Resumen: Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Mérida, de 15 de noviembre de 2017, que aprobó definitivamente las modificaciones de las ordenanzas reguladoras del ICIO, IBI e IAE. ¿Pueden los municipios que se hayan acogido a la ampliación del período de amortización de los préstamos formalizados en la primera fase del mecanismo de pagos a proveedores y que no se hayan acogido a las medidas extraordinarias de apoyo financiero contenidas en el título II del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, reconocer las bonificaciones fiscales potestativas previstas en los artículos 74.2 quáter, 88.2.e), 103.2.a) del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales cuando estén justificados por motivos sociales?
Resumen: Auto de admisión del recurso de casación. Impuesto sobre Sociedades.- Régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas.- ¿La aplicación de este régimen especial requería la concurrencia de los requisitos que el artículo 27.2 LIRPF exigía para entender que el arrendamiento de bienes se realizaba como actividad económica? Proceso contencioso-administrativo.- Incongruencia. Asunto relacionado con el RCA/3334/2018.
Resumen: Autorización de entrada en domicilio para la ejecución de actos administrativos. Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión que presenta interés casacional objetivo consiste en reforzar, precisar o matizar la jurisprudencia existente en materia de aplicación del principio de proporcionalidad en los supuestos de autorización de entrada en un domicilio familiar, para proceder a su desalojo, en el que residan menores de edad, en relación con la afectación de los derechos e intereses de los menores de edad que la decisión judicial comporta; y, en particular, si tal ponderación ha de afectar al núcleo de la decisión del desalojo o sólo a los aspectos periféricos relativos a las condiciones concretas en que debe desarrollarse la actuación administrativa.
Resumen: Admisión. Concesionarios. Competencia. Caducidad del procedimiento sancionador. Precedentes: RRCA/3721/2019 y 4388/2019, autos de fecha 11 y 25 de octubre de 2019, respectivamente. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si la suspensión del plazo prevista en el artículo 37.1.a) LDC queda reservada para la reclamación de documentos necesarios y específicos del caso concreto, que no se pudieron recabar en el plazo ordinario, o si ampara también el requerimiento de actuaciones establecidas como obligatorias por las normas de competencia para el procedimiento sancionador, y que pudieron realizarse en el período ordinario.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en precisar la jurisprudencia existente a fin de determinar si la infracción tipificada en el artículo 79.3.e) de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, constituye una infracción instantánea o una infracción permanente, a efectos del cómputo del plazo de prescripción de la infracción y la concreción del dies a quo. Se pone de relieve la existencia de un precedente auto de admisión similar (referente a la Ley del Mercado de Valores)-TS de 15 de octubre de 2018 (RCA 1857/2018)- sobre el que ya se ha pronunciado la STS de 29 de mayo de 2019. Teniendo en cuenta lo anterior, así como las especiales características que reviste la infracción de "retraso" en la remisión de determinados datos -que no omisión total-, retraso que no ha impedido el acceso a tales datos por la Administración a fin de determinar las obligaciones de contribución al Fondo de Eficiencia Energética, la sala considera que es necesario concretar la jurisprudencia para esta diferente realidad jurídica. Concurre, por tanto, la presunción del artículo 88.3.a) LJCA.
Resumen: Admisión. Infracción en materia de defensa de la competencia. Cártel de concesionarios de vehículos. Determinación de la responsabilidad de aquellas empresas que son conocedoras de la actividad anticompetitiva, pero no compiten en el mercado afectado: artículos 1 y 61.1 LDC y 101.1 TFUE. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en interpretar los artículos 1 y 61.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, en relación con el artículo 1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la jurisprudencia que los interpreta, a fin de determinar el grado de responsabilidad (o, en su caso, su exclusión) de aquellas empresas que tienen conocimiento de la dinámica de una práctica colusoria (como pueda ser un cártel), o la facilitan, pero no compiten en el mercado afectado.
Resumen: La Sala admite la casación contra sentencia de AN que confirmó resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que anuló el pliego aplicable al contrato de arrendamientos de locales de negocio al considerar que infringía las normas previstas en la Directiva sobre adjudicación de contratos de concesión de servicios. La Sala precisa que la cuestión que tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es plantear si, los contratos de alquiler de local de AENA, atendiendo al pliego de cláusulas contractuales controvertido, deben ser calificados de contrato de arrendamiento o, por aplicación de la directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero, deben calificarse como contrato de concesión de servicios.
Resumen: La Sala Tercera del Tribunal Supremo precisa que la cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es la siguiente: si ha de incluirse o no la cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en la base de cálculo de los intereses de demora por el retraso de la Administración en el pago de determinadas facturas de un contrato de suministro. La admisión tiene lugar atendiendo a la existencia de resoluciones judiciales contradictorias en supuestos sustancialmente idénticos, ex artículo 88.2.a) LJCA.
Resumen: Se admite a trámite el recurso casación preparado contra sentencia que, en grado de apelación, confirmó la anulación de la sanción impuesta por el Colegio de Procuradores de Madrid a uno de sus colegiados de suspensión en el ejercicio de la profesión de procurador, por impago de cuotas colegiales. Remisión a otros precedentes admitidos y estimados al citado colegio profesional Tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia determinar: a) Si, tras la anulación jurisdiccional de los Estatutos del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid de 2011, cabe entender que el artículo 20.1.c) del Estatuto General de los Procuradores de España de 2002, otorga sustento normativo habilitante a los acuerdos de baja colegial por impago de las cuotas colegiales contempladas en el Reglamento de Cuotas Colegiales del Colegio de Procuradores de Madrid, aprobado en Junta General de 1 de julio de 2004; b) Si, tras la anulación jurisdiccional de los Estatutos del Colegio de Procuradores de Madrid de 2011, cabe entender que los Estatutos del Colegio de Procuradores de Madrid de 2007, han recobrado su vigencia, y, si el artículo 73.1.c) de dichos Estatutos otorga sustento normativo habilitante a los acuerdos de baja colegial por impago de las cuotas colegiales contempladas en el Reglamento de Cuotas Colegiales del Colegio de Procuradores de 2007 han recobrado vigencia, y si el artículo 73.1.c) de los Estatutos otorga sustento normativo al acuerdo de baja colegial por el impago.
Resumen: La ley autonómica no contradice los principios constitucionales de igualdad, capacidad económica y libertad de empresa. Doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: el establecimiento de un tributo que grava, por razones medioambientales y urbanísticas, los establecimientos comerciales de más de una determinada superficie no contraviene el Derecho de la Unión Europea, concretamente la libertad de establecimiento. No constituye una ayuda de Estado el hecho de prever supuestos de no sujeción (para establecimientos con una superficie útil de exposición y venta al público inferior a 2.500 metros cuadrados) por cuanto, a tenor de la jurisprudencia del TJUE, la fijación de aquellos umbrales entra dentro del margen de apreciación del legislador nacional. Desestimación del recurso de casación.