Resumen: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Rendimientos del trabajo. ¿A quién corresponde la carga de probar la realidad de los desplazamientos y gastos de manutención y estancia en restaurantes y hoteles y demás establecimientos de hostelería, si al empleador o al empleado, respecto de la exención relativa a las dietas y asignaciones para gastos de locomoción y gastos normales de manutención y estancia en establecimientos de hostelería, en relación con la determinación de los rendimientos íntegros del trabajo en la base imponible del IRPF? El planteamiento de la parte recurrente ha sido acogido en la sentencia de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo dictada el 29 de enero de 2020 en el RCA/4258/2018: ES:TS:2020:211.
Resumen: Pretensiones retributivas del personal docente interino relativas a los meses de vacaciones estivales. Improcedencia de devengo. La finalización del vínculo de relación de servicio se produce en las respectivas fechas de los ceses del personal funcionario interino -que en este caso fue a 30 de junio de cada uno de los años reclamados-, y la iniciación de un nueva relación de servicio al inicio del siguiente curso escolar no invalida los efectos jurídicos de cada uno de los ceses precedentes, y, por ende, no otorga derecho alguno al funcionario interino en esta situación para percibir retribuciones por el periodo de tiempo transcurrido entre el cese anterior y el inicio de una nueva relación de servicio, como tampoco otorga derecho al reconocimiento de otros efectos de índole administrativa, como antigüedad o cómputo de servicios prestados, en relación al indicado periodo.
Resumen: IRPF. Aplicación de los artículos 16 y 179.2.d) de la Ley General Tributaria (LGT): ¿estimada la simulación resulta procedente imponer, en todo caso, la sanción, o cabe invocar la interpretación razonable de la norma como causa exculpatoria de la responsabilidad por infracción tributaria por la existencia de calificaciones jurídicas divergentes en relación con operaciones similares? El planteamiento de la parte recurrente ha sido acogido en las sentencias de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo dictadas el 21 de septiembre de 2020 (RCA 3130/2017); 15 de octubre de 2020 (RCA 4328/2018) y 22 de octubre de 2020(RCA 4786/2018).
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación. De acuerdo con la doctrina de esta Sala -sentencia de 23 de julio de 2020 (rec. 4657/2019)-, la designación de oficio de letrado para la defensa del interesado no se extiende a la representación procesal, de manera que ha de cumplirse tal requisito de postulación mediante la expresa voluntad del interesado sobre la designación de su representante en el proceso, formalizándose en cualquiera de las maneras establecidas al efecto, incluida la solicitud de designación de oficio, sin que pueda entenderse satisfecha dicha exigencia procesal mientras no conste, en alguna de las formas que el ordenamiento jurídico establece, que la intervención como representante en el proceso responde a la voluntad del titular de hacer valer su derecho en el proceso de que se trate. En consecuencia, ha de entenderse que el hecho de que el interesado, extranjero privado de libertad, manifieste ante el director del CIE bajo cuyo control se encontraba tanto su voluntad de recurrir a la jurisdicción contencioso administrativa como el otorgamiento de su representación a favor del referido abogado que le asiste, no permite considerar acreditada la representación del interesado por parte de su abogado al interponer recurso contencioso-administrativo, ni resulta de la designación de dicho abogado de oficio.Y, tampoco puede exigirse en el caso la designación de procurador de oficio a instancia del Juzgado.
Resumen: El nuevo recurso de casación contencioso-administrativo deja fuera de él las cuestiones de hecho, pero, cuando se está en el ámbito del derecho sancionador, cabe constatar la existencia de un mínimo de actividad probatoria y si la practicada en única instancia pudo ser valorada de forma arbitraria o irrazonable. Excluida la vulneración del derecho a la presunción de inocencia -por no darse la situación de absoluto vacío probatorio, con la consecuencia anulatoria de fondo interesada por el recurrente-, se considera, no obstante, afectado el derecho a la tutela judicial efectiva por falta de motivación fáctica y jurídica, pues la valoración debe alcanzar a todo el caudal probatorio, tanto de cargo como de descargo, que el órgano de instancia haya tenido a su disposición. La falta de valoración de la totalidad del acervo probatorio comporta una vulneración de los derechos del recurrente, tanto a la tutela judicial efectiva sin indefensión -desde la perspectiva del derecho/deber de motivación de las sentencias-, como a la presunción de inocencia, al no haberse valorado la posible concurrencia de alternativas potencialmente exculpatorias a partir de otras pruebas distintas de las de cargo que eran, asimismo, válidas. Estas vulneraciones llevan aparejada la anulación de la sentencia impugnada y la devolución de las actuaciones al tribunal de instancia para que, con la misma composición y libertad de criterio, dicte la sentencia que corresponda, ajustada a derecho.
Resumen: Determinar si es procedente el recurso de casación cuando la sentencia impugnada ha tenido en cuenta, como determinante del fallo, un precepto de derecho tributario foral, cuya redacción es coincidente con la de la norma correspondiente en la LGT -en la que también se basa el fallo- que regula la nulidad de pleno derecho de los actos tributarios, siendo así que, además, este último precepto ha sido interpretado, con carácter general, por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En el supuesto de que la respuesta a la pregunta anterior fuera afirmativa, precisar si la anulación de una liquidación practicada como desenlace de un procedimiento iniciado mediante liquidación y que la Sala de instancia considera semejante al de verificación de datos previsto en los artículos 131 a 133 LGT, cuando debió serlo en uno de comprobación limitada, integra un supuesto de mera anulabilidad o uno de nulidad de pleno Derecho, aunque cuando no se haya producido indefensión con motivo de haber seguido un procedimiento de comprobación en lugar de otro. Finalmente, esclarecer si sería aconsejable admitir el recurso de casación promovido, dada la presunción iuris et de iure establecida en su favor en el artículo 88.3.b) de la LJCA, aun cuando mantuviéramos la duda acerca de si el recurso es procedente, atendida la naturaleza de algunas de las normas reputadas como infringida, fuese el de casación autonómica.
