Resumen: Contrato de préstamo hipotecario con consumidores. Nulidad de la cláusula que atribuye todos los gastos a los prestatarios por abusiva, ya que si no existiera la cláusula controvertida, el consumidor no tendría que pagar todos los gastos e impuestos de la operación. La introducción de dicha estipulación implica un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes en el contrato. La apreciación del carácter abusivo de dicha cláusula conlleva su inaplicación y debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula. La jurisprudencia de esta sala ha distinguido entre aquellos gastos cuyo pago, conforme a las disposiciones de Derecho nacional aplicables en defecto de tal cláusula, correspondía al consumidor y aquellos cuyo pago correspondía al banco, doctrina cuya corrección ha resultado plenamente confirmada por el TJUE al resolver la cuestión prejudicial que le fue planteada sobre esta materia. Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados: la declaración de nulidad de la cláusula no puede conllevar la atribución de este gasto al banco prestamista, pues el principal sujeto pasivo obligado al pago de este tributo era el prestatario. Gastos notariales: deben repartirse por mitad. Gastos registrales: la obligación de satisfacer estos gastos corresponde al banco prestamista.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada para solicitar la nulidad de la cláusula de repercusión de gastos al prestatario y la de interés de demora. El tribunal de apelación estimó en parte el recurso de apelación y acordó revocan únicamente los pronunciamientos relativo a la condena de devolución de cantidades a determinar en ejecución de sentencia y el relativo a las costas de la primera instancia. El tribunal de apelación considera prescrita la acción ejercitada para solicitar la restitución de cantidades: distingue entre la acción de nulidad de la condición general, que considera imprescriptible, y la de restitución, que la considera sujeta a plazo de prescripción general de las acciones personales.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó en parte la demanda presentada para reclamar el pago del saldo deudor de préstamo para financiación de la adquisición de bienes muebles a plazos. El tribunal de apelación no considera abusiva la cláusula de vencimiento anticipado y extiende la obligación de pago a las cantidades vencidas más el interés de demora pactado (interés remuneratorio más dos puntos), que no se considera usurario, pero se devenga solo al vencimiento ordinario de cada una de las cuotas. Considera el tribunal que la cláusula no es abusiva porque la Ley de Venta de Bienes Muebles a Plazos contempla el vencimiento anticipado por impago de dos plazos. Sin embargo, considera que el interés pactado no se puede devengar sobre el capital vencido, sino a partir del vencimiento de cada una de las cuotas.
Resumen: La actora, consumidora, formula demanda en la que solicita la declaración de nulidad , por abusivas, de varias cláusulas de la escritura de formalización del préstamo con garantía hipotecaria, entre otras, de la clausula suelo. La sentencia de primera instancia declara la nulidad de las clausulas impugnadas excepto la de la clausula suelo, al considerar válido el contrato entre partes en virtud del cual se suprimió la cláusula y el prestatario renunció a la formulación de reclamaciones en el futuro. La sentencia de apelación, que estima el recurso y declara la nulidad del acuerdo, advierte que la jurisprudencia sobre los contratos que afectan a cláusula suelo no es cambiante sino que decide la validez o nulidad en relación al supuesto concreto y considera que en el caso el acuerdo no puede calificarse como transacción al no haber habido contraprestación por parte del Banco distinta de la supresión de la clausula suelo sobre cuya validez no había incertidumbre pues en el momento ya se estaba declarando por los Tribunales en casos semejantes al enjuiciado a lo que añade que el acuerdo no cumple el requisito de transparencia material al no costar que el prestatario consumidor hubiera sido informado antes de la firma de la carga económica y jurídica que supone la renuncia a formular reclamaciones, de lo que considera no es prueba suficiente la mera aportación de un documento privado.
Resumen: La sentencia de instancia declara la nulidad de la clausula sobre gastos contenida en la escritura de compraventa y subrogacion otorgada por las partes condenando a la entidad demandada abonar a la actora la suma reclamada por gastos de registro y 50% de notaría y gestoria e imposición de costas a la demandada que recurre la sentencia. .La sentencia de apelación estima parcialmente el recurso de la demandada y reduce la suma a devolver manteniendo la condena en costas. Argumeneta la Sala que una cosa es la intervención que en banco haya tenido en la subrogación hipotecaria y en la que evidentemente está interesado y otra distinta su participación en la operación de compraventa, que le es completamente ajena y cuyos gastos no pueden serle repercutidos.En relación con las costas, resulta decisivo para resolver sobre este extremo lo que señala el TJUE en su recentísima sentencia de fecha 16 de julio de modo que en procedimientos de reclamación de cláusulas abusivas por parte de los consumidores, no rige el criterio del vencimiento objetivo sino la protección del consumidor ante la existencia de una cláusula abusiva.
Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que declara por abusiva a clausula relativas a la comisión por posiciones deudoras del contrato de litis.Argumenta la Sala que no existe falta de litisconsorcio activo por no demandar los dos prestatarios comparecientes ya ambos se comprometieron solidariamente y ademas se establece la presunción de que actúan bajo el régimen de comunidad, se ha de entender que actúa en beneficio de ella.La carga de la prueba de la condición de consumidor corresponde al demandante que sostiene su pretensión de nulidad sobre su condición de consumidor que se convierte en un hecho relevante y se concreta en la finalidad y destino del préstamo, lo que está además en consonancia con el principio de facilidad probatoria. Extraer que el préstamo tiene por objeto una actividad profesional o empresarial es una mera presunción, que en modo alguno puede obtenerse del hecho que el préstamo tuviera por finalidad "otras necesidades financieras" pues puede atender a necesidades relacionadas con el consumo privado.Las reglas sobre distribución de la prueba operan a partir de algún tipo de dato que pueda generar la duda acerca de la condición de consumidor.El establecimiento de un precio fijo, sin atención a la labor realizada en cada caso, revela la ausencia de la necesaria reciprocidad entre aquel concepto y la gestión llevada a cabo por el Banco, lo que conduce asimismo a la declaración de nulidad por abusiva de la clausula impugnada.
