Resumen: Acción reivindicatoria frente a demandado en rebeldía en primera instancia que, en apelación, sin cuestionar el derecho de propiedad de los demandantes, alega la falta de legitimación pasiva al no haber ocupado o poseído el inmueble litigioso. Estimada la demanda en ambas instancias, la Sala desestima los recursos interpuestos por el demandado. Rechaza el error en la valoración de la prueba en cuanto a la posesión de la finca. La Sala recuerda que no todos los errores en la valoración probatoria tienen relevancia constitucional, y la excepcional revisión por la sala de la actividad probatoria del tribunal de instancia, limitada a la existencia de error patente, arbitrariedad o infracción de norma tasada de prueba, precisa la justificación de la comisión de dicho error fáctico -material o de hecho-, es decir, sobre las bases fácticas que han servido para sustentar la decisión, error que, además, ha de ser inmediatamente verificable de forma incontrovertible a través de las actuaciones judiciales y necesariamente referirse a la valoración de un medio de prueba en concreto. En cuanto a la afirmada infracción del art. 348.2 CC en la que se cuestiona la falta del requisito relativo a la posesión ilícita del bien, la Sala razona que el planteamiento parte de un presupuesto fáctico distinto del que la sentencia de apelación considera acreditado, bien que no mediante una prueba directa, sino como consecuencia de la valoración de los indicios que cita, a saber, que en algún momento el demandado, directa o indirectamente, ocupó o tuvo la posesión del inmueble en cuestión.
Resumen: Recurre la trabajadora el desfavorable pronunciamiento de instancia desestimatorio de su pretensión de nulidad de la MSCT al haber visto modificado el horario de mañana que tenía antes de su excedencia; alegando una conducta de discriminación y acoso por parte de su empleador. Recurso que formaliza bajo un primer motivo de nulidad de actuaciones fundamentado en un supuesto déficit de motivación y congruencoa de un pronunciamiento judicial que habría examinado sus alegaciones en los términos que fueron aducidas respecto de aquella conducta de mobbing; y que el Tribunal rechaza al ofrecerse por el juzgador suficientes elementos jurídico-fácticos en su análisis de las distintas cuestiones sucitadas en la litis.
Tales cuestiones son analizadas por la Sala de suplicación desde una doble y condicionante perspectiva: la del contenido de los hechos definitivamente probados y la de modalidad de tutela que subyace en la pretensión de litis unida a la necesidad de determinar una condición de trabajo que hubiera sido irregularmente modificada; lo que efectúa el Tribunal desde el análisis que realiza de lo que debe entenderse por condición más beneficiosa, rechazando su concurso en el caso de litis al no existir prueba alguna de que el empleador haya expresado una voluntad inequívoca de otorgar una mejora. Antes al contrario (avanza la Sala en su pronunciamiento absolutorio) consta probado que ambas partes alcanzaron acuerdo temporal previo a la excedencia voluntaria de la empleada; y siendo ello así, sin CMB que respetar (sin perjuicio de que ésta pueda solicitar la concreción horaria por la via pertinente (la reducción fue admitida) no puede accederse a lo peticionado por la parte. Siendo así que tampoco concurren los indicios de la vulneración alegada.
Resumen: Admitido el recurso de casación en materia de extranjería, la Sala acuerda que para poder acordar la medida de expulsión de territorio nacional, como consecuencia de la situación irregular del ciudadano extranjero, la Administración debe probar que la detención policial constituye una circunstancia agravante suficiente para poder justificar la proporcionalidad de tal medida, sin que la mera detención pueda considerarse por si mismo elemento incriminador suficiente para ello cuando no vaya acompañado de las actuaciones judiciales que siguieron ni del resultado de las mismas.
Resumen: Se confirma la sentencia que desestima la demanda en la que se solicitaba fuese condenada la demandada por incumplimiento del contrato de arrendamiento de servicios que les vinculaba, ya que reitera el Tribunal, se alegaba en la demanda que la mercantil demandada había dejado de atender los requerimientos de la Agencia Tributaria durante varios años y eso le había causado perjuicios a la actora, si bien, no existe prueba en autos que demuestre que estaba pactado que una de las obligaciones de la demandada era la de recibir notificaciones de la Agencia Tributaria, y, en su caso, que de haberlas recibido las hubiera desatendido, por lo que no concurren los requisitos para que la acción ejercitada prospere.
Resumen: Se desestima el recurso de los sindicatos demandantes y en consecuencia se confirma el rechazo de la demanda, en procedimiento de tutela de derechos fundamentales, que tenía por objeto que se declarase que la decisión de la Corporación de Radiotelevisión de Galicia (CRTVG) de mover los tablones de anuncios de su emplazamiento en la redacción de Radio Galega es contraria a los derechos fundamentales de los demandantes -libertad sindical conectada con la libertad de expresión e información-. La censura jurídica no prospera pues el recurso se limita a discrepar de la valoración efectuada por la sentencia recurrida y a exponer, reproduciendo los argumentos valorativos del voto particular, pero sin combatir adecuadamente la aplicación jurídica del Tribunal. La decisión adoptada, de modificación física del lugar del tablón de anuncios efectuada por la empresa está justificada y es proporcionada, no se aprecian indicios que generen una razonable sospecha, fue adoptada por razones ajenas a persecución o discriminación sindical, sin que las mismas ocasionen limitación o perjuicio alguno al sindicato o a los trabajadores. Se ha tratado de causas reales y serias, que permiten calificar de razonable la decisión empresarial de reubicar el tablón de anuncios,
Resumen: Se cuestionan los efectos económicos de la pensión de viudedad reconocida, y los mismos se retrotraen a los tres meses anteriores a la petición porque no se ha constatado la imposibilidad de realizar la solicitud durante la suspensión de los plazos en el tiempo de la pandemia ni posteriormente. La revisión de los hechos se desestima por efectuarse una referencia genérica a los documentos que constan en el expediente judicial.
