Resumen: Lo que se impugna en la demanda rectora, no es el reconocimiento de una determinada prestación económica o asistencial. Se impugna la negativa del IMSERSO al acceso a la fase de pre-admisión al ingreso en un centro estatal para la atención del daño cerebral. El Centro de Atención de Daño Cerebral Adquirido, tiene como funciones la de ofrecer servicios personalizados en régimen de internado y atención diurna, rehabilitación y servicio de apoyo familiar a los afectados y su entorno, por lo que la acción que se ejercita no es frente a una resolución denegatoria de una prestación asistencial, de un alta en el sistema, ni de ninguna otra incluida en la acción protectora de la Seguridad Social, que comprende las prestaciones de servicios sociales que puedan establecerse en materia de formación y rehabilitación de personas con discapacidad y de asistencia a personas mayores, así como en aquellas otras materias que se considere conveniente. Por lo tanto, no se incluye en el ámbito prestacional de la Seguridad Social el acceso a prestaciones para una concreta acción asistencial que no tiene el grado de dependencia, ni forma parte de las competencias del orden social, que afecta a prestaciones sociales, asistenciales, médicas y sanitarias. Se trata de la impugnación de un acto administrativo que habrá de ser conocido por el orden contencioso administrativo.
Resumen: Declara la Sala Tercera del Tribunal Supremo que la cuestión que reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es la determinación del orden jurisdiccional competente (civil o contencioso-administrativo) para conocer de la reclamación de las aportaciones de los colegios profesionales de carácter territorial al Consejo General respectivo. Y ello, por cuanto se aprecia contradicción entre las distintas Salas territoriales a propósito de la cuestión litigiosa. Sucede además que la Sala Primera del Tribunal Supremo, en distintos pronunciamientos, declara la incompetencia de la jurisdicción civil para conocer de tales pretensiones y razona la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa al respecto.
Resumen: En caso de que un paciente no acepte el alta hospitalaria, la dirección del centro -previa comprobación del informe clínico correspondiente y con audiencia del paciente-, si este persiste en su negativa, lo ha de poner en conocimiento del juez para que confirme o revoque su decisión de alta, conforme a lo dispuesto en el art. 21.2 de la Ley básica regulagora de la autonomía del paciente. El juez a que se refiere el precepto es el juez civil. Las competencias que se atribuyen al juez de lo contencioso-administrativo en la materia se refieren a la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para proteger la salud pública cuando puedan implicar privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental, conforme se desprende del art. 8.6, párrafo segundo LJCA. En el caso, el paciente -cuyo derecho a la salud ya fue plenamente atendido durante su estancia hospitalaria- no presenta cuadro contagioso o infeccioso alguno, pues su negativa a aceptar el alta hospitalaria se basa en las dificultades que tiene para buscar un alojamiento. No se está, en consecuencia, ante ninguna medida urgente que afecte a la salud pública ni que implique privación o restricción de la libertad u otro derecho fundamental. Por lo tanto, ha de resolverse el conflicto atribuyendo la competencia para conocer al juez del orden civil.
Resumen: El personal que presta servicio en los Juzgados de Paz de menos de 7.000 habitantes depende del ayuntamiento respectivo, sin que esté contemplado sobre quién ha de recaer el nombramiento de la persona que el ayuntamiento considere «idónea» para desempeñar su Secretaría, persona que no es un funcionario público, sino un particular al que se encomienda el ejercicio de funciones públicas. No existe normativa reguladora de las condiciones de provisión de estas Secretarías ni en lo que atañe a las exigencias o requisitos para proveer las plazas ni en cuanto a la clase de régimen o vínculo jurídico que la persona elegida ha de mantener con el ayuntamiento respectivo, que tiene plena libertad para designar a personas que con las que ya mantiene un vínculo funcionarial -así, el secretario del ayuntamiento o un funcionario de la plantilla municipal-, para concertar un contrato laboral con retribución salarial y alta en la Seguridad Social de la persona elegida o para designar a una persona sin vínculo funcionarial ni laboral, sin alta en la Seguridad Social, limitándose a retribuirla mediante una indemnización. Por ello, es a la clase de vínculo jurídico existente entre las partes a la que ha de atenderse para resolver el conflicto. El análisis de las concretas circunstancias a través de las que la demandante desempeñó sus funciones pone de manifiesto que su relación con el ayuntamiento demandado es laboral, por lo que la competencia corresponde a los órganos del orden social.
Resumen: Conforme a la doctrina mantenida por la Sala Especial de Conflictos de Competencia, así como por las Salas Tercera y Cuarta TS, cuando se está ante la impugnación de la resolución de una convocatoria de plazas laborales de la Administración pública, el criterio para la atribución de competencia a favor de uno u otro orden jurisdiccional se basa en la distinción entre convocatorias por las que se accede al vínculo laboral con la Administración: cuando se puede acceder desde el exterior, el enjuiciamiento corresponde al orden contencioso-administrativo; en aquellas otras de carácter restringido, a las que solo tienen acceso quienes ya tuviesen un vínculo laboral con la Administración, la competencia corresponde al orden social. Pero, es más, como ha señalado recientemente la Sala Cuarta TS, es voluntad del legislador de 2011 a través de la LRJS atraer al orden social, por su mayor especialidad, el conocimiento de todas aquellas materias que, de forma directa o por especial conexión, puedan calificarse como sociales, incluso cuando esté implicada la Administración pública. En el caso, la parte actora es personal laboral fijo de la Administración General del Estado desde 2010, destinada como trabajadora social en un centro penitenciario, e impugna la resolución de un concurso de traslado en el que únicamente podía participar personal laboral ya vinculado con la Administración. En consecuencia, la competencia para conocer del asunto corresponde a los órganos del orden social.
