Resumen: Recurre el Abogado del Estado en nombre del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas en casación unificadora a efectos de que se determine si la competencia para conocer de la pretensión rectora de las actuaciones corresponde al orden laboral o al contencioso-administrativo. El actor reclama el reconocimiento de su derecho al abono de la cantidad correspondiente a la compensación por sustitución del suministro de carbón. La sentencia de suplicación se ha decantado por la primera solución. Sin embargo, la sala IV revoca tal pronunciamiento y declara la competencia del orden contencioso-administrativo por entender que lo que se reclama es el abono de una subvención a cargo del Estado y porque el título jurídico que sustenta la pretensión no es el contrato de trabajo ni un acuerdo colectivo. En definitiva y, dada la naturaleza de la ayuda solicitada, el orden jurisdiccional competente para pronunciarse sobre si su abono resulta o no procedente es el contencioso-administrativo.
Resumen: Recurre el Abogado del Estado en nombre del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas en casación unificadora a efectos de que se determine si la competencia para conocer de la pretensión rectora de las actuaciones corresponde al orden laboral o al contencioso-administrativo. El actor reclama el reconocimiento de su derecho al abono de la cantidad de 1.290,32 € en concepto de compensación por sustitución del suministro de carbón. La sentencia de suplicación se ha decantado por la primera solución. Sin embargo, la sala IV revoca tal pronunciamiento y declara la competencia del orden contencioso-administrativo por entender que lo que se reclama es el abono de una subvención a cargo del Estado y porque el título jurídico que sustenta la pretensión no es el contrato de trabajo ni un acuerdo colectivo. En definitiva y, dada la naturaleza de la ayuda solicitada, el orden jurisdiccional competente para pronunciarse sobre si su abono resulta o no procedente es el contencioso-administrativo.
Resumen: Recurso de apelación: resoluciones recurribles. Cuantía litigiosa. Interpretación de los artículos 81.1.a) y 81.2.a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, concretamente para determinar si es aplicable al recurso de apelación contra los autos que declaran inadmisible el recurso contencioso-administrativo la summa gravaminis; (30.000 euros) o son apelables en todo caso, a pesar de no revestir la forma de sentencia. Son apelables los autos de los órganos judiciales unipersonales que declaren la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo aun cuando la cuantía litigiosa del proceso en el que se dictaron no exceda de 30.000 euros. Así se desprende de una interpretación finalista de la ley, respetuosa con el derecho a la tutela judicial efectiva y que evite el absurdo consistente en que, en un mismo proceso, una misma declaración (de inadmisión) pueda ser o no apelable solo en atención a la resolución judicial por la que se adopte.
Resumen: Auto de Admisión. La cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es determinar el orden jurisdiccional competente para conocer de las impugnaciones relativas a las autorizaciones de actividades formativas inherentes a los contratos de formación y aprendizaje.
Resumen: Recurre la empresa su condena por despido improcedente bajo un primer motivo de nulidad reiterando la incompetencia del JS de Barcelona en favor de los de Madrid y el carácter civil de la relación; excepciones que (según alega) no fueron resueltas en la instancia. Motivo (por incongruencia omisiva) que la Sala rechaza al haber dado respuesta a ambas. Desde la condicionante dimensión que ofrece su inalterado relato se examina el carácter laboral o mercantil de la relación habida en singular referencia al marco normativo rector de la litigiosa (Ley del Deporte) respecto a la naturaleza del vínculo entre los árbitros y sus federaciones. Con carácter general quien se encuentra asociado a su Federación y es titular de la licencia federativa de árbitro (ejerciendo por delegación la potestad disciplinaria deportiva) somete su relación al orden contencioso. Sin embargo quien (como ahora acontece) no está asociado ni consta que ejerciera aquella función no se encuentra sujeto al régimen jurídico aplicable a la relación entre los árbitros y la federación a la que pertenecen; situándose bajo la dependencia que resultanta de las directrices impartidas por la demandada (que le abonaba los gastos de viaje), estando sometido al presidente del Comité; nota a la que se añade la de la ajeneidad expresada por su retribución y los medios proporcionados. Siendo territorialmente competente el Organo de instancia en cuya circunscripción prestaba sus servicios.
