• Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA VIRGINIA GARCIA ALARCON
  • Nº Recurso: 870/2023
  • Fecha: 07/03/2024
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia de instancia desestima la demanda de la trabajadora en la que impugna la decisión empresarial de desistir de la relación laboral durante el periodo de prueba en la que se había solicitado que se declarase que tal decisión es un despido nulo por vulneración de derechos fundamentales, acoso laboral, que venía sufriendo por su superior y libertad sindical. Frente a la misma se interpone recurso de suplicación por la trabajadora que se desestima. Por la Sala se desestiman los motivos de revisión de hechos y en en cuanto a los de denuncia jurídica, se analiza en primer lugar si la clausula en la clausula del contrato en la cual se pacta el periodo de prueba es ajustada a derecho teniendo en cuenta que la actora había prestado sus servicios en la empresa. Argumenta la Sala que es valida puesto que había prestado servicios en otra empresa del grupo y para otro puesto de trabajo distinto. También recuerda la Sala que el desistimiento empresarial en periodo de prueba no necesita ser motivado ni justificado. En cuanto al acoso laboral alegado , por la Sala se hace una amplia referencia a los criterios que deben de concurrir para apreciar que concurre , señalando que se puede confundirse el acoso moral con los conflictos, enfrentamientos y desentendidos laborales en el seno de la empresa por defender los sujetos de la relación laboral intereses contrapuestos. Y concluye que en el presente caso no consta hecho alguno del que deducir una situación de acoso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERNANDO ROMAN GARCIA
  • Nº Recurso: 613/2022
  • Fecha: 07/03/2024
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Santa Cruz de Tenerife
  • Ponente: CARMEN MARIA RODRIGUEZ CASTRO
  • Nº Recurso: 479/2023
  • Fecha: 07/03/2024
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El Tribunal Superior de Justicia desestima el recurso del trabajador despedido frente a la sentencia del Juzgado que calificó como procedente su despido objetivo por causas económicas. Dicho demandante pretende que se califique el mismo por la Sala como improcedente, al no acreditar la empresa un estado de falta de liquidez o tesorería que le permitiese eximirse de la obligación legal de entrega de la indemnización prevista normativamente al tiempo en que se entrega al trabajador la carta de despido. La empresa si que alegó esa causa de exención de esa obligación de entrega simultánea y el demandante aduce que no lo prueba la empresa. Tras explicar que en principio quien ha de probar esa falta de tesorería es la empresa que alega esa situación, también explica que no cabe exigirle prueba plena al efecto, bastando con indicios sólidos que apunten a la realidad de lo alegado. En autos consta que la partida de tesorería en la contabilidad de la empresa alcanzaba una cifra concreta, siendo que la indemnización que debiera abonarse al trabajador suponía el 42 por ciento de tal cifra, debiendo considerarse que fueron despedidos al mismo tiempo y por igual causa el demandante y otros cuatro. De ahí la Sala infiere que se ha de dar por probada esa falta de liquidez alegada (consta en la sentencia que tiempo después del despido, la demandada pasó a situación de concurso, aunque ello no se menciona en la fundamentación del recurso). Previamente se rechaza un motivo de reforma fáctica.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Coruña (A)
  • Ponente: CARLOS VILLARINO MOURE
  • Nº Recurso: 5769/2023
  • Fecha: 07/03/2024
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El Tribunal Superior de Justicia desestima el recurso empresarial contra la sentencia declara nulo el despido disciplinario de la demandante, basado en la transgresión de la buena fe contractual y el abuso de confianza y sin especificar causas concretas. El Juzgado consideró que, improbaba causa concreta de ese despido, la demandante aportó indicios bastantes de que el mismo se debió, no a ningún incumplimiento laboral de la demandante, sino a las reclamaciones de la demandante, considerando que se ataco su garantía de indemnidad con esa reacción a las mismas, lo que supuso esa calificación de despido nulo, con los efectos propios del mismo una indemnización por daño moral de 1500 euros. Los indicios se construyen sobre esa falta de prueba de causa concreta del despido, que la demandante reclamó a la empresa que no volvería a suscribir partes de trabajo que no respondiesen a la realidad y posteriormente, pasado un tiempo, ante la denegación de un permiso, le manifestó que se limitaría a cumplir el horario máximo que prevé el convenio colectivo. La Sala rechaza una reforma fáctica, al no indicarse medio de prueba concreto en el que se basa la supresión fáctica que se pretende. Seguidamente señala porqué, aunque no haya reclamación judicial o prejudicial, estas reclamaciones internas hacen ver ese ataque a la garantía de indemnidad, puesto que precisamente ese despido inmediato tras la reclamación, impide a la trabajadora acudir a la jurisdicción en defensa de su derechos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERNANDO ROMAN GARCIA
  • Nº Recurso: 606/2022
  • Fecha: 07/03/2024
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la entidad recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 69/2022
  • Fecha: 07/03/2024
