Resumen: Cuando se alega infracción del derecho a la presunción de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, pero sí puede este Tribunal verificar que, efectivamente, el Tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio. La declaración de la víctima puede ser prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, aun cuando fuera la única prueba disponible, como es frecuente que acaezca en casos de delitos contra la libertad sexual, porque al producirse generalmente con absoluta clandestinidad, se dificulta la concurrencia de otra prueba diferenciada. El tiempo de paralización de un procedimiento como consecuencia de una declaración de sobreseimiento parcial y provisional, no puede luego invocarse a efectos de integrar el fundamento material de la atenuante de dilaciones indebidas. Nuestra jurisprudencia refleja además que tampoco resulta oportuna la minoración penológica si no se aprecia una negligencia en la actuación procesal del Juez o una disfunción atribuible a la Administración de Justicia. El artículo 21.6 CP exige como base para su apreciación que la paralización sea indebida, no justificada.
Resumen: El tribunal dispuso de prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia, sin que resulte aplicable el in dubio pro reo, pues el tribunal no revela duda alguna respecto de los hechos que declara probados. La denegación de prueba no conculcó el derecho del recurrente, al ser los medios propuestos irrelevantes para el esclarecimiento de los hechos. La responsabilidad civil por daño moral no resulta revisable en casación, al haberse fijado conforme a las bases normativas y sin incurrir en error notorio. No concurre irracionalidad en el proceso deductivo del tribunal sentenciador, que considera que las lesiones se produjeron de forma imprudente, al haberse propinado el golpe con la mano abierta y no con el puño cerrado. El intangible relato de hechos probados -conforme al cual, los recurrentes se agredieron mutuamente- integra el tipo del art. 49 CPM 2015, que exige la misma intensidad en el maltrato que la exigida en los arts. 42 y 46 CPM 1985, por lo que el delito se consuma por el mero acto agresivo realizado en acto de servicio y con conocimiento de la recíproca condición militar de los agentes, bastando que concurra dolo genérico. No concurre legítima defensa, al tratarse de una riña recíprocamente aceptada. Ante la falta de doble instancia penal en el ámbito militar, la casación penal en la que se invoque presunción de inocencia ha de permitir la revisión de la sentencia condenatoria en cuanto a la culpabilidad y la participación en los hechos del autor.
Resumen: Respecto de la complicidad en sentido estricto la Sala II, ante casos de auxilio mínimo en los actos relativos al tráfico de drogas, que se vienen incluyendo en la gráfica expresión de "favorecimiento del favorecedor", viene optando por permitirla, cuando se trata de supuestos de colaboración de poca relevancia, como ocurre, por ejemplo, en caso de tenencia de la droga que se guarda para otro de modo ocasional y de duración instantánea o casi instantánea, o en el hecho de simplemente indicar el lugar donde se vende la droga, o en el solo acompañamiento a ese lugar. La participación del recurrente consistió en colaborar en la preparación de las lanchas y en convencer a G., para que apareciese como arrendatario de la nave. No se ha concretado en qué consistió su aportación a la preparación. Todo ello permite considerar que su colaboración no superó la escasa relevancia o el segundo orden que caracteriza a la complicidad en estos casos.La conducta de los recurrentes no dio lugar solamente al acuerdo, sino que el barco que pensaban utilizar llegó a estar totalmente preparado para hacerse a la mar. La actividad de los recurrentes superó los actos preparatorios para integrarse en el delito intentado. No puede darse por probado que tuvieran como finalidad la comisión de otros futuros delitos, y no se aprecia una estructura consistente, que permita afirmar que el reparto de tareas supera las exigencias de la codelincuencia, de forma que pueda apreciarse una organización criminal.