Resumen: Se desestima que la contingencia de la Incapacidad Temporal sea el accidente de trabajo en cuanto que no consta que la gonalgia bilateral que se padece se haya ocasionado en tiempo y lugar de trabajo, por lo que se atribuye a la contingencia común. En la sentencia se rechaza la nulidad de la sentencia al considerar que la misma es congruente con lo solicitado por las partes al órgano judicial, y se indica que no se ha probado que la lesión se produjo en el trabajo, y haciendo referencia la actora a haber sufrido una caída en una escalera del colegio donde trabajaba, no se presentan ni hematomas ni contusiones acreditativas de ello, sino que se muestran signos inflamatorios generalizados en ambas rodillas, señalándose que se padece una patología degenerativa de base de años de evolución.
Resumen: Reitera el trabajador-recurrente la nulidad o subsidiaria improcedencia de la extinción del último de sus contratos temporales, insistiendo tanto en la alegada cesión ilegal entre Renfe y Logirail como en la vulneración de los DDFF asociada la Garantía de Indemnidad. Partiendo de la doctrina jurisprudencial relativa a aquella figura de ilícita interposición y centrando el debate sobre su concurso en determinar si se ha puesto o no en juego los elementos propios de la figura del empleador, advierte la Sala (desde la dimensión juridica que ofrecen los datos que dan sustento a la conclusión judicial objeto de censura) que no puede considerarse la existencia de cesión ilícita al actuar Logirail como verdadera empresaria, facilitando los equipos de trabajo y medios materiales necesarios para su desempeño; fijando los turnos y supervisándolo a través de las visitas realizadas. Se desestima también la nulidad del despido impugnado por supuesta vulneración de la Garantía de Indemnidad pues frente a lo alegado en el sentido de que la empresa procedió a despedir a todos los trabajadores temporales sólo prueba que se ha procedido al despido del actor (y a otras tres trabajadoras); acreditando su empleador la causa de su extinción.
Resumen: El empresario individual condenado recurre en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social nº 6 de Santa Cruz de Tenerife que declaró la existencia de una relación laboral entre la demandante y el empresario, reconociendo el despido improcedente notificado mediante mensaje de WhatsApp y condenando a aquél al pago de salarios adeudados y a optar entre indemnizar o readmitir a la trabajadora. La demandante prestó servicios desde diciembre de 2022 sin contrato ni alta en la Seguridad Social, desempeñando funciones de jefa de administración en un negocio de hostelería, gestionando el establecimiento y ejecutando las órdenes del empresario, quien residía en Alemania. El empresario alegó que la actora era su pareja sentimental y que las transferencias realizadas eran para la gestión del negocio y gastos personales, negando la existencia de relación laboral. El tribunal de suplicación analiza los requisitos para la revisión de hechos probados y concluye que los documentos aportados por el recurrente no evidencian error patente ni afectan al fallo, por lo que mantiene los hechos probados. En cuanto a la cuestión jurídica, se confirma que la relación de convivencia y afectividad no excluye la existencia de relación laboral cuando concurren dependencia y ajenidad, elementos que se acreditan en el caso, pues la demandante trabajaba bajo la dirección del empresario, con jornada estable y medios proporcionados por este, y recibía una retribución periódica, aunque no formalizada. Se rechaza la alegación de trabajo familiar sin relación laboral, pues la presunción legal de laboralidad no ha sido destruida. Por tanto, se confirma la sentencia de instancia, desestimando el recurso de suplicación interpuesto por el empresario.
Resumen: Recurren ambos litigantes la sentencia que declara improcedente el despido impugnado: el actor para recabar una indemnización superior atendiendo al incremento que solicita del salario-dia; y la empresa al rechazar la existencia de relación laboral entre las mismas. Relación de trabajo que la Sala considera concurrente en un supuesto en el que se acredita que la demandante ha venido prestando sus servicios de peluquería inicialmente bajo la cobertura de un contrato de trabajo a tiempo parcial y posteriormente bajo la formal consideración de un arrendamiento de servicios pero con idénticas y esenciales cometidos si bien es especificó en el mismo que sumninistraría los productos necesarios para realizar su actividad; estando disponible para hacerlo en los horarios fijados por el empleador. Que era quien elaboraba un listado al efecto que entregada al demandante; acudiendo al centro 4 dias a la semana.
Partiendo de las notas que caracterizan el contrato de trabajo (en singular referencia a la ajenidad, dependencia y retribución) advierte la Sala (en armonía con lo decidido en la instancia y en contra de lo alegado de contrario) que no existen circunstancias acreditativas de que entre demandante y demandada existiera una coordinación de esfuerzos en el servicio integral que la demandada presta a personas de la tercera edad; corroborando aquella preexistente relación de trabajo la inalterada continuidad de unos mismos servicios, la integración de la actora en el círculo rector u organizativo de la demandada, la ausencia de utilidad patrimonial en el hacer de la demandante, así como la integración del servicio en el propio organigrama de la demandada que era, en definitiva, quien organizaba y planificaba el trabajo (asumiendo los gastos derivados del servicio),
Ratifica la Sala el importe del salario-dia fijado en la instancia pues es la jornada parcial no concretada en número de horas o porcentaje respecto de la completa, lo que por sí sola impide aplicar una fórmula de cálculo distinta a la utilizada; cual es la de tomar el promedio del importe retributivo de los tres últimos meses de prestación de servicios.
