Resumen: Estudia la Audiencia las consecuencias de la declaración de nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado en la fase inicial de un procedimiento monitorio. Recuerda la necesidad del examen, incluso de oficio, de la posible abusividad de aquéllas, cuando el receptor de la petición monitoria sea un consumidor. Asimismo recuerda la imposibilidad de moderar una cláusula nula por abusiva. Lo que, sin embargo, no implica necesariamente la inadmisión de la solicitud inicial del proceso monitorio; sino la extracción de consecuencias de un pacto que carece de esa cláusula. Lo que conduce a admitir la petición inicial solo y exclusivamente respecto de las cantidades efectivamente impagadas. No respecto de las que hubieran vencido anticipadamente como consecuencia de una condición general que se ha declarado nula.
Resumen: La sentencia de apelación estima en parte el recurso y declara abusiva las cláusulas de vencimiento anticipado en los contratos de préstamo objeto de litis. Argumenta; la facultad de vencimiento anticipado se viene a reconocer con base a cualquier incumplimiento, tenga o no la consideración de grave en atención a la cuantía y duración del préstamo, lo que resulta manifiestamente desproporcionado y en consecuencia, abusivo; la consecuencia de la declaración de nulidad es tenerla por no puesta y sin posibilidad de integración por lo que la reclamación en base a las citadas cláusulas de los dos préstamos ha de desestimarse; la jurisprudencia relativa a la cláusula de vencimiento anticipado no es aplicable al presente supuesto de tarjeta de crédito de duración indefinida y en la que se faculta al banco para reclamar el total del importe ya dispuesto pendiente en el caso de falta de pago, del mismo modo que se prevé la terminación del contrato en cualquier momento tanto por el banco como por el titular principal exigiendo tan solo una comunicación por escrito con un mes de antelación lo que resulta equilibrado, dado que no cabe continuar facultando un crédito a quien no cumple con su obligación de devolver lo ya dispuesto.
Resumen: Para la existencia real de los convenios en general que originen relaciones jurídicas exigibles y permitan el ejercicio de las acciones que de ellos se deriven es preciso que haya habido un concierto de voluntades serio y deliberado por el cual hayan quedado definidos los derechos y obligaciones de los contratantes, llegando con ello a su perfección, que es el momento cuando empiezan a obligar, no entendiéndose la convención perfecta, con fuerza coactiva en derecho, hasta que, además de la causa y el consentimiento que haya de manifestarse por el concurso de la oferta y la aceptación, no haya aquél recaído sobre el objeto cierto que sea materia del contrato. No se encuentra legal o doctrinalmente previsto, al menos de acuerdo con la legislación vigente y en el actual estado de la doctrina, que la usurpación de inmuebles, careciendo de sanción en el ámbito de la jurisdicción penal, deba además recompensarse con el realojamiento, o el ofrecimiento de un alquiler social sobre la vivienda ocupada, que deba soportar la propietaria despojada.
Resumen: No cabe hablar de cuestión compleja, pues el juicio verbal no tiene naturaleza sumaria, sino que se trata de un juicio declarativo con plenitud de conocimiento y garantías procesales. En la nueva ley rituaria, desaparece el concepto amplio de precario (posesión concedida, tolerada y sin título por ausencia originaria o sobrevenida) acogiéndose el concepto estricto o restringido (posesión concedida). Luego sólo es idóneo para resolver aquellas cuestiones meramente posesorias en las que esa posesión haya sido cedida a título gratuito, en cuyo caso podrán utilizarse al efecto todos los medios de prueba recogidos en la Ley procesal, pues desaparece la antigua restricción en tal sentido. Pero, en cambio, no será cauce adecuado para todas aquellas situaciones, en las que, conforme a la legislación anterior, la jurisprudencia consideraba que podían ser incluidas en el concepto de precario. Debe pues diferenciarse entre complejidad e improcedencia del proceso. El que ha edificado sobre suelo ajeno ostenta, mientras no se ejercite el derecho de accesión por el dueño del suelo, un derecho de posesión sobre la edificación que le legitima para el ejercicio de la acción de precario.
Resumen: Constan en este caso numerosas consultas del registro, y tratándose deuda derivada de un contrato de tarjeta de crédito, que fue incumplido y existió demanda para declarar su nulidad por usuraria, que finalmente se estimó. No es preciso que el requerimiento previo sea fehaciente, y en este caso existió con la advertencia de inclusión en registro de morosos, a través de dos cartas que se considera debieron llegar al demandante. Además la deuda en su origen era válida, vencible y exigible al ser acorde al contrato, y que sólo se cuestionó tras esa comunicación y por causas diversas a esa demanda de nulidad por usurario. Por ello es desde la admisión a trámite de ésta, la deuda resultaría controvertida, pero ya incluido el crédito en el registro no convierte en incierto lo que en aquel momento no lo era. Aun así se eleva la cuantía concedida pues durante parte del periodo de inclusión en el registro no es que fuera controvertida la deuda, sino que no existía, al liquidarse la deuda tras la nulidad del contrato, existiendo numerosas consultas, y aunque coincidieran un breve tiempo con otras deudas del actor, ello no implica que no exista daño moral pues la fama frente a tercero se había visto aun más afectada con esa inclusión, pues no es irrelevante que sea una o varias la deudas que aparezcan, pues se refleja la imagen de una persona insolvente. Hubo también de hacer gestiones y en una ocasión con la presentación de la sentencia que declaraba esa nulidad.
