• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 1993/2019
  • Fecha: 21/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El control casacional en relación a la presunción de inocencia se concreta en verificar si la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y si, por ello, la decisión alcanzada por el tribunal sentenciador es, en si misma considerada, lógica, coherente y razonable. El delito de prevaricación exige: 1) resolución dictada por autoridad/funcionario en asunto administrativo; 2) que sea objetivamente contraria al Derecho; 3) que se manifieste en la falta absoluta de competencia, en la omisión de trámites esenciales del procedimiento; 4) que ocasione un resultado materialmente manifiestamente injusto; 5) que la resolución sea dictada para hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad o funcionario El delito de prevaricación administrativa es el negativo del deber que se impone a los poderes públicos de actuar conforme a la Constitución y al ordenamiento jurídico.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ
  • Nº Recurso: 4215/2018
  • Fecha: 17/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La idoneidad del turno de intervenciones como momento hábil para invocar la vulneración del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, en aquellos supuestos en los que las resoluciones de injerencia fueron adoptadas en un proceso distinto, ha sido defendida en numerosos precedentes. Es necesario exigir que el análisis de la idoneidad de la información policial para alzar las barreras de protección que el art. 18.3 de la CE reconoce a todo ciudadano, se verifique de forma conjunta, en su integridad, sin desmenuzar de manera interesada una información que sólo adquiere verdadero sentido en su globalidad. Lo que los agentes ponen -deben poner- en conocimiento del Juez es una información policial, no una sucesión de datos inconexos y sin interrelación. La referencia a pronunciamientos jurisdiccionales pasados, sean favorables o adversos, puede ser de utilidad en un oficio policial para dibujar la proximidad del sospechoso al mundo del narcotráfico, pero no puede, en modo alguno, invocarse como elemento de refuerzo de indicios que nada acreditan por sí solos. La transferencia del carácter ilícito de las pruebas originales a las derivadas, se produce en virtud de la existencia de una conexión de antijuridicidad que resulta del examen conjunto del acto lesivo del derecho y su resultado. La exclusión de las pruebas contaminadas toma como punto de apoyo el contenido de algunos de los autos de prórroga que darían lugar a los seguimientos y vigilancias.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ESPEJEL JORQUERA
  • Nº Recurso: 1/1997
  • Fecha: 22/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La acusada ordenó la ejecución del hecho y facilitó al autor material los materiales explosivos y las instrucciones para la fabricación y la colocación de la bomba, cuya explosión produjo la muerte de una persona. Concurrencia del animus necandi. Resulta alevoso el envío a la víctima de un artefacto explosivo especialmente preparado para ocasionarle la muerte. Los autores debieron de representarse la clara posibilidad de causar la muerte de algún otro ocupante o transeúnte. Delito de tenencia ilícita de explosivos: disponibilidad y capacidad para controlar y decidir sobre el destino de los explosivos con la consiguiente ofensa al bien jurídico tutelado. No afecta al principio de imparcialidad, ni es causa de abstención o recusación el hecho de haber dictado sentencia en la misma causa frente a otros acusados. Enunciación tardía de motivos de impugnación contraria a la buena fe procesal. Validez a lo actuado en otro Estado miembro de la Unión Europea. Prueba de inteligencia policial.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 4114/2018
  • Fecha: 21/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La construcción del reproche penal por estafa parte de la exigencia de un engaño que el sujeto activo despliega de manera adecuada para que el destinatario del mismo, impulsado precisamente por esa incorrecta e inducida persuasión, realice voluntariamente un acto de disposición patrimonial que le perjudica. La actividad del acusado presenta aspectos externos que resultaban conformes con una voluntad inicial de cumplimiento, rechazando la inferencia de que el acusado engañara a sus clientes y que persiguiera enriquecerse con las aportaciones económicas de los inversores a cambio de ofrecer unas contraprestaciones fantasiosas y que sabía que no atendería.Las conclusiones resultan adecuadas a las