Resumen: La Audiencia considera que los denominados microcréditos (créditos de escasa cuantía y de concesión rápida) sí están sometidos a la ley de represión de la usura. Dicha norma es aplicable tanto a los negocios jurídicos civiles como mercantiles; aunque en un principio hubiera sido reacia la jurisprudencia a su aplicación a los mercantiles. En su interpretación utiliza los criterios de la STS de 25 de noviembre de 2015; por tanto, sin exigir la situación angustiosa del prestatario. En cuanto al concepto de interés normal del dinero, habrá de atenderse a las concretas operaciones de que se trate. Y la parte prestamista no ha probado el carácter normal de un interés remuneratorio del 476,09% de interés.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó sustancialmente la demanda presentada para solicitar la nulidad de cláusulas abusivas de préstamo hipotecario. El tribunal de apelación estimó el recurso de apelación y dejó sin efecto la nulidad de la cláusula de repercusión de gastos: el tribunal de apelación considera que la cláusula impugnada es una estipulación que vincula a comprador y vendedor, y no a la prestamista, por lo que la subrogación en el contrato de préstamo no se ve afectada por tal cláusula (falta de legitimación pasiva de la prestamista). Distingue el tribunal entre la nulidad de la cláusula suelo del préstamo en el que se subroga el comprador de la vivienda (se refiere a cláusula incorporada por la prestamista sin la debida transparencia, tanto para el prestatario originario como para los subrogados) de la cláusula de repercusión de gastos de la compraventa (se refiere a cláusula impuesta por el vendedor al comprador, no por la prestamista).
Resumen: Cuando se trata de ficheros relativos al cumplimiento de obligaciones dinerarias, la deuda debe ser, además de vencida y exigible, cierta, es decir, inequívoca, indudable. Por tal razón, no cabe incluir en estos registros datos personales por razón de deudas inciertas, dudosas, no pacíficas o sometidas a litigio. Ahora bien, lo anterior no significa que cualquier oposición al pago de una deuda, por injustificada que resulte, suponga que la deuda es incierta o dudosa, porque en tal caso la certeza y exigibilidad de la deuda se dejaría al exclusivo arbitrio del deudor, al que le bastaría con cuestionar su procedencia, cualquiera que fuera el fundamento de su oposición, para convertir la deuda en incierta. Y lo que está manteniendo el recurrente como motivo de apelación, se circunscribe a la denuncia de la existencia de cláusulas abusivas en el contrato de préstamo cuyo impago dio origen a su inclusión en el fichero, expuesta en su oposición a la ejecución, cuando ya en la misma se determinó que no era admisible su estudio por cuanto que no podía ser considerado consumidor.
Resumen: Reclama la prestamista la devolución del préstamo que afirma haber hecho al demandado. La sala entiende acreditado el préstamo porque acreditada las entregas de dinero que se relacionan en la demanda, ha de entenderse que lo fueron a título de préstamo dada la presunción de onerosidad de todo desplazamiento patrimonial,y porque el demandado no ha acreditado su explicación de que las mencionadas entregas de dinero hayan sido efectuadas como devolución de anteriores entregas que había efectuado a la parte actora. Conclusión que ve corroborada por el intercambio de emails entre las partes, al tiempo de la ruptura de la relación que mantuvieron en su día. Recuerda la sala que la valoración de la prueba corresponde principalmente a la primera instancia, y aún cuando la apelación autoriza a su revisión, solo deber realizarse cuando se evidencie que resulte ilógica o manifiestamente errónea.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada para solicitar la nulidad de condiciones generales de la contratación y condena de la demandada a restituir sumas indebidamente cargadas a la demandante en virtud de cláusula abusiva. El tribunal de apelación desestimó el recurso de apelación interpuesto y confirmó la sentencia recurrida. El tribunal de apelación considera legitimado a cualquiera de los prestatarios para ejercitar acción para solicitar nulidad de cláusulas abusivas del contrato de préstamo y la restitución del importe correspondiente. Analiza el tribunal la figura del litisconsorcio activo necesario y considera que la integración subjetiva se puede conseguir con la intervención de cualquiera de los obligados solidariamente por el contrato de préstamo. En cuanto a la finalidad del préstamo, el tribunal considera que es mixta: adquisición de vivienda para su uso como residencia familiar y para destinarla a una actividad profesional. En el caso analizado, el tribunal considera que el objeto profesional no predomina sobre el personal y por tanto gozan los prestatarios de la condición de consumidores.
