Resumen: Delito de participación en organización terrorista. Artículo 577.2 del Código Penal. Análisis de los elementos del delito: captación, adoctrinamiento o adiestramiento. Recurso de casación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Ámbito del control casacional del respeto a la presunción de inocencia en los procedimientos con doble instancia contemplados en el artículo 847.1.a de la LECrim. Derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto: límites a su restricción.
Resumen: La acción de arrancar el vehículo con la finalidad primordial de huir, aunque se pusiese en grave riesgo la vida de una persona sin importar sus resultados, merecía indudablemente la consideración de hecho de la circulación y por tanto quedaba en cualquier caso cubierta por el seguro obligatorio, fuese cual fuese la decisión final. Por tanto, la aseguradora resultaba obligada en todo caso, ya fuese dolo eventual o imprudencia grave: no contaba con causa justificada para eludir su obligación. La incertidumbre fáctica (dolo eventual o culpa) no acarreaba ninguna consecuencia sobre la obligación de indemnizar con cargo al seguro obligatorio.La indemnización acordada ha de ser incrementada con los intereses del art. 20 LCS. Durante los dos primeros años desde la producción del siniestro, la indemnización por mora consistirá en el pago de un interés anual igual al del interés legal del dinero al tipo vigente cada día, que será el correspondiente a esa anualidad incrementado en un 50%. A partir de esta fecha el interés se devengará de la misma forma, siempre que supere el 20%, con un tipo mínimo del 20%, si no lo supera, y sin modificar por tanto los ya devengados diariamente hasta dicho momento. Esta interpretación favorable a la existencia de tramos y tipos diferenciados, es conforme con la intención del legislador, expresada en la Exposición de Motivos de la Ley 30/1995, en cuyo apartado 6º justifica la reforma relativa al artículo 20 de la LCS .
Resumen: Consta en el hecho probado que la acción del recurrente de "encañonar" con el arma al agente lo fue con ánimo de entorpecer la labor policial, y es lo que le permite la huida y deja inmóvil al agente que no tiene otra opción que dejarle huir. Pero no puede quedar fuera del examen casacional la referencia a que el arma fuera real, ya que se da por probado el empleo del arma, pero con una ausencia específica de descripción; pero lo que es más importante es que existe una "descripción fáctica insuficiente" del hecho probado en cuanto al uso del arma que permitiría aplicar el subtipo agravado del art. 551 CP. Y ello, porque es preciso que se refleje en los hechos probados la característica del arma para deducir la nota de "instrumento peligroso". En los casos en los que se describa que lo utilizado fue un arma real no hay absorción de la conducta de encañonar el arma con el atentado del art. 550 CP. El nº 1 del art. 551 CP actual señala que el atentado se cometa "haciendo uso de armas".Es decir, no que se agreda con armas, sino que el atentado en una de sus modalidades comisivas se lleve a cabo "con el uso de armas", pero sin que sea preciso que se activen, sino solo que "se empleen" por el uso, lo que admite la "mera exhibición".La expresión "uso de armas" debe entender y englobar la mera exhibición.Se aplica el subtipo agravado por la mera exhibición, sin ser preciso que se emplee el arma activándola, ya que el texto solo habla de "uso".
Resumen: El hecho de que no sean idénticas las mayorías decisorias del Jurado sobre hechos justiciables análogos no es relevante, pues lo que se revisa aquí es la razonabilidad de la decisión final del Jurado, y dicha razonabilidad se ha comprobado así como su motivación. Efectivamente, ha reiterado la Jurisprudencia que la suficiencia de la motivación del veredicto ha de fiscalizarse teniendo en cuenta su integridad, sin parcelar la justificación de cada una de las proposiciones en la medida en que normalmente aparecerán interrelacionadas, dado que "la motivación -también la que se pide al Jurado- siempre es contextual". La fijación del relato fáctico debe ser íntegramente proporcionado por el Jurado, pero ello no impide que el Magistrado Presidente en la fundamentación de su sentencia desarrolle o complemente la motivación del veredicto, dado que la operación de valoración probatoria no es en la actualidad ajena a parámetros normativos. La motivación de la sentencia del Tribunal del Jurado viene precedida del acta de votación, que constituye su base y punto de partida, pues contiene la expresión de los elementos de convicción y una sucinta explicación de las razones por las que el colegio decisorio ha admitido o rechazado determinados hechos como probados, pero debe ser desarrollada por el Magistrado-Presidente al redactar la sentencia, expresando el contenido incriminatorio de esos elementos de convicción señalados por los jurados.
