Resumen: El Juzgado desestimó la demanda en la que se reclama la nulidad de una cláusula de gastos en base a que el préstamo era del año 1991, anterior, por lo tanto, a la Ley 7/1998. La Audiencia considera que la protección de los consumidores frente a las utilización de manera general de cláusulas abusivas en la contratación de bienes y servicios no se inició en Europa, ni en España, con la Directiva 93/13/CEE, sí existía ya una regulación que protegía al consumidor, la Ley 26/1984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en la mencionada ley aparecía una definición de las condiciones generales, la regla de la nulidad parcial y la de interpretación contra proferetem, así como disposiciones que permitían ya el control de incorporación de las cláusulas, condiciones o estipulaciones que con carácter general se utilizaban en la oferta, promoción y venta de productos o servicios, lo que permite declarar la nuliad por abusividad de la cláusula de gastos.
Resumen: Si existen categorías más específicas dentro de otras más amplias (como sucede actualmente con la de tarjetas de crédito y revolving, dentro de la categoría más amplia de operaciones de crédito al consumo), deberá utilizarse esa categoría más específica, con la que la operación crediticia cuestionada presenta más coincidencias (duración del crédito, importe, finalidad, medios a través de los cuáles el deudor puede disponer del crédito, garantías, facilidad de reclamación en caso de impago, etc.), pues esos rasgos comunes son determinantes del precio del crédito, esto es, de la TAE del interés remuneratorio. En consecuencia, la TAE del 18,90% del crédito revolving comparado con el tipo medio de interés de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving de las estadísticas del Banco de España, superior al 20%, por ser el tipo medio de las operaciones con las que más específicamente comparte características la operación de crédito objeto de la tarjeta no puede estimarse usurario.
Resumen: La sala concluye que las cláusulas impugnadas son condiciones generales de la negociación porque el banco no probó que hayan sido objeto de negociación individua, por lo que se aplican los controles propios de esta clase de cláusulas cuando se trata de consumidores. Se declara la validez de la comisión de apertura, como uno de los componentes del precio de la operación de préstamo, y se declara nula la cláusula de atribución de todos los gastos al prestatario por ser abusiva al ser contraria al equilibrio de las prestaciones. La consecuencia de la nulidad es que el tribunal decida los gastos que corresponde a cada uno de los contratantes, y la obligación por el prestamista de restituir a su cliente el importe pagado exceso, con el interés legal desde el día en el que el pago fue hecho efectivo. No se hace imposición de las costas porque la demanda se entiende estimada tan solo en parte.
Resumen: Apela la representación de los actores la sentencia de instancia que desestima parcialmente la demanda en solicitud de nulidad de las cláusulas sobre gastos e interés mínimo "suelo" contenidas en la oferta vinculante girada por Banco demandado a los demandantes. Argumenta la Sala que las cláusulas en cuestión no llegaron a formar parte de la escritura pública, si bien no se discute el que se haya aplicado una limitación al tipo de interés, o que los gastos por la formalización del préstamo hayan sido asumidos por la parte apelante. No puede pretenderse la nulidad de tales cláusulas en cuanto solo constan en la oferta vinculante que no fue firmada y además se trata de un documento previo a la contratación, del cual no puede desplegarse fuerza contractual y del que no hay alusión alguna en las escrituras de subrogación o novación. Se trata por tanto no de pretender la nulidad de unas cláusulas sino de denunciar su no incorporación, acción que la demandante en modo alguno ha ejercitado. Sería incongruente valorar la no incorporación, cuando se solicita el carácter abusivo de diferentes cláusulas, y no la de no incorporación, que son acciones distintas.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesta contra la dictada en primera instancia, que estimó en parte la demanda presentada para solicitar la nulidad de la cláusula suelo del contrato de préstamo hipotecario desde que este se formalizó hasta que se eliminó por pacto entre las partes. El tribunal de apelación desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia recurrida. Considera el tribunal que aunque la cláusula se extinguió por el pacto privado sí se puede examinar su validez mientras estuvo vigente y resolver sobre las consecuencias derivadas de su abusividad. El tribunal niega que el pacto suscrito suponga una transacción, pero sea cual fuere la calificación que se le quiera otorgar al pacto privado suscrito para poner fin a la cláusula, en él no se contiene mención alguna que suponga renuncia al ejercicio de acciones frente a la aplicación de una cláusula abusiva o que comporte un pacto de no pedir que no se infiere de las estipulaciones del contrato.