Resumen: Dilucidar si la doctrina del TJUE, contenida en la Sentencia de 3 de septiembre de 2014 (C-127/12), se aplica a ciudadanos de Estados que no sean residentes en la Unión Europea ni en el Espacio Económico Europeo, como es el caso de Suiza, por cuanto que el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europa prohíbe las diferencias de trato fiscal en las sucesiones - particularmente respecto de bienes inmuebles ubicados en España- en función de la residencia de los causantes o causahabientes. La doctrina del TJUE establecida en su sentencia de 3 de septiembre de 2014 se aplica a ciudadanos que no sean residentes en alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, como aquí sucede, ya que el artículo 63 del TFUE , en materia de libre circulación de capitales -título o rúbrica que, conforme a la reiterada jurisprudencia de la Unión, engloba la sucesión hereditaria-, prohíbe las diferencias de trato fiscal en las sucesiones o donaciones -particularmente respecto de bienes inmuebles ubicados en España- en función de la residencia de los causantes o los causahabientes. 2) No es admisible que, pese a la situación en el territorio de una comunidad autónoma de los bienes heredados, la cual prevea beneficios fiscales en el ámbito objetivo de la regulación complementaria autorizada en las normas de cesión del impuesto, no pueda gozar de tales beneficios el heredero por razones de no residencia en un Estado miembro de la UE o del EEE.
Resumen: La Sala estima el recurso y el contencioso-administrativo. La cuestión que se suscita como de interés casacional objetivo ha sido objeto de examen por esta misma Sala y Sección en reiteradas ocasiones, como ya se pone de manifiesto en el mismo auto de admisión e incluso en el mismo escrito de interposición del recurso, por lo que hemos de atenernos a dicha jurisprudencia. El examen de la cuestión no está referido a una pretendida vulneración de las normas que regulan la cancelación de los antecedentes en el Registro de Delincuentes Sexuales (artículo 10 del Real Decreto de creación), sino en la incorrecta inclusión de los antecedentes del recurrente que obraban en el Registro Central de Penados, que es lo que argumenta en contra de la legalidad de la resolución impugnada.dado que el Real Decreto 1110/2015 entró en vigor el 28 de febrero de 2016, fecha en la que los antecedentes penales del recurrente debieron estar cancelados, ha de entenderse que los mismos no se encontraban en vigor y no podían tomarse en consideración para el acceso directo al RCDS y en consecuencia no deben figurar en el mismo." Se rechaza con ello el argumento de la Sala de instancia de que bastaba la constancia de los antecedentes en el Registro Central de Penados, con independencia de su derecho a la cancelación, incluso de oficio, para que se incluyeran en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, porque los antecedentes con derecho a la cancelación no podrán ser tenidos en cuenta.
Resumen: La Sala hace referencia a las sentencias dictadas por el pleno de la misma en relación con la cuestión controvertida, conforme a cuya doctrina la regla objetiva del vencimiento es la que deriva de lo dispuesto en en el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional, y, por consiguiente, resulta procedente la imposición de costas, salvo criterio subjetivo del juzgador, quien habrá de atender a las circunstancias concurrentes en cada caso y quien, igualmente podrá también acudir al apartado 4 del artículo 139 LJCA. En el presente caso, ha lugar al recurso de casación. Conforme a lo previsto en el art. 139.1 LJCA procede imponer las costas del proceso de instancia a la parte demandada -Administración del Estado-, al haberse allanado a la demanda en el plazo de contestación a la demanda. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del citado artículo 139, dada la índole del asunto y la actividad procesal desplegada por la parte actora en el curso del proceso, procede limitar la cuantía de la condena en costas a la cifra de dos mil euros (2.000 €) por todos los conceptos. No se considera necesaria, ni procedente la retroacción de actuaciones para que resuelva sobre las costas la Sala de instancia, pues esta Sala del Tribunal Supremo cuenta con elementos de juicio que permiten hacer el pronunciamiento en materia de costas del proceso de instancia, y ello conforme al artículo 93.1 de la LJCA.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional versa sobre la interpretación del artículo 7.1.b) del RD 240/2007 de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, a cuyo efecto, la Sala señala la interpretación sistemática del precepto pone de manifiesto la descripción de una serie de situaciones en la que ha de encontrarse quien pretende reagrupar a un miembro de su familia, como son: ser un trabajador por cuenta propia o ajena, disponer de recursos suficientes, estar matriculado en un centro público o privado, contar con un seguro de enfermedad. Se trata, por lo tanto, de situaciones existentes al momento en el que se ejercita la pretensión, en cuanto son determinantes de su reconocimiento, que no podría producirse invocando situaciones ya inexistentes, por haber desaparecido, o situaciones de futuro que todavía no pueden acreditarse. Por tanto, a la cuestión planteada en el auto de admisión se responde que para determinar la concurrencia del requisito de contar el reagrupante con medios económicos suficientes para sí y su familia del artículo 7.1.b) del Real Decreto 240/2007, ha de atenderse a la situación económica existente y constatada en el momento de la solicitud. Por el contrario, la modificación de las mismas en un momento posterior no determina de manera automática la desaparición de la condición establecida.
