Resumen: En procedimiento de ejecución de títulos no judiciales frente a una persona jurídica y diversos particulares como avalistas o fiadores, se plantea la consideración de dichos particulares como consumidores, la nulidad por abusiva de la cláusula de intereses moratorios, así como la posible aplicación del denominado retracto de créditos litigiosos del art. 1535 CC. En cuanto al primer punto, tratándose de avalistas particulares, que no se dedican a dicha actividad, ni la realizan de forma continuada o habitual, deben ser considerados como consumidores con la aplicación de la normativa favorable a los mismos. En relación a la cláusula de intereses moratorios, se aplica la doctrina jurisprudencial en cuanto que se considera abusivo un interés de demora que suponga un incremento de más de dos puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio pactado en un préstamo personal, declarando la nulidad de tal cláusula. En relación al retracto de crédito litigioso, consta que durante el procedimiento judicial se ha producido la cesión del crédito litigioso, por lo que se alega debería haberse reconocido el derecho de retracto del art 1535 CC. Se rechaza tal alegación pues no se está ante una venta o cesión de uno o varios créditos individualizados por un precio determinado, sino ante la transmisión en bloque mediante un contrato de compraventa de una cartera de créditos, independientemente de que este no sería el procedimiento adecuado para el reconocimiento o no de tal derecho.
Resumen: Desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia en la que se desestimó la demanda de reconocimiento de crédito derivado de unos préstamos entre empresas del mismo grupo, que constaban en documentos privados, sin fehaciencia alguna, en cuanto a la fecha, por no haber sido incorporados a ningún registro público, por lo que carecen de relevancia probatoria y eficacia en el concurso, al no haber podido ser verificadas por la Administración concursal con la correspondiente contabilidad de las distintas empresas. Recuerda el importante valor probatorio de los informes de la Administración Concursal por el especial y necesario conocimiento de la situación económica, jurídica y contable del deudor.
Resumen: La sentencia de instancia declara la nulidad, por usurario, del contrato de tarjeta de crédito, y condena a la demandada a abonar la suma de 16.453,06 euros en que se cifran las cantidades abonadas que exceden de la cantidad dispuesta. La sentencia afirma que deben tomarse como referencia para señalar el tipo de interés habitual en el mercado de tarjetas de crédito revolving, el interés medio cobrado por las entidades financieras en los créditos al consumo. Las tarjetas de crédito y los préstamos personales al consumo pertenecen a mercados de referencia distintos. La mayoría de las tarjetas de crédito que hay en circulación pueden emplearse como medio de pago, de modo que los clientes financian nada, y no pagan intereses de ningún tipo. Estamos ante una modalidad distinta a la de un préstamo al consumo, productos no comparables. El TS considera que la referencia del interés normal del dinero que ha de utilizarse para determinar si el interés remuneratorio es usurario debe ser el interés medio aplicable a la categoría a la corresponda la operación cuestionada, en este caso el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito con tarjetas de crédito del Banco de España. En cuanto a la determinación de un crédito revolving como usurario, el tipo medio del que se parte para realizar la comparación es algo superior al 20% anual. También ha de valorarse el público al que van dirigido, personas ya endeudadas. En ese caso el interés se fija en el 24%, por lo que se estima la demanda.
Resumen: Desestima el Tribunal el recurso basándose en el hecho de que la ocupación de la vivienda por parte del demandado se hacía sin título que la justificase, por no poder considerar que la relación orgánica que mantiene con la sociedad antigua propietaria, sin acreditar la existencia de contrato de arrendamiento, legitime la ocupación. Añade que no puede apreciarse prejudicialidad penal, puesto que no consta admitida la querella que el demandado interpuso contra el administrador de la actora, y además no se discute que la sociedad antigua propietaria vendiera la vivienda, sin que se hubiera acreditado en el procedimiento la existencia de hechos de apariencia delictiva.
Resumen: Se estima en parte el recurso de la entidad bancaria demandada, sin costas, se desestima el formulado por el actor, con costas, y se revoca parcialmente la sentencia recurrida reduciendo el importe de la condena como efecto derivado de la nulidad de la cláusula de gastos, con intereses legales desde la fecha de realización de los pagos; se confirma el resto de pronunciamientos. Aplica la Sala la doctrina jurisprudencial sobre la materia, extrayendo los aspectos más importantes: abusividad de las cláusulas que, en contratos de préstamo con consumidores, sin negociación y de manera predispuesta, atribuyen indiscriminadamente al consumidor el pago de todos los gastos generados por la operación; el efecto restitutorio (art. 6.1 de la Directiva y art. 1.303 del Código Civil) no es directamente aplicable, pues no son pagos hechos por el consumidor al banco que este deba restituir, sino pagos hechos por el consumidor a terceros en virtud de la imposición de la cláusula abusiva; mantiene el referido carácter abusivo. Respecto a los efectos restitutorios, se establecen los criterios en atención a cada uno de los indicados pagos (impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados; notaría; Registro de la Propiedad; gestoría).
