Resumen: Se ha admitido la posibilidad de que los hechos probados sean complementados por constataciones de hecho formuladas de forma terminante en la fundamentación jurídica, pero se ha negado que el relato fáctico, en los elementos esenciales del delito que motiva la condena, pueda configurarse mediante afirmaciones fácticas surgidas de procesos argumentativos contenidos en la fundamentación jurídica. Del principio acusatorio se desprende la exigencia de que el imputado tenga posibilidad de rechazar la acusación que contra él ha sido formulada tras la celebración del necesario debate contradictorio en el que haya tenido oportunidad de conocer y rebatir los argumentos de la otra parte y presentar ante el Juez los propios, tanto los de carácter fáctico como los de naturaleza jurídica. El Tribunal sentenciador no puede imponer pena superior a la más grave de las pedidas en concreto por las acusaciones, cualquiera que sea el tipo de procedimiento por el que se sustancia la causa.
Resumen: Para apreciar la reincidencia se requiere que consten en el factum la fecha de la firmeza de la sentencia condenatoria, el delito por el que se dictó la condena, la pena o penas impuestas, y la fecha en la que el penado las dejó efectivamente extinguidas. Este último dato no será necesario en aquellos casos en los que el plazo de cancelación no haya podido transcurrir entre la fecha de la sentencia condenatoria y la fecha de ejecución del hecho por el que se realiza el enjuiciamiento actual.Si no constan los datos necesarios se impone practicar un cómputo del plazo de rehabilitación favorable al reo, pues bien pudo extinguirse la condena impuesta por el abono de prisión preventiva, redención, indulto o expediente de refundición. El relato de hechos es parco en la descripción del previo antecedente en el que se basó la apreciación de la reincidencia.Todas las posibilidades son viables en abstracto, lo que implica que, computado el plazo de cancelación desde la fecha de la firmeza que se apunta, en todas las hipótesis salvo en la más grave que reconduce al plazo de diez años, el antecedente sería cancelable. La acumulación aglutina condenas que derivan de infracciones heterogéneas. De cara a la reincidencia solo serán efectivas las condenas por delitos incluidos en el mismo título del CP y de la misma naturaleza. En los casos en que no sea posible realizar ese análisis particularizado, necesariamente habremos de acudir como fecha de extinción a la de firmeza de la sentencia.
Resumen: El concepto de engaño bastante, no puede servir para desplazar al sujeto pasivo del delito todas las circunstancias concurrentes desplegadas por el ardid del autor del delito, de manera que termine siendo responsable de la maquinación precisamente quien es su víctima, que es la persona protegida por la norma penal ante la puesta en escena desplegada por el estafador. Únicamente el burdo engaño, esto es, aquel que puede apreciar cualquiera, impide la concurrencia del delito de estafa, porque, en ese caso, el engaño no es bastante.La entidad financiera hizo las comprobaciones que pudo realizar. Exigió que se justificara documentalmente la existencia de la entidad prestataria y el cargo en virtud del cual el acusado contrató. No podemos entender que la diligencia del perjudicado fuese inexistente, aunque pudo haber sido más exigente, pero no en términos que este aspecto neutralice el engaño bastante desplegado por la acusada ahora recurrente.El responsable civil subsidiario tiene limitada su actuación dentro del proceso penal al área puramente indemnizatoria sin que le sea posible alegar en su defensa cuestiones de descargo penales.No es posible estimar vulnerada la presunción de inocencia o el principio in dubio pro reo a la responsabilidad civil derivada del delito que se rige por las reglas del derecho civil, y que en este caso resultaron debidamente aplicadas al haber actuado el acusado como legal responsable de la entidad condenada como responsable civil.
Resumen: El recurrente, mediante precio, acordó con dos mujeres, que trabajaban en un club, trasladarse a su domicilio con la finalidad de llevar a cabo prácticas sexuales. Una vez allí, y sin su conocimiento ni consentimiento, les suministró, dentro de una bebida que él preparó, anfetaminas y cocaína, cuyo consumo les causó lesiones. En cuanto al derecho al Juez ordinario, y la competencia territorial, la defensa del recurrente no cuestionó la competencia del Juzgado de instrucción, o la de la Sección de la Audiencia Provincial que enjuició los hechos, en los momentos procesales oportunos. Las diligencias de investigación acordadas antes del transcurso de los plazos legales serán válidas, aunque su recepción tenga lugar con posterioridad a la expiración de los mismos. El hecho de suministrar la droga a las mujeres vino precedido de su posesión con finalidad de proporcionarla a terceros. La tenencia en esas condiciones supone ya el riesgo para la salud pública que se trata de evitar mediante la pena correspondiente a este tipo delictivo. Para la consumación habría bastado la tenencia con ofrecimiento a las mujeres, aunque éste fuera rechazado. Se aplica el subtipo atenuado, pues aunque no se ha podido determinar la cantidad exacta de droga que el recurrente tenía en su poder, de los hechos resulta que no podía ser muy alta, dadas las circunstancias concurrentes. Es cierto que la utilización de la misma merece un especial reproche, pero éste queda comprendido en el delito de lesiones.
