Resumen: La sala estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que acogió la pretensión de nulidad de un cláusula suelo inserta en un préstamo con una sociedad mercantil, por considerar que no superaba el control de incorporación. La sala reitera que el control de incorporación requiere, en primer lugar, que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato la existencia de la condición general controvertida y, en segundo lugar, que la misma tenga una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión gramatical normal. En el caso de las cláusulas suelo, su inclusión en la escritura pública y su lectura por el notario o, en su caso, por los contratantes suele satisfacer ambos aspectos, puesto que su claridad semántica no ofrece duda. En el caso litigioso, la Audiencia resuelve que no se cumplía el control de incorporación porque el empleado no conocía la cláusula suelo y, por eso, tampoco el cliente. Pero dicho tipo de conocimiento no se refiere a la incorporación, sino al funcionamiento de la cláusula, es decir a la consciencia sobre su carga jurídica y económica, lo que constituye control de transparencia y no de inclusión. Además, la Audiencia reconduce su argumentación a la buena fe contractual que no existiría, para hacer realmente unos controles de transparencia y abusividad improcedentes en un contrato entre profesionales. Se asume la instancia y se desestima la demanda.
Resumen: Préstamo personal concertado con un consumidor. Cláusula de vencimiento anticipado. La jurisprudencia no niega validez a la cláusula de vencimiento anticipado, siempre que esté claramente determinado en el contrato en qué supuestos se podría dar lugar a dicho vencimiento, sin que ello pueda quedar al arbitrio del prestamista. La posible abusividad puede provenir de los términos en que la condición general predispuesta permita el vencimiento anticipado, no de la mera previsión de vencimiento anticipado, que no es, per se, ilícita. Para que una cláusula de vencimiento anticipado no sea abusiva, debe modular la gravedad del incumplimiento en función de la duración y cuantía del préstamo. Se considera abusiva la cláusula de vencimiento anticipado porque permite la resolución por el incumplimiento de un solo plazo, no vinculándose a parámetros cuantitativa o temporalmente graves. Consecuencias de la nulidad de la cláusula: a diferencia de lo que sucede con los préstamos hipotecarios, en los contratos de préstamo personal, la supresión o expulsión de la cláusula de vencimiento anticipado declarada abusiva no compromete la subsistencia del contrato. Como la parte acreedora ha optado por el cumplimiento forzoso del contrato y no por su resolución, deberá condenarse solidariamente a los demandados al pago de las cantidades adeudadas a la fecha de interposición de la demanda.
Resumen: La cláusula de intereses remuneratorios puede ser una verdadera condición general si reúne las característica propias de estas y debe cumplir los requisitos del control de incorporación y transparencia material como elemento principal del contrato. El juez debe verificar que se hubieran comunicado al consumidor todos los elementos que pueden incidir en el alcance de su compromiso, permitiéndole evaluar el coste total de su préstamo.El juicio negativo sobre transparencia no conduce necesariamente a la nulidad de la cláusula de que se trate, sino que abre la puerta al juicio de abusividad, evaluando la eventual inclusión contraria a las exigencias de la buena fe y desequilibrio importante de derechos y obligaciones entre las partes. Aquí la cláusula resulta clara y formalmente comprensible. Pero no consta el cumplimiento por parte de la entidad bancaria de su obligación de informar de la evolución del tipo de interés de referencia durante, al menos, los dos últimos años. Tal información era obligada como elemento de transparencia en la contratación de los prestamos hipotecarios. En tales condiciones no puede por menos de afirmarse un déficit de transparencia respecto de la cláusula analizada. Esto abre la puerta al examen de la posible nulidad por abusiva de la cláusula. En el presente caso no se ofrecen por el recurrente concretas razones para sostener esa abusividad, salvo la mera alusión a la condición de índice mas gravoso que el Euribor, insuficiente a tal efecto.
Resumen: La sala estima el recurso de casación y desestima el recurso por infracción procesal frente a una sentencia que, previa declaración de nulidad de la cláusula de gastos en un préstamo hipotecario, había condenado a la entidad prestamista a reintegrar a los prestatarios el pago del impuesto de actos jurídicos documentados. La sala reitera su jurisprudencia, que establece la obligación del prestatario de asumir el pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en cuanto sujeto pasivo del mismo según su ley reguladora en la fecha en que se suscribió el préstamo. Esta conclusión ha sido reafirmada por las conclusiones de las sentencias del pleno de la Sala Tercera de este Tribunal Supremo 669/2018, 1670/2018 y 1671/2018, de 27 de noviembre. Añade que en nada afecta a ello que el Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (convalidado por el Congreso de los Diputados el 22 de noviembre siguiente), haya formulado una regulación distinta puesto que dicha norma, conforme a su propia previsión de entrada en vigor, solamente es aplicable a los contratos de préstamo hipotecario celebrados con posterioridad a su vigencia, sin retroactividad alguna.