Resumen: Se describe como justo el terrorismo como medio de solución de conflictos, esto es, una relativización o la negación de su antijuridicidad, lo cual puede suponer una cierta identificación con los autores. El enaltecimiento es algo más que la mera aprobación o el asentimiento y, la justificación es algo más que una mera explicación y, en todo caso, deben estar referidos de forma clara y determinante a la actividad terrorista tipificada como tal en el CP o de quienes hayan participado en su comisión.Se comete el delito ndependientemente de las motivaciones. Estamos ante un delito de peligro abstracto, esto es aquel en que la peligrosidad se supone inherente a la acción.No tiene cobertura ni amparo justificativo el que los recurrentes quieren sostener de una queja social articulada por medio del rap como "canción protesta", por cuanto los hechos probados no están ni en el límite de la frontera entre el ilícito penal y la mera protesta social, adentrándose con "eficacia" publicista en el exterior por medio de una divulgación social que ha tenido sus efectos.La literalidad de las canciones en sus letras, como se expone en el relato probado, conlleva un claro acto de enaltecimiento y exaltación de la lucha terrorista como "modus operando" en su ideología de revuelta social y como forma de expresar una solución a los problemas.La incitación a la violencia terrorista, mediante el enaltecimiento de los terroristas o de sus métodos, no puede estar amparado por la libertad de expresión.
Resumen: La recurrente y su dirección letrada sabían necesariamente que no era un juicio de conformidad: el juicio se celebró hasta el final, bien que con la dispensa de asistencia a la acusada en lo que es praxis tolerada y admisible. Habían de ser conscientes de que la sentencia ya no tendría que ajustarse ineludiblemente a los términos pactados con el Fiscal (lo que en alguna medida les favorecía: también ella podría haber sido absuelta y podría haber recibido una pena inferior). No puede quejarse de que no se haya condenado al coacusado "oficiosamente" conformado, en tanto era una posibilidad no solo abierta, sino que además según parece resultar de la lectura de la sentencia podía intuirse como probable a la vista de la actuación de su dirección letrada y las reticencias al acuerdo mostradas por ese acusado finalmente absuelto. Una sentencia de conformidad viene siempre condicionada por la unánime prestación de la conformidad por todos los acusados de un delito. Hay que fijar unas cuotas de responsabilidad civil, mayores o menores, iguales o diferenciadas, pero cuotas específicas, de las que no puede escapar ninguno de los partícipes. Si no se fijan cuotas ha de entenderse que son por partes iguales. El art. 390 CP se refiere a la autoridad o funcionario público que cometiere en un documento público, oficial o mercantil, alguna de las conductas descritas en el mismo; pero siempre que ello tuviere lugar "en el ejercicio de sus funciones".
Resumen: Indefensión: se alega que el auto de transformación solamente se dictó por el delito de lesiones, sobreseyéndose la acusación por el delito de tortura, falsedad documental y detención ilegal. Contenido del derecho a la tutela judicial efectiva y de la proscripción de la indefensión. Concepto de indefensión: necesidad de que se trate de una efectiva y real privación del derecho de defensa. No basta con la realidad de un defecto procesal. El auto de transformación se dicta en función de los hechos que han sido objeto de imputación, sobre los que ha girado la instrucción de las diligencias previas y que deben ser perfectamente conocidos por el imputado. En el procedimiento abreviado, antes de 2002 no había una resolución judicial de imputación, quedando entonces la declaración como imputado con doble filtro: el escrito de calificación y la apertura de juicio oral. Tras la reforma del 2002, el auto de apertura determina el carácter definitivo de los hechos objeto de debate. En el caso, el auto de transformación marcó el objeto del proceso, expulsando aquellos hechos de los que no había indicios de su comisión. Aunque este auto fue impugnado y recurrido por el Abogado del Estado fue desestimado. Hay, por eso, en el caso presente, una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a la proscripción de la indefensión. Se estima, por ello, el recurso cuyas consideraciones se extienden a los restantes acusados que se encuentran en la misma situación.
