Resumen: El TS recuerda que la conducta de lesiones leves tipificada como falta al tiempo de la comisión de los hechos, no ha sido despenalizada por la LO 1/2015. Ha pasado a tener la consideración típica de delito leve, con mayor extensión de la pena de multa prevista, pero sometido a una condición de perseguibilidad, la denuncia del agraviado. Aún sustanciada por conexidad en el interior de un proceso por delito, estamos ante la tramitación de una falta, donde la actividad típica que sancionaba se encuentra ahora sometida al régimen de denuncia previa, donde por voluntad del legislador solo cabe pronunciamiento condenatorio en relación con la responsabilidad civil.
Resumen: La acusada fue contratada para prestar servicios de asistencia a persona de 84 años de edad. Convivía con la misma y la suministró de manera continuada benzodiacepinas con el fin de apoderarse de objetos y de usar sus tarjetas. Robo con violencia y lesiones continuadas. La intoxicación por benzodiacepinas como violencia. Los actos aislados de suministro de la sustancia deben ser analizados en su conjunto, pues es lo que origina la intoxicación. El resultado lesivo se califica igualmente como un solo delito, pues los actos aislados de suministro de sustancia carecen en principio de actitud lesiva y solo un proceso acumulativo genera el menoscabo corporal que padeció y mantuvo la víctima en ese dilatado tiempo. El reposo como tratamiento. Los apoderamientos en el cajero a través de la utilización del pin, en cuanto se efectuaron, bajo la misma situación de violencia son robo y no estafa.
Resumen: La contradicción es un medio de defensa y un medio de evaluación de la credibilidad del testimonio y de obtención de la verdad procesal. Pero puede admitir modulaciones ponderadas cuando concurran otros medios suficientemente seguros y resulte adecuado a otros intereses de relieve. Los requisitos para la aplicación del artículo 730 LECrim son: 1) imposibilidad de reproducción en el acto del juicio oral; 2) la necesaria intervención del Juez de Instrucción; 3) que se garantice la posibilidad de contradicción y la asistencia letrada al imputado, a fin de que pueda interrogar al testigo; y 4) la introducción del contenido de la declaración sumarial a través de la lectura del acta en que se documenta, o a través de los interrogatorios. La cuestión relativa a la concreta cuantificación de la indemnización que corresponda en cada caso es competencia del Tribunal de instancia que lo habrá de determinar de manera ponderadamente discrecional y dentro de los parámetros máximos determinados por las peticiones acusatorias y del principio de razonabilidad.
Resumen: Para que proceda la acumulación de condenas sólo se requiere que entre los hechos exista una determinada conexión cronológica, la cual se apreciará siempre que los delitos sancionados hubieran podido ser enjuiciados en un solo proceso, teniendo en cuenta las fechas de las sentencias dictadas y las de comisión de los hechos enjuiciados en las mismas, de manera que no se transforme en una exclusión de la punibilidad abierta para todo delito posterior a la acumulación o a cualquiera de las condenas. De esta manera, los únicos supuestos excluidos de la acumulación son los hechos que ya estuviesen sentenciados cuando se inicia el período de acumulación contemplado, es decir, cuando se comete el delito enjuiciado en esa sentencia que determina la acumulación; y los cometidos con posterioridad a tal sentencia. La acumulación deberá realizarse partiendo de la sentencia más antigua, pues al contenerse en ella los hechos enjuiciados en primer lugar, servirá de referencia respecto de los demás hechos enjuiciados en las demás sentencias. A esa condena se acumularán todas las posteriores relativas a hechos cometidos antes de esa primera sentencia. La redacción del precepto no impide que se examinen con el mismo criterio las demás sentencias que pudieran resultar no acumulables a esa primera, partiendo nuevamente de la más antigua de las restantes, procediendo así a conformar nuevos bloques de acumulación. Procediendo en la misma forma en lo sucesivo, si fuere posible.
Resumen: Se aplica la agravante de especial vulnerabilidad de la víctima porque el autor se aprovechó de las intensas relaciones entre las familias de víctima y ofensor para realizar el delito. Se analiza el concepto de acto sexual para calificar la conducta como abuso sexual. Atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. En la individualización de la pena se establece una doble subida penológica por la concurrencia del subtipo agravado y la continuidad delictiva.