Resumen: Cuando el vehículo es utilizado como instrumento para causar con dolo directo las lesiones que sufrieron los peatones atropellados; se excluye la responsabilidad civil de la entidad aseguradora con arreglo al acuerdo de esta Sala de 24 de abril de 2007 relativo a la cobertura del seguro obligatorio de responsabilidad civil. Ahora bien, en el caso que ahora se enjuicia los riesgos generados por el vehículo se hallaban también cubiertos con una póliza de seguro voluntario. La aseguradora alega que las cláusulas generales de la póliza de seguro voluntario excluyen de la cobertura aquellos supuestos en que se utilice un vehículo a motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos contra las personas y los bienes. Tal cláusula general es cierta. Sin embargo, a ello debe replicarse que la jurisprudencia viene estableciendo un distinto régimen de responsabilidad con motivo de la circulación de vehículos de motor cuando se opera con el seguro obligatorio y el voluntario.Con respecto a este se considera que no puede oponerse frente a las víctimas la "exceptio doli" , a tenor de lo que se dispone en el art. 76 de la Ley de Contrato de Seguro. Tratándose de riesgos cubiertos por seguro voluntario frente a terceros perjudicados, la Sala II tiene establecido que ni se excluye la responsabilidad por actos dolosos del asegurado, dentro de los límites de cobertura pactados, ni el asegurador puede hacer uso de las excepciones que le corresponderían.
Resumen: Recurso contra el auto de acumulación de penas. El Ministerio Fiscal apoya uno de los motivos. Se alega, en primer motivo, la falta de incorporación de los testimonios de las ejecutorias pendientes. Su ausencia no determina automáticamente la nulidad del procedimiento, si se puede llevar a cabo la acumulación con los datos del certificado de antecedentes penales. Se alega, en segundo lugar, carencia de una defensa eficaz al no habérsele dado traslado a su defensor el escrito inicial. Derecho de defensa en la legislación procesal. No se agota en las actuaciones previas a la sentencia judicial o a la resolución judicial, sino que se extiende a recursos e incluso a los trámites de ejecución. Se precisa la intervención letrada en el trámite de audiencia para que se haga un correcto ejercicio del derecho de defensa. En el caso, el recurrente presentó escrito firmado por su letrado defensor y la ausencia de traslado a su defensa antes de la resolución del expediente de acumulación no entraña indefensión. No se acuerda la nulidad por ese motivo, pero sí por la incompetencia del Juzgado para resolver sobre el expediente, por existir cuatro sentencias posteriores a la dictada por el Juzgado que dicta el auto. En consecuencia, se declara la nulidad del auto y se acuerda su devolución para que se proceda con arreglo a Derecho.
Resumen: Deben únicamente excluirse de la acumulación: 1°) Los hechos que ya estuviesen sentenciados cuando se inicia el período de acumulación contemplado, es decir, cuando se comete el delito enjuiciado en la sentencia que determina la acumulación. 2°) Los hechos posteriores a la sentencia que determina la acumulación. Ello porque ni unos ni otros podrían haber sido enjuiciados en el mismo proceso. En la fijación del límite máximo de cumplimiento las sentencias cuya acumulación se pretenda deben computarse hechos que pudieran haber sido objeto de enjuiciamiento conjunto en un único proceso. Una vez comprobada la posibilidad de acumulación conforme a este criterio general, habrá de determinarse si el límite máximo de cumplimiento, fijado conforme al artículo 76 del Código Penal, es superior o inferior a la suma aritmética de todas las condenas impuestas, pues solo en este último caso, cuando fuera inferior, procedería la acumulación. La nueva refundición que se opere solo será procedente cuando, en su conjunto, ésta resulte favorable al reo, dado que la condena posterior no puede perjudicar retroactivamente la acumulación ya realizada, una vez que se entra a revisar una acumulación anterior, la revisión no se limita a las penas efectivamente acumuladas, sino a todas las que fueron objeto de examen en el auto, sin perjuicio de que entonces su acumulación se considerara improcedente ya que sí podrían ser acumulables con la nueva sentencia.
