencia recurrida se analizan de manera pormenorizada los elementos probatorios, siendo seguidas las pretendidas amenazas de manera inmediata, por lo que se desestima el recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 10267/2019
  • Fecha: 24/09/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Conforme a lo dispuesto en el artículo 551.1º del Código Penal debe ser impuesta la pena superior en grado, que sería la de prisión entre 3 años y 1 día, y 4 años y 6 meses. Al existir un concurso ideal de delitos entre el delito de atentado y los delitos de lesiones, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 77 del Código Penal, la pena del delito más grave (atentado) debe ser impuesta en su mitad superior y por tanto entre 3 años, 9 meses y 1 día y 4 años y 6 meses.Por último, al concurrir una circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal, la pena debe ser impuesta en su mitad inferior, esto es, entre 3 años, 9 meses y 1 día y 4 años, 1 mes y 16 días. Por ello, la pena impuesta, en extensión de cuatro años, se encuentra dentro de los límites legalmente previstos. La individualización judicial de la pena es adecuada y ponderada en orden a la gravedad de los hechos y a las circunstancias personales del recurrente. De esta forma el Juzgado de lo Penal ha valorado las circunstancias concurrentes, tanto las que determinan un mayor desvalor de su actuar como las que inciden en un menor reproche de su conducta. Entre las primeras el Juzgado destaca el nulo arrepentimiento del reo, el hecho de haber premeditado la situación, haber mostrado una absoluta falta de preocupación por sus dos hijos menores usando a uno de ellos de escudo humano, arremetiendo contra todos los agentes que podía, sin preocuparse hasta la fecha de las lesiones que podía haber generado.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Pontevedra
  • Ponente: MARIA JESUS HERNANDEZ MARTIN
  • Nº Recurso: 532/2019
  • Fecha: 23/09/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Se recurre el Auto que acuerda la continuación por los trámites del Procedimiento Abreviado solicitando su revocación y que se acuerde la incoación del procedimiento ante el Tribunal del Jurado, dado que los hechos serían constitutivos de un delito de asesinato en grado de tentativa, un delito de lesiones y un delito de allanamiento de morada. Siendo cierto como se razona, que la acusación particular en ningún momento de la tramitación de la causa ha interesado la incoación del Tribunal del Jurado, ello no impide la aplicación de lo dispuesto en el art. 24 de la referida Ley para el caso de entender que resulta contra persona determinada la imputación de un delito, cuyo enjuiciamiento venga atribuido al Tribunal del Jurado. La calificación jurídica que se contiene en el Auto de Procedimiento Abreviado no vincula a las parte, sino que la referencia es únicamente de forma instrumental o adjetiva en el sentido de determinar el procedimiento a seguir, pero sin suplir las funciones propias de la acusación. Respecto al delito de allanamiento de morada, la Sala entiende que estando al relato de hechos justiciables, sí existe base suficiente para la calificación inicial de los hechos como constitutivos de delito de allanamiento puesto que se hace referencia expresa a la entrada del investigado en la vivienda; sin embargo, ello no supone modificación de la competencia, pues el objetivo principal era la perpetración de las lesiones, cometiéndose el allanamiento para facilitar aquel.

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