Resumen: Condena por delito de agresión sexual con penetración mediante violencia y sometido sobre persona especialmente vulnerable. Vulnerabilidad de la víctima. Declaración de la víctima como prueba de incriminación. Delito leve de hurto. No concurre la utilización de llaves falsas pues no consta el acceso ilícito a las llaves utillizadas. Extorsión. Descarta la continuidad delictiva al atribuir todas las extracciones y entregas al acusado a un único momento. Reincidencia. No se aprecia por rehabilitación del acusado de las condenas anteriores. Penalidad
Resumen: Delito de estafa agravada y continuidad delictiva. Vulneración del derecho a la presunción de inocencia y del principio de igualdad. Coautoría y codominio funcional del hecho. Dilaciones indebidas cualificadas, incompatibilidad con la atenuante de "cuasiprescripción". Quebrantamiento de forma por denegación de prueba y por no expresar la sentencia clara y terminantemente cuáles son los Hechos Probados. Análisis del dolo eventual. Compatibilidad entre el delito continuado y la agravante del art. 250.1-5ª CP y la posible vulneración del principio " non bis inidem".
Resumen: La invocación en casación del derecho fundamental a la presunción de inocencia permite a este Tribunal constatar si la sentencia de instancia se fundamenta en: a) una prueba de cargo suficiente; b) una prueba constitucionalmente obtenida; c) una prueba legalmente practicada; d) una prueba racionalmente valorada. La declaración de la víctima, practicada normalmente en el acto del juicio oral, con las necesarias garantías procesales, puede erigirse en prueba de cargo y que, en consecuencia, la convicción judicial sobre los hechos del caso puede basarse en ella, incluso cuando se trate del acusador. La finalidad del motivo previsto en el art. 849.2 LECrim consiste en modificar, suprimir o adicionar el relato histórico mediante la incorporación de datos incontrovertibles acreditados mediante pruebas auténticamente documentales, normalmente de procedencia extrínseca a la causa, que prueben directamente y sin necesidad de referencia a otros medios probatorios o complejas deducciones, el error que se denuncia y siempre que en la causa no existan otros elementos probatorios de signo contrario
Resumen: Los elementos identificadores de la cosa juzgada material son, en el orden penal: 1) identidad sustancial de los hechos motivadores de la sentencia firme y del segundo proceso. 2) identidad de sujetos pasivos, de personas sentenciadas y acusadas. El hecho viene fijado por el relato histórico por el que se acusó y condenó o absolvió en el proceso anterior, comparándolo con el hecho por el que se acusa o se va a acusar en el proceso siguiente. Por persona inculpada ha de considerarse la persona física contra la que dirigió la acusación en la primera causa y que ya quedó definitivamente condenada (o absuelta) que ha de coincidir con el imputado del segundo proceso. La única eficacia que la cosa juzgada material produce en el proceso penal es, pues, la preclusiva o negativa, que simplemente consiste en que, una vez resuelto por sentencia firme o resolución asimilada una causa criminal, no cabe seguir después otro procedimiento del mismo orden penal sobre el mismo hecho y respecto a la misma persona. La estafa procesal se caracteriza porque el sujeto pasivo engañado es en realidad el órgano judicial a quien a través de una maniobra procesal idónea, se la induce a seguir un procedimiento y/o dictar una resolución que de otro modo no hubiera sido dictada. La jurisprudencia, en contra de parte de la doctrina, ha estimado que puede producirse el fraude procesal cuando el engañado no es el juez sino la parte contraria.
Resumen: El relato histórico de la sentencia debe recoger el sustrato fáctico que permite apreciar la concurrencia de los distintos requisitos del tipo penal de aplicación, incluyendo los elementos subjetivos o intelectuales que impulsaron el comportamiento de su autor. Así acontece en el caso enjuiciado, en el que los hechos cometidos por el recurrente y las circunstancias en que los abordó han sido descritos con palabras comunes y entendibles por todos. En realidad, el relato de hechos probados debe en todo caso, predeterminar el fallo, pues si no fuese así, la absolución o condena carecería de la imprescindible lógica en la subsunción jurídica que conduce al fallo.El vicio denominado por la jurisprudencia "incongruencia omisiva" aparece cuando la falta o ausencia de respuesta del juzgador se refiere a cuestiones de derecho planteadas por las partes. No se comprenden en el mismo las cuestiones fácticas, que tendrán su cauce adecuado a través de otros modos impugnativos, por lo que no puede prosperar una impugnación basada en este motivo en el caso de que la cuestión se centre en la omisión de una argumentación, pues el tribunal no viene obligado a dar una respuesta explícita a todas y cada una de las alegaciones o argumentaciones.El periodo que se contempla fue procesalmente activo. La prosecución por los trámites de la fase intermedia desembocó en la petición del Ministerio Fiscal de practicar importantes diligencias complementarias. La duración del proceso no fue extraordinaria.