Resumen: La imparcialidad constituye el núcleo de la función de juzgar, pues sin ella no puede existir el "proceso debido" o "juicio justo. Este derecho presenta las características propias de un derecho de configuración legal en cuanto al modo y momento de su ejercicio. No cabe apreciar la lesión de este derecho si el recurrente tuvo ocasión de plantear tempestivamente la recusación y no lo hizo. Esta garantía de imparcialidad se concibe en favor de las partes procesales, pero también, y sobre todo, en interés público, por lo que han de tomarse en cuenta todos aquellos supuestos en que concurra una "sospecha razonable de parcialidad". El Tribunal nacional no puede concluir que el acusado sea culpable simplemente porque ha escogido guardar silencio. Solo en los casos en que la prueba existente en contra del acusado le coloque en una situación en la que le sea exigible una explicación, su omisión puede, como razonamiento de sentido común, permitir sacar en conclusión la inferencia de que no ha habido explicación y de que el acusado es culpable. La prueba ha de ser pertinente, esto es, relacionada con el objeto del juicio y con las cuestiones sometidas a debate en el mismo; ha de ser relevante, de forma que tenga potencialidad para modificar de alguna forma importante el sentido del fallo, a cuyo efecto el Tribunal puede tener en cuenta el resto de las pruebas de que dispone; ha de ser necesaria, es decir, que tenga utilidad para los intereses de defensa y ha de ser posible.
Resumen: No es la primera ocasión en la que se plantea ante esta Sala la forma correcta de proceder cuando se enjuician hechos que se integran en un delito continuado y aparecen en otro momento distinto otros hechos que, por sus características y por las fechas de comisión, también podrían haber sido incluidos en aquel delito. Ante la ausencia de regulación legal de este incidente esta Sala ha considerado procedente y acorde al respeto al principio de proporcionalidad de la pena, no superar el máximo de la prevista legalmente para los hechos si se consideran en su totalidad, de forma que al individualizarla en los posteriores procesos se tenga en cuenta la ya impuesta en los enjuiciados con anterioridad. En cuanto a la atenuante de reparación del daño, aunque la propia ley prevé la disminución del daño y, por lo tanto, su reparación parcial, ha de tratarse de una contribución relevante. En relación con la pretensión de la aseguradora de que la franquicia pactada de 15.000 euros debe aplicarse a las reclamaciones, consideradas cada una como un siniestro, esta Sala considera que las acciones son el resultado del desarrollo de un plan único tendente a la apropiación de cantidades entregadas por los clientes de la notaría, para emplearlas en finalidades particulares en lugar de destinarlas a las finalidades comprometidas, de donde resulta la valoración del total de la conducta, el hecho delictivo, como un solo delito, es decir, como una sola causa origen del perjuicio indemnizable.
Resumen: Conforme a la legislación vigente se está ante delito básico de estafa, por lo que el plazo de prescripción aplicable sería el de 5 años (vigente art. 131.1 párrafo 4° del C. Penal). No se debe obviar que conforme a la legislación aplicable a la fecha de los hechos, se estaría ante una estafa agravada castigada con hasta seis años de prisión, por lo que el plazo de prescripción, con una u otra norma, sería el de 10 años. Además, es de añadir que no es viable acudir a normas intertemporales, es decir, a aquellas que estuvieron vigentes entre aquella en la que se cometieron los hechos y la vigente en el momento concreto del enjuiciamiento. Resulta por tanto evidente que el cómputo a efectos de prescripción se hará con el plazo prescriptivo primero (5 años) y no con el segundo (10 años).En relación a tal cómputo temporal se ha de partir de que las diligencias penales que nos ocupan se incoaron por auto de 3 de agosto de 2009 y que no se le pudo recibir declaración en calidad de investigado al acusado e informarle de sus derechos y del contenido de esta causa hasta el pasado 22 de Septiembre de 2014. Pero no se debe olvidar que en el auto de incoación de las diligencias penales se acordó, como diligencia penal relevante, tomar declaración al querellante, la cual tuvo lugar el 12 de enero de 2010. Todo lo cual pone de relieve que el cómputo de la prescripción se interrumpió con la admisión a trámite de la querella y adopción de diligencias de investigación a practicar.