reglas de experiencia mercantil, sin que pueda acogerse, como el recurso pretende, que las circunstancias que rodearon el aval bancario otorgado para la devolución del dinero invertido muestren o evidencien la realidad de un engaño ni que se desviaran fondos para otras cuestiones que no fueran las propias de su actividad mercantil. No existe predeterminación del fallo cuando la sentencia excluye que los negocios del recurrente tuvieran una intención captatoria. Las cuestiones que el recurrente estima que han quedado incontestadas no se refieren a una pretensión estricta, sino que constituyen puntos fácticos sobre los que se construyó la acusación. La ausencia de mención no puede significar otra cosa que el hecho concreto no ha quedado acreditado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 20577/2019
  • Fecha: 21/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso de revisión. Se condena a una persona que fue testigo en un procedimiento en el que luego se demostró que faltó a la verdad cuando declaró, condenándosele por un delito de falso testimonio. El Ministerio Fiscal informó favorablemente aunque solicitó la práctica de diligencias complementarias. Naturaleza extraordinaria del recurso de revisión que responde a la necesidad de lograr un equilibrio entre seguridad jurídica y justicia material. En el presente caso, la principal prueba de cargo contra el recurrente estuvo constituida por la declaración de la persona condenada por falso testimonio. Se estima, por todo ello, el recurso, anulando la condena contra el recurrente por un delito leve de lesiones.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 4161/2018
  • Fecha: 20/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La existencia de grupo criminal no exige la previa condena de todos y cada uno de los integrantes de la organización o grupo, bastando con que el hecho probado describa y afirme la concurrencia de un número de personas superior a dos en la perpetración de los delitos de que se trate. Para calificar los hechos en el subtipo agravado del art. 570 ter apartado 2, letra b), por disponer de armas o instrumentos peligrosos, tendría que haberse imputado la acusación por el delito de organización criminal en el apartado 2, letra b), con idéntico contenido, pero al haberse ejercitado la acusación por el apartado 3, y no por el 2, se ha vulnerado el principio acusatorio, en tanto que no han podido defenderse de tal subtipo agravado, que no estaba incluido en el acta de acusación, sino en la comisión de delitos contra la vida, integridad de las personas, libertad, indemnidad sexual o trata de seres humanos. El concepto de arma prohibida es de carácter normativo y su determinación corresponde al órgano de enjuiciamiento que no está supeditado a la calificación que al respecto pueda contener la pericial practicada sobre las armas en cuestión. Las armas cuya tenencia se prohíbe penalmente son las que sean materialmente armas (pues no todos los objetos prohibidos con ese nombre en la norma administrativa lo son), cuya tenencia se prohíba por una norma extrapenal, que posea una especial potencialidad lesiva, y que la tenencia se produzca en condiciones que la conviertan en peligrosa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA
  • Nº Recurso: 4187/2018
  • Fecha: 20/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se aprecia acoso del artículo 173.1, párrafo 2º CP en concurso real con prevaricación en la incoación de expediente disciplinario a una Interventora municipal que denunció acoso sexual. A consecuencia de esa denuncia el Alcalde, considerando que su presencia en el Ayuntamiento no era oportuna, formula querella criminal por injurias graves y le abre expediente disciplinario por la comisión de un delito doloso (el denunciado previamente) a pesar de que el hecho se declaró falta y finalmente se dictó sentencia absolutoria. Sabiendo que el hecho no era delito, acordó la suspensión de empleo y sueldo y continuó con el expediente a pesar de que la medida cautelar fue anulada por violación de derechos fundamentales. Además, comunicó públicamente el requerimiento para que se fuera del Ayuntamiento, la expulsó de la sede también de forma pública y, cuando se reintegró, le quitó el móvil, las llaves del Ayuntamiento, la firma electrónica. También la cambió de despacho y contrató a un economista para que hiciera las funciones de intervención, iniciando también una campaña de desprestigio en la prensa. Se desestima una pretensión de recusación extemporánea, que no fue planteada en la instancia conforme a lo que previene la LOPJ y se analiza los requisitos del delito de acoso laboral. Se entiende que entre el delito de prevaricación y el de acoso hay una relación de concurso real.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Oviedo