Resumen: Para apreciar la reincidencia es imprescindible que consten en el " factum" de la sentencia los siguientes datos: fecha de la firmeza de las sentencias condenatorias, el delito por el que se dictó la condena, la pena o penas impuestas, y la fecha en la que el penado las dejó efectivamente extinguidas. Este último extremo sólo será innecesario en aquellos casos en los que el plazo de cancelación no haya podido transcurrir entre la fecha de la sentencia condenatoria y la fecha de ejecución del hecho que es objeto del enjuiciamiento actual.La duración del proceso no debe computarse desde que ocurrieron los hechos, sino desde que se inicia la causa por el delito imputado. La duración de la tramitación de la causa ha sido de cinco años, con una única paralización de dos años y cinco meses, si bien no imputable a las acusadas. No podemos afirmar que se trata de plazos relevantes, confirmando que estamos ante una atenuante simple, no cualificada.Estamos ante un supuesto de autoría mediata, en el que las acusadas no se limitan a participar en un hecho ajeno, sino que realizan un hecho propio, valiéndose de la intimidación y de la violencia sobre la víctima. Las mismas controlaban la acción delictiva, amenazando e incluso golpeando a la testigo protegida, las cuales planificaron la interrupción de su embarazo, la obligaron a ir a las clínicas a que le practicaran el mismo, donde siempre la acompañaron, y engañaron al personal sanitario sobre el libre consentimiento de la misma.
Resumen: La doctrina del TS ha adoptado un criterio favorable al reo en la interpretación del requisito de la conexidad de los artículos 988 LECrim y 76 CP, considerando que lo relevante es la "conexidad temporal". De esta manera, los únicos supuestos excluidos de la acumulación son los hechos que ya estuviesen sentenciados cuando se inicia el período de acumulación contemplado. La labor acumulativa se comienza por la sentencia más antigua en el tiempo; pero esto debe ser complementado con los ajustes necesarios para llegar a un resultado punitivo que sea el más favorable al reo, para garantizar que el penado pueda acumular el mayor número de condenas posibles. Las condenas con la suspensión de la ejecución reconocida deben incluirse en la acumulación, si ello favoreciere al condenado y se considerarán las menos graves, para el sucesivo cumplimiento, de modo que resultarán extinguidas cuando se alcance el periodo máximo de cumplimiento.
Resumen: Se denuncia vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, al no haberse citado y emplazado la entidad aseguradora, para el acto de la vista oral, en su calidad de responsable civil subsidiario. Hubo ciertamente irregularidades en la forma de realizar el emplazamiento de la compañía de seguros, pero hubo una subsanación en tiempo hábil para preparar la defensa. No ha habido, por lo tanto, indefensión. Se invoca el principio acusatorio pero la relación entre la compañía de seguros y el responsable penal es un contrato de seguro, de naturaleza civil y, por eso, el principio que rige su solicitud no es el acusatorio, sino el de rogación. Se alega que el límite contratado en el seguro era de 150.000 euros, y que, por lo tanto, con base en el principio de autonomía de la voluntad, no se puede superar ese límite. La conducta del asegurado, calificado responsable penal, lo es un por un delito continuado de estafa, por lo que la condena se refiere a una pluralidad de actos realizados en aprovechamiento de circunstancias idénticas. Quebrantamiento de forma por falta de claridad y contradicción en los hechos probados: no concurre. No hay contradictio in terminis. Error en la apreciación de la prueba: los documentos designados no evidencian error alguno. Presunción de inocencia: existencia de prueba bastante. Deferir la determinación de la indemnización la fase de ejecución no lesiona ningún derecho. Prinicpio de igualdad.
Resumen: La sentencia precisa que cabe recurso de casación contra un auto que deniega una demanda de tercería porque ese pronunciamiento es una extensión del fallo de la sentencia. En relación con la cuestión de fondo planteada se aplica la doctrina de que la propiedad del bien mediante contrato de compraventa requiere "traditio".
Resumen: Sobre el alegado contexto de vulneración de derechos fundamentales producto de la sobreprotección de la unidad territorial de España: La protección de la integridad territorial es común en las constituciones europeas. Ninguna Constitución europea avala el derecho a decidir. La activación de un verdadero proceso constituyente -en eso consistió la aprobación de las leyes fundacionales y del referéndum- al margen del cuadro jurídico previsto para la reforma constitucional, tiene un incuestionable alcance penal que, en función del medio ejecutivo empleado para su efectividad, deberá ser calificado como delito de rebelión o sedición. El alzamiento tendencialmente dirigido a la comisión del delito de rebelión exige como presupuesto que éste sea público y violento. La violencia ha de ser instrumental, preordenada a los fines del delito, y también funcional, pues es violencia para lograr la secesión, no violencia para crear un clima en que se haga más viable una ulterior negociación. Más allá de la mera actuación en grupo, la sedición exige como medio comisivo el alzamiento tumultuario y tiene la finalidad de derogar de hecho la efectividad de leyes o el cumplimiento de órdenes o resoluciones de funcionarios en el ejercicio legítimo de sus funciones. La malversación reprueba la conducta del funcionario público encargado del patrimonio público que, quebrantando los vínculos de fidelidad y lealtad que le corresponden por el ejercicio de su función, causa un perjuicio al patrimonio.