Resumen: La cuestion en la que se entiende que existe interés casacional objetivo es: Primero. Determinar si el "servicio de autobús" para transporte colectivo de las empresas para sus trabajadores debe estar o no sujeto a cotización a la Seguridad Social, por entender que constituye, en el primer caso, el pago de una partida salarial, o bien responde al concepto de compensación por traslado, en el segundo caso. Segundo. Determinar si es procedente el prorrateo a lo largo de los doce meses del ejercicio correspondiente, los pagos únicos realizados por las empresas sin periodicidad de devengo, en lugar de incluirlo en las bases de cotización del mes en que se pagaron a sus trabajadores y, si ello puede considerarse contrario a la ley al estar previsto solo reglamentariamente pero no en la Ley General de la Seguridad Social.
Resumen: Determinación de la participación de los funcionarios de libre designación y de designación política en los órganos de selección de los empleados públicos, a los efectos de la aplicación o no de la prohibición establecida en el artículo 60.2 TREBEP.
Resumen: Las cuestiones que presenta interés casacional consisten en: 1. Determinar si, con ocasión de la impugnación de liquidaciones del IBI y para obtener su anulación, el sujeto pasivo puede discutir la valoración catastral de su inmueble, cuando no lo hizo (o haciéndolo dejó que alcanzara firmeza) al tiempo en que le fue notificado individualmente el valor catastral del bien inmueble sujeto a tributación por dicho impuesto. 2. Determinar si, la anulación judicial de un acuerdo de asignación de valores catastrales individualizados por falta de constancia, defectos o cualquier otro vicio del estudio de mercado del expediente de aprobación de la ponencia de valores, efectuada por un Tribunal respecto a otro propietario, resulta extensible al resto de sujetos pasivos del municipio en cuestión, con ocasión de la impugnación de las liquidaciones del IBl, aunque no hubieran recurrido la ponencia de valores o la asignación de valores catastrales individualizados. 3. Determinar qué trascendencia y efectos tienen sobre la impugnación de la liquidación del IBI los pronunciamientos judiciales contradictorios efectuadas por la Aud. Nacional y por el TSJ de la Comunidad Valenciana, referidos, sentencias que además se refieren a otros contribuyentes. 4. Precisar qué efectos proyecta sobre esa impugnación de la liquidación del IBI la sentencia de la Aud. Nacional que declara ajustada a derecho la Ponencia de Valores del municipio en cuestión y que estima que existe estudio de mercado motivado.
Resumen: Solicitud de devolución del exceso de las retenciones sobre dividendos de fuente española, cuarto trimestre de 2009, formalizada por un fondo de inversión residente en EEUU, por considerar contrarias al Derecho de la Unión Europea las retenciones del 15% practicadas, conforme al CDI España/EEUU, al constituir una restricción prohibida a la libre circulación de capitales, ya que los fondos de inversión residentes en España tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades. ¿El análisis de comparabilidad se debe realizar con la legislación española de fuente interna sobre instituciones de inversión colectiva o con la Directiva 2009/65/CE? ¿El examen de la suficiencia de los mecanismos de intercambio de información para confirmar el cumplimiento por los fondos de inversión residentes en EEUU de los requisitos exigidos para su comparabilidad debe buscar la identidad con los que España tiene con otros Estados miembros de la Unión Europea o la mera equiparación y la efectividad de los mismos para el fin pretendido?
Resumen: Desestimación de recurso. La AEPD no actúa para corregir una infracción de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter, sino una vulneración de los derechos previstos en el artículo 48.3.a) de la Ley General de Telecomunicaciones, siendo ésta una infracción que está tipificada como leve en el artículo 78.11 de esta Ley y se rige por el régimen sancionador previsto en la propia Ley General de Telecomunicaciones. Y aunque la competencia para sancionar las infracciones tipificadas en la Ley General de Telecomunicaciones corresponde, con carácter general, al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, sin embargo, para determinadas infracciones, la competencia sancionadora se atribuye a la CNMC y a la AEPD. Pero, en todo caso, el ejercicio de la potestad sancionadora se sujetará al procedimiento aplicable, con carácter general, a la actuación de las administraciones públicas. Así, la AEPD es la competente para sancionar las infracciones leves del artículo 78.11 y las infracciones graves del artículo 77.37 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo. Ahora bien, en ambos casos se trata de infracciones tipificadas en la LGTel, y el procedimiento a seguir no será el establecido en la legislación sobre protección de datos, sino el que señala la LGTel. La normativa europea que la parte actora señala como infringida no se corresponde con la que es aplicable al caso.