Resumen: La infracción de ley es el camino hábil para cuestionar ante el Tribunal de casación si el Tribunal de instancia ha aplicado correctamente la Ley, es decir, si los preceptos aplicados son los procedentes o si se han dejado de aplicar otros que lo fueran igualmente, y si los aplicados han sido interpretados adecuadamente, pero siempre partiendo de los hechos que se declaran probados en la sentencia, sin añadir otros nuevos, ni prescindir de los existentes. Para apreciar un trastorno metal transitorio es preciso que la alteración en el estado de ánimo hubieran resultado anuladas. El error de hecho no permite una nueva valoración de la prueba documental en su conjunto sino que exclusivamente autoriza la rectificación del relato de hechos probados para incluir en él un hecho que el Tribunal omitió erróneamente declarar probado, cuando su existencia resulta incuestionable del particular del documento designado, o bien para excluir de dicho relato unos hechos que el Tribunal declaró probados erróneamente, ya que su inexistencia resulta de la misma forma incuestionable del particular del documento que el recurrente designa. Además, como se ha dicho, es preciso que sobre el particular cuestionado no existan otros elementos de prueba. La expresión "no sé lo que hecho", desprovista de cualquier otro tipo de colaboración por el acusado, no determina sin más la aplicación de la atenuante de confesión.
Resumen: El TS examina el artículo 434 del Código Penal (atenuación derivada de la reparación o colaboración del acusado). Afirma que se trata de una atenuación cualificada, cuyos efectos sobre la pena se equiparan a los previstos para las que con carácter general se recogen el artículo 21CP, cuando operan como muy cualificadas. Integran esta atenuación cualificada dos conductas previstas de manera alternativa. De un lado, la reparación efectiva a íntegra del perjuicio causado; de otro la colaboración para el esclarecimiento de los hechos. Bastará para su apreciación con que concurra una de ellas, no siendo necesario el concurso de ambas. Respecto a la reparación del daño, las expresiones «efectivo e íntegro» descartan los supuestos de reparación parcial, quedando relegados al ámbito de la atenuante genérica los supuestos en que ésta implique contribución parcial pero relevante a la disminución del daño. Ha de ser «efectivo», lo que descarta la virtualidad a estos efectos de un compromiso de futura devolución.
Resumen: En su escrito de preparación, la parte recurrente considera que la sentencia ha infringido: (1) el principio de legalidad o tipicidad del art. 25.2 CE, en relación con el art. 7.2 LO 8/1998 y la jurisprudencia establecida en las sentencias que se citan; (2) la normativa sobre competencia sancionadora; (3) la normativa integrada por los arts. 106.2 CE y 32.1 y 34.1 de la Ley 40/2015, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado y la jurisprudencia que se cita, en cuanto a la indemnización fijada; (4) el art. 217 LEC, en relación con el art. 457 LPM, al haberse invertido la carga de la prueba; y (5) el art. 24 CE, por haberse producido indefensión al recurrente. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo en los términos en que se plantea, con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales.
Resumen: El TS afirma que el Tribunal Superior de Justicia (como Tribunal de apelación) estimó de forma correcta la práctica en el plenario de la prueba preconstituida de conformidad con lo dispuesto en el art. 730 de la LECRIM y, en todo caso, que el Tribunal de enjuiciamiento llegó al convencimiento condenatorio en virtud de la valoración conjunta de numerosa prueba de cargo distinta de la señalada prueba preconstituida. En relación con el delito de trata de seres humanos recuerda que la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, consiste, una vez en nuestro país las personas violentadas, en obligarlas a ejercer la prostitución en diversos lugares para obtener un beneficio.
Resumen: Derecho al secreto de las comunicaciones: requisitos y presupuestos para su restricción. No caben las investigaciones meramente prospectivas. Concepto de sospechas objetivadas que legitiman la intervención. Imposibilidad del análisis descompuesto de la información de la autorización judicial. Necesidad de motivación de la resolución de interferencia. Admisión de la motivación por remisión al oficio policial. Derecho a la presunción de inocencia: alcance de estudio cuando se alega en casación. No cabe un análisis disgregado de la prueba practicada. Validez como prueba de la declaración de la víctima. Validez de las declaraciones tomadas mediante comisión rogatoria y sin contradicción. Excepciones a la prueba no practicada en la vista oral. Prueba preconstituida y validez de las declaraciones sumariales. Doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: sentencias Gani contra España y Al-Khawaja y Tahery contra el Reino Unido. Contradicción en el caso de personas residentes en el extranjero. Utilización, como regla general, al sistema de asistencia judicial internacional: videoconferencia. Principio de no indagación dentro de la Unión Europea. Elementos del delito de blanqueo de capitales: elemento característico es la entrada en el ciclo económico. Delito de prostitución coactiva. Discusión sobre el carácter laboral de los servicios sexuales. Complicidad y organización criminal. Individualización de la pena. Indefensión por denegación de preguntas. Incongruencia omisiva.