  • Ponente: JOSE IGNACIO PEREZ VILLAMIL
  • Nº Recurso: 33/2019
  • Fecha: 20/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se apela la sentencia absolutoria interesando su nulidad por quebrantamiento de normas, afirmando que carece de hechos probados, y que incurre en errónea valoración de la prueba. El recurso se desestima. El examen de la sentencia revela que se ajusta perfectamente a la formula del art 248.3 la LOPJ, pues contiene una detallada exposición de los Hechos que se declaran probados. Precisamente ese relato fáctico es el que permite a la recurrente esgrimir el resto de los motivos fundamentadores del recurso. Existen hechos probados y la exhaustiva exposición de los mismos en la sentencia rechaza la idea de indefensión que exige la Ley procesal para que prospere cualquier motivo que denuncie quebrantamiento de forma. En cuanto a la valoración de la prueba el recurso hace una crítica, interesada, a varios pasajes de la motivación de la sentencia sobre los datos e indicios que se apreciaron para la conformación del relato de hechos probados, y descartar la concurrencia del elemento subjetivo del tipo, es decir que los acusados, cada uno en su nivel de participación, estaban acordando "a sabiendas" resoluciones injustas, con supuestas infracciones de normas jurídicas partiendo de dar por acreditados datos fácticos e inferencias valorativas que no se recogen en la sentencia. Dadas las posibilidades interpretativas sobre las facultades que se ejercen en el proceso selectivo de los Jueces de Paz, y visto que el Secretario Municipal no puso tacha de ilegalidad no cabe estimar dolo alguno.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 10019/2020
  • Fecha: 17/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La valoración de las circunstancias que justifican una medida de injerencia en un derecho fundamental debe realizarse en el momento en que se adoptan. Las consideraciones a posteriori no influyen. El artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla un derecho, no una obligación de la persona afectada. Su no utilización puede viciar el consentimiento a la realización de la diligencia de entrada y registro. No hay nulidad por el hecho de que los agentes optasen por pedir el consentimiento y no por recabar la autorización judicial. El consentimiento de la mujer del recurrente es válido: no está acreditada la existencia de un conflicto de intereses. Concepto de morada a efectos de protección de la inviolabilidad del domicilio. Necesidad de que el titular detenido esté presente en la diligencia de entrada y registro. Persona con capacidad para prestar consentimiento para la entrada y registro. Pluralidad de moradores: basta con el consentimiento de uno de ellos, siempre que no haya conflicto de intereses. Consentimiento del morador cotitular de la vivienda. Distinción entre la titularidad de la inviolabilidad domiciliaria y la titularidad para autorizar la entrada y registro. Posibiidad de consentimiento tácito. El consentimiento debe realizarse en condiciones que impidan cualquier asomo de presión psicológica. Validez del consentimiento tácito. Presunción de inocencia: ámbito de estudio cuando se alega en casación. Existencia de prueba de cargo bastante.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER VIEIRA MORANTE
  • Nº Recurso: 35/2019
  • Fecha: 17/07/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Extradición solicitada para el cumplimiento de una pena de 30 meses de prisión con deducción de 43 días de detención antes de la sentencia. Cumplimiento en abstracto de los requisitos de mínimo punitivo con arreglo al Convenio Europeo de Extradición. No vulneración en el procedimiento penal seguido en Suiza el derecho de defensa del reclamado. La residencia en España del reclamado no puede impedir la extradición, ni tampoco la prosecución de un procedimiento contra él en un juzgado español. No es la ley española la que debe ser aplicada a una suspensión de la ejecución de la pena acordada por las autoridades judiciales suizas, sino la legislación de ese país, cuya interpretación corresponde en exclusiva a sus órganos jurisdiccionales. De los datos que obran en la documentación extradicional no puede aplicarse en absoluto el instituto de la prescripción, pues, enjuiciados ya los hechos en Suiza, solo la prescripción de la pena podría impedir la extradición, lo que no concurre.

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