Resumen: La libertad de expresión consiste en el derecho a formular juicios y opiniones, sin pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos, por lo que el campo de acción viene solo determinado por la ausencia de expresiones indudablemente injuriosas en relación con las opiniones que se expongan. De la misma manera que se excluye del artículo 428 del Código Penal la actuación de funcionarios que se dirigen al que ha de resolver incluso siendo superiores si no se abusa de la jerarquía, tampoco basta que un ciudadano trate de influir espuriamente en el funcionario que resuelve si no mantiene con él una relación que deba considerarse de naturaleza "personal" y, además, se prevale de la misma. Siendo así, de la expresión "entró a trabajar por ser la esposa de un médico" no puede deducirse la imputación del referido delito de tráfico de influencias. Y en lo concerniente al delito de injurias, necesariamente hemos de partir de la nueva regulación de la injuria, tras la reforma LO 1/2015, que ha supuesto una despenalización, al subsistir como única infracción punible la injuria grave. Las expresiones entresacadas del artículo publicado por el querellado en un semanario local, referidas a la querellante aun sin especificar nombres y apellidos, si bien pueden tildarse de desafortunadas, lamentables, excesivas en el léxico e impertinentes, no tienen una carga ofensiva, insultante o vejatoria de una intensidad tal para ser grave a los efectos del artículo 208.2 del Código Penal.
Resumen: La intervención penal sólo resultará justificada en los supuestos en que el arma objeto de la tenencia posea una especial potencialidad lesiva y, además, la tenencia se produzca en condiciones o circunstancias tales que la conviertan, en el caso concreto, en especialmente peligrosa para la seguridad ciudadana. La potencialidad lesiva propia de las armas de fuego descritas no es discutida, así como el resto de las exigencias establecidas por la jurisprudencia constitucional, salvo su peligrosidad para la seguridad ciudadana; sin embargo del relato resulta, además de la pluralidad y aparente falta de almacenamiento seguro, la existencia de un arma corta disimulada en un mero tubo de acero, cuya ínsita peligrosidad determina la absoluta prohibición de su tenencia; tanto más cuando a su disimulada naturaleza, esa simple contextura, le impide tener integrado cualquier sistema de seguridad. Los informes de credibilidad no dicen, ni pueden decir, ni se les pide que digan, si las declaraciones se ajustan o no a la realidad. Esa es tarea del Tribunal que, contará con su percepción directa de las manifestaciones y con el juicio del psicólogo sobre la inexistencia de datos que permitan suponer fabulación, inducción, manipulación o invención. Aunque el dictamen psicológico obtenga un resultado "indeterminado" sobre la credibilidad del menor, sin poder decidirse en un sentido o en otro, no es un elemento de prueba que pueda desvirtuar la convicción del Tribunal sentenciador.
Resumen: Se estima el recurso y se absuelve del delito de falsedad documental. Se aplica la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada. Precisa la sentencia que la actuación de la acusación particular no fue inútil o superflua, ya que como el propio Tribunal reconoce su actuación fue loable a lo largo de todo el proceso, y como la recurrente apunta, la condena ha llegado amparada en gran medida por esta labor, puesto que las periciales que han servido para cuantificar el daño o incluso para identificar la falsedad documental que ha sido objeto de condena. No cabe excluir las costas de la acusación particular. La excusa absolutoria prevista en el artículo 268 del Código Penal y el art. 103 LECrim.