Resumen: Se impugna la resolución de la TGSS que declara la responsabilidad solidaria del administrador de la empresa deudora. Frente a la invocación de la falta de competencia de la TGSS porque la empresa estaba sujeta a procedimiento concursal, la sentencia confirma la competencia de la Tesorería y de la jurisdicción contenciosa para resolver el recurso. Acreditado que concurría causa de disolución sin que el administrador hubiese cumplido aquello a que la norma le obligaba, el responsable frente a la T.G.S.S. será el administrador cuyo nombramiento siga vigente en el registro mercantil. Por tanto, no lo es de las deudas posteriores al cambio de administrador.
Resumen: Recurso de apelación. Proceso contencioso administrativo. Inadmisibilidad. Convenio suscrito entre Universidad de Extremadura, Junta de Extremadura y Ministerio de Educación, de colaboración para la actualización y mejora de la Red de comunicaciones de la Universidad. exigencia al Ministerio de cumplimiento del Convenio por cantidad de dinero determinada. Al no haberse acudido con carácter previo a la Comisión de Seguimiento del Convenio. La Sala considera que, al no haber promovido la constitución de la Comisión ninguna de las partes, no puede apreciarse obstáculo procesal al examen de la controversia de fondo. También se considera que no era preciso, en el presente caso, un requerimiento previo. En cuanto a la financiación comprometida en el Convenio, se trata de fondos operativos de la Comisión Europea, no pudiendo exigirse el pago con fondos del propio Ministerio, pues ello no estaba en el Convenio y como quiera que los fondos se redujeron globalmente, no fue posible atender el pago que se reclama.
Resumen: Lo que se impugna en la demanda rectora, no es el reconocimiento de una determinada prestación económica o asistencial. Se impugna la negativa del IMSERSO al acceso a la fase de pre-admisión al ingreso en un centro estatal para la atención del daño cerebral. El Centro de Atención de Daño Cerebral Adquirido, tiene como funciones la de ofrecer servicios personalizados en régimen de internado y atención diurna, rehabilitación y servicio de apoyo familiar a los afectados y su entorno, por lo que la acción que se ejercita no es frente a una resolución denegatoria de una prestación asistencial, de un alta en el sistema, ni de ninguna otra incluida en la acción protectora de la Seguridad Social, que comprende las prestaciones de servicios sociales que puedan establecerse en materia de formación y rehabilitación de personas con discapacidad y de asistencia a personas mayores, así como en aquellas otras materias que se considere conveniente. Por lo tanto, no se incluye en el ámbito prestacional de la Seguridad Social el acceso a prestaciones para una concreta acción asistencial que no tiene el grado de dependencia, ni forma parte de las competencias del orden social, que afecta a prestaciones sociales, asistenciales, médicas y sanitarias. Se trata de la impugnación de un acto administrativo que habrá de ser conocido por el orden contencioso administrativo.
Resumen: Declara la Sala Tercera del Tribunal Supremo que la cuestión que reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es la determinación del orden jurisdiccional competente (civil o contencioso-administrativo) para conocer de la reclamación de las aportaciones de los colegios profesionales de carácter territorial al Consejo General respectivo. Y ello, por cuanto se aprecia contradicción entre las distintas Salas territoriales a propósito de la cuestión litigiosa. Sucede además que la Sala Primera del Tribunal Supremo, en distintos pronunciamientos, declara la incompetencia de la jurisdicción civil para conocer de tales pretensiones y razona la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa al respecto.
Resumen: En caso de que un paciente no acepte el alta hospitalaria, la dirección del centro -previa comprobación del informe clínico correspondiente y con audiencia del paciente-, si este persiste en su negativa, lo ha de poner en conocimiento del juez para que confirme o revoque su decisión de alta, conforme a lo dispuesto en el art. 21.2 de la Ley básica regulagora de la autonomía del paciente. El juez a que se refiere el precepto es el juez civil. Las competencias que se atribuyen al juez de lo contencioso-administrativo en la materia se refieren a la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para proteger la salud pública cuando puedan implicar privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental, conforme se desprende del art. 8.6, párrafo segundo LJCA. En el caso, el paciente -cuyo derecho a la salud ya fue plenamente atendido durante su estancia hospitalaria- no presenta cuadro contagioso o infeccioso alguno, pues su negativa a aceptar el alta hospitalaria se basa en las dificultades que tiene para buscar un alojamiento. No se está, en consecuencia, ante ninguna medida urgente que afecte a la salud pública ni que implique privación o restricción de la libertad u otro derecho fundamental. Por lo tanto, ha de resolverse el conflicto atribuyendo la competencia para conocer al juez del orden civil.
