Resumen: Recurso de casación formulado contra la sentencia dictada en apelación en un procedimiento de jurado por el Tribunal Superior de Justicia, acordando la nulidad del juicio y la devolución de la causa a la Audiencia Provincial para la celebración de un nuevo juicio. En primer término, se estudia la posibilidad de plantear recurso de casación, cuando la sentencia de apelación lo que ha decretado es la nulidad del procedimiento. Dos posibilidades: recurso por infracción de ley y por quebrantamiento de forma y recursos por interés casacional, solamente por infracción de ley. En este caso, se excluyen expresamente los que se limiten a declarar la nulidad de las sentencias recaídas en primera instancias. Consecuentemente, no cabe contra este tipo de sentencias, en atención al contenido de su fallo, interponer recurso de casación.
Resumen: Acceso a unas cámaras de seguridad: derecho a la intimidad. Validez de la filmación en espacio público sin intromisión. Su validez como prueba depende de su visionado en el acto de la vista oral. Se precisa autorización judicial cuando la grabación se lleve a cabo en espacios privados. Necesidad de control judicial: entrega inmediata a la autoridad judicial. Necesidad de que comparezca la persona particular que ha realizado la filmación. Exigencias para evitar la manipulación. El paso de tiempo no priva de forma absoluta a su validez como prueba. Licitud de la colocación de cámaras de vigilancia en comercios. Recae en el ámbito de la legislación y tratamiento por la Agencia de Protección de Datos. Salvaguarada por las normas de protección civil del derecho al honor. Requisitos de validez de las filmaciones aportadas por particulares. Abandono de la postura tradicional del derecho a la propia imagen como manifestación del derecho a la intimidad. Salvaguarda del derecho del particular a que no se difunda su imagen. Aunque no se ha planteado por la parte recurrente, la Sala aborda, por interés de ley, un problema de errónea subsunción de los hechos, respecto de los delitos de robo con violencia. Pese a la existencia de una pluralidad de sujetos pasivos, debe calificarse como un solo delito de robo con violencia con base en la doctrina de unidad natural de acción. Readaptación de las penas y extensión a los condenados no recurrentes.
Resumen: Sólo cabe recurso de casación contra autos que acuerden el sobreseimiento por falta de jurisdicción y no contra los que la afirmen. La fuente de información del delito fue encontrada en España, presupuesto de jurisdicción de los Tribunales españoles conforme al principio de territorialidad del art. 23.1 LOPJ. La jurisdicción universal consiste en el ejercicio de jurisdicción penal por los Tribunales de un determinado país en crímenes internacionales de especial gravedad, sobre la base de la naturaleza del delito, sin tomar en consideración ni el lugar donde fue cometido ni la nacionalidad de su autor. El principio de universalidad o de justicia mundial amplía también el ámbito de la jurisdicción española, en cuanto sirve para la protección de bienes esenciales para la humanidad, reconocidos por todas las naciones civilizadas, con independencia de la nacionalidad de los partícipes y del lugar de comisión, en cuanto, en esencia, atiende al conocimiento de los delitos propiamente internacionales.
Resumen: Interpretación del articulo 550.1 CP en relación a la expresión "actuación en el ejercicio de las funciones del cargo o con ocasión de ellas". En el presente caso y en atención al relato de la sentencia impugnada, que debe ser escrupulosamente respetado, conforme a las exigencias del recurso de casación por infracción de ley, no se menciona que la actuación del agente se hubiera producido en defensa de la ley o de la seguridad ciudadana, ya que lo único que se dice es que el agente se dirigió al grupo ante las increpaciones de que estaba siendo objeto. No puede afirmarse a partir de ese exiguo relato que se estuviera produciendo una grave alteración del orden o de la seguridad ciudadana ni tampoco que existiera una situación de grave e irreparable perjuicio. El agente intervino en el contexto de una discusión o enfrentamiento estrictamente privado por lo que su actuación quedó al margen de su función policial. Por tanto, no se cumplen las exigencias del tipo objetivo del delito de atentado. De otro lado, y en relación con el tipo subjetivo, tampoco se afirma en el juicio histórico que el agente fuera agredido por su condición policial.
Resumen: La estimación del recurso y consiguiente casación de la sentencia de apelación, no es la resolución que, por primera vez y como fruto de la valoración de la prueba, impone la condena a los acusados que permanecían hasta ahora absueltos por razón de la apelación. La reposición a la condición de penados deriva de la inicial sentencia y de la consideración como incorrecta de su revocación en apelación. El delito del art. 439 CP no es una norma penal en blanco; no es un precepto vicario de una regulación administrativa. No exige identificar previamente una norma administrativa que imponga de forma precisa el deber de abstención. El núcleo del precepto está en el verbo aprovecharse. Habrá actuación reprobable penalmente si el funcionario se aprovecha de su condición para beneficiar a una empresa en la que tiene intereses directos o indirectos actuando deliberadamente con la voluntad de poner la función al servicio de esos intereses personales. El hecho probado describe una conducta que rebasa los límites que son propios de una infracción formal de las normas sobre compatibilidad. Desarrolló una actividad prohibida, en la medida en que subordinó las decisiones que debían inspirar una verdadera política de seguridad vial al interés de su esposa y de la empresa familiar que aquélla regentaba. Y lo hizo dictando una expresa orden a sus subordinados, en el ejercicio de las potestades inherentes a su función, que incluía la mención a las hipotéticas explicaciones de un superior.
