Resumen: Se determina que la Agencia Española de Protección de Datos en la incoación, tramitación y resolución de un procedimiento sancionador, puede abordar cuestiones fácticas y jurídicas conexas o relacionadas con los hechos y argumentos recogidos en la reclamación que da origen al procedimiento. Más específicamente, se concreta que en el curso de un procedimiento sancionador iniciado a raíz de una o varias reclamaciones en materia de protección de datos personales, cuando se aprecie que las infracciones singulares denunciadas tienen su origen común en un documento o instrumento de alcance general que define la política de la entidad en materia de protección de datos, la AEPD puede, y aun debe, hacer objeto del procedimiento sancionador a ese mismo documento que alberga la política de privacidad de la entidad responsable, a fin de examinarlo, detectar sus posibles carencias o deficiencias, y adoptar, en consecuencia, las medidas que resulten necesarias en el seno del propio procedimiento sancionador; en el bien entendido de que de todo ello habrá de darse conocimiento al sujeto del expediente, de manera que durante la tramitación del procedimiento pueda este tener ocasión de formular alegaciones y, en su caso, proponer pruebas, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Estima el recurso de casación y desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra resolución de la AEPD.
Resumen: 1. La falta de prueba de un gasto cuya deducción se pretende, en el impuesto sobre sociedades, no siempre conduce a calificar la conducta del contribuyente como culpable a efectos sancionadores, como tampoco nos llevará a una calificación de signo inverso. Esto es, cuando el problema se suscita en el terreno de la prueba de un hecho, de sus circunstancias, o de subsunción de ese hecho en una norma jurídica, será necesario que la Administración acredite, en cada caso, la presencia del elemento culpable en la conducta del obligado tributario -para enervar la presunción constitucional de inocencia del art. 24.2 CE y, además, la motive, en los términos derivados de nuestra abundante doctrina al respecto. 2. Al margen de esa exigencia de prueba de la culpabilidad y de su adecuada motivación -que en este caso es preciso dar por satisfecha- no es factible invocar la causa de exención de responsabilidad sancionadora del artículo 179.2.d) de la LGT en aquellos casos, como el presente, en que la razón determinante del ejercicio de la potestad sancionadora no se funda en la aplicación de una norma jurídica que se deba interpretar en cuanto a su sentido, finalidad, vigencia o aplicabilidad, sino en la falta de prueba de un hecho necesario para la deducibilidad del gasto correspondiente.
Resumen: La Sala, siguiendo su jurisprudencia, confirma la sanción administrativa impuesta por la Junta Electoral Central a un partido político por infracción del principio de neutralidad de los poderes públicos por manifestaciones efectuadas por la Ministra portavoz del Gobierno en periodo de campaña electoral. Dice la Sala que de la lectura de las manifestaciones permite concluir que, si se trataba de un acto institucional, como alega la parte recurrente, la exposición leída por la recurrente, que no era consecuencia de la improvisación, tenía un contenido electoral impropio de ese tipo de actos institucionales, haciendo alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, y utilizando expresiones propias de una campaña electoral, que es precisamente lo que proscribe el artículo 50.2 de la LOREG. Descarta el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad en relación con dicho precepto, pues el propio TC desestimó la cuestión de inconstitucionalidad que ya planteó la Sala sobre el artículo 153 de la LOREG en relación con el artícyulo 50.
Resumen: La contribuyente del caso era empresa que se encontraba incluida en un conjunto empresarial multisectorial formado por un centenar de empresas con actividad en tres áreas de negocio. En primer lugar, la sentencia resalta que carecía de sentido jurídico la impugnación de los hechos relativos a la determinada tercera empresa integrante del grupo empresarial que nada interesaban ni afectaban en la resolución del procedimiento inspector del caso ni, menos aún, en la decisión del juicio. Seguidamente la sentencia señala que la contribuyente del caso no había aportado ningún argumento que cuestionase los actos impugnados o su conformidad a Derecho, rechazando así la sentencia que valiesen las críticas parciales si se había aceptado por la contribuyente, como así ocurría, el resultado definitivo. De ahí que la sentencia pase seguidamente a advertir que lo que la contribuyente había promovido no era sino una impugnación tendente a convertir el propio litigio en una plataforma jurídica para futuros pleitos del grupo empresarial.Así las cosas, la sentencia rechaza pormenorizadameente las diversas alegaciones de la demanda, precisando también que era apreciable la llevanza incorrecta de libros de contabilidad. Confirmada por tanto la regularización, por lo que se refiere a la sanción, la misma también se confirma, apreciándose anomalías contables en las compras, facturas con la misma numeración, y otras contabilizadas en las que el destinatario no era la entidad contribuyente del caso
Resumen: Remisión a la STS de 27 de septiembre de 2024 (casación 3076/2022). Acuerdo sancionador derivado de la declaración, a partir de pruebas indiciarias, de simulación negocial. Sentencia penal posterior a la sentencia aquí impugnada en casación, que absuelve por falsedad documental al proveedor de la mercantil aquí recurrente y que afecta a la presunción en que se asentaría la regularización tributaria. Anulación de la sentencia recurrida en cuanto confirmó la resolución sancionadora, y estimación del recurso contencioso-administrativo en cuanto se dirige contra la resolución sancionadora, por lo que se dejan sin efecto las sanciones impuestas, sin que tal pronunciamiento afecte al otro acto de naturaleza liquidadora. Se estima el recurso de casación, sin que su objeto sea tanto el de fijar una doctrina jurisprudencial determinada, sino, dada las singulares circunstancias del caso, hacer efectiva la garantía que establece el art. 2 del Protocolo núm. 7 del CEDH, que es, recordemos, el fundamento para acoger la delimitación de la cuestión casacional objetiva apreciada en el auto de admisión. Por tanto, el objeto de enjuiciamiento no puede ir más allá que determinar la corrección o no de la sanción impuesta, quedando completamente al margen la liquidación girada, rechazándose la pretensión de que con motivo de la revisión de la resolución sancionadora de hacer un pronunciamiento respecto a la actuación liquidadora que fue confirmada, en lo sustancial, por la sentencia recurrida.
