Resumen: Se estima en parte el recurso de la entidad demandada y se revoca la sentencia apelada en el pronunciamiento que declara la nulidad de la cláusula de comisión de apertura y condena al Banco a la restitución del importe de dicha comisión, que queda sin efecto y se declara la validez de la cláusula, por lo que se desestima la demanda, sin imposición de costas en ambas instancias. Ambos prestatarios firmaron el préstamo con carácter solidario, por lo que cualquiera de ellos está facultado para ejercitar la acción de nulidad de una cláusula del contrato perjudicial para todos los prestatarios, como también la petición de los efectos restitutorios derivados de la nulidad de tal cláusula. La nulidad absoluta ni caduca, ni prescribe, por lo que, al ser imprescriptible, se puede ejercitar por los perjudicados cuando lo crean oportuno. Respecto a la comisión de apertura, la Sala modifica su anterior criterio, en aplicación de la doctrina jurisprudencial sobre la validez de dicha cláusula. Tanto el interés remuneratorio como la comisión de apertura deben incluirse en la información precontractual sobre el precio total del producto o servicio que se exige. La etapa inicial del préstamo (preparación y concesión) exige de la entidad financiera la realización de una serie de actividades de naturaleza distinta al servicio que supone la disposición del dinero por el prestatario durante la duración del préstamo; lo que justifica la posibilidad de cobrar esa comisión.
Resumen: Se estima en parte el recurso y se revoca de igual modo la sentencia apelada, fijando la cantidad que la entidad demandada debe satisfacer a los actores, sin imposición de costas en ambas instancias. Aplica la Sala la doctrina jurisprudencial sobre la nulidad de la cláusula de gastos, por abusiva, y confirma la declaración de nulidad de la misma realizada en la sentencia recurrida, al contener una atribución indiscriminada y sin matices del pago de todos los gastos e impuestos a la prestataria, provocando un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes; el profesional ha de retribuir al consumidor lo indebidamente cobrado; examina por separado cada tipo de gastos (notariales, registrales, impuestos y gastos de gestoría) y aplica el criterio jurisprudencial existente. Confirma también la sentencia en cuanto declara la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado, nula e inaplicable como está redactada, sin perjuicio de que, al margen de lo previsto en esa cláusula, puedan ser aplicables las consideraciones del Tribunal Supremo si la entidad prestamista, en caso de incumplimiento de sus obligaciones de pago por el prestatario, instara en el futuro el vencimiento anticipado del contrato, no con fundamento en la cláusula, sino en la ley.
Resumen: Se desestima el recurso de la entidad demandada, con imposición de costas de la alzada, y se confirma la sentencia apelada, que estima la demanda, declara la nulidad del clausulado multidivisa, por su abusividad, falta de claridad y transparencia, teniéndolo por no puesto, y se considerará que el nominal prestado lo fue en euros, produciéndose el devengo y cálculo de intereses; se condena a la demandada a realizar el recálculo de las cuotas y cuadro de amortización, imponiéndole también las costas de primera instancia. Recoge la Sala la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre la materia. Así, señala que el préstamo hipotecario en divisas no es un instrumento financiero regulado por la Ley del Mercado de Valores. Las "cláusulas multidivisa" del contrato celebrado por las partes son condiciones generales de la contratación. El control de transparencia y abusividad de las cláusulas relativas a la denominación del préstamo en divisa y al cambio de una divisa a otra. La entidad debe proporcionar información al consumidor sobre los riesgos derivados del tipo de cambio y de la incidencia, tanto en la cuota como en el capital pendiente de devolución, de la fluctuación de las divisas.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que desestimó la demanda presentada para solicitar la nulidad de la cláusula de limitación de la variación del tipo de interés. El tribunal de apelación desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia recurrida. Considera el tribunal que el pacto para modificar el límite de variación del tipo de interés no carece de transparencia, aunque sí careciera de ella la cláusula suelo introducida en el contrato de préstamo originario. Sin embargo, el tribunal afirma que la nulidad de la cláusula inserta en el contrato de préstamo no extiende sus efectos a la pactada como novación mediante negociación individual, porque no se puede aplicar el control de transparencia a cláusulas no negociadas y, además, que no adolecen de ella al ser conocedor el prestatario de las consecuencias jurídico-económicas de dicha cláusula, que se había venido aplicando desde tiempo atrás, antes de pactar la novación.
Resumen: Desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia en la que se desestimó la demanda de reconocimiento de crédito derivado de unos préstamos entre empresas del mismo grupo, que constaban en documentos privados, sin fehaciencia alguna, en cuanto a la fecha, por no haber sido incorporados a ningún registro público, por lo que carecen de relevancia probatoria y eficacia en el concurso, al no haber podido ser verificadas por la Administración concursal con la correspondiente contabilidad de las distintas empresas. Recuerda el importante valor probatorio de los informes de la Administración Concursal por el especial y necesario conocimiento de la situación económica, jurídica y contable del deudor.