Resumen: Se resuelve el recurso de casación contra la sentencia dictada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia. Se resuelve la denuncia sobre la vulneración de la tutela judicial efectiva en la vertiente correspondiente a obtener una resolución motivada y a la seguridad jurídica y la infracción de la garantía de presunción de inocencia. Se desestima que haya existido contradicción entre los hechos declarados como probados, habiéndose considerado como hechos probados conceptos que, por su carácter jurídico, habrían supuesto la predeterminación del fallo (artículo 851.1° y 2° LECRIM), así como que la resolución no resuelva todos los puntos que fueron objeto de la acusación y de la defensa (artículo 851.3° LECRIM).
Resumen: La cooperación supone forzosamente la realización de actos ejecutivos ajenos a los que se presta colaboración o ayuda. La prueba de cargo ha de venir referida al sustrato fáctico de todos los elementos tanto objetivos como subjetivos del tipo delictivo, pues la presunción de inocencia no consiente en ningún caso que alguno de los elementos constitutivos del delito se presuma en contra del acusado. La vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación judicial de la ley se produce cuando un mismo órgano judicial se aparta de forma inmotivada de la interpretación de la ley seguida en casos esencialmente iguales. Lo que prohíbe el principio de igualdad en aplicación de la ley es el cambio irreflexivo o arbitrario, lo cual equivale a mantener que el cambio es legítimo cuando es razonado, razonable y con vocación de futuro, esto es, destinado a ser mantenido con cierta continuidad con fundamento en razones jurídicas objetivas que excluyan todo significado de resolución ad personam.
Resumen: Son coautores los que realizan una parte necesaria en la ejecución del plan global, aunque sus respectivas contribuciones no reproduzcan el acto estrictamente típico, siempre que, aun no reproduciéndolo, tengan el dominio funcional del hecho, de suerte que sea este, en un sentido muy preciso y literal, un hecho de todos que a todos pertenezca. La agresión en grupo, cuando todos los sujetos emplean contra el agredido una violencia de análoga intensidad, de todos debe ser predicado el co-dominio funcional del hecho, en cuanto la actuación de cada uno contribuye por igual a anular o disminuir la resistencia de la víctima y, además, la iniciativa de cualquiera de ellos podrá determinar el cese de la agresión. El previo concierto para llevar a término un delito de robo con violencia o intimidación que no excluya "a priori" todo riesgo para la vida o la integridad corporal de las personas, responsabiliza a todos los partícipes directos del robo con cuya ocasión se causa una muerte o unas lesiones, aunque sólo alguno de ellos sean ejecutores de semejantes resultados personales. Es posible la revisión de sentencias absolutorias cuando el Tribunal Supremo actúa dentro de los márgenes de la infracción de ley, revisando cuestiones puramente jurídicas.
Resumen: El marco penal que sirve de presupuesto al principio acusatorio no puede consistir solamente en la calificación delictiva, sino en la propia penalidad solicitada, que condiciona las expectativas del derecho de defensa. La reacción punitiva, no corresponde al Tribunal sentenciador, sino a las acusaciones, en el mismo seno del desenvolvimiento del juicio oral. El Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas calificó los hechos por los que acusaba al Sr. E. como constitutivos de un delito de quebrantamiento de medida cautelar del artículo 468.1 del Código Penal, considerando al recurrente responsable en concepto de autor, con la concurrencia de la agravante de reincidencia, interesando su condena a la pena de veinte meses de multa con una cuota diaria de 10 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago y costas. El Juez de lo Penal respetó la calificación jurídica de los hechos como constitutivos de un delito de quebrantamiento de medida cautelar del artículo 468.1 del Código Penal. No obstante, impuso una pena de prisión, pena que se encuentra prevista únicamente para el caso de que el penado estuviera privado de libertad, lo que no acontece en el supuesto examinado. Tal error no fue corregido por el Tribunal de apelación. En todo caso, tal decisión supone vulneración del principio acusatorio al haber sido impuesta una pena más grave a la solicitada por el Ministerio Fiscal, única acusación en la presente causa.
Resumen: Dilaciones indebidas: planteamiento extemporáneo. No se planteó en el escrito de conclusiones provisionales, sino en el informe. Concurrencia como circunstancia muy cualificada. Se estima el motivo, en atención a la acreditación de un retraso excesivo. Se estima la disminución de la indemnización de la responsabilidad civil por inlcuirse conceptos que se alega que no son consecuencia de la actuación delictiva. Se acuerda la remisión de particulares al Tribunal de Cuentas para que se determine la responsabilidad civil. Se invoca por la recurrente la vulneración del derecho a la presunción de inocencia por no haberse acreditado que conocía la actividad del coacusado. Existencia de prueba de cargo bastante constituida por la declaración del coimputado y por una pluralidad probatoria. Incongruencia omisiva: se denuncia falta de respuesta sobre la concurrencia del delito de certificación falsa. Obligación de utilizar la vía del artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Existencia de una respuesta incompatible con la tesis del recurrente. Diferencia entre el delito de falsedad y el del certificación falsa. Concurso. Interpretación restrictiva a favor del delito de falsedad. Concepto de funcionario a efectos penales. Prevaricación y dolo eventual. Límites a la conversión de una sentencia absolutoria en condenatoria. No toda irregularidad administrativa es ilicitud penal. Falta de legitimidad de la acusación particular para solicitar responsabilidad civil