Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es la de determinar, en primer lugar, si el artículo 40.1 EBEP, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, prevé o no un régimen jurídico específico de acceso a la información, y, en segundo lugar, de entenderse que dicho texto legal no contiene un régimen específico y resultar de aplicación, en consecuencia, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, si, a efectos de otorgar un plazo para formular alegaciones a los interesados, en los términos del artículo 19.3 de este último texto legal, debe interpretarse que cuando la información solicitada contiene datos de carácter personal, dicha información afecta a derechos o intereses de los mismos. Precedente: ATS de 4 de octubre de 2019 (RCA 577/2019). Concurre la presunción del artículo 88.3.d) LJCA sin que la cuestión suscitada carezca manifiestamente de interés casacional objetivo, trascendiendo además del caso concreto examinado y sin que exista jurisprudencia al respecto.
Resumen: Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si la suspensión del plazo prevista en el artículo 37.1.a) LDC queda reservada para la reclamación de documentos necesarios y específicos del caso concreto, que no se pudieron recabar en el plazo ordinario, o si ampara también el requerimiento de actuaciones establecidas como obligatorias por las normas de competencia para el procedimiento sancionador, y que pudieron realizarse en el período ordinario. Ello sin perjuicio que la Sala de Enjuiciamiento se pronuncie, en su caso, sobre si, ante un expediente único, la complejidad o falta de complejidad del mismo se comunica a todas las partes intervinientes, en este caso, a la Administración y a las empresas investigadas.
Resumen: IGIC. Grupo de consolidación fiscal. Recargos por pago extemporáneo. Conveniencia de que el Tribunal Supremo aclare y precise su jurisprudencia sobre el recargo del artículo 27 de la LGT y la consideración del concepto "requerimiento previo" contenido en dicho precepto. Aclaración, matización o precisión de las sentencias de 19 de noviembre de 2012 (recurso de casación 2526/2011; ECLI:ES:TS:2012:7414) y de 23 de mayo de 2016 (recurso de casación 1409/2014; ECLI: ES:TS:2016:2211). Asunto similar al planteado en los autos de admisión de 16 de enero de 2019 (RCA 4264/2018; ECLI:ES:TS:2019:182A) y de 23 de mayo de 2019 (RCA 491/2019; ECLI:ES:TS:2019:5694A). IGIC. Grupo de consolidación fiscal. Recargos por pago extemporáneo. Conveniencia de que el Tribunal Supremo aclare y precise su jurisprudencia sobre el recargo del artículo 27 de la LGT y la consideración del concepto "requerimiento previo" contenido en dicho precepto. Aclaración, matización o precisión de las sentencias de 19 de noviembre de 2012 (recurso de casación 2526/2011; ECLI:ES:TS:2012:7414) y de 23 de mayo de 2016 (recurso de casación 1409/2014; ECLI: ES:TS:2016:2211). Asunto similar al planteado en los autos de admisión de 16 de enero de 2019 (RCA 4264/2018; ECLI:ES:TS:2019:182A) y de 23 de mayo de 2019 (RCA 491/2019; ECLI:ES:TS:2019:5694A). R. CASACION núm.: 4150/2019
Resumen: Establecer si, con el fin de determinar la base imponible en la liquidación definitiva del ICIO, la Administración gestora del impuesto puede modificar la fórmula de cálculo empleada en la liquidación provisional por otra distinta en la definitiva, utilizando en ésta el basado en el presupuesto de ejecución material presentado por los interesados, en vez de los módulos establecidos en la ordenanza fiscal, aplicado en la primera liquidación; y viceversa.