Resumen: La gestión recaudatoria comprende no solo las controversias sobre recaudación en sentido estricto, sino también aquellas que tienen por objeto declarar la obligación de cotizar o determinar el importe y alcance de las cotizaciones. Pero el concepto viene limitado a los asuntos que persigan el cobro de los recursos o que se refieran al ejercicio de la actividad administrativa conducente a la realización de los créditos y derechos de la Seguridad Social. Sin embargo, se está ante un pleito relativo a prestaciones de Seguridad Social cuando se pretende dilucidar, en una controversia surgida entre las partes del contrato de trabajo, si la empresa cotizó adecuadamente por el trabajador en atención a las circunstancias concurrentes en la prestación de sus servicios, ya que se trata de determinar si concurren o no los requisitos de acceso por este a las prestaciones de la Seguridad Social, lo que exige fijar previamente las condiciones de la relación laboral existente entre las partes para, luego, analizar el cumplimiento de las obligaciones empresariales en materia de cotización. En el caso, el objeto del litigio está motivado por la falta de cotización por parte del empleador, aunque fuera parcial, por lo que lo que se persigue en él, en esencia, es que se reconozcan las condiciones de la relación laboral mantenida entre las partes, en concreto, las horas trabajadas, cuestión propia del conocimiento de los órganos del orden social, al amparo de lo dispuesto en el art. 2.a) LRJS.
Resumen: Se solicita la anulación de la orden/circular 5/2019 de 23-05-19 por la Subsecretaría de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, dictando instrucciones sobre calendario laboral, jornada de trabajo y horario de atención al público en las Misiones Diplomáticas, Representaciones Permanentes y Oficinas Consulares en España que trae causa de la Resolución de 28-02-19 de la Secretaría de Estado de la Función Pública, sobre esas materias del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos tras la negociación habida en Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado. La Sala después de resaltar que aun tratándose de una cuestión nueva al ser materia de orden público procesal, no existe obstáculo para su examen, afirma que de acuerdo con la doctrina del TS afirma que la falta de competencia del orden social, porque, para los actos, aún de distinta naturaleza, de la Administración pública empleadora que afecten conjuntamente al personal laboral y al funcionarial y/o estatutario consistente se fija el conocimiento ante el orden contencioso- administrativo (salvo en materia de prevención de riesgos laborales) y se está ante una norma plural administrativa origen de la orden/circular.
Resumen: Se anula una sentencia del TSJ de Asturias y se declara que, conforme a la reciente doctrina de la Sala (STS de 10.12.2019, RC 1885/2018), a los efectos de baremación de méritos de los demandantes de empleo ante el Servicio de Salud, son equiparables los servicios sanitarios prestados en las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional con los que tienen lugar en los centros privados concertados. Entiende el Alto Tribunal que cuando las bases de la convocatoria solo prevén expresamente estos últimos se están vulnerando los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y ello por cuanto que la prestación sanitaria realizada por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y enfermedades profesionales forma parte de los servicios integrados en el Sistema Nacional de Salud. No necesitan tales Mutuas de ningún convenio o concierto para desarrollar las prestaciones sanitarias públicas. Las Mutuas ejercen tal actividad por ministerio de la ley de la Seguridad Social y disposiciones reglamentarias de desarrollo. Por tanto, los servicios prestados en las mismas han de considerarse, al menos, como los prestados en los centros privados concertados a fin de no lesionar el principio de igualdad ni el derecho de acceso a la función pública.
Resumen: La sentencia de suplicación declaró la competencia del orden social para conocer de la demanda de impugnación de la resolución del SPEE que denegó al actor la ayuda a trabajadores desempleados contemplada en el Programa de recualificación profesional para personas que agotaron la prestación de desempleo (Programa Prepara). Recurre el Abogado del Estado en casación unificadora a los únicos efectos de insistir en la competencia del orden contencioso-administrativo para conocer de la pretensión. Y tal motivo de recurso es estimado por la sala IV que, tras un exhaustivo análisis de la naturaleza de la ayuda solicitada y con remisión a las SSTCO 22/14, de 13/2 y 179/16, de 20/10, considera que la ayuda reclamada no es ni una prestación de desempleo, ni tampoco forma parte de la acción protectora del desempleo, puesto que se integra en las medidas de acompañamiento de un programa de empleo unitario, cuya finalidad es el fomento del empleo, vinculado a lo dispuesto en el art. 149.1.13 CE y cuya gestión se encomienda el SPEE. Todo lo cual determina que la jurisdicción competente para conocer de la pretensión rectora de las actuaciones es la contenciosa-administrativa.
Resumen: En el presente caso, la entidad recurrente impugna la desestimación, por silencio administrativo, del recurso de reposición deducido contra la resolución de 31 de julio de 2018, del Secretario de Estado de Defensa, que acuerda el decaimiento del derecho a la enajenación por adjudicación directa de la propiedad de una instalación militar. El Abogado del Estado alegó la inadmisibilidad del recurso por incompetencia de jurisdicción. En la sentencia, tras exponer los hechos que dan origen al asunto, declara que para pronunciarse acerca de la jurisdicción competente para conocer de la impugnación efectuada hay que tener en cuenta que la contencioso-administrativa asume, en general, el conocimiento de las pretensiones deducidas en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho administrativo (artículo 1 de la Ley de esta Jurisdicción) y, en concreto, de las cuestiones suscitadas en relación con los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación de las Administraciones públicas (artículo 2.b. de la misma Ley jurisdiccional contencioso-administrativa); todo ello, en relación con las normas de la Ley de Contratos del Sector Público. Como los problemas tienen como referencia la venta de una propiedad de la Administración, careciendo el contrato de carácter administrativo, por lo que cabe reputarlo de contrato privado, corresponde a la jurisdicción civil.