Resumen: El delito de acoso es un delito que se comete sobre personas físicas, no siendo admisible que se produzca respecto de personas jurídicas. El tipo penal castiga al que "acose a una persona" y exige que la consecuencia de la conducta del acosador se altere gravemente el desarrollo de la vida cotidiana de esa persona, por lo que coincidimos en el razonamiento que realiza la Magistrada de Instancia, que estima que las personas jurídicas no tienen "una vida cotidiana" que pueda verse afectada por la conducta del acosador. Tampoco las personas jurídicas tienen un sentimiento de cotidianeidad o de seguridad que quede alterado, ni pueden sentir temor o sensación de atosigamiento, que es el resultado que pretende conseguir una conducta de hostigamiento y de acecho.
Resumen: Integra el delito del art.172.3 inciso 1 del CP, tanto las expresiones como el comportamiento observado por las menores recurrentes frente a la persona denunciante pues implican un evidente plus de violencia integrada no tanto por los insultos proferidos contra el denunciante y referidos a sus características físicas como por la actitud de acoso seguida contra el denunciante, de 74 años de edad, que indudablemente mermaban su paz y su derecho a la libre deambulación, cuyo comportamiento no se encuentra en modo alguno exento de relevancia penal.
Resumen: El TS afirma que existe delito en los casos de autopago de la minuta de honorarios, con cargo a una provisión de fondos, entregado para el pago de impuestos correspondientes a un legado de una vivienda; máxime cuando en el caso concreto el cometido principal quedó sin realizar. En concreto sostiene que la existencia de minuta pendiente no enerva la tipificación del delito de apropiación indebida, por la falta de devolución del dinero entregado en provisión de fondos, cuando le es reclamado al Letrado. Señala que la jurisprudencia rechaza la técnica del "autopago" efectuada por el letrado con cargo a la indemnización cobrada para su principal y declara la existencia del delito de apropiación indebida cuando el letrado, tras realizar las gestiones correspondientes al asunto que le encargó su principal, no reintegra todo lo que percibió del asunto en cuestión, con independencia del posterior cobro de sus honorarios. No existe un ius retentionis para cobro de la minuta de letrado". El TS, sin embargo, afirma que la entrega de joyas realizada por el acusado, aceptada y elegidas por la perjudicada por un valor en un 30% superior a la deuda integra la atenuante de reparación del daño que debe ser estimada como muy cualificada.
Resumen: El procedimiento se inició el día 21 de marzo de 2006, día en que se incoó el procedimiento como Diligencias Previas. El párrafo primero de la Disposición transitoria única de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, establece, sin ningún tipo de excepción, que esta ley se aplicará a los procedimientos penales incoados con posterioridad a su entrada en vigor. Por ello, es evidente que no puede ser aplicada a los procedimientos incoados antes de su entrada en vigor que tuvo lugar el día 6 de diciembre de 2015, conforme a lo dispuesto en su Disposición final cuarta. La ineficacia sobrevenida de las pruebas practicadas en el juicio suspendido por la reanudación de la vista fuera del plazo máximo de treinta días debe entenderse condicionada a la posibilidad de un error en la valoración probatoria.El juicio fue grabado en soporte apto para la grabación y la reproducción. Por ello el principio de inmediación y concentración en la práctica de los medios de prueba quedó en gran medida salvaguardado pese al tiempo transcurrido entre unas y otras sesiones del juicio. Cuando la queja deriva de la falta de pronunciamiento sobre una concreta cuestión jurídica, incongruencia omisiva, que integraría error in iudicando, la jurisprudencia exige para su estimación, que la parte recurrente haya acudido previamente a las previsiones del artículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Resumen: La cuestión radica en determinar las consecuencias penológicas que tiene la intervención en un hecho delictivo calificado de continuado, cuando por hechos similares ya ha recaído condena por el mismo delito, de manera que de haberse tramitado conjuntamente, se hubiera dictado una única sentencia por el delito que daría respuesta a todos los hechos unificados en la continuidad delictiva. Surge la necesidad de introducir una corrección penológica que conduzca a la regla de proporcionalidad en la imposición de la pena legalmente prevista y así evitar el exceso en que puede desembocar la doble pena impuesta en ambos enjuiciamientos. Y han sido dos los mecanismos indiferentemente empleados para la adecuación proporcionada del reproche a la norma punitiva: que en la segunda sentencia se descuente la pena impuesta en la primera; o, evitar que las penas impuestas en las sentencias condenatorias superen, en su conjunto, el marco penal del hecho delictivo. En todo caso, es el principio de proporcionalidad punitiva que justifica la revisión de la sanción, el que ha de servir de referencia para evaluar qué mecanismo corrector es el más adecuado para ajustar la pena a la antijuricidad y culpabilidad apreciable conforme a las circunstancias del caso. Siempre con el techo que supone el marco previsto por el legislador penal. Nos decantamos en este caso por la segunda de las líneas jurisprudenciales, respetuosa con los presupuestos de aplicación de la modalidad agravada (250.2)
