Resumen: Se interpone recurso de casación frente a sentencia desestimatoria de la Audiencia Nacional. La Sala establece la siguiente doctrina jurisprudencial: 1) Constituye causa de invalidez de la resolución sancionadora en materia tributaria la circunstancia de que el órgano competente para imponer una sanción tributaria no se pronuncie de modo expreso sobre la solicitud de prueba de descargo, pretendida tempestivamente por el interesado en el procedimiento, sin justificar ni motivar el rechazo o la denegación de su práctica. 2) La sanción así impuesta, prescindiendo total y absolutamente de eventuales pruebas de descargo propuestas, que habría podido valorar el órgano sancionador, vulnera el derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa y, en relación con dicho derecho, a la presunción de inocencia (art. 24.2 Constitución Española). 3) Dada la naturaleza de las infracciones advertidas y verificado que lesionan los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional que se han mencionado, la sanción así adoptada es nula de pleno derecho (art. 217.1.a) LGT) y, por tal razón, insusceptible de subsanación o convalidación en procedimientos o procesos posteriores.
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación y, con voto particular concurrente de uno de los magistrados, determina, en respuesta a la cuestión casacional, que el incumplimiento de las obligaciones impuestas a la Administración autonómica en materia de ejecución de obras hidráulicas que resulten imprescindibles o necesarias para el tratamiento de aguas residuales podrá eximir de responsabilidad a las entidades locales competentes en materia de evacuación y tratamiento de aguas residuales cuando realicen vertidos que incumplan la normativa vigente, siempre que la no realización de esos vertidos pueda comprometer gravemente la salud de las personas.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto contra la resolución del TEAR que desestimó la reclamación económico administrativa contra la liquidación y sanción por el IRPF. Se cuestiona la exención por transmisión de la edificación que constituya la vivienda habitual, por concluir la Administración que el inmueble no constituía la vivienda habitual del contribuyente, lo que se comparte por la Sala, al entender que dicha vivienda no tenía tal condición, ya que la documentación y las autoliquidación presentadas evidencian que la residencia habitual se poseía en otra localidad, así como existe otro indicio consistente en la falta de empadronamiento, por lo que no procedía la exención aplicada, siendo procedente igualmente la sanción impuesta dado que el acuerdo sancionador contiene una motivación suficiente sobre la imputación de la infracción.
Resumen: Tras declarar la sentencia que no cabe deducirse gastos no registrados en la contabilidad, ni relativos a regímenes tributarios distintos al aplicable, señala, con respecto la culpabilidad en la comisión de la infracción en supuesto que la liquidación hubiera sido confeccionada por un gestor, que en relación con la intervención de asesores u otras terceras personas, esta Sala y Sección se ha pronunciado en el sentido de que, salvo casos excepcionales que aquí no concurren, resulta indudable que la impericia o negligencia del asesor no exonera de responsabilidad por la infracción al obligado tributario que suscribe la declaración o autoliquidación.
Resumen: La Sala estima el recurso interpuesto contra la resolución del TEAF por la que se había desestimado la reclamación económico administrativa contra la declaración de responsabilidad subsidiaria por deudas y sanciones tributarias de una mercantil de la que había sido administrador el recurrente y relativas al IVA. Se planteaba la existencia de prescripción y el cómputo del plazo de prescripción para el ejercicio de la potestad administrativa para exigir la obligación de pago a los responsables subsidiarios, siendo necesario que la deuda de la obligada principal no se encuentre prescrita, pero si bien no se acepta la alegación de que el efecto interruptivo de la prescripción causada por el concurso de acreedores de un deudor afecta al resto de responsables solidarios, pero no respecto de los responsables subsidiarios, ya que la normativa aplicable expresamente otorga a la declaración del concurso del deudor efectos interruptivos del plazo de prescripción para el ejercicio de la potestad administrativa para exigir la obligación de pago a los responsables subsidiarios y también que la insolvencia del deudor principal solo ha quedado constatada desde el auto de conclusión del concurso y no antes, por lo que contando desde esa fecha no concurría la prescripción. Pero sobre la existencia del elemento subjetivo de la responsabilidad subsidiaria conforme la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, se concluye que el acuerdo de derivación no cumple el estándar mínimo de motivación, porque más allá de constatar la condición de administrador y de exponer las obligaciones que derivan del cargo y la comisión de infracciones tributarias por parte del deudor principal, no efectúa análisis alguno de la concreta conducta del demandante que permita concluir la concurrencia de culpa o negligencia.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto contra la resolución del TEAR que desestimó la reclamación económico administrativa contra la liquidación por el Impuesto de Sociedades de dos ejercicios y contra la sanción derivada de las mismas. La Sala tras rechazar que la notificación del TEAR sea incorrecta, sobre la aplicación del método de estimación indirecta de la base imponible aplicado y la idoneidad de los medios elegidos y cálculos realizados por la Administración, la Sala concluye que la estimación indirecta se basó correctamente en la inexistencia de determinados libros de la contabilidad, no solo en discrepancias en la fijación de las ventas, ya que existían además problemas en las cuentas, gastos y existencia de efectivo que justificaban el método aplicado y que la posibilidad o imposibilidad de determinación de la base por el método directo es una cuestión técnica que precisaba de la oportuna prueba pericial contable que no se ha practicado y sobre la idoneidad de los medios elegidos y cálculos realizados se considera que las estimaciones realizadas por la Inspección son correctas. En cuanto a la deducción de los gastos se rechaza la misma dado que no se incluyeron en la contabilidad o se trata de gastos personales de los socios. Se confirma la sanción ya que la Inspección calificó el comportamiento de la recurrente como intrínsecamente doloso, calificación según la Sala holgadamente motivada y justificada.
Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso interpuesto contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional que desestimó la reclamación contra las liquidaciones y sanciones por el IRPF. La controversia entre la Administración y el obligado tributario surge respecto del régimen a aplicar para determinar el rendimiento neto de la actividad agrícola ganadera desarrollada por el reclamante, así como la debida cuantificación de los ingresos y gastos y que la compensación agrícola no puede formar parte del volumen de operaciones a los efectos del cómputo de los límites del régimen de estimación objetiva, la Sala estima la exclusión de la compensación a tanto alzado por las cuotas del IVA soportado para el cálculo del límite de ingresos del método de estimación objetiva, ya que se aprecia que no concurre ninguna causa que justifique un diferente tratamiento entre el IVA y recargo de equivalencia, también se aprecia que existe falta de motivación por incongruencia omisiva que genera indefensión respecto del error en las facturas emitidas por servicios prestados a una sociedad y no al recurrente, así como respecto de la sanción se mantiene la misma respecto de la hechos infractores que no han sido cuestionados por el recurrente.
Resumen: Derivada la sanción impuesta en el caso por la Administración tributaria de liquidación que puso fin al procedimiento de comprobación limitada que depuró las irregularidades relativas a gastos deducidos en la autoliquidación presentada por el contribuyente, la sentencia, en primer lugar, rechaza la alegación de posible vulneración del principio de tipicidad. La sentencia, a continuación, también observa cumplidas las exigencias respecto a la culpabilidad, esto es, el acuerdo sancionador, además de consideraciones generales sobre la imputabilidad a título de negligencia, se adentra en el caso y reproduce los hechos que dieron lugar a la regularización, detallando los gastos controvertidos y el motivo de su no deducibilidad. Se detallaban, pues, de forma suficiente los hechos, la valoración de las pruebas practicadas, la determinación de la infracción cometida, la identificación del sujeto infractor y la cuantificación de la sanción que se impone, con indicación de la reducción que procedía por norma. Puestas así las cosas, la sentencia igualmente rechaza la tesis de que la sanción impuesta pudiera haber vulnerado el principio de proporcionalidad, para lo que se señala que el acuerdo sancionador había apreciado correctamente el perjuicio económico en atención al porcentaje de la base de la sanción en relación con la cuantía total que el contribuyente hubiera debido declarar e ingresar. Por lo tanto, no cuestionando el contribuyente que dicha proporción se encontraba entre el 10% y 25%, la sentencia concluye que procedía el incremento de 10 puntos aplicado.
Resumen: Las cuestiones que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia son: i) Determinar si, cuando el acuerdo de liquidación fundamenta la regularización en el ejercicio de la potestad de calificación prevista en el artículo 13 de la Ley 58/2003, General Tributaria (LGT), puede el órgano jurisdiccional confirmar la regularización mediante la figura de la simulación; o si, por el contrario, debe atenerse al título jurídico empleado por la Administración en el acto de liquidación, conforme a lo dispuesto en el artículo 16.2 de la LGT, que exige que la simulación sea declarada en el correspondiente acto de liquidación. (ii) Precisar si resulta conforme a Derecho la confirmación de una sanción por el órgano jurisdiccional cuando la Administración la impuso partiendo de la potestad de calificación prevista en el artículo 13 de la LGT, y la sentencia de instancia, fundamenta la regularización en la figura de la simulación del artículo 16 de la LGT; y, en particular, si dicha alteración del título jurídico vulnera el principio acusatorio, la prohibición de reformatio in peius y las garantías de tipicidad y culpabilidad derivadas de los artículos 24 y 25 de la Constitución española
Resumen: Declarar que las cuestiones que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consisten en:
- Determinar si cuando, existiendo un vicio sustantivo por el que se anula la liquidación y la sanción a ella anudada, la Administración, en lugar limitarse a dictar una diligencia ejecutando la sentencia o resolución, inicia, instruye y resuelve un nuevo procedimiento sancionador se vulnera la dimensión procedimental del principio non bis in idem,en especial, atendiendo al sistema de recursos que se otorga al obligado tributario.
- Determinar si el principio de reformatio in peius debe ser interpretado de forma global, comparando el importe de las sanciones, o, por el contrario, de forma individualizada. De prosperar esta última comparación no se pueden modificar los importes que inicialmente fueron sancionados, como, por ejemplo, el porcentaje de la sanción.