Resumen: Impuesto sobre Sociedades 2008. Régimen especial de determinados contratos de arrendamiento financiero cuyo objeto es la cesión del uso de bienes inmuebles (capítulo XIII del título VII). ¿La aplicación de este régimen especial requería, en aplicación de la disposición adicional 7ª de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, la concurrencia de los requisitos que el artículo 27.2 LIRPF, en su redacción aplicable ratione temporis, exigía para entender que el arrendamiento de bienes se realiza como actividad económica, esto es, la existencia de local y persona contratada? Recurso similar a los RCA 5873/2017, 6300/2017, 6299/2017 y 1834/2018 (régimen especial para empresas de reducida dimensión del capítulo XII del Título VII) y a los RCA 3599/2018 y 3334/2018 (régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas del Capítulo III del Título VII).
Resumen: Precedentes: AATS de 20 de septiembre de 2019, dictados en los RRCA 3588/2019 y 3505/2019, entre otros. La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es la de precisar la doctrina a fin de determinar si el artículo 44 LJCA resulta aplicable a los litigios entre Administraciones Públicas cuando una de ellas es beneficiaria de una subvención otorgada por otra Administración. En este sentido, se recuerda que la jurisprudencia ya ha concluido que el requerimiento previo del artículo 44 LJCA procede solamente en aquellos litigios entre Administraciones cuando éstas ejercen potestades de derecho público; sin embargo, se hace aconsejable un nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo a fin de determinar si el citado artículo 44 LJCA resulta aplicable a los litigios entre Administraciones Públicas cuando una de ellas es beneficiaria de una subvención otorgada por otra Administración. Esto es, se trata de precisar si en estos casos la Administración beneficiaria actúa como Administración Pública ejerciendo potestades administrativas o facultades de imperium, o bien actúa como un particular.
Resumen: Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si la suspensión del plazo prevista en el artículo 37.1.a) LDC queda reservada para la reclamación de documentos necesarios y específicos del caso concreto, que no se pudieron recabar en el plazo ordinario, o si ampara también el requerimiento de actuaciones establecidas como obligatorias por las normas de competencia para el procedimiento sancionador, y que pudieron realizarse en el período ordinario.
Resumen: Precedentes de admisión: AATS de 31 de mayo y de 14 de junio de 2019 (RCA 1074/2019 y RCA 2134/2019). Las cuestiones planteadas en el recurso que presentan interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consisten en interpretar la normativa de protección de datos de carácter personal vigente a efectos de delimitar: (i) Qué debe considerarse como un tratamiento de datos de ámbito exclusivamente personal o doméstico a efectos de su exclusión del ámbito de protección que dispensa la LOPD con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2 LOPD -actual artículo 2.2.a) LO 3/2018 que remite al artículo 2.2 del Reglamento General (UE)-. (ii) En qué circunstancias (o con qué alcance) la voz de una persona puede considerarse como un dato de carácter personal, con arreglo al artículo 3 LOPD en relación con el artículo 5 RLOPD -actualmente artículo 4.1 del Reglamento General (UE)-. (iii) En qué términos debe llevarse a cabo la ponderación que prevé el artículo 7.f) de la Directiva 95/46/CE -actual artículo 6.1.f) del Reglamento General (UE)- entre el legítimo interés del responsable de los datos y la protección de datos de carácter personal de interesado. En el caso concreto se trata de determinar si la actividad que desarrolla la recurrente -a través de una aplicación de móvil que permite al usuario gastar bromas a terceros, así como grabar y difundir dicha broma- queda, o no, excluida del ámbito de aplicación de la LOPD.
Resumen: Auto de admisión del recurso de casación. Idoneidad del método de comprobación del valor real de transmisión de un inmueble urbano consistente en aplicar un coeficiente multiplicador sobre el valor catastral, para comprobar el valor declarado a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Inaplicación por parte de la sentencia recurrida de la doctrina fijada por el TS en sentencias de 23 de mayo de 2018.
Resumen: Determinar si cabe derivar la responsabilidad solidaria al menor de edad en aquellos supuestos en que su actuación como causante o colaborador en la ocultación o transmisión de bienes, que constituya el hecho causante de la responsabilidad solidaria, se ha llevado a cabo por medio de su representante, ya sea legal o voluntario.