Resumen: Valoración de sentencia penal absolutoria aportada con la preparación del recurso de casación. Prueba de presunciones y valor de los indicios en el campo sancionador administrativo. Satisfacción del derecho reconocido en el artículo 2 del Protocolo n.º 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Improcedente pronunciamiento sobre la liquidación. Remisión a las sentencias recaídas en los recursos de casación 2745/2022, 3076/2022 y 3105/2022.
Resumen: Acuerdo sancionador derivado de la declaración, a partir de pruebas indiciarias, de simulación negocial. Sentencia penal que absuelve por falsedad documental al proveedor de la mercantil aquí recurrente y que afecta a la presunción en que se asentaría la regularización tributaria. Valorada la sentencia penal, se anula la sentencia contencioso-administrativa recurrida en cuanto confirmó la resolución sancionadora, y se estima el recurso contencioso-administrativo en cuanto se dirige contra la resolución sancionadora, por lo que se dejan sin efecto las sanciones impuestas, sin que tal pronunciamiento afecte al otro acto de naturaleza liquidadora. Por otro lado, no se fija propiamente doctrina jurisprudencial puesto que el objeto de este concreto recurso de casación no es tanto dicha formación de doctrina, sino hacer efectiva la garantía que establece el artículo 2 del Protocolo n.º 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Resumen: Se trataba de impugnación de dos resoluciones que habían desestimado sendas reclamaciones economico-administrativas dirigidas contra la inadmisión por extemporaneos de otros dos recursos de reposición, los cuales fueron presentados frente a liquidación por el concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2017, y frente a la sancion derivada , respectivamente. Las dos resoluciones impugnadas se habían basado en la regularidad de los intentos infructuosos de notificación de la liquidación y de la sanción, los cuales fueron seguidos del intento de notificación por comparecencia así como del transcurso del plazo legal para recurrirlas en reposición. Ahora bien la sentencia rechaza ese fundamento de las resoluciones recurridas porque, en definitiva, tras alertar sobre la excepcionalidad de la citación edictal, la sentencia admite seguidamente que era otra la residencia del contribuyente a la que deberían haberse dirigido las notificaciones que desembocaron en intentos infructuosos. Llegados a este punto, la sentencia estima el recurso del contribuyente y no solo anula las dos resoluciones recurridas sino que también declara el derecho del contribuyente a la devolución de las cantidades ingresadas.
Resumen: El recurrente sufría de epicondilitis y se le practicó intervención de desinserción de músculos epicondileos. Nada más realizarse este intervención ya hay constancia de la aparición de una rotación del hombro así como de la imposibilidad de realizar una supinación correcta del brazo intervenido; la mano y el brazo habían quedado "girados". Suscita indemnización por mala praxis y además por un retraso en el diagnóstico correcto de la lesión producida. La Sala da la razón a la parte actora pues la secuela es establecida por la Unidad de Distonías del Hospital de Santa Creu i Sant Pau a la que considera imparcial, donde indica: "Distonia focal braç esquerre en relació temporal a guix postquirúrgic (Distonia segmentària postraumática)" Y siendo ésta la causa de la lesión por mor de la intervención quirúrgica de 4 de abril de 2017 y la colocación del yeso, se aprecia un retraso, al menos, en el diagnóstico al no producirse la derivación a la Unidad de Distonías del Hospital de Santa Creu i Sant Pau hasta el 25 de enero de 2019. Se estrima una indemnización de 60.450,29 euros.
Resumen: Se trata de una deuda reflejada en cuenta, supuestamente por un préstamo concedido a la entidad contribuyente por la madre del administrador y suegra de la socia unica. La Administración Tributaria actuante consideró que se trataba de una deuda ficticia porque del préstamo y su cobro no había constancia documental ni se había devuelto alguna cantidad. Además, habiendo fallecido la prestamista, tampoco se aportó justificación documental de su herencia ni de la inclusión o no del crédito en la misma. Así las cosas, ante la debilidad de los fundamentos de la demanda para hacer frente a la regularización, la sentencia la confirma. Y por lo que se refiere a la sanción, la sentencia señala que en el caso la mera mención al "encubrimiento de deudas no justificadas" no era satisfactoria desde las exigencias del principio de culpabilidad, añadiendo que tampoco era reprochable ni sancionable una razonable discrepancia sobre la suficiencia probatoria con relación a determinados datos fiscales relevantes, como había sido la discusión sobre la deuda litigiosa, bien que su acreditación había sido descartada por la Administración y por la propia sentencia. En consecuencia, la sentencia anula la sanción de multa para que se imponga otra, pero sin tener en cuenta el importe d e la deuda.
