Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó sustancialmente la demanda presentada para solicitar la nulidad de la cláusula de repercusión de gastos de formalización e inscripción de escritura pública de compraventa y subrogación en el préstamo hipotecario y de los gastos de la escritura de disolución del condominio. El tribunal de apelación estimó el recurso de apelación, revocó la sentencia recurrida y acordó dejar sin efecto el pronunciamiento que declara la nulidad de la cláusula de repercusión de gastos de la escritura de disolución de condominio y la condena a restituir su importe. Considera el tribunal que la prestamista no está pasivamente legitimada para soportar la los gastos de disolución del condominio, por más que haya consentido a ello, ya que el único interesado en apartarse del contrato de préstamo con la disolución del condominio es quien se separa de este, y no la prestamista.
Resumen: Ejercita el prestatario demanda en petición principal de nulidad del contrato de préstamo concertado con COFIDIS por ser usuario, y subsidiariamente la nulidad de la cláusula de interés remuneratorio, y en cualquier caso que se condene a COFIDIS al reintegro de la totalidad de lo pagado en concepto de interés remuneratorio durante la vida del contrato. Se allana la demandada a la petición de restitución de los intereses antes del vencimiento del plazo concedido para la contestación a la demanda y con petición de que no le sean impuestas las costas. La actora manifiesta su acuerdo con el allanamiento pero con costas, y el juzgado dicta sentencia en la que se estima la demanda por allanamiento con costas a la demandada. Apela esta la condena en costas, y la sala entiende que ha habido un requerimiento previo en los mismos términos que los expresados en la demanda por lo que el allanamiento no excluye la condena en costas.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó sustancialmente la demanda presentada para solicitar la nulidad de la cláusula de repercusión de gastos de formalización de escritura de compraventa y subrogación en préstamo hipotecario. El tribunal de apelación desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia recurrida. Considera el tribunal procedente la nulidad de la cláusula de repercusión de gastos: considera que la acción ejercitada no está prescrita. Aunque la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea admite la posibilidad de prescripción de la acción de restitución vinculada a la de nulidad de cláusulas abusivas, la acción no habría prescrito ni aunque se tomara como referencia la primera sentencia dictada sobre abusividad de la cláusula de repercusión de gastos, momento en el que se podía haber tomado conocimiento de la posibilidad de ejercicio de la acción.
Resumen: Se estima el recurso de la demandada y se revoca la sentencia apelada, desestimando la demanda y absolviendo a dicha apelante, sin expresa imposición de costas en ambas instancias. Entiende la Sala probada la efectiva realización por la demandada de disposiciones de la línea de crédito concedida. Y discrepa del criterio de la instancia, considerando aplicable al crédito revolving la Ley de Represión de la Usura, al enmarcarse la operación en el ámbito del crédito al consumo. La cuestión planteada es si el interés remuneratorio es notablemente superior al normal del dinero, para lo que ha de determinarse en principio qué interés se debe tomar como referencia, el previsto como tipo medio para las operaciones de préstamo al consumo, o, por contra, el tipo de interés medio para los contratos de préstamo al consumo en su modalidad revolving. Aplica la Sala el criterio jurisprudencial y señala que el índice que debió ser tomado como referencia era el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving publicado en las estadísticas oficiales del Banco de España. En el caso, como en 2006 no existe información específica sobre esos tipos medios, se utiliza como referencia el tipo medio de interés, en el momento de celebración del contrato, correspondiente a la categoría de la operación crediticia cuestionada y concluye la Sala que la operación es usuraria y que, al haberse abonado ya el capital, debe desestimarse la demanda.
Resumen: Ejercitada acción de desahucio por precario contra los desconocidos ocupantes de un inmueble, quien comparece como demandado alega que ocupa la vivienda con título de arrendamiento verbal, la sala entiende que tal arriendo no ha sido probado y da lugar al desahucio. Las normas sobre protección de las personas vulnerables no son oponibles a la acción de desahucio por precario.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada para solicitar la nulidad de la cláusula suelo. El tribunal de apelación desestimó el recurso de apelación interpuesto por la prestamista y confirmó la sentencia recurrida. El recurso de apelación se fundaba en la existencia de pacto privado con eficacia transaccional que suponía la extinción de acción para solicitar la nulidad de la cláusula suelo. El tribunal de apelación sostiene que el pacto privado no tiene carácter transaccional y que, en todo caso, no se suscribió bajo premisas de transparencia que permitieran al prestatario ser consciente de la cláusula de renuncia que incorporaba.
