Resumen: En el presente caso, no se supera el control de transparencia porque no consta que, en el momento de la celebración del contrato, los prestatarios hubieran recibido una información adecuada sobre la naturaleza de los riesgos asociados a las cláusulas relativas a la denominación en divisas del préstamo, ni sobre las graves consecuencias asociadas a la materialización de tales riesgos.
Resumen: Como Asociación de Consumidores y Usuarios, puede defender los intereses de sus asociados y por tanto, tal designación literal plural, hace viable que como parte procesal pueda representar los intereses de varios de tales asociados, lo que indudablemente debe conectarse con la posibilidad perfectamente viable que tal Asociación pueda ventilar esa acumulación subjetiva de acciones en cuanto representa a más de un asociado, intervención especial y específica en el campo del sector de protección de consumidores y usuarios; siempre y cuando tal acumulación sea por acciones propias y específicas de la normativa consumista.
Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que declara la nulidad de la cláusula de gastos inserta en la escritura pública de compraventa con subrogación y novación firmada por los litigantes.Argumenta la Sala que en las estipulaciones propias de la compraventa y subrogación se reseña del conocimiento por el comprador de la escritura de préstamo hipotecario, asumiéndola expresamente con todas sus condiciones y posteriormente se establece que serán de cuenta de la parte compradora todos cuantos gastos e impuestos deriven del otorgamiento.El presente supuesto no es pues de aquellos en que se cuestiona la cláusula de distribución de gastos convenida entre comprador y vendedor, a la cual es ajena la entidad prestamista.En esta ocasión, acontece una expresa remisión a las estipulaciones del préstamo promotor, en el cual ya se estableció que respecto el eventual subrogado, éste habría de hacerse cargo de todos los gastos que se pudieran originar por su actuación. De donde resulta la legitimación de la apelante, diferenciándose de aquellos otros supuestos en los que no se hace mención alguna al precedente préstamo y en especial a sus estipulaciones.La estipulación en cuestión, fue pactada por la prestamista y se proyecta al comprador al tiempo de la subrogación, resultándole aplicable.
Resumen: Condiciones generales de la contratación. Cláusula que atribuye todos los gastos al prestatario hipotecante: la apreciación de su carácter abusivo conlleva su inaplicación, si bien, en cuanto a sus efectos, dado que los gastos deberán ser abonados a terceros ajenos a los contratantes, la determinación de cómo deben distribuirse tales gastos debe hacerse, no en función de la cláusula anulada, sino de las disposiciones legales aplicables supletoriamente. Criterio ratificado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea: el hecho de que deba entenderse que una cláusula contractual declarada abusiva nunca ha existido justifica la aplicación de las disposiciones de Derecho nacional que puedan regular el reparto de los gastos de constitución y cancelación de hipoteca en defecto de acuerdo entre las partes. Reiteración de la doctrina jurisprudencial sobre atribución de los gastos de notaría e Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Gastos de gestoría: superación de un precedente jurisprudencial para aplicar un criterio más ajustado a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; ante la falta de una norma nacional aplicable en defecto de pacto que impusiera al prestatario el pago de la totalidad o de una parte de esos gastos de gestoría, no cabe negar al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud de la cláusula que se ha declarado abusiva.
Resumen: Se ejercita acción de desahucio por precario respecto de la vivienda que constituyó el domicilio conyugal de la esposa y el demandado. Estimada la demanda recurre el demandado, indicando que, habiendo alegada la condición de copropietario de la vivienda, se suscita una cuestión compleja que desborda de lo puede ser resuelto en el marco de un juicio verbal como el presente. Se rechaza dicha cuestión, pues no se acredita la existencia de título alguno que ampare la posesión de la vivienda por el demandado. Aduce éste que es copropietario del inmueble pero lo cierto es que no se pone de manifiesto de qué modo pudo adquirir el dominio ya que en el contrato de compraventa aparece como compradora exclusivamente la actora e, incluso si el apelante hubiera contribuido en alguna medida a la devolución del préstamo concertado para financiar la compra (de lo cual no se tiene la menor constancia), esto no le convertiría en propietario puesto que es el contrato de compraventa lo que transmite el dominio, y no el pago del préstamo. En cuanto a la pretendida cuestión compleja, desde la entrada en vigor de la vigente LEC, el juicio de desahucio por precario se trata de un procedimiento plenario en el que se puede debatir con toda amplitud, sin limitación probatoria alguna y con efectos de cosa juzgada acerca de lo que constituye su objeto, que es el derecho a poseer. Por tanto, no habiendo acreditado el demandado que dispone de título que ampare la posesión debe desestimarse el recurso.