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia apuntada resuelve un recurso de casación interpuesto por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) contra la sentencia de la Audiencia Nacional en un conflicto colectivo frente a la empresa Transcom Worldwide Spain SLU. El núcleo del conflicto se centra en la retribución de las vacaciones de los trabajadores que realizan ampliaciones de jornada a lo largo del año. El Tribunal Supremo estima los recursos de casación, casando y anulando la sentencia de la Audiencia Nacional. Declara el derecho de los trabajadores afectados por el conflicto a que la empresa les abone la retribución completa e íntegra de las vacaciones, computando la jornada ampliada realizada a lo largo del año, en el momento en que disfruten de las vacaciones y no en un momento posterior. Esto se basa en la interpretación del artículo 7 del Convenio 132 de la OIT, que establece que la retribución durante las vacaciones debe ser la ordinaria o habitual y debe pagarse antes de las mismas, salvo acuerdo en contrario entre empleador y trabajador. La sentencia subraya que la práctica de la empresa de regularizar la retribución de las vacaciones en enero del año siguiente, después de haber disfrutado de ellas, contraviene esta normativa internacional y la jurisprudencia previa del Tribunal Supremo, que especifica que la retribución debe reflejar el promedio de lo percibido por las ampliaciones
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 457/2022
  • Fecha: 06/03/2024
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la entidad recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 86/2022
  • Fecha: 06/03/2024
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurribilidad de sentencia recaída en impugnación de un acto de la Administración Pública que pone fin a la vía administrativa, en materia de Seguridad Social: es admisible el recurso ya que: a) el proceso tiene por objeto el encuadramiento de una determinada actividad en el ámbito de determinado beneficio que se otorga a trabajadores del Régimen especial de la Minería del carbón; b) se interesa también el reconocimiento de la actividad del demandante como penosa, tóxica, peligrosa o insalubre; c) aunque la cuantía anual de la prestación de jubilación del actor fuese notoriamente inferior a la cantidad de 150.000 €, de no serle reconocido el coeficiente de reducción de edad, el demandante podría carecer del derecho a la prestación, por lo que no se trataría de actos susceptibles de valoración económica. Es requisito necesario para conceder la reducción de edad en los casos relativos a los trabajos de exterior en el ámbito del Estatuto del Minero que se siga el correspondiente procedimiento, no siendo válida su asignación directa aun cuando hayan sido reconocidos a otros trabajadores de manera directa. Reitera doctrina establecida en STS de 20.2.1997, rcud. 2267/1996.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Valencia
  • Ponente: LUIS MANGLANO SADA
  • Nº Recurso: 371/2023
  • Fecha: 06/03/2024
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el caso se trata de escisión que no podía ampararse en el régimen especial pretendido. La norma dispone que se entienda por rama de actividad el conjunto de elementos patrimoniales que sean susceptibles de constituir una unidad económica autónoma determinante de una explotación económica,es decir, un conjunto capaz de funcionar por sus propios medios, pudiendo ser atribuidas a la sociedad adquirente las deudas contraídas para la organización o el funcionamiento de los elementos que se traspasan. El régimen especial supone un diferimiento en la tributación de las rentas generadas en la transmisión de los elementos patrimoniales objeto de la escisión, pretendiéndose con ello que las decisiones de reorganización o reestructuración empresariales no se vean afectadas por las implicaciones fiscales que pudieran derivarse del régimen general del Impuesto sobre Sociedades o en el IRPF de los socios.La fiscalidad juega un papel neutral, de forma que las rentas derivadas de las operaciones incluidas en su ámbito de aplicación no se integran en la base imponible del impuesto en el ejercicio en que se realiza la reorganización empresarial, valorándose los bienes adquiridos,a efectos fiscales,por los mismos valores que tenían en la entidad del transmitente antes de realizarse la operación,manteniéndose igualmente la fecha de adquisición y difiriendo,consecuentemente, la tributación hasta el momento que los bienes o derechos afectados salen del patrimonio de las sociedades beneficiadas
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA VIRGINIA GARCIA ALARCON
  • Nº Recurso: 1019/2023
  • Fecha: 06/03/2024
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia de instancia estima la demanda por despido interpuesta por el trabajador y califica el desistimiento empresarial en periodo de prueba como despido nulo por vulneración del derecho fundamental a la igualdad y a la integridad física. Frente a la sentencia se interpone recurso de Suplicación por la empleadora que se estima. En primer lugar la Sala que el contrato de trabajo suscrito por el actor no loa ha sido en fraude, es un contrato vinculado a programas de financiación con fondos europeos, para un proyecto en concreto asociado a la ejecución de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dirigido a colectivos vulnerables, encargándose el actor de tutorizar prácticas, tratándose de una actividad puntual dentro de los programas sociales. Se sigue argumentando por la Sala que se había informado negativamente por el Jefe del Departamento de la actividad realizada por el actor tanto con los alumnos como con los compañeros de trabajo. Entiende también la Sala que el hecho que el actor hubiera estado de baja en periodos cortos no puede calificarse como tal de enfermedad y por lo tanto no sería un indicio para que operara la inversión en la carga de la prueba. Señalando por último la Sala que la decisión empresarial de extinguir la relación laboral por desistimiento empresarial dentro del periodo de prueba esta dentro de las facultades empresariales y justificado.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.