Resumen: Desestima el Tribunal el recurso basándose en el hecho de que la ocupación de la vivienda por parte del demandado se hacía sin título que la justificase, por no poder considerar que la relación orgánica que mantiene con la sociedad antigua propietaria, sin acreditar la existencia de contrato de arrendamiento, legitime la ocupación. Añade que no puede apreciarse prejudicialidad penal, puesto que no consta admitida la querella que el demandado interpuso contra el administrador de la actora, y además no se discute que la sociedad antigua propietaria vendiera la vivienda, sin que se hubiera acreditado en el procedimiento la existencia de hechos de apariencia delictiva.
Resumen: Se estima en parte el recurso de la entidad bancaria demandada, sin costas, se desestima el formulado por el actor, con costas, y se revoca parcialmente la sentencia recurrida reduciendo el importe de la condena como efecto derivado de la nulidad de la cláusula de gastos, con intereses legales desde la fecha de realización de los pagos; se confirma el resto de pronunciamientos. Aplica la Sala la doctrina jurisprudencial sobre la materia, extrayendo los aspectos más importantes: abusividad de las cláusulas que, en contratos de préstamo con consumidores, sin negociación y de manera predispuesta, atribuyen indiscriminadamente al consumidor el pago de todos los gastos generados por la operación; el efecto restitutorio (art. 6.1 de la Directiva y art. 1.303 del Código Civil) no es directamente aplicable, pues no son pagos hechos por el consumidor al banco que este deba restituir, sino pagos hechos por el consumidor a terceros en virtud de la imposición de la cláusula abusiva; mantiene el referido carácter abusivo. Respecto a los efectos restitutorios, se establecen los criterios en atención a cada uno de los indicados pagos (impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados; notaría; Registro de la Propiedad; gestoría).
Resumen: Condiciones generales de la contratación. Cláusula suelo. Es jurisprudencia reiterada de esta Sala que en los contratos celebrados bajo condiciones generales de la contratación en los que los adherentes no son consumidores no resultan procedentes los controles de transparencia y abusividad, sino únicamente el control de incorporación. En el caso, la Audiencia no ha realizado un control de transparencia, sino que considera que la cláusula no supera el control de incorporación porque los prestatarios no tuvieron oportunidad real de conocer su inclusión en el contrato y, por tanto, su mera existencia. Ello no supone hacer un control de transparencia, sino un control de incorporación que es pertinente respecto de cualquier adherente, sea consumidor o profesional. Para que una condición general de la contratación supere el control de incorporación debe tratarse de una cláusula con una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión gramatical normal y que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato, esto es, junto al parámetro de la claridad y comprensibilidad, debe concurrir el requisito de la posibilidad de conocimiento. El recurso de casación solo puede dirigirse contra el razonamiento operativo de la sentencia y no cabe, por ello, impugnar razonamientos auxiliares, accesorios, obiter dicta o a mayor abundamiento, cuya hipotética eliminación no alteraría el camino lógico que conduce a la conclusión del fallo.
Resumen: Los actores, consumidores, ejercitan acción de nulidad, entre otras cláusulas, de la que establece como índice de referencia del interés variable IRPH Cajas, como sustitutivo el IRPH CECA y como segundo sustitutivo el Tipo de interés aplicado antes de haberse dejado de publicar los anteriores. La sentencia de primera instancia declara valida la cláusula IRPH y nulo el segundo índice sustitutivo (Tipo fijo). La sentencia de apelación declara nula la cláusula en el apartado referente al IRPH de las cajas de ahorros, por abusivo, al no constar que la entidad financiera hubiera cumplido la obligación de informar al consumidor sobre la evolución del índice durante los dos años naturales anteriores a la celebración del contrato del último valor disponible y también en el apartado que establece como interés sustitutivo el ultimo valor disponible del IRPH Cajas por convertir un préstamo a interés variable en uno fijo y en aras al mantenimiento del contrato, en beneficio del consumidor, procede a su integración mediante la aplicación del índice previsto legalmente para en los casos de préstamos a interés variable con índices de referencia suprimidos, carentes de disposición contractual supletoria.
Resumen: Se plantea el alcance retroactivo de la doctrina del TJUE respecto a la posibilidad de reclamar la devolución de cantidades indebidamente abonadas por los consumidores prestatarios con ocasión de la aplicación de una cláusula suelo declarada nula desde la fecha de celebración del contrato cuando previamente habían obtenido una declaración favorable que imponía al prestamista devolver lo indebidamente percibido desde el 09/05/2013, lo que se reuelve en base a (i) la eficacia de cosa juzgada solo puede apreciarse en aquéllos casos en que la pretensión de devolución de lo indebidamente cobrado como consecuencia de la aplicación de una cláusula suelo declarada nula desde la fecha de celebración del contrato se hubiera deducido con anterioridad, no a los casos en que la pretensión deducida se hubiera limitado a solicitar la devolución de lo cobrado desde el 09/05/2013, y (ii) que en elcaso de reducción pactada del tipo de la cláusula suelo hay que atender a la consideración de si se trata de mera novación, que sería nula, de si hay transacción, porque te caso la obligación preexistente sobre la que existe controversia pudiera ser nula, no contraviene la ley, pues nos encontramos ante una materia disponible, dado que en principio no cabe negar la posibilidad de que pueda transigirse en contratos con consumidores, y señala que la imperatividad de las normas no impide la posibilidad de transigir, siempre que el resultado del acuerdo sea conforme al ordenamiento jurídico.