Resumen: En los últimos se viene admitiendo la recurribilidad en casación de una decisión adoptada en súplica cuando el auto, recaído en fase de ejecución de sentencia, tenga naturaleza decisoria por incidir en su fallo o bien en la ejecución de la pena a cumplir, como sucede en los casos de abono de prisión preventiva y de aplicación de los límites penológicos del art. 76 CP. La Sala estima que el criterio de la compensación, además de su indudable apoyo en el significado constitucional de la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico, tendrá consecuencias benéficas para el sistema de cumplimiento de las penas y para la propia efectividad de las medidas cautelares. De una parte, por cuanto que contribuirá a eliminar la rutinaria aplicación de una medida restrictiva de la libertad cuya ejecución, vigilancia y seguimiento jurisdiccional no siempre están siendo ejemplares. De otra parte, porque facilitará el efecto pedagógico asociado a la idea de que el cumplimiento por el imputado de esas comparecencias siempre conllevará la expectativa favorable de su futura compensación. Cabe la compensación incluso en los casos en los que la medida cautelar ha consistido en la retirada del pasaporte. El criterio de la compensación encuentra su apoyo en el significado constitucional de la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico, y es uno de los efectos asociados por la LECrim al estatus de libertad provisional del imputado
Resumen: Para determinar la recurribilidad de estas resoluciones, en primer lugar, hay que atender a la fecha de incoación de las diligencias previas. En este caso, las diligencias previas se incoaron en 2013, por lo que no será aplicable el actual artículo 848 LECrim, introducido por la Ley 41/2015 y que sólo es aplicable a los procesos incoados con posterioridad a su entrada en vigor. Los autos de sobreseimiento dictados en apelación en un procedimiento abreviado sólo son recurribles en casación cuando concurran estas tres condiciones: 1) Se trata de un auto de sobreseimiento libre. 2) Haya recaído imputación judicial equivalente a procesamiento, entendiéndose por tal resolución judicial en la que se describa el hecho, se consigne el derecho aplicable y se indiquen las personas responsables. 3) El auto haya sido dictado en procedimiento cuya sentencia sea recurrible en casación
Resumen: Delito de estafa. Estafa impropia. Artículo 251.2 del Código Penal. Circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. Artículo 251.1 del Código Penal: jurisprudencia de la Sala. Supuestos comprendidos en el precepto. Engaño típico en el delito de estafa del artículo 251.1 del Código Penal. Relaciones entre los artículos 248, 249, 250 y 251 del Código Penal. Relaciones entre las estafas especiales (artículo 251 CP) y las estafas agravadas (artículo 250.1.1 CP). El artículo 8 del Código Penal. Concurso de normas. El principio de alternatividad. El principio de especialidad.
Resumen: El procesado agredió por la espalda una mujer que paseaba por la calle rodeando su cuello con el brazo y tratando de asfixiarla. La AP considera que los hechos constituyen un delito de homicidio en grado de tentativa del art. 138 CP, en relación con el 16.1 y 62, absolviendo al apreciar la eximente completa de alteración psíquica. La prueba fue contundente tanto en cuanto a la realidad de los hechos como al evidente ánimo de matar, siendo determinantes los testimonio de la víctima del ciclista que al percatarse de lo ocurrido hizo que el acusado cesara en su conducta. La pericia médica, unida la referencia del testigo al estado del agresor, acreditó el diagnóstico de psicosis esquizofrénica que padece el acusado. La eximente apreciada, por la imposibilidad de comprensión de la ilicitud del hecho o de actuar conforme a esa comprensión, determina la aplicación de la medida de internamiento en establecimiento adecuado para el tratamiento médico que se reputa necesario con un límite máximo de cinco años y un día, así como la medida de libertad vigilada con prohibición de aproximación, comunicación y residencia, y la obligación de seguir tratamiento médico por diez años.
Resumen: Condena por un delito de falsedad que toma su origen en una sentencia previa de la Sala 2ª anulando la absolución dictada por la Audiencia, tomando en cuenta un informe emitido por la Policía Científica. Presunción de inocencia: alcance y contenido de análisis en casación. Triple comprobación: análisis sobre la existencia de prueba, su suficiencia y la razonabilidad de su interpretación. El único límite a la función revisora del Tribunal procede de la inmediación probatoria. La prueba de cargo ha de ir referida al sustrato fáctico de todos los elementos tanto objetivos como subjetivos. Existencia de prueba de cargo bastante dimanante del informe pericial no tenido en cuenta en origen e, indiciariamente, de declaraciones testificales. Admisibilidad de las formas imperfectas de ejecución en el delito de estafa procesal: idoneidad del documento falsamente aportado para crear, aunque no lo logre, una falsa idea en el juzgador.