• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LOS ANGELES PARRA LUCAN
  • Nº Recurso: 4597/2017
  • Fecha: 15/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión examinada es si procede la nulidad del contrato de préstamo en que se suponga recibida mayor cantidad que la verdaderamente entregada, cuando el prestamista retiene cantidades que no están debidamente justificadas e identificadas. La sentencia de primera instancia, confirmada en apelación, declara únicamente la nulidad de la cláusula en que se establecían los intereses de demora del 29%, aplicando la normativa de cláusulas abusivas, pero descarta sin embargo la nulidad por usura. En casación se concluye que, en realidad, con el desglose de las cantidades retenidas se está enmascarando que la suma entregada era inferior a la que se suponía prestada. Dichas cantidades no están debidamente justificadas e identificadas, y resulta una desproporción de la suma de todas las cantidades descontadas respecto del dinero que se dice prestado. Estas circunstancias permiten concluir que, en el caso, resulta difícil aceptar que todas esas cantidades que los prestatarios no recibieron puedan considerarse como entregadas por servicios prestados o gastos que corrieran de su cuenta. La estimación del recurso de casación determina que se case la sentencia recurrida y en su lugar, con estimación parcial del recurso de apelación de los demandantes, se declara la nulidad del contrato de préstamo con garantía hipotecaria celebrado por las partes, lo que comporta que los prestatarios solo estén obligados a devolver la suma efectivamente recibida, con nulidad de la garantía hipotecaria.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 3490/2017
  • Fecha: 12/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que acogió la pretensión de nulidad de un cláusula suelo inserta en un préstamo con una sociedad mercantil, por considerar que no superaba el control de incorporación. La sala reitera que el control de incorporación requiere, en primer lugar, que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato la existencia de la condición general controvertida y, en segundo lugar, que la misma tenga una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión gramatical normal. En el caso de las cláusulas suelo, su inclusión en la escritura pública y su lectura por el notario o, en su caso, por los contratantes suele satisfacer ambos aspectos, puesto que su claridad semántica no ofrece duda. En el caso litigioso, la Audiencia resuelve que no se cumplía el control de incorporación porque el empleado no conocía la cláusula suelo y, por eso, tampoco el cliente. Pero dicho tipo de conocimiento no se refiere a la incorporación, sino al funcionamiento de la cláusula, es decir a la consciencia sobre su carga jurídica y económica, lo que constituye control de transparencia y no de inclusión. Además, la Audiencia reconduce su argumentación a la buena fe contractual que no existiría, para hacer realmente unos controles de transparencia y abusividad improcedentes en un contrato entre profesionales. Se asume la instancia y se desestima la demanda.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 2213/2016
  • Fecha: 09/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Préstamo personal concertado con un consumidor. Cláusula de vencimiento anticipado. La jurisprudencia no niega validez a la cláusula de vencimiento anticipado, siempre que esté claramente determinado en el contrato en qué supuestos se podría dar lugar a dicho vencimiento, sin que ello pueda quedar al arbitrio del prestamista. La posible abusividad puede provenir de los términos en que la condición general predispuesta permita el vencimiento anticipado, no de la mera previsión de vencimiento anticipado, que no es, per se, ilícita. Para que una cláusula de vencimiento anticipado no sea abusiva, debe modular la gravedad del incumplimiento en función de la duración y cuantía del préstamo. Se considera abusiva la cláusula de vencimiento anticipado porque permite la resolución por el incumplimiento de un solo plazo, no vinculándose a parámetros cuantitativa o temporalmente graves. Consecuencias de la nulidad de la cláusula: a diferencia de lo que sucede con los préstamos hipotecarios, en los contratos de préstamo personal, la supresión o expulsión de la cláusula de vencimiento anticipado declarada abusiva no compromete la subsistencia del contrato. Como la parte acreedora ha optado por el cumplimiento forzoso del contrato y no por su resolución, deberá condenarse solidariamente a los demandados al pago de las cantidades adeudadas a la fecha de interposición de la demanda.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Santander
  • Ponente: JAVIER DE LA HOZ DE LA ESCALERA
  • Nº Recurso: 814/2019
