Resumen: Impuesto sobre Sociedades. Régimen especial de incentivos fiscales para las empresas de reducida dimensión, tras la reforma operada por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. ¿Se aplica a las sociedades de mera tenencia de bienes que no desarrollan una actividad económica? El planteamiento de la parte recurrente ha sido acogido en la sentencia de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2019 (RCA/5873/2017; ES:TS:2019:2706).
Resumen: Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si, conforme al artículo 6.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679, interpretado a la luz de los considerandos 47 in fine y 70 del mismo Reglamento, puede considerarse lícito el tratamiento de datos personales con fines de mercadotecnia directa cuando, a pesar de no haber otorgado el interesado su consentimiento, concurriere un interés legítimo en el responsable del tratamiento.
Resumen: Precisar quién es el sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en relación con los inmuebles propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, pero adscritos o transferidos a una Comunidad Autónoma en virtud de los distintos Reales Decretos sobre traspaso a las Comunidades Autónomas de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud, si las Comunidades Autónomas o la mencionada Tesorería, se suscita la misma cuestión en el RCA/2977/2019, que fue admitido por auto de 19 de septiembre de 2019, así como en otros dos autos.
Resumen: Admisión. La Sección de admisión considera que el escrito de preparación cumple con carácter general las exigencias que impone el art. 89.2 de la LJCA, y, en relación específicamente con lo dispuesto en el art. 89.2.f), que, en cuanto a la alegada infracción del artículo 32.4 de la Ley 40/15, de 1 de octubre, la parte recurrente ha realizado el imprescindible esfuerzo argumental, con singular referencia al caso, de la concurrencia del supuesto previsto en el art. 88.3.a) LJCA, toda vez que se constata la ausencia de pronunciamiento de esta Sala sobre la cuestión suscitada, lo cual lleva a considerar que presenta interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento para la formación jurisprudencia. La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar cuáles son los mecanismos que permiten dar por cumplido el requisito estipulado en el artículo 32.4 de la Ley 40/15, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a efectos de instar válidamente la acción de responsabilidad patrimonial prevista en dicho precepto; en especial, si un recurso jurisdiccional, interpuesto contra la resolución administrativa que desestimó un procedimiento de revisión por nulidad de pleno derecho, promovido contra la actuación que ocasionó el daño, colma o no colma el requisito que fija el artículo 32.4. Precedentes de admisión: AATS 1-7-19, RCA 1750/19 y 26-9-19, RCA 2884/19.
Resumen: Admisión. La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar, si es conforme a derecho, declarar la caducidad de un acto administrativo de ejecución de una orden de restauración de la legalidad física alterada y transformada, que ordenó la demolición de una instalación, como la obrante en autos, base de telefonía móvil, por apreciar irregularidades invalidantes (en este caso, caducidad) del procedimiento al que puso fin la resolución que se ejecuta, finalizado por resolución firme en vía administrativa y confirmada en sede judicial. Las normas que precisan interpretación son: art. 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, actual art. 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, arts. 93, 95, 96.1 b) y 98 de la misma Ley), ello sin perjuicio de que la Sala de enjuiciamiento pueda extenderse a otras, si así lo exigiese el debate procesal finalmente trabado ( art. 90.4 LJCA).
Resumen: Admisión. La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si a efectos de la actuación ante órganos judiciales unipersonales, la designación de letrado por el turno de oficio excluye la exigencia de otorgamiento de la representación mediante poder o comparecencia apud acta. La Sala Tercera del TS considera necesario un pronunciamiento a fin de reafirmar, reforzar o completar o, en su caso, cambiarlo o corregirlo, el criterio que sobre la cuestión fijó esta Sala en la sentencia de 30 de junio de 2011 (RC 76/2009) en la que se afirmó la posibilidad de mantener un criterio interpretativo del art. 23 LJCA basado en el principio pro actione, que evite un excesivo rigorismo en la aplicación del requisito de acreditar la representación (habilitando, por ejemplo, un plazo suplementario para la subsanación de este defecto procesal en atención a las circunstancias concretas derivadas de la dificultad acreditada de comunicación del Letrado designado de oficio con su representado. Ello, a la vista de pronunciamientos judiciales contrarios a esta doctrina.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación preparado contra sentencia que anuló la modificación de plantilla consistente en la reconversión de los puestos de conductor camillero SAMU en técnico en emergencias sanitariaa, declarando el derecho de los recurrentes a que se les re-clasifique en el subgrupo C1, con las correspondientes retribuciones y con encuadramiento dentro del sector sanitario de la Consejería de Sanidad. Para el TS presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, la cuestión relativa a si la transformación e integración de una categoría profesional, (en este caso, la categoría de conductor camillero), en otra categoría profesional, (técnico en emergencias sanitarias), para la que se exige una titulación de acceso correspondiente a un subgrupo de clasificación superior, debe comportar la inclusión en el subgrupo superior según la titulación de acceso exigida en la categoría resultante.
Resumen: Admisión. La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar qué incidencia tienen la STC 8/17, de 19 de enero, así como la STEDH de 16 de febrero de 2016 (asuntos acumulados Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni C. España), en la regulación y reciente interpretación jurisprudencial del art. 294.1 LOPJ.
Resumen: La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional consiste en determinar: - la posible extensión del ámbito objetivo de aplicación del artículo 108.3 LJCA no sólo a las obras realizadas al amparo de una licencia anulada, sino también a las obras realizadas sin licencia; y - si cabe la exigencia de garantías suficientes a las que se refiere el precepto no sólo a la Administración sino también a terceros tales como los promotores de las obras a demoler, y en tal caso, si lo es de forma aislada o de forma conjunta con la Administración, solidaria o subsidiariamente, precisando asimismo cómo debería sustanciarse procesalmente dicha exigencia; - si cabe condicionar la apreciación de la concurrencia de legitimación de los terceros de buena fe, en relación a la procedencia de la prestación de la garantía prevista en el art. 108.3 LJCA, a un juicio indiciario sobre su legitimación, a una declaración de no concurrencia de responsabilidad de la administración, o a la prescripción de la acción para exigir la responsabilidad patrimonial.
Resumen: La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar cuál deba ser la consecuencia procesal en cuanto al requisito de postulación, en el supuesto que el letrado designado para actuar ante órganos jurisdiccionales unipersonales y al que se ha conferido la representación de la parte es sustituido en el acto de la vista por otro letrado que no ostenta esa representación. En consonancia con esta cuestión, será objeto de interpretación, en principio, el artículo 38.2 del Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, en relación con el artículo 23.1 LJCA.