Resumen: La sentencia de instancia estimó la demanda presentada por la entidad actora exigiendo el cumplimiento de un contrato de préstamo y condenó a la demandada al pago de una cantidad específica más intereses. La apelante alega infracción de normas procesales, argumentando que se vulneraron los artículos 271, 272 y 443 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) al admitirse un CD como prueba que, según ella, no debió ser considerado. Además, sostiene que la grabación contenida en el CD no identifica adecuadamente el préstamo en cuestión y que no se le permitió defenderse adecuadamente. El tribunal concluye que no se produjo una nueva admisión de prueba, sino que se requirió un CD que pudiera ser leído por el órgano judicial, y que la demandada tuvo la oportunidad de verificar su contenido. Asimismo, se considera que la entidad actora cumplió con la carga probatoria al demostrar la existencia del contrato de préstamo mediante grabaciones y documentación que evidencian la relación contractual, superando el control de transparencia.
Resumen: Resuelve esta sentencia un recurso contra una resolución administrativa que decidía sobre una reclamación de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Publicas en el ámbito sanitario, considerando que no existió un funcionamiento anormal del servicio, ya que no se acredita que hubiere una infracción de la lex artis a la que imputar el resultado dañoso invocado con motivo de la atención recibida en un centro sanitario de la órbita de la administración demandada en la que se le practico una vasectomia. El recurrente desoyó la recomendación de seguimiento en el correspondiente servicio de urología con la realización periódica de seminogramas. Se descarta además que hubiera algún vicio o insuficiencia en el consentimiento informado realizado al paciente por el centro hospitalario. Tampoco de la prueba practicada se concluye que haya existido un retraso en el diagnóstico, con pérdida de oportunidad terapéutica, a pesar del desgraciado e imprevisible resultado.
Resumen: Resuelve esta sentencia un recurso contra una resolución administrativa que decidía sobre una reclamación de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Publicas en el ámbito sanitario, considerando que no existió un funcionamiento anormal del servicio, ya que no se acredita que hubiere una infracción de la lex artis a la que imputar el resultado dañoso invocado con motivo de la atención recibida en un centro sanitario de la órbita de la administración demandada.Tampoco cabe apreciar retraso alguno ni pérdida de oportunidad ni en la intervención que le fue practicada, ni en las numerosos pruebas que se le realizaron a la paciente durante la asistencia que recibió en el centro hospitalario dependiente de la administración demandada. Ademas se ha acreditado que durante todo el proceso asistencial se proporcionó a la familia información sobre el estado y el mal pronóstico de la paciente.
Resumen: La Sala estima el recurso interpuesto contra la resolución del TEAR que desestimaba la reclamación económico administrativa contra las liquidaciones y sanciones por el IVA. Se cuestiona la correcta aplicación del régimen de estimación objetiva por parte del administrador de la reclamante, lo que viene condicionado por la inclusión o no de la compensación de cuotas por IVA en el régimen agrario, ya que para calcular el volumen de operaciones determinante de la exclusión del método de estimación objetiva en el IRPF hay que computar la compensación a tanto alzado por las cuotas del IVA, por lo que la Sala concluye que no concurre ninguna causa que justifique un diferente tratamiento entre el IVA y recargo de equivalencia, expresamente excluido del cálculo por la Orden Ministerial reguladora y la compensación agrícola, no mencionada en la misma, por lo que el régimen de estimación era correcto y también se estima la existencia de incongruencia omisiva ya que no se ha resuelto la cuestión referida al error en la emisión de determinadas facturas cuya deducción resultaba procedente al haberse acreditado el destinatario de los servicios. Respecto de la sanción se estima parcialmente el recurso en cuanto que se imponía también por el incremento de rendimientos de capital mobiliario que resultaba procedente.
Resumen: La Sala desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia que absolvió a la empresa de la reclamación de pago de indemnización por daños y perjuicios causados por las lesiones y secuelas derivadas de accidente de trabajo, sin causa en la infracción por la que la empresa fue sancionada, sino en una conducta imprevisible del trabajador, asumiendo un riesgo evidente e innecesario desvinculado del desarrollo de su trabajo, una actividad de puesta en peligro de su vida, accediendo a una altura considerable, por un falso techo que desconoce si es transitable y el riesgo que asume, por su propia decisión, que es el que se materializa en el accidente.