  • Fecha: 08/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cláusula de intereses remuneratorios puede ser una verdadera condición general si reúne las característica propias de estas y debe cumplir los requisitos del control de incorporación y transparencia material como elemento principal del contrato. El juez debe verificar que se hubieran comunicado al consumidor todos los elementos que pueden incidir en el alcance de su compromiso, permitiéndole evaluar el coste total de su préstamo.El juicio negativo sobre transparencia no conduce necesariamente a la nulidad de la cláusula de que se trate, sino que abre la puerta al juicio de abusividad, evaluando la eventual inclusión contraria a las exigencias de la buena fe y desequilibrio importante de derechos y obligaciones entre las partes. Aquí la cláusula resulta clara y formalmente comprensible. Pero no consta el cumplimiento por parte de la entidad bancaria de su obligación de informar de la evolución del tipo de interés de referencia durante, al menos, los dos últimos años. Tal información era obligada como elemento de transparencia en la contratación de los prestamos hipotecarios. En tales condiciones no puede por menos de afirmarse un déficit de transparencia respecto de la cláusula analizada. Esto abre la puerta al examen de la posible nulidad por abusiva de la cláusula. En el presente caso no se ofrecen por el recurrente concretas razones para sostener esa abusividad, salvo la mera alusión a la condición de índice mas gravoso que el Euribor, insuficiente a tal efecto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO SALAS CARCELLER
  • Nº Recurso: 4222/2017
  • Fecha: 02/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala estima el recurso de casación y desestima el recurso por infracción procesal frente a una sentencia que, previa declaración de nulidad de la cláusula de gastos en un préstamo hipotecario, había condenado a la entidad prestamista a reintegrar a los prestatarios el pago del impuesto de actos jurídicos documentados. La sala reitera su jurisprudencia, que establece la obligación del prestatario de asumir el pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en cuanto sujeto pasivo del mismo según su ley reguladora en la fecha en que se suscribió el préstamo. Esta conclusión ha sido reafirmada por las conclusiones de las sentencias del pleno de la Sala Tercera de este Tribunal Supremo 669/2018, 1670/2018 y 1671/2018, de 27 de noviembre. Añade que en nada afecta a ello que el Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (convalidado por el Congreso de los Diputados el 22 de noviembre siguiente), haya formulado una regulación distinta puesto que dicha norma, conforme a su propia previsión de entrada en vigor, solamente es aplicable a los contratos de préstamo hipotecario celebrados con posterioridad a su vigencia, sin retroactividad alguna.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 3120/2017
  • Fecha: 28/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Celebrado contrato de préstamo con garantía hipotecaria, ante el impago de este, el banco presentó una demanda de juicio ordinario contra los fiadores, en la que reclamó las cantidades debidas tras el vencimiento anticipado, por capital, intereses remuneratorios e intereses moratorios. Los demandados se opusieron alegando la existencia de cláusulas abusivas en el contrato. El juzgado dictó sentencia en la que estimó la demanda y negó que los demandados tuvieran la cualidad legal de consumidores. La Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación de los demandados. La sentencia de segunda instancia consideró que la demandada no era consumidora, porque no era ajena al ámbito empresarial del préstamo, en cuanto que era la esposa en régimen de gananciales del socio único de la entidad prestataria. Recurrida en casación se insiste en que la demandada tiene la cualidad de consumidora, puesto que, al margen de ser la esposa del socio único de la entidad prestataria, no había mantenido nunca ninguna actividad relacionada con la sociedad prestataria. y simplemente actuó como fiadora para dotar de más garantías al contrato, por exigencia de la entidad prestamista. El recurso de casación se desestima. Precedentes jurisprudenciales del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ausencia de la condición legal de consumidora: vinculación funcional del deudor; régimen legal de gananciales; inexistencia de ajenidad a la finalidad empresarial del préstamo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 3813/2017
  • Fecha: 28/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Acción de nulidad de préstamo hipotecario suscrito por una mercantil, siendo fiadores solidarios e hipotecantes su administrador y la esposa de este, quienes formularon demanda de nulidad por condiciones abusivas (cláusulas de vencimiento anticipado y de interés de demora). En apelación se consideró que la demandante no tenía la condición legal de consumidora porque había actuado en su ámbito profesional. Jurisprudencia sobre la condición legal de consumidor y la vinculación funcional. Sobre el problema de la vinculación funcional de la esposa del deudor comerciante, a efectos de ser considerada o no consumidora, existen dos sentencias que, aunque aplican la misma jurisprudencia del TJUE, llegan a soluciones distintas por ser también distintas las circunstancias. En un caso, valorando que la esposa no solo era garante del esposo sino también prestataria, no ajena a las deudas que se refinanciaron con el préstamo, se concluyó que la esposa tenía vinculación funcional con el negocio litigioso y carecía de la condición legal de consumidora. En otro caso, la deuda no se contrajo por el esposo en el ejercicio de su actividad empresarial, sino que la deudora era una sociedad mercantil de la que el esposo era administrador social. En este caso, aunque se asemeja al segundo, no obstante el esposo no es solo administrador sino que tiene una participación significativa en su capital. La demandante es cotitular (con el marido) del 90% del capital, por lo que no es ajena a la actividad.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO MARIA GOMEZ SANCHEZ