Resumen: Demanda de nulidad de varias cláusulas insertas en un préstamos hipotecario por falta de transparencia y por su carácter abusivo. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y la audiencia la confirmó. Recurren en casación y en infracción procesal los clientes demandantes y la sala desestima ambos recursos. Respecto de este último, la sala considera que la cuestión planteada es de orden sustantivo y, reservada, por tanto al recurso de casación. Respecto del recurso de casación, la sentencia examina las cláusulas a las que queda circunscrito el recurso, relativas al sistema de amortización del préstamo y a los intereses ordinarios pactados y concluye que superan el control de incorporación, porque los adherentes tuvieron la posibilidad de conocerla, al estar incluidas en la escritura pública y ser gramaticalmente comprensibles, dada la sencillez de su redacción. La sala también considera que se supera el control de transparencia material, al no apreciar alteración subrepticia de condiciones, ni enmascaramiento, ocultación u oscurecimiento de los datos relevantes sobre los elementos esenciales del contrato, ni existencia de cláusulas sorpresivas que alteren la apariencia del precio del contrato o de sus consecuencias económicas, tal y como pudo representárselo mentalmente un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. La desestimación de los recursos determina la confirmación de la sentencia recurrida.
Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que declara la nulidad del límite mínimo a la variación del tipo de interés aplicable contenido en la escritura pública de compraventa con subrogación de préstamo hipotecario suscrita por las partes y condena a la entidad demandada a restituir a la parte actora las cantidades abonadas en aplicación de la cláusula declarada nula.Argumenta la Sala que aunque esta suerte de cláusula define el objeto del contrato a suerte de condición general ha de examinarse la eventual abusividad , no de su contenido, pero sí de su articulación, bajo método de doble control de transparencia, un primer filtro de inclusión, de claridad en los términos de la cláusula , filtro que en el caso solo con cierta flexibilidad cabe entender superado en el caso , y un segundo filtro de transparencia en sentido estricto, no aportando prueba fehaciente la entidad que permita motivar su negociación individual.Su redactado no supera el segundo filtro del control pues no fue aportado a los autos ni folleto informativo ni oferta vinculante, y el hecho de que el Notario de la escritura diese lectura a la misma con conformidad del prestatario no prueba una concreta información sobre el contenido de la cláusula y no evidencia que ,bajo pautas de conocimiento de consumidor medio, sea realmente comprensible la relevancia de su previsión en el desenvolvimiento económico del contrato y en el equilibrio prestacional entre los contratantes.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó en parte la demanda presentada para reclamar el pago del saldo deudor de préstamo hipotecario vencido anticipadamente. El tribunal de apelación desestimó el recurso de apelación interpuesto por los demandados (prestatarios) porque la resolución del contrato no se funda en la cláusula de vencimiento anticipado (considerada abusiva), sino en el carácter sinalagmático de las obligaciones, de modo que el incumplimiento grave y relevante de la obligación de pago legitima al prestamista para solicitar la resolución del contrato. Los apelantes pretenden la nulidad de la cláusula de interés de demora y la de comisión de apertura, que se rechaza por el tribunal porque en el saldo liquidatorio no se contempla ninguno de los conceptos indicados, rechazando la apreciación de oficio de la abusividad cuando las cláusulas en cuestión no se hayan aplicado para el cálculo de la suma reclamada.
Resumen: Demanda de nulidad de las cláusulas insertas en un contrato de préstamo hipotecario, en concreto, de aquella que atribuía todos los gastos al prestatario, interesando su devolución y la de vencimiento anticipado, por ser abusivas. En primera instancia, además de declarar la nulidad parcial de la cláusula sobre vencimiento anticipado, en lo que ahora interesa, se declaró la nulidad de la cláusula que atribuía los gastos a los prestatarios, en concreto los gastos notariales, el impuesto de actos jurídicos documentados (en adelante, IAJD), los de gestoría y tasación y condenó al banco a pagar a los demandantes la mitad de los gastos por ellos realizados (gastos notariales y registrales, el IAJD y los gastos de gestoría). Recurrida en apelación por el banco e impugnada por los demandantes, la Audiencia desestima el recurso y estima la impugnación de los demandantes, en el sentido de condenar a la restitución del pago de los aranceles del RP y del IAJD. El banco recurre en casación y la sala estima parcialmente el recurso en lo referente al pronunciamiento sobre la imputación de los gastos tributarios, que deja sin efecto al reiterar la jurisprudencia sobre la imputación de los gastos tributarios contenida en SSTS 46/2019, 47/2019, 48/2019 y 49/2019 de 23 de enero. Desestima el motivo referido a los gastos del RP ya que conforme a la jurisprudencia contenida en STS 48/2019 de 23 de enero corresponde al banco prestamista su pago, siendo procedente su devolución a los prestatarios.
Resumen: Por el Juzgado de la primera instancia se dicta sentencia estimando la demanda interpuesta contra los ignorados ocupantes de una vivienda de desahucio por precario. Recurrida en apelación por los que se han identificado como ocupantes, por el Tribunal se desestima el recurso y se confirma la sentencia recurrida al desestimarse los dos motivos alegados; el primero porque corresponde a los recurrentes la carga de la prueba de la existencia de un arrendamiento concertado con el propietario anterior, que según los recurrentes permitió el uso y disfrute de la vivienda a cambio de reparaciones de la misma, careciendo absolutamente de prueba e incluso no habiendo intentado traer al propietario anterior; y el segundo, porque no cabe la aplicación analógica a los diversos supuestos de desahucio, incluido el de precario, de la Ley 1/2013, de 14 de Mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, puesto en relación con el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, pues es una norma que sólo se contempla para la ejecución hipotecaria, siendo específicamente establecida para los deudores hipotecarios sin recursos.