Resumen: Al igual que en otros pronunciamientos anteriores, la Sala Tercera del Tribunal Supremo declara que reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia si un funcionario docente interino que ha sido cesado el 30 de junio y readmitido al inicio del curso escolar tiene derecho a percibir retribuciones por este periodo cuando (i) ni existe norma, pacto o acuerdo que así lo reconozca, y (ii) ha aceptado el cese por no haberlo recurrido en tiempo y forma. La admisión tiene lugar atendiendo a que el criterio de la sentencia recurrida trasciende del caso objeto del proceso, afectando a un gran número de situaciones. Añade el Alto Tribunal que un asunto similar ha sido sentenciado por la Sala, concluyendo a este respecto que el cese de los funcionarios docentes interinos de los cuerpos docentes no universitarios al final del período lectivo del curso escolar, basado solo en la causa de que en los dos meses restantes de éste (julio y agosto) desaparece la necesidad y urgencia que motivó su nombramiento, no comporta un trato desigual no justificado con respecto a los funcionarios docentes fijos o de carrera.
Resumen: Liquidaciones firmes y consentidas por el contribuyente, giradas en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Posibilidad de declaración de nulidad de pleno derecho del artículo 217 de la Ley General Tributaria. Identificación de la causa de posible concurrencia y efectos temporales de la nulidad. El planteamiento de la parte recurrente ha sido acogido por varias sentencias de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, entre las que cabe citar las de 18 de mayo de 2020 (RCA/1068/2019; ECLI:ES:TS:2020:984, RCA/1665/2019; ECLI:ES:TS:2020:973 y RCA/2596/2019; ECLI:ES:TS:2020:1364).
Resumen: Las cuestiones que presenta interés casacional consisten en: 1. Determinar si, con ocasión de la impugnación de liquidaciones del IBI y para obtener su anulación, el sujeto pasivo puede discutir la valoración catastral de su inmueble, cuando no lo hizo (o haciéndolo dejó que alcanzara firmeza) al tiempo en que le fue notificado individualmente el valor catastral del bien inmueble sujeto a tributación por dicho impuesto. 2. Determinar si, la anulación judicial de un acuerdo de asignación de valores catastrales individualizados por falta de constancia, defectos o cualquier otro vicio del estudio de mercado del expediente de aprobación de la ponencia de valores, efectuada por un Tribunal respecto a otro propietario, resulta extensible al resto de sujetos pasivos del municipio en cuestión, con ocasión de la impugnación de las liquidaciones del IBl, aunque no hubieran recurrido la ponencia de valores o la asignación de valores catastrales individualizados. 3. Determinar qué trascendencia y efectos tienen sobre la impugnación de la liquidación del IBI los pronunciamientos judiciales contradictorios efectuadas por la Aud. Nacional y por el TSJ de la Comunidad Valencia, referidos, sentencias que además se refieren a otros contribuyentes. 4. Precisar qué efectos proyecta sobre esa impugnación de la liquidación del IBI la sentencia de la Aud. Nacional que declara ajustada a derecho la Ponencia de Valores del municipio en cuestión y que estima que existe estudio de mercado motivado.
Resumen: Impuesto sobre Sucesiones. Concepto de ajuar doméstico. Bienes incluidos y excluidos del concepto. Se determina a efectos de la presunción que establece el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones qué elementos o bienes deben ser incluidos en el concepto de ajuar doméstico o, más bien, qué criterios deben presidir su inclusión. En ningún caso, deben quedar comprendidos los valores mobiliarios y las participaciones o acciones de sociedades mercantiles. El planteamiento de la parte recurrente ha sido acogido en tres sentencias de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, una, de 10 de marzo de 2020 (RCA/4521/2017; ECLI:ES:TS:2020:1619) y dos, de 19 de mayo de 2020 (RCA/6027/2017; ECLI:ES:TS:2020:956 y RCA/5938/2017; ECLI:ES:TS:2020:1094).
Resumen: Impuesto sobre Sucesiones. Concepto de ajuar doméstico. Bienes incluidos y excluidos del concepto. Determinar a efectos de la presunción que establece el artículo 15 LISD sobre valoración del ajuar doméstico, qué elementos o bienes deben entenderse incluidos dentro del concepto de ajuar doméstico. Y, en particular, concretar si los legados forman parte de la base de cálculo del ajuar doméstico.