Resumen: Se desestima el recurso de la parte ejecutada, con imposición de las costas de la alzada, y se confirma el Auto apelado, desestimatorio de la oposición formulada por esa parte, sin costas de primera instancia. Examina previamente la Sala si el ejecutado apelante tiene la condición de consumidor; aplica la doctrina jurisprudencial surgida del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo, que reconoce la condición legal de consumidor al fiador si actúa en un ámbito ajeno a su actividad profesional o empresarial, aunque la operación afianzada sí tenga tal carácter, siempre que entre el garante y el garantizado no haya vínculos funcionales. En el caso que se examina, no puede reconocerse al apelante como consumidor, por ostentar cargos directamente relacionados con la gestión societaria; es apoderado de la empresa prestataria, sociedad familiar con vínculos entre todos los que en ella intervienen. Se estima acreditada la vinculación funcional del apelante con entidad. En cuanto a la falta de notificación de la existencia del procedimiento al cónyuge del prestatario, es rechazada por la Sala, que destaca que la esposa del apelante no ostenta la condición de tercer poseedor a los efectos del art. 685 LEC, siendo mera ocupante por vínculo matrimonial con el ejecutado. No hay tampoco infracción del art. 144 Reglamento Hipotecario al referirse éste a supuestos de embargo, siendo el presente una ejecución hipotecaria.
Resumen: Confirma la sentencia que desestimó el incidente concursal en el que se pretendía que se declarase un crédito derivado de un préstamo como crédito ordinario. Entiende que el informe de la AC, que no refleja dicho crédito, goza de presunción de veracidad al basarse en un análisis objetivo de la contabilidad de la concursada, de tal manera que corresponderá a la parte demandante justificar la realidad del crédito que pretende que se le reconozca, de tal manera que sí no se logra dicha prueba, debe prevalecer el contenido del informe de la administración concursal.
Resumen: El Tribunal señala que no pueden analizarse cuestiones nuevas en apelación, y, de tratarse como se alega de cuestiones procedimentales de orden público, debería haberse solicitado nulidad de actuaciones, para que en caso de estimación, tuviera efectividad. Respecto del fondo, parte del concepto amplio de precario, definiendo los supuestos incluidos en el mismo, concretando posteriormente los requisitos exigidos para que la acción ejercitada prospere. Se analiza también la reforma introducida por la Ley 5/2018, considerando vía procedimental adecuada para las personas que no constan en el apartado 1.4 del art. 250 LEC. Se desestima el recurso, al no haber quedado acreditado que tuvieran título para la ocupación de la vivienda.
Resumen: Se desestima el recurso, con imposición de costas a la apelante, y se confirma la sentencia recurrida, que condena a dicha apelante al pago de las cantidades adeudadas, por incumplimiento grave y reiterado de esa obligación. El recurso no debió ser admitido. Interés remuneratorio correcto, libremente pactados, tratándose del precio del dinero, sin contravenir ninguna disposición legal. No aplicación del interés de demora. Aprecia la Sala un incumplimiento grave, reiterado y esencial de la obligación de pago.
Resumen: La sala concluye que la cláusula por la que se impone el pago de la totalidad de los gastos derivados de un préstamo hipotecario al prestatario es una condición general de contratación, pues el banco no ha acreditado la existencia de una negociación individual sobre ella, y que la misma es nula abusiva por contraria al equilibrio de las prestaciones entre banco y cliente. Como consecuencia de tal nulidad la sala ha de decidir a cuál de los contratantes corresponde el pago de cada uno de los gastos, y la obligación del banco de restituir al prestatario el importe de los gastos pagados indebidamente, con el interés legal desde la fecha en que cada uno de los pagos fue realizado. A lo dicho no puede ser opuesto que no haya sido el demandado, sino terceros los que recibieron el pago del prestatario. Se imponen las costas al banco por entender que la demanda ha sido sustancialmente estimada, al haberlo sido la pretensión de nulidad de la cláusula, y parcialmente la de reclamación de cantidad.