Resumen: Discute el banco en su recurso el pronunciamiento por el que se le imponen las costas procesales en la sentencia que se da lugar a la demanda en la que se pedía la nulidad de la cláusula suelo. La sala da lugar al recurso porque ha sido acreditado que el banco remitió a la actora un "burofax premium" el 13/01/2017 comunicando a la demandante que su hipoteca contenía una cláusula suelo que el banco procedería a eliminar, compensándola por lo indebidamente cobrado como consecuencia de su aplicación. En contra de tal afirmación no basta la mera afirmación de la actora de no haber recibido dicha comunicación, pues consta además que el banco procedió a ingresar en la cuenta de la actora la diferencia por razón de la eliminación de la cláusula suelo. Podrá la actora, dice la sala, negar haber recibido el burofax pero lo que en modo alguno es admisible es que mantenga no haber tenido conocimiento alguno de la actuación del banco a pesar de los ingresos y amortizaciones mencionados. En conclusión, la sala declara la improcedencia de la reclamación efectuada por la señora demandante el 20/07/2017, cinco meses después de haber cobrado, pretendiendo de "Banco Castilla la Mancha" la eliminación de la cláusula suelo con devolución de lo indebidamente satisfecho y, posteriormente, la demanda a dicho banco con igual objeto.
Resumen: Se discute únicamente a virtud del recurso interpuesto por el banco el pronunciamiento por el que se le imponen las costas de primera instancia. Arguye el banco que el cliente no observó el procedimiento de reclamación establecido en el RDLey 1/2017. La sala razona que hubo una primera reclamación antes de la entrada en vigor del RDLey, y que después fue formulado otra que no fue debidamente contestada, por lo que mantiene el pronunciamiento sobre costas.
Resumen: Se estima en parte el recurso de casación contra una sentencia que, tras apreciar la nulidad de unos contratos financieros en los que la firma de la demandante había sido falsificada por su marido (que consiguió que se firmaran fuera de la entidad bancaria con el pretexto de que ella no podía acudir por su trabajo y que se cambiara la dirección donde se enviaban los extractos para que no se enterara) ordenó la restitución de las prestaciones y rechazó eximir a la demandante de su obligación de devolver las cantidades dispuestas al existir dudas de que con el dinero de los contratos se hubieren atendido gastos familiares. La sala aplica la regla del art. 1306 CC (causa torpe de uno de los contratantes) y declara que la demandante no tiene que devolver cantidad alguna, debido a la participación relevante de los empleados del banco y a que la actuación fraudulenta del marido fue posible gracias a la inobservancia por la propia entidad de sus normas internas sobre evitación de fraude a los clientes. La adaptación del art. 1306 a casos de inexistencia contractual como este se justifica para desincentivar conductas como la del banco, que tuvo una participación significativa en lo ocurrido. Las dudas sobre el destino del dinero no pueden perjudicar a la actora. En cambio, los daños morales padecidos, en cuanto pudieran atribuirse a la negligencia del banco que permitió la actuación fraudulenta del marido, no pueden imputarse a la demandada, cesionaria del crédito ajena a esos hechos
Resumen: Se discute únicamente a virtud del recurso interpuesto por el banco el pronunciamiento por el que se le imponen las costas de primera instancia. Arguye el banco que el cliente no observó el procedimiento de reclamación establecido en el RDLey 1/2017. La sala razona que hubo una primera reclamación antes de la entrada en vigor del RDLey, y que después fue formulado otra que no fue debidamente contestada, por lo que mantiene el pronunciamiento sobre costas.
Resumen: Se trata de la nulidad de una cláusula suelo sobre la que se pacta posteriormente la supresión de la misma y la renuncia por el cliente a toda reclamación derivada de la misma. La sala señala que el pacto tiene la naturaleza de transacción y que ha de ser sometido al examen de transparencia en los mismos términos que la cláusula suelo. Concluye que en el caso no ha sido dada la debida información sobre las consecuencia económicas de la renuncia incluida en el pacto transaccional. En consecuencia, se da lugar a la acción de nulidad de la cláusula suelo con condena al banco a devolver las sumas percibidas en exceso por su aplicación. Revoca la sala el pronunciamiento de la sentencia de primera instancia por el que se fija la cuantía del procedimiento en 6.000 €