Resumen: Acumulación de condenas. Fijación del límite máximo de cumplimiento efectivo de la condena. Análisis de los artículos 76 del Código Penal y 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Jurisprudencia de la Sala. El Acuerdo de pleno no jurisdiccional de 27 de junio de 2018. Un auto de acumulación no es inamovible si una nueva valoración de las posibilidades de acumulación de las condenas resulta más favorable para el condenado. Ni puede considerarse el resultado del auto de acumulación como si fuera una condena, novando las verdaderas condenas. No es su naturaleza, que es solo señalar un límite temporal que la ejecución de las distintas condenas no puede superar. En este sentido, la Jurisprudencia señala que la existencia de refundiciones o acumulaciones anteriores no impiden un nuevo examen de la situación cuando se conozcan nuevas condenas que pudieran ser susceptibles de acumulación
Resumen: La cooperación supone forzosamente la realización de actos ejecutivos ajenos a los que se presta colaboración o ayuda. La prueba de cargo ha de venir referida al sustrato fáctico de todos los elementos tanto objetivos como subjetivos del tipo delictivo, pues la presunción de inocencia no consiente en ningún caso que alguno de los elementos constitutivos del delito se presuma en contra del acusado. La vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación judicial de la ley se produce cuando un mismo órgano judicial se aparta de forma inmotivada de la interpretación de la ley seguida en casos esencialmente iguales. Lo que prohíbe el principio de igualdad en aplicación de la ley es el cambio irreflexivo o arbitrario, lo cual equivale a mantener que el cambio es legítimo cuando es razonado, razonable y con vocación de futuro, esto es, destinado a ser mantenido con cierta continuidad con fundamento en razones jurídicas objetivas que excluyan todo significado de resolución ad personam.
Resumen: El marco penal que sirve de presupuesto al principio acusatorio no puede consistir solamente en la calificación delictiva, sino en la propia penalidad solicitada, que condiciona las expectativas del derecho de defensa. La reacción punitiva, no corresponde al Tribunal sentenciador, sino a las acusaciones, en el mismo seno del desenvolvimiento del juicio oral. El Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas calificó los hechos por los que acusaba al Sr. E. como constitutivos de un delito de quebrantamiento de medida cautelar del artículo 468.1 del Código Penal, considerando al recurrente responsable en concepto de autor, con la concurrencia de la agravante de reincidencia, interesando su condena a la pena de veinte meses de multa con una cuota diaria de 10 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago y costas. El Juez de lo Penal respetó la calificación jurídica de los hechos como constitutivos de un delito de quebrantamiento de medida cautelar del artículo 468.1 del Código Penal. No obstante, impuso una pena de prisión, pena que se encuentra prevista únicamente para el caso de que el penado estuviera privado de libertad, lo que no acontece en el supuesto examinado. Tal error no fue corregido por el Tribunal de apelación. En todo caso, tal decisión supone vulneración del principio acusatorio al haber sido impuesta una pena más grave a la solicitada por el Ministerio Fiscal, única acusación en la presente causa.
Resumen: Cuando ya existe un previo recurso de apelación, las alegaciones omitidas en la instancia sobre la concurrencia de una atenuante o de un subtipo atenuado o de una circunstancia similar, que resultara directamente de los hechos que el Tribunal había declarado probados, son posibles en ese recurso, pero si se prescinde de ellas, como ocurre con cualquier otra en la apelación, nada justifica su planteamiento per saltum en casación.Tampoco se justifica cuando se alega en casación una infracción de derechos fundamentales que no ha sido planteada en apelación. La Sala II ha excluido del recurso las alegaciones amparadas en el artículo 852 de la LECrim cuando se trata de recursos contra sentencias dictadas en apelación por las Audiencias provinciales. Por lo tanto, el hecho de que se alegue la vulneración de un derecho fundamental no justifica por sí mismo que se examine la cuestión nueva en casación. La Sala II ha admitido esa posibilidad cuando se trata de la prescripción o de otras cuestiones que deban apreciarse de oficio por los Tribunales. La prescripción es una institución de orden público que puede y debe ser apreciada incluso de oficio por los órganos jurisdiccionales. Aunque las excepciones a la regla general han sido interpretadas con amplia generosidad, una vez generalizado el recurso de apelación, debe rechazarse en casación, como cuestión nueva, el examen de aquellas cuestiones que no fueron planteadas en apelación, cuando el recurrente pudo hacerlo.