Resumen: Condiciones generales de la contratación. Cláusula suelo. Es jurisprudencia reiterada de esta Sala que en los contratos celebrados bajo condiciones generales de la contratación en los que los adherentes no son consumidores no resultan procedentes los controles de transparencia y abusividad, sino únicamente el control de incorporación. En el caso, la Audiencia no ha realizado un control de transparencia, sino que considera que la cláusula no supera el control de incorporación porque los prestatarios no tuvieron oportunidad real de conocer su inclusión en el contrato y, por tanto, su mera existencia. Ello no supone hacer un control de transparencia, sino un control de incorporación que es pertinente respecto de cualquier adherente, sea consumidor o profesional. Para que una condición general de la contratación supere el control de incorporación debe tratarse de una cláusula con una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión gramatical normal y que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato, esto es, junto al parámetro de la claridad y comprensibilidad, debe concurrir el requisito de la posibilidad de conocimiento. El recurso de casación solo puede dirigirse contra el razonamiento operativo de la sentencia y no cabe, por ello, impugnar razonamientos auxiliares, accesorios, obiter dicta o a mayor abundamiento, cuya hipotética eliminación no alteraría el camino lógico que conduce a la conclusión del fallo.
Resumen: La sentencia de instancia declara la nulidad de la cláusula sobre gastos incluida en el préstamo con garantía hipotecaria. El recurso de apelación interpuesto por BBVA se centra en la cláusula sobre gastos en relación al impuesto de Actos Jurídicos Documentados, y en la cláusula sobre el IRPH contenida en la escritura. La Sala anticipa el cambio de criterio, en anteriores resoluciones decía que, dada la naturaleza del interés público que constituye la protección de los consumidores, la cláusula, analizada en abstracto, es nula y debe excluirse del contrato. En consecuencia, debe restablecerse la situación de hecho y de derecho en la que se encontraba el consumidor, esto es, tiene derecho a la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por la entidad financiera en detrimento suyo. Este criterio debe matizarse en cuanto al impuesto, ha de tenerse en cuenta que el sujeto pasivo es al prestatario a quien le corresponde el pago. En lo que respecta al derecho de cuota variable en función de la cuantía del acto o negocio será sujeto pasivo el prestatario. En el derecho de cuota fija hay que distinguir la matriz, que se abonará por el prestatario, y las copias que se pagarán por quien las solicite. En relación al IPPH, el TS ha mantenido su validez, se trata de un índice definido y regulado legalmente que se incorpora a un contrato de préstamo, es por ello que no puede ser objeto de control de transparencia, que se realiza por la administración, así lo indica la Directiva.
Resumen: Los actores, consumidores, ejercitan acción de nulidad, entre otras cláusulas, de la que establece como índice de referencia del interés variable IRPH Cajas, como sustitutivo el IRPH CECA y como segundo sustitutivo el Tipo de interés aplicado antes de haberse dejado de publicar los anteriores. La sentencia de primera instancia declara valida la cláusula IRPH y nulo el segundo índice sustitutivo (Tipo fijo). La sentencia de apelación declara nula la cláusula en el apartado referente al IRPH de las cajas de ahorros, por abusivo, al no constar que la entidad financiera hubiera cumplido la obligación de informar al consumidor sobre la evolución del índice durante los dos años naturales anteriores a la celebración del contrato del último valor disponible y también en el apartado que establece como interés sustitutivo el ultimo valor disponible del IRPH Cajas por convertir un préstamo a interés variable en uno fijo y en aras al mantenimiento del contrato, en beneficio del consumidor, procede a su integración mediante la aplicación del índice previsto legalmente para en los casos de préstamos a interés variable con índices de referencia suprimidos, carentes de disposición contractual supletoria.
Resumen: Se plantea el alcance retroactivo de la doctrina del TJUE respecto a la posibilidad de reclamar la devolución de cantidades indebidamente abonadas por los consumidores prestatarios con ocasión de la aplicación de una cláusula suelo declarada nula desde la fecha de celebración del contrato cuando previamente habían obtenido una declaración favorable que imponía al prestamista devolver lo indebidamente percibido desde el 09/05/2013, lo que se reuelve en base a (i) la eficacia de cosa juzgada solo puede apreciarse en aquéllos casos en que la pretensión de devolución de lo indebidamente cobrado como consecuencia de la aplicación de una cláusula suelo declarada nula desde la fecha de celebración del contrato se hubiera deducido con anterioridad, no a los casos en que la pretensión deducida se hubiera limitado a solicitar la devolución de lo cobrado desde el 09/05/2013, y (ii) que en elcaso de reducción pactada del tipo de la cláusula suelo hay que atender a la consideración de si se trata de mera novación, que sería nula, de si hay transacción, porque te caso la obligación preexistente sobre la que existe controversia pudiera ser nula, no contraviene la ley, pues nos encontramos ante una materia disponible, dado que en principio no cabe negar la posibilidad de que pueda transigirse en contratos con consumidores, y señala que la imperatividad de las normas no impide la posibilidad de transigir, siempre que el resultado del acuerdo sea conforme al ordenamiento jurídico.
Resumen: El Juzgado desestimó la demanda en la que se reclama la nulidad de una cláusula de gastos en base a que el préstamo era del año 1991, anterior, por lo tanto, a la Ley 7/1998. La Audiencia considera que la protección de los consumidores frente a las utilización de manera general de cláusulas abusivas en la contratación de bienes y servicios no se inició en Europa, ni en España, con la Directiva 93/13/CEE, sí existía ya una regulación que protegía al consumidor, la Ley 26/1984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en la mencionada ley aparecía una definición de las condiciones generales, la regla de la nulidad parcial y la de interpretación contra proferetem, así como disposiciones que permitían ya el control de incorporación de las cláusulas, condiciones o estipulaciones que con carácter general se utilizaban en la oferta, promoción y venta de productos o servicios, lo que permite declarar la nuliad por abusividad de la cláusula de gastos.