  • Nº Recurso: 476/2018
  • Fecha: 22/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Los actores, consumidores, ejercitan acción de nulidad de la clausula que establece como tipo de referencia para el cálculo del interés el IRPH-Cajas y el sustitutivo IRPH-Conjunto de entidades , por infracción de LCGC, por contravenir normas bancarias de carácter imperativo y ser susceptible de manipulación. La sentencia de primera instancia desestima la demanda. La sentencia de apelación, que desestima el recurso, recuerda que el TS declara que es posible someter a control de transparencia la condición general en la se estipula que el interés del préstamo fluctuará con arreglo al IRPH pero no el propio índice como tal , porque el predisponente no define contractualmente el índice de referencia, sino que se remite a uno de los índices oficiales regulados mediante disposiciones legales, criterio que no difiere sustancialmente del expresado por el TJUE, que se limita a matizar que la cláusula que se remite al IRPH no incorpora norma imperativa ni dispositiva ; considera que la clausula controvertida no plantea por ello problemas de incorporación, que conocida la clausula el eventual incumplimiento de la obligación de entrega de oferta vinculante no impediría considerar la cláusula adecuadamente incorporada sin perjuicio de la eventual incidencia en la transparencia material, sin que sea exigible a la entidad formular oferta con otros índices y que las consecuencias del distinto comportamiento de uno y otro índice son obvias. Voto Particular
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Murcia
  • Ponente: MARIA DEL PILAR ALONSO SAURA
  • Nº Recurso: 925/2019
  • Fecha: 05/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestima el recurso del demandado, con imposición de las costas de la alzada, y se confirma la sentencia apelada, estimatoria en parte de la demanda y condenatoria al pago de la cantidad que fija y de las costas procesales de esa primera instancia. Recoge la Sala el criterio jurisprudencial que estima aplicable al caso. Señala que la insolvencia no exonera del pago, al no ser caso fortuito ni fuerza mayor; el hecho de que sea inevitable no puede equipararse a que el deudor deje de cumplir sus obligaciones de buena fe (de modo no intencionado), pues la mala fe no es lo que caracteriza al incumplimiento, ni la buena fe o falta de intencionalidad en el incumplimiento exonera del cumplimiento de lo debido. El incumplimiento puede producirse por dolo, negligencia, morosidad, o cualquier motivo que determine el incumplimiento de las obligaciones, pero el dolo lo único que hace es cualificar el incumplimiento y sus consecuencias, limitando éstas la buena fe del deudor que incumple sus obligaciones, pero sin exonerarlo de su responsabilidad. En el caso, los documentos aportados por el demandado no permiten concluir que la insolvencia provenga de una situación que de alguna manera pueda ser considerada como constitutiva de un caso fortuito o fuerza mayor, u otra circunstancia que pudiera exonerar del pago. El demandado no ha probado que concertase el préstamo con previsibilidad, diligencia y prudencia lo suficientemente relevantes para tal exoneración.
  • Tipo Órgano: Juzgado de Primera Instancia
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS ANTONIO BROTO CARTAGENA
  • Nº Recurso: 310/2020
  • Fecha: 30/04/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Accede el juzgador a la adopción de las medidas cautelares previas solicitadas, inaudita parte por razones de urgencia, al entender que concurren todos los requisitos legales para ello, en especial, como consecuencia de la situación sobrevenida y no esperable derivada de la pandemia provocada por el Covid-19, que ha afectado gravemente el modelo de negocio de la actora y a los resultados que eran esperables y previsibles en una situación normal. Analiza el juzgador las figuras de la alteración sustancial de circunstancias (rebus sic stantibus) y de la fuerza mayor, reseñando la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Las medidas adoptadas son: suspensión de los vencimientos de principal e intereses fijando la nueva fecha en que pasan a ser exigibles; la suspensión de la obligación de cumplimiento de los Ratios Financieros; prohibición a las demandadas de resolver el contrato de autos, a dar por vencido el préstamo y a exigir su reembolso, total o parcial, y la prohibición de ejecutar las garantías, de cualquier clase, del préstamo, ya por incumplimiento de los pagos correspondientes de las cuotas de amortización de principal e intereses, ya por incumplimiento de los Ratios Financieros. Fija el importe de la caución a prestar. Se establece igualmente la obligación de la parte instante de la medida de interponer la demanda en el plazo legal previsto.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.