Resumen: El núcleo de la acción típica consiste, no en obtener sino en difundir las imágenes -obtenidas con la aquiescencia de la víctima- y que afecten gravemente a su intimidad. Es indispensable para acotar los términos del tipo excluir a terceros que son extraños al círculo de confianza en el que se ha generado el material gráfico o audiovisual y que obtienen esas imágenes sin conexión personal con la víctima. Obtiene la imagen, desde luego, quien fotografía o graba el vídeo en el que se exhibe algún aspecto de la intimidad de la víctima. Pero también obtiene la imagen quien la recibe cuando es remitida voluntariamente por la víctima, valiéndose para ello de cualquier medio convencional o de un programa de mensajería instantánea que opere por redes telemáticas. El requisito de la difusión quedó cumplido cuando, sin autorización de la afectada, se inició la cadena de difusión, siendo indiferente que la imagen sea remitida a una o más personas.
Resumen: Dilaciones indebidas: planteamiento extemporáneo. No se planteó en el escrito de conclusiones provisionales, sino en el informe. Concurrencia como circunstancia muy cualificada. Se estima el motivo, en atención a la acreditación de un retraso excesivo. Se estima la disminución de la indemnización de la responsabilidad civil por inlcuirse conceptos que se alega que no son consecuencia de la actuación delictiva. Se acuerda la remisión de particulares al Tribunal de Cuentas para que se determine la responsabilidad civil. Se invoca por la recurrente la vulneración del derecho a la presunción de inocencia por no haberse acreditado que conocía la actividad del coacusado. Existencia de prueba de cargo bastante constituida por la declaración del coimputado y por una pluralidad probatoria. Incongruencia omisiva: se denuncia falta de respuesta sobre la concurrencia del delito de certificación falsa. Obligación de utilizar la vía del artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Existencia de una respuesta incompatible con la tesis del recurrente. Diferencia entre el delito de falsedad y el del certificación falsa. Concurso. Interpretación restrictiva a favor del delito de falsedad. Concepto de funcionario a efectos penales. Prevaricación y dolo eventual. Límites a la conversión de una sentencia absolutoria en condenatoria. No toda irregularidad administrativa es ilicitud penal. Falta de legitimidad de la acusación particular para solicitar responsabilidad civil
Resumen: Para la validez constitucional de la medida de intervención telefónica es necesario que concurran los siguientes elementos: a) resolución judicial, b) suficientemente motivada, c) dictada por Juez competente, d) en el ámbito de un procedimiento jurisdiccional, e) con una finalidad específica que justifique su excepcionalidad, temporalidad y proporcionalidad, y f) judicialmente controlada en su desarrollo y práctica. El delito de falsedad documental no es de propia mano, de manera que se convierte en partícipe de su comisión aquel que se aprovecha de la mendacidad que hubiere ejecutado un tercero, si con ello convierte su acción en beneficiosa para los planes de aquél. La llamada responsabilidad civil ex delicto no es diferente de la responsabilidad civil extracontractual ordinaria de los arts. 1902 y ss. del Código Civil. La titularidad del derecho a la inviolabilidad domiciliaria corresponde a cada uno de los moradores, la posibilidad de autorizar la entrada y registro está conferida a cualquiera de los titulares del domicilio. Consiguientemente, dejando a salvo las situaciones de contraposición de intereses entre el titular del derecho a la intimidad y el titular de la facultad de autorizar, la presencia en la diligencia de otros ocupantes es bastante para garantizar lo que fue objeto de la ocupación (refrendado por fe pública judicial). Nuestro sistema incluye como presupuesto legitimante del registro la presencia litisconsorcial de todos y cada uno de los moradores.