Resumen: Se desestima el recurso del demandado, con imposición de las costas de la alzada, y se confirma la sentencia apelada, estimatoria en parte de la demanda y condenatoria al pago de la cantidad que fija y de las costas procesales de esa primera instancia. Recoge la Sala el criterio jurisprudencial que estima aplicable al caso. Señala que la insolvencia no exonera del pago, al no ser caso fortuito ni fuerza mayor; el hecho de que sea inevitable no puede equipararse a que el deudor deje de cumplir sus obligaciones de buena fe (de modo no intencionado), pues la mala fe no es lo que caracteriza al incumplimiento, ni la buena fe o falta de intencionalidad en el incumplimiento exonera del cumplimiento de lo debido. El incumplimiento puede producirse por dolo, negligencia, morosidad, o cualquier motivo que determine el incumplimiento de las obligaciones, pero el dolo lo único que hace es cualificar el incumplimiento y sus consecuencias, limitando éstas la buena fe del deudor que incumple sus obligaciones, pero sin exonerarlo de su responsabilidad. En el caso, los documentos aportados por el demandado no permiten concluir que la insolvencia provenga de una situación que de alguna manera pueda ser considerada como constitutiva de un caso fortuito o fuerza mayor, u otra circunstancia que pudiera exonerar del pago. El demandado no ha probado que concertase el préstamo con previsibilidad, diligencia y prudencia lo suficientemente relevantes para tal exoneración.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó en parte la demanda presentada para solicitar la nulidad de la cláusula de imputación de gastos al prestatario. El tribunal de apelación desestimó el recurso de apelación interpuesto y confirmó la sentencia recurrida. Considera el tribunal que el préstamo contratado entra en el ámbito especial de la normativa de consumidores y usuarios: a persona física que actúa al margen de una actividad empresarial es consumidora, aunque pueda tener un ánimo de lucro (compra de segunda vivienda). Sobre la carga de la prueba: si en la escritura no se alude a la finalidad del préstamo ni consta nada al respecto en la documentación precontractual, la prestamista no se puede limitar a negar la condición de consumidor del prestatario y debe asumir la carga de alegar circunstancias en las que fundar su negativa (indicar a su juicio, y sobre la base de los tratos previos habidos antes de la concesión del préstamo, cuál es esa actividad empresarial, profesional y comercial a la que se dedica el préstamo, y no lo hace, o proponer prueba al respecto, y más aún tratándose de unas prestatarias personas físicas). En relación con el impuesto de actos jurídicos documentados, expone la jurisprudencia que atribuye al prestatario la condición de sujeto pasivo del impuesto.
Resumen: Se estiman en parte el recurso y la oposición al mismo, y se revoca de igual modo la sentencia apelada, estimando en parte la demanda y declarando la nulidad de las cláusulas de intereses moratorios, gastos notariales, registrales y procesales, cesión del crédito hipotecario y resolución del préstamo, sin costas en ambas instancias. Respecto de la cláusula suelo, señala la Sala que no declara su nulidad al no constar su existencia ni datos concretos. Declara nula la cláusula de intereses moratorios (4 puntos superior al interés nominal) por sobrepasar el porcentaje fijado en la jurisprudencia y legislación que reseña, debiéndose abonar solo el remuneratorio pactado. En cuanto a la cláusula de gastos, conforme a la jurisprudencia, es nula la que impone el pago de todos ellos al prestatario; en particular, los de notaría y registrales, por imponerse de modo indiscriminado, y los procesales, por ser una cuestión a fijar en cada procedimiento conforme a las normas procesales; sobre los impuestos indica que ha de seguirse lo establecido por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Respecto a la cesión del crédito hipotecario, limita los derechos de la prestataria al tratarse no solo de una transmisión del crédito sino de una cesión del contrato, implicando una renuncia o limitación de los derechos del consumidor, legalmente prohibida, por lo que es nula. También lo es la cláusula sobre la resolución del contrato, según la jurisprudencia que reseña, indicando sus efectos.
Resumen: Accede el juzgador a la adopción de las medidas cautelares previas solicitadas, inaudita parte por razones de urgencia, al entender que concurren todos los requisitos legales para ello, en especial, como consecuencia de la situación sobrevenida y no esperable derivada de la pandemia provocada por el Covid-19, que ha afectado gravemente el modelo de negocio de la actora y a los resultados que eran esperables y previsibles en una situación normal. Analiza el juzgador las figuras de la alteración sustancial de circunstancias (rebus sic stantibus) y de la fuerza mayor, reseñando la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Las medidas adoptadas son: suspensión de los vencimientos de principal e intereses fijando la nueva fecha en que pasan a ser exigibles; la suspensión de la obligación de cumplimiento de los Ratios Financieros; prohibición a las demandadas de resolver el contrato de autos, a dar por vencido el préstamo y a exigir su reembolso, total o parcial, y la prohibición de ejecutar las garantías, de cualquier clase, del préstamo, ya por incumplimiento de los pagos correspondientes de las cuotas de amortización de principal e intereses, ya por incumplimiento de los Ratios Financieros. Fija el importe de la caución a prestar. Se establece igualmente la obligación de la parte instante de la medida de interponer la demanda en el plazo legal previsto.
Resumen: Se estima el recurso del actor y se declara la nulidad de la cláusula suelo, condenando a la entidad demandada a abonar al actor la cantidad que se determine en ejecución de sentencia, teniendo en cuenta el diferencial estipulado sobre el tipo de referencia, y que indebidamente haya cobrado en aplicación de dicha cláusula desde la fecha de formalización del préstamo, más los intereses desde las fechas de los abonos indebidos, imponiendo las costas de primera instancia a la demandada y sin costas en la alzada. Examina la Sala si el actor tiene la condición de consumidor, aplica la jurisprudencia que reseña, y señala que no se ha probado que el local, antes referido y adquirido por el actor y esposa, estuviera destinado al desarrollo de actividad profesional o empresarial ni tampoco que los adquirentes desarrollen cualquier tipo de actividad empresarial; concluye que los prestatarios, actor y esposa, tienen la condición de consumidores en la operación de compra de la que dimana el préstamo hipotecario objeto de autos. La condición de consumidores no se pierde porque la referida operación estuviera inspirada en un ánimo de lucro. Pasa a analizar la cláusula suelo, teniendo en cuenta también la jurisprudencia reciente sobre los controles de incorporación y transparencia y sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores. Indica que no existió una información precontractual clara y precisa y la cláusula no supera el control de transparencia, siendo nula.