Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación en el que habrá que fijar doctrina para determinar qué incidencia tienen la STC 8/17, de 19 de enero, así como la STEDH de 16 de febrero de 2016 (asuntos acumulados Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni C. España), en la regulación y reciente interpretación jurisprudencial del art. 294.1 LOPJ, teniendo en cuenta además la reciente STC 85/2019, de 19 de junio. Se suscita en este recurso la interpretación que deba hacerse del artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) puesto en relación con los preceptos constitucionales que se mencionan, tras la STC ya reseñada, en los términos que ya han quedado reflejados en el hecho segundo de la presente resolución. Y se admite en aplicación del supuesto previsto en el art. 88.3.a) LJCA.
Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido el art. 25 CE en relación con los arts. 8.1 y 10 LORDGC. Conforme a lo dispuesto en el art. 88.2.e) LJCA, puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interprete o aplique, infringiéndolas, normas constitucionales sobre los derechos fundamentales; de manera que como las alegaciones del recurrente se centran en ello, sin prejuzgar ahora el fondo del asunto -pues se trata únicamente de decidir sobre la admisibilidad del recurso interpuesto-, se acepta la existencia de dicho interés casacional objetivo, por lo que el recurso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88.1 LJCA, debe ser admitido a trámite.
Resumen: En el escrito de preparación del recurso se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: infracción del derecho fundamental a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE); infracción del principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad, proclamado en el art. 25.1 CE. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo (art. 90.4 LJCA, reformada por LO 7/2015), en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pueda extenderse a otras cuestiones que exigiere el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar la extensión de la remisión efectuada en el artículo 25.2 (solicitud de protección internacional presentada en un Centro de Internamiento para Extranjeros) al artículo 21 (solicitud de protección internacional presentada en un puesto fronterizo), ambos de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, Reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, a efectos de concretar cuáles son las consecuencias jurídicas de la superación del plazo fijado en el artículo 21, especialmente del fijado para denegar la solicitud de protección internacional por concurrir alguno de los supuestos en él establecidos, cuando se trate de una solicitud de protección internacional presentada en un CIE.
Resumen: La Sala admite el recurso. Precisar que la cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es qué debe entenderse por "error" que obedezca a elementos factuales pertinentes para el cálculo del pago correspondiente, en el sentido al que se refiere el artículo 80.3, párrafo 2° del Reglamento (CE) nº 1122/2009, como excepción a la obligación de reintegro prevista en el apartado 1 del mismo artículo, cuando la decisión de recuperación no se ha comunicado en un plazo máximo de doce meses a partir del pago. Identificamos como norma jurídica que, en principio, ha de ser objeto de interpretación, la contenida en el artículo 80.3 del Reglamento (CE) nº 1122/2009. Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras cuestiones o normas jurídicas si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso. Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras cuestiones o normas jurídicas si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión que tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consistente en matizar, precisar o concretar nuestra jurisprudencia en relación con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia a fin de aclarar si los intercambios de información que no versan sobre precios o cantidades a futuro pueden ser calificados como cártel y en qué circunstancias.
Resumen: Admite a trámite el recurso de casación, precisando que la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar: Si habiendo incoado la Administración un procedimiento sancionador o de intervención susceptible de producir efectos desfavorables o de gravamen, y habiendo transcurrido su plazo reglado de tramitación sin haber resuelto de forma expresa el mismo, cabe entender declarada de forma tácita su caducidad mediante la incoación de un nuevo procedimiento de análogo objeto o, en todo caso, la caducidad ha de acordarse de forma expresa y previa a la incoación del nuevo expediente. Y, en consonancia con esta cuestión, las normas jurídicas que, en principio, habrán de ser objeto de interpretación en sentencia, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otra/s si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, son: arts. 42.1 y 44 de la Ley 30/1992 (vigentes 21.1 y 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Sobre análoga cuestión consta admitido el RCA 8332/19.