Resumen: Acción de nulidad de préstamo hipotecario suscrito por una mercantil, siendo fiadores solidarios e hipotecantes su administrador y la esposa de este, quienes formularon demanda de nulidad por condiciones abusivas (cláusulas de vencimiento anticipado y de interés de demora). En apelación se consideró que la demandante no tenía la condición legal de consumidora porque había actuado en su ámbito profesional. Jurisprudencia sobre la condición legal de consumidor y la vinculación funcional. Sobre el problema de la vinculación funcional de la esposa del deudor comerciante, a efectos de ser considerada o no consumidora, existen dos sentencias que, aunque aplican la misma jurisprudencia del TJUE, llegan a soluciones distintas por ser también distintas las circunstancias. En un caso, valorando que la esposa no solo era garante del esposo sino también prestataria, no ajena a las deudas que se refinanciaron con el préstamo, se concluyó que la esposa tenía vinculación funcional con el negocio litigioso y carecía de la condición legal de consumidora. En otro caso, la deuda no se contrajo por el esposo en el ejercicio de su actividad empresarial, sino que la deudora era una sociedad mercantil de la que el esposo era administrador social. En este caso, aunque se asemeja al segundo, no obstante el esposo no es solo administrador sino que tiene una participación significativa en su capital. La demandante es cotitular (con el marido) del 90% del capital, por lo que no es ajena a la actividad.
Resumen: Celebrado contrato de préstamo con garantía hipotecaria, ante el impago de este, el banco presentó una demanda de juicio ordinario contra los fiadores, en la que reclamó las cantidades debidas tras el vencimiento anticipado, por capital, intereses remuneratorios e intereses moratorios. Los demandados se opusieron alegando la existencia de cláusulas abusivas en el contrato. El juzgado dictó sentencia en la que estimó la demanda y negó que los demandados tuvieran la cualidad legal de consumidores. La Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación de los demandados. La sentencia de segunda instancia consideró que la demandada no era consumidora, porque no era ajena al ámbito empresarial del préstamo, en cuanto que era la esposa en régimen de gananciales del socio único de la entidad prestataria. Recurrida en casación se insiste en que la demandada tiene la cualidad de consumidora, puesto que, al margen de ser la esposa del socio único de la entidad prestataria, no había mantenido nunca ninguna actividad relacionada con la sociedad prestataria. y simplemente actuó como fiadora para dotar de más garantías al contrato, por exigencia de la entidad prestamista. El recurso de casación se desestima. Precedentes jurisprudenciales del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ausencia de la condición legal de consumidora: vinculación funcional del deudor; régimen legal de gananciales; inexistencia de ajenidad a la finalidad empresarial del préstamo.
Resumen: Los actores, consumidores, ejercitan acción de nulidad de la cláusula que establece como tipo de referencia para el cálculo del interés el IRPH-Cajas y el sustitutivo IRPH-Conjunto de entidades, por infracción de LCGC, por contravenir normas bancarias de carácter imperativo y ser susceptible de manipulación. La sentencia de primera instancia desestima la demanda. La sentencia de apelación, que desestima el recurso, recuerda que el TS declara que es posible someter a control de transparencia la condición general en la se estipula que el interés del préstamo fluctuará con arreglo al IRPH pero no el propio índice como tal, porque el predisponente no define contractualmente el índice de referencia, sino que se remite a uno de los índices oficiales regulados mediante disposiciones legales, criterio que no difiere sustancialmente del expresado por el TJUE, que se limita a matizar que la cláusula que se remite al IRPH no incorpora norma imperativa ni dispositiva ; considera que la cláusula controvertida no plantea por ello problemas de incorporación, que conocida la cláusula el eventual incumplimiento de la obligación de entrega de oferta vinculante no impediría considerar la cláusula adecuadamente incorporada sin perjuicio de la eventual incidencia en la transparencia material, sin que sea exigible a la entidad formular oferta con otros índices y que las consecuencias del distinto comportamiento de uno y otro índice son obvias. Voto Particular
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada para solicitar la nulidad, por usurario, del contrato de préstamo. El tribunal de apelación estimó en parte el recurso de apelación, pero únicamente en relación con el pronunciamiento sobre las costas procesales por considera que concurren serias dudas de Derecho. El tribunal de apelación aplica los criterios jurisprudenciales sobre el carácter usurario del contrato de tarjeta de crédito de pago aplazado (revolving), y considera que, para valorar el carácter usurario del tipo de interés, es preciso tomar como referencia los datos estadísticos del Banco de España sobre ese tipo de tarjetas, pero, al ser muy elevados, para apreciar la usura no se puede exigir que el incremento del tipo de interés pactado sea muy superior al previsto como tipo promedio. El tribunal también considera nulo el contrato de préstamo contratado para financiar el pago del saldo deudor de la tarjeta de crédito: contratos vinculados y conexos (la nulidad del originario propaga su nulidad al vinculado).
Resumen: Se declara la nulidad de la cláusula suelo inserta en una escritura de novación de un préstamo hipotecario porque se afirma la condición de consumidor del prestatario, el carácter de condición general de la cláusula, la falta de negociación individual de la misma, y el incumplimiento por el banco de las exigencias que comporte el control de transparencia, sin que afecte a todo ello la intervención de notario en la autorización de la escritura de novación del préstamo hipotecario. La declaración de nulidad de la cláusula comporta que haya de realizarse una nueva liquidación del préstamo y la condena al banco a reintegrar al actor las sumas pagadas en exceso por consecuencia de su aplicación.
Resumen: Ejercita el prestatario las acciones de nulidad de las cláusulas suelo y de gastos insertas en un préstamo hipotecario, y la acción de reclamación de las cantidades pagadas en exceso por su aplicación. La sala concluye que se trata de condiciones generales de contratación que no superan el control de transparencia y declara su nulidad. Rechaza la prescripción de las acciones de reclamación de cantidad por las cantidades pagadas en exceso. Se declara nula igualmente la cláusula que establece una comisión por posiciones deudoras, pues no ha sido acreditado que responda a un gasto efectivo de gestión ni servicio en beneficio del deudor, lo que implica una segunda y doble indemnización por la demora.