Resumen: Reclamación de cantidad efectuada por la actora en calidad de cesionaria del crédito, frente a las demandada, derivada de contrato de préstamo. Estimada la demanda recurre la demandada, alegando no haber acreditado la actora la cesión del crédito y no haberle notificado tal cesión, así como que no consta la firma de los deudores en el contrato de préstamo base de la reclamación. En cuanto a la falta de legitimación activa, en la demanda inicial de proceso monitorio y luego con la del posterior ordinario se acompañó copia simple de la póliza de préstamo, plenamente identificada, intervenida por Notario, quien hace constar que los intervinientes firman al final del texto contractual; asimismo se aporta testimonio notarial de la cesión del crédito, tratándose de la cesión de una cartera de créditos sin garantía real, lo que supone la prueba de la realidad del préstamo y la cesión del mismo a la actora. Sobre la notificación al deudor, recordamos aquí que la notificación de la cesión al deudor no es un requisito esencial para su validez, pues no tiene más efectos que los del art. 1527 CC, el evitar que el deudor quede liberado si abona el crédito al anterior acreedor, pero sin que ello afecte a la validez y eficacia del negocio jurídico entre cedente y cesionario. En cuanto a la ausencia de firma de la póliza por la demandada, efectivamente en la copia simple de la póliza intervenida no aparecen tales firmas, pero sí constan en la póliza original, como certifica el notario.
Resumen: Se desestima el recurso de la entidad actora, imponiéndole las costas, y se confirma la sentencia apelada, que desestima en su integridad la demanda y absuelve al demandado de todos los pedimentos, con imposición de las costas a la aludida actora. Recuerda la Sala que las facultades del tribunal de apelación se extienden a una nueva valoración de la prueba, con revisión total del juicio de hecho y de derecho realizado en primera instancia, con la única excepción del necesario respeto a los principios que rigen el recurso en relación con los solicitados por el apelante. Niega error en la valoración de la prueba respecto a la determinación de los efectos jurídicos de la comunicación al deudor de la transmisión del crédito, en aplicación de la doctrina jurisprudencial y señala que no es requisito de validez el conocimiento y autorización del deudor; la cesión produce el efecto de una inmediata transmisión, a favor del cesionario, del crédito del cedente contra el deudor cedido, y no es necesario para ello acto alguno complementario; en particular, un traspaso posesorio a modo de tradición. Tampoco hay error valorativo en cuanto a la falta de transparencia en las condiciones esenciales del contrato y falta de acreditación de la deuda; tiene en cuenta la jurisprudencia que reseña. Aprecia falta de transparencia y claridad derivada de los documentos aportados por la actora que hacen dudar de la efectividad de la reclamación, e indica que el crédito cedido no está identificado.
Resumen: Por el Juzgado de la primera instancia se dicta sentencia estimando la acción de desahucio por precario. Recurrida en apelación dicha sentencia, por el Tribunal se desestima el recurso y se confirma la sentencia recurrida, porque el apelante no niega la inexistencia de título que justifique su ocupación, sino que se limita a manifestar su situación económica de carencia de medios y que la actora se niega a celebrar con él un contrato de arrendamiento, haciendo consideraciones de índole social carentes de relevancia en este ámbito del proceso civil de desahucio, no siendo tampoco aplicable analógicamente ni la Ley 1/2013 ni la 24/2015, que se refieren a supuesto totalmente distinto, cual es, cuando una persona ostentando título de propiedad o arrendamiento para poseer la vivienda, se ve imposibilitado de hacer frente a los pagos periódicos del crédito o de las rentas, a que están contractualmente obligados.
Resumen: En el recurso de apelación Banco Sabadell invoca la validez de los acuerdos alcanzados con el cliente sobre la modificación del tipo de interés, sustituyendo la cláusula suelo por el tipo fijo de 1,90%, y la renuncia a las acciones que pudieran derivarse de este acuerdo. En relación a este tipo de contratos el TS viene a decir que no son novaciones sino transacciones, en la medida en que se conciertan en un momento en que existía una situación de incertidumbre acerca de la validez de las cláusulas suelo. En este caso no puede considerarse que los clientes conociesen y comprendiesen las consecuencias jurídicas y económicas del pacto, el director de la sucursal declara que en aquellas fechas no se les explicaba a los clientes que tenían derecho a reclamar, no se les comentó las consecuencias de la renuncia. Consta en autos la ficha de información personalizada, de modificación de condiciones y renuncia de acciones. Por todo ello la condena al Banco ha de ser a la devolución de las cantidades abonadas que, en aplicación de la cláusula suelo declarada nula se haya abonado en exceso, respecto a las que hubieran tenido que abonar mediante la aplicación de los tipos variables concertados, esto es, el tipo de referencia más el referencial acordado. Y esto solo puede alcanzar hasta la fecha de la vigencia del segundo acuerdo, por el que las partes pactaron con total transparencia que el préstamo hipotecario se regirá por un interés fijo. Esto supone la estimación parcial de la demanda