Resumen: Se inadmite el recurso de casación de la particular -por insuficiente fundamentación de la concurrencia de los supuestos invocados del artículo 88.2.a) y 2.c) LJCA- y se admite el del Ayuntamiento de Madrid -constatándose la evidente vis expansiva del pronunciamiento impugnado ex art. 88.2.c) LJCA-, precisando, en lo que al pronunciamiento de admisión se refiere, que la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar: Si, ante la existencia de una potestad administrativa concreta, cuyo legítimo ejercicio comporta el desalojo de una vivienda que habita una familia con hijos menores de edad, el juicio de ponderación, respecto de la situación de los menores que pudieran verse afectados, debe realizarse en el momento de dictarse la resolución procedente o ha de posponerse al momento en que, en su caso, se proceda a la ejecución forzosa de la decisión administrativa mediante el desalojo de la vivienda. Siendo las normas objeto de interpretación: Arts. 24 CE; 25.2.a) y 51 de la Ley 7/1985 (LBRL); arts. 38 y 98 de la Ley 39/2015 (LPACAP); art. 208 del Real Decreto 2568/1986 (ROF); Arts. 11 y 12 de la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y apdos. 1 y 3 del artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1.989. Sobre cuestión análoga, se ha admitido el RC nº 413/19, habiendo recaída sentencia -28/9/20- estimatoria del recurso del ayuntamiento.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación preparado en el que la cuestión litigiosa versa sobre los requisitos de acceso a la profesión de abogado, y, concretamente, si cabe la realización simultánea de los cursos para obtener la convalidación del título habilitante (Licenciado, Graduado en Derecho o Título Universitario de Grado equivalente) obtenido en el extranjero y los cursos de formación comprensivos del conjunto de competencias necesarias para la profesión de abogado (Máster), o, por el contrario, es preciso haber obtenido previamente la convalidación del título habilitante para, posteriormente, ser admitido en el Máster. Este recurso plantea una cuestión con interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia idéntica a la que han tenido respuesta en las sentencias ya dictadas por la Sala, y en atención a la concordancia apuntada entre la cuestión planteada en este recurso y la resuelta en las sentencias precitadas, la Sala estima pertinente informar a la parte recurrente de que, de cara a la tramitación ulterior del recurso, considerará suficiente que en el escrito de interposición manifieste si su pretensión casacional coincide, en efecto, con lo que fue resuelto en las sentencias referidas, o si por el contrario presenta alguna peculiaridad.
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación. La Sala Tercera ya ha fijado ya doctrina en relación con la cuestión que suscita interés casacional en el presente recurso. En efecto, en reiteradas sentencias de esta Sala se ha conocido de recursos interpuestos por la misma Corporación Municipal de Marbella suscitando idéntica cuestión. Por ello se está a lo ya declarado, entre otras muchas, en la sentencia 1370/2020, de 21 de octubre, dictada en el recurso de casación 6848/2019. Y teniendo en cuenta que, frente a lo que se alega por la parte recurrida, lo que se cuestiona aquí es el criterio mantenido por la Sala de instancia en cuanto a la prescripción de las reclamaciones basadas en incumplimientos de convenios urbanísticos, como señala el art. 93.1 LJC. En efecto, dicha cuestión, planteada en los mismos términos, ya ha sido examinada por esta Sala en varias sentencias como las de 2 de marzo de 2020 (rec. 2782/2019) y 15 de junio de 2020 (rec. 2968/2019) que recogen el criterio establecido en la sentencia de 20 de enero de 2020, dictada en el recurso 694/2018, a la que se refiere la parte, que constituye jurisprudencia consolidada y que, por lo tanto, ha de mantenerse. En el supuesto de las reclamaciones basadas en el incumplimiento de convenios urbanísticos, el plazo de prescripción de la acción es el establecido con carácter general en el Código Civil para el cumplimiento de las obligaciones.
