Resumen: La Sala desestima el recurso rechazando los dos motivos de impugnación. El contenido de los dos motivos, que se centra en la consideración principal o accesoria que pueda merecer la actividad de recogida de los vehículos y la subsanabilidad de la deficiente justificación de solvencia en relación con la misma (sobre 1), aconseja una valoración conjunta de los mismos. El primero se rechaza, pues aun centrando el motivo en la interpretación de la ley del contrato llevada a cabo por la Sala de instancia, el resultado sería desestimatorio si se tiene en cuenta la jurisprudencia establecida al efecto, según la cual, ha de partirse de la premisa que la labor interpretativa de los contratos está excluida de la revisión casacional. En este caso, pese a las alegaciones de la parte recurrente, no es de apreciar la concurrencia de estas circunstancias que permitirían revisar la interpretación de los pliegos de condiciones llevada a cabo por la Sala de instancia. La desestimación del primer motivo afecta al planteamiento del segundo, en cuanto la recurrente apoya, sustancialmente, la viabilidad de subsanar la falta de justificación de la solvencia técnica complementaria en el carácter accesorio de la prestación de recogida y transporte del vehículo, en cuanto entiende que ello reduce la entidad o valoración del incumplimiento y hace posible su subsanación. Desaparecido ese presupuesto, la fundamentación del recurso decae y con ello la justificación de las infracciones que se denuncian.
Resumen: La Sala admite el recurso. Precisar que la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si la sentencia recurrida con la aplicación del Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales, infringe el principio de irretroactividad de disposiciones sancionadoras y restrictivas de derechos y de jerarquía normativa (art. 9.3 de la Constitución), así como el principio de reserva de ley consagrado en el artículo 25 de la Constitución. Identificar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, los artículos 9.3 y 25 CE en relación con el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales.
Resumen: La Sala admite el recurso. La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si la sentencia recurrida con la aplicación del Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales, infringe el principio de irretroactividad de disposiciones sancionadoras y restrictivas de derechos y de jerarquía normativa (art. 9.3 de la Constitución). E identificar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso: artículos 9.3 de la Constitución Español y 10 RD 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales.
Resumen: La Sala admite el recurso. Precisar que la cuestión en la que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si es posible que un plan urbanístico, por su propio contenido, pueda invadir la competencia exclusiva estatal en materia de legislación penal. Identificar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación los artículos 25.2, apartados a), b) y j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con los artículos 137 y 140 de la Constitución, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: La Sala admite el recurso de casación. Precisar que la cuestión en la que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar: Si resulta lícito el planteamiento de cuestión/es de inadmisibilidad en el trámite de conclusiones/vista y como haya de verse afectada tal posibilidad por la ausencia de alegación y/o impugnación de parte respecto a dicho planteamiento. Identificar como normas jurídicas que, en principio, será objeto de interpretación, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otra/s si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, las siguientes: Arts. 24 de la Constitución Española y 6.1 y 13 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, así como la STS. nº 1429/2018, de 10 de octubre.
Resumen: La Sala estima el recurso. Sobre la primera cuestión que suscita interés casacional, no es admisible que concurriendo todos los presupuestos de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones por anulación de actuaciones que han generado un perjuicio a un ciudadano, conforme a las exigencias para que concurra en tales supuestos dicha institución de resarcimiento, la existencia de un precepto con rango de ley posterior a la generación del daño, en sentido jurídico-administrativo, no puede afectar a dicha responsabilidad. En cuanto a la segunda cuestión que suscita interés casacional, no puede estimarse como regla general, como parece pretenderse en el recurso, que la ausencia de resolución expresa genera excluir el criterio del vencimiento, que es la regla general y primaria para la imposición de costas. Por tanto, no resulta procedente abordar ya debate alguno sobre esta segunda cuestión de interés casacional toda vez que debiendo estimarse el recurso, al casar la sentencia de instancia, está se deja sin valor ni efecto alguno, y la condena en costas realizada en la primera instancia se deja sin contenido.
Resumen: La sentencia recurrida estima la alegación en cuanto a la no procedencia de la inadmisión por parte del Jurado Provincial de Expropiación de Valencia de la solicitud de determinación del justiprecio por ministerio de la ley, condenando a la Administración a la retroacción de actuaciones del expediente seguido ante dicho órgano tasador a fin de que por éste se determine el justiprecio por la expropiación por ministerio de la Ley. El Ayuntamiento de valencia prepara recurso de casación que se estima presenta interés casacional consiste en determinar si el consentimiento del acto administrativo denegatorio de la procedencia de la expropiación por ministerio de la ley enerva el inicio del expediente expropiatorio, impidiendo por tanto la presentación de la hoja de aprecio con virtualidad para iniciar "ope legis" la expropiación, o si, por el contrario, dicho acto denegatorio de expropiación por ministerio de la ley carece de efectos preclusivos, equivaliendo en última instancia al rechazo de la hoja de aprecio, permitiendo de este modo continuar el expediente de expropiación por ministerio de la ley.
Resumen: Impuesto sobre la Renta de no Residentes.- Solicitud de devolución del exceso de las retenciones sobre dividendos de fuente española, ejercicio 2012, formalizada por un fondo de inversión residente en EEUU, por considerar contrarias al Derecho de la Unión Europea las retenciones del 15% practicadas, conforme al CDI España/EEUU, al constituir una restricción prohibida a la libre circulación de capitales, ya que los fondos de inversión residentes en España tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades.-¿El análisis de comparabilidad se debe realizar con la legislación española de fuente interna sobre instituciones de inversión colectiva o con la Directiva 2009/65/CE?- ¿El examen de la suficiencia de los mecanismos de intercambio de información para confirmar el cumplimiento por los fondos de inversión residentes en EEUU de los requisitos exigidos para su comparabilidad debe buscar la identidad con los que España tiene con otros Estados miembros de la Unión Europea o la mera equiparación y la efectividad de los mismos para el fin pretendido? El planteamiento de la parte recurrente ha sido acogido en las sentencias de la Sección Segunda de esta Sata Tercera del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 2019 (RCA/3023/2018; ES:TS:2019:3675) y 14 de noviembre de 2019 (RCA/1344/2018; ES:TS:2019:3838).
Resumen: Se admite el recurso de casación preparado por considerar que presenta interés casacional objetivo, y a tal efecto se indica que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es determinar, de una parte, si lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, excluye la aplicación de lo previsto en el artículo 68 de dicho Real Decreto Legislativo 1/2001, esencialmente en lo referente a la identificación expresa de los predios que el cedente renuncia a regar y, de otra parte, si en el caso de resultar de aplicación los requisitos formales de la Ley de Aguas en el contrato de cesión de aguas, el requisito de la identificación de los predios resulta susceptible de subsanación.
Resumen: ¿Conformidad a Derecho del inicio de una comprobación tributaria por el procedimiento de inspector con una propuesta de liquidación y sin que con posterioridad resulten investigaciones relevantes en relación con el mismo?- Efectos de las eventuales irregularidades en el procedimiento de comprobación.- Efecto interruptivo de la prescripción de las visitas consentidas al local del contribuyente.- Consideración de las visitas al local del negocio en relación con el plazo máximo del procedimiento de comprobación tributaria.