Resumen: Demanda de desahucio por precario contra los ocupantes de una vivienda que se desestima en primera instancia por falta de legitimación activa pues los datos personales no coinciden con la documentación presentada. La Audiencia analiza la legitimación activa y concluye que la falta de coincidencia de los datos no impide que la actora, quien adquirió la vivienda junto a su exmarido, pueda interponer la demanda aunque sea titular únicamente de una mitad indivisa de la finca. La parte demandada no ha probado la existencia de un contrato verbal de arrendamiento que justifique su ocupación. Y la situación de precariedad económica con riesgo de exclusión residencial no es un motivo de oposición atendible en el ámbito del proceso declarativo cuyo objeto se limita a determinar si la parte demandada ostenta o no un título oponible a la propiedad para mantenerse en la posesión de la finca. Se estima el desahucio y se condena a la parte demandada a desalojar la vivienda en el plazo legal.
Resumen: Adquisición de vivienda y reclamación por falta de conformidad ante la aparición de patologías graves en la reforma. La sentencia recurrida desestimó la demanda porque entendió que la parte compradora debió conocer el estado del inmueble debido a su antigüedad y a las visitas realizadas antes de la compra. El tribunal de apelación concluye que la parte demandante no podía conocer la falta de conformidad antes de la compraventa, ya que las patologías solo se hicieron evidentes tras la retirada de un falso techo con motivo de la reforma de la vivienda. La presencia de cemento aluminoso constituye una falta de conformidad que da derecho a la parte actora a reclamar indemnización por los daños causados, así como a la reducción del precio del inmueble. Estima parcialmente el recurso de apelación y condena a la parte demandada a indemnizar por la falta de conformidad del inmueble. No se ha justificado la previsible duración de la reforma planeada ni de los trabajos necesarios para adecuar el inmueble adquirido a su situación de conforme, con lo que no puede establecerse cuál pudiera ser el periodo indemnizable en cuanto a las rentas de una vivienda alternativa.
Resumen: Tras declarar la sentencia que no cabe deducirse gastos no registrados en la contabilidad, ni relativos a regímenes tributarios distintos al aplicable, señala, con respecto la culpabilidad en la comisión de la infracción en supuesto que la liquidación hubiera sido confeccionada por un gestor, que en relación con la intervención de asesores u otras terceras personas, esta Sala y Sección se ha pronunciado en el sentido de que, salvo casos excepcionales que aquí no concurren, resulta indudable que la impericia o negligencia del asesor no exonera de responsabilidad por la infracción al obligado tributario que suscribe la declaración o autoliquidación.
Resumen: La respuesta a la cuestión de interés casacional, conforme a lo que hemos razonado, debe ser la siguiente.
1.Se completa la doctrina jurisprudencial existente sobre los requisitos exigibles a la Administración tributaria para la tramitación del procedimiento de comprobación de valores, en el sentido de declarar que la Administración se halla obligada a justificar la sustanciación de un procedimiento de comprobación de valores con carácter previo a su inicio en todo caso, sin que pueda considerase motivación necesaria la notificación de una propuesta de resolución acompañada de un dictamen de perito de la Administración.
2.La inobservancia por parte de la Administración del requisito jurisprudencial de justificar con carácter previo a la realización de una comprobación de valores la necesidad de actuación comporta la anulación de la liquidación practicada, sin que, con carácter general, pueda constituir un mero vicio formal no determinante de la anulación del acto, al infringir derechos del obligado tributario.
Resumen: Revocación de sentencia por despido nulo y estimación de recurso de suplicación.
Se interpone un recurso de suplicación por la empresa demandada contra la sentencia del Juzgado de lo Social número uno de Logroño, que había declarado nulo el despido de la trabajadora, considerando que se había vulnerado la garantía de indemnidad. La sentencia de instancia se basó en la existencia de indicios de represalia por parte de la empresa, fundamentados en dos correos electrónicos enviados por la trabajadora, en los que se denunciaban irregularidades en la empresa. Sin embargo, el tribunal de suplicación estima que dichos correos no constituyen reclamaciones formales ni actos preparatorios de acciones judiciales, por lo que no activan la protección de la garantía de indemnidad. Además, se concluye que la extinción del contrato se debió a la falta de superación del periodo de prueba, y no a represalias por denuncias previas. Por lo tanto, se revoca la sentencia de instancia, desestimando la demanda de despido y absolviendo a la empresa de todas las pretensiones. El fallo concluye con la estimación del recurso de suplicación interpuesto por la empresa y la revocación de la sentencia anterior.