Resumen: La sentencia de apelación revoca la de instancia y condena al demandado e ignorados ocupantes de la vivienda de litis a dejar la misma vacua y a disposición de la parte actora.Argumenta el tribunal que una vez advertido el error en la numeración de la finca, la parte demandante presentó un escrito de subsanación aclarando que la dirección correcta de la finca hecho que motivó un nuevo emplazamiento en la dirección indicada y la identificación del ocupante En consecuencia, no tratándose de dos fincas distintas sino de una sola finca registral y esta inicial confusión queda despejada no solo con dicha documental, sino también con la información catastral aportada posteriormente por la parte actora .Concurre por lo demás los requisitos previstos para que la acción de desahucio pueda prosperar :que el actor tiene la posesión mediata real de la finca a título de dueño,de usufructuario o de cualquier otro que le dé derecho a disfrutarla; que el demandado disfrute de la finca sin título que justifique el uso o disfrute del inmueble y sin pagar renta ni merced alguna; y que exista identidad de la cosa objeto de desahucio.
Resumen: En el escrito inicial del procedimiento se promovió acción la nulidad de la cláusula suelo, y la condena a la entidad financiera demandada a eliminar dicha condición general del contrato de préstamo hipotecario, y que se condene a LIBERBANK SA a devolver las cantidades que el actor hayan pagado de más por aplicación de la cláusula suelo. Con posterioridad las partes firmaron el acuerdo privado novatorio de fecha 16 de abril de 2015, en virtud del cual se eliminó la cláusula suelo. La Sala indica que no es posible confirmar las cláusulas declaradas nulas por abusivas, por ser objeto del contrato de novación. Solo son confirmables los contratos anulables, no los afectados de nulidad radical, que es el supuesto que se somete a la consideración de esta Sala respecto de las cláusulas controvertidas, en relación con las cuales no se declara su anulabilidad, sino su nulidad radical. Lo acordado en el pacto no responde a una negociación transparente e informada, sino a una actuación impuesta por la entidad, para negarse en verdad a eliminar la cláusula suelo, bajo el pretexto de pagar menos en su hipoteca. La Sala entiende que el documento que elimina el suelo no es una transacción, sino una novación, pues no hay cuestión litigiosa o controversia a resolver. Respecto a la renuncia al ejercicio de las acciones por el prestatario consumidor, incluida en el contrato de novación, también es nula, por vulneración de la Ley. Así, el recurso no puede prosperar, el banco abonará las costas.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó en parte la demanda presentada para solicitar la nulidad de contrasto de tarjeta de crédito: apreció usura en el tipo de interés remuneratorio pero no consideró procedente el reintegro solicitado al resultar acreditado que la liquidación ofrece un saldo positivo a su favor. El tribunal de apelación estima el recurso de apelación que solo tiene por objeto la calificación de la estimación de la demanda (se califica como parcial en la sentencia y la parte recurrente la considera total) y el pronunciamiento sobre las costas. Expone el tribunal, en primer lugar, las consecuencias de la declaración de nulidad del contrato de préstamo por usura. Considera el tribunal que la petición formulada se ajusta a las consecuencias previstas para la usura en la ley que la regula, en la que se contempla la condena a devolver todo aquello que exceda del capital percibido, y que es una petición admisible en tanto en cuanto la determinación del saldo a favor de prestamista o prestatario es algo que se debe liquidar a posteriori. La apreciación de una liquidación favorable a la prestamista no es causa de desestimación de la pretensión restitutoria que se formula empleando los términos previstos en la norma. Considera el tribunal, por lo tanto, total la estimación de la demanda y condena a la demandada al pago de las costas procesales de la primera instancia.
Resumen: Se estima el recuso de casación, al considerar que la cláusula multidivisa adolece de falta de transparencia, en la medida que en la sentencia recurrida se ha considerado que, en la fecha de suscripción del contrato, no se había ofrecido a los prestatarios información suficiente sobre los riesgos que conllevaba el préstamo multidivisa, en particular, el posible aumento del capital prestado, en el supuesto de una fluctuación importante del yen, ni tampoco sobre la amortización anticipada obligatoria si se producía la depreciación del euro frente al yen. Se reitera la jurisprudencia sobre la falta de transparencia de las cláusulas relativas a la denominación en divisa del préstamo y la equivalencia en euros de las cuotas de reembolso y del capital pendiente de amortizar, que no es inocua para el consumidor, sino que provoca un grave desequilibrio, en contra de las exigencias de la buena fe, puesto que, al ignorar los graves riesgos que entrañaba la contratación del préstamo, el consumidor no puede comparar la oferta del préstamo hipotecario multidivisa con las de otros préstamos en euros. Esta abusividad también agrava su situación jurídica, puesto que ignora el riesgo de infra-garantía para el caso de depreciación del euro frente a la divisa en que se denominó el préstamo. La nulidad derivada de la abusividad no es subsanable o convalidable.
