Resumen: La sección de admisión considera que el escrito de preparación presentado cumple las exigencias del art. 89.2 LJCA y que -habiendo versado la cuestión litigiosa sobre los requisitos de acceso a la profesión de abogado y, en concreto, si es factible la realización simultánea de los cursos para obtener la convalidación del título habilitante (Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o Título Universitario de Grado equivalente) obtenido en el extranjero, con los cursos de formación comprensivos del conjunto de competencias necesarias para la profesión de abogado (Máster) o, por el contrario, es preciso haber obtenido con carácter previo dicha convalidación del título habilitante para, posteriormente, ser admitido en el Máster- concurre el supuesto del art. 88.3.a) LJCA invocado. Por ello, admite a trámite el recurso de casación, precisando que la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar: Si a los efectos de acceso a la profesión de abogado resulta exigible haber obtenido la convalidación del título habilitante obtenido en el extranjero para ser admitido en los cursos de formación específicos (Máster) o, por el contrario, resulta factible la realización simultánea de ambas formaciones; y las normas jurídicas a interpretar: los arts. 2 de la Ley 34/06, de 30 de octubre y 2 del Real Decreto 775/11, de 3 de junio. Recursos de casación ya admitidos sobre análoga cuestión: 3352/19 y 6529/19.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional se refiere a la interpretación del art. 95.1 de la Ley 22/88 de Costas, y si bien se hace notar que sobre este precepto ya se ha pronunciado la STS de 11 de julio de 2018 -en un asunto análogo al presente relativa al tema de la prescripción de la acción de reposición de la legalidad en materia de costas-, sin embargo, se considera ahora que el recurrente justifica la necesidad de un ulterior pronunciamiento de la Sala que complete o precise la doctrina sentada en la citada sentencia en cuanto a la definición de los criterios con base a los cuales se ha de iniciar el cómputo del plazo de 15 años que establece el precepto en cuestión, desde la existencia de una resolución de reposición de la legalidad urbanística, en los casos en que habiendo recaído resolución de reposición de la legalidad urbanística en vía administrativa, la misma haya sido anulada por resolución judicial firme.
Resumen: La Sala Tercera del Tribunal Supremo entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia en la determinación de si un funcionario docente interino que ha sido cesado el 30 de junio y readmitido al inicio del curso escolar tiene derecho a percibir retribuciones por este período cuando (i) ni existe norma, pacto o acuerdo que así lo reconozca, y (ii) ha aceptado el cese por no haberlo recurrido en tiempo y forma. Y ello atendiendo a que el criterio sostenido por la sentencia recurrida trasciende del caso objeto del proceso, afectando a un gran número de situaciones. Advierte el Alto Tribunal que un asunto similar a este fue planteado en casación (recurso de casación núm. 1930/2017) por un conjunto de funcionarios docentes interinos que vieron cómo sus recursos en vía contencioso-administrativa fueron desestimados en primera instancia y posteriormente por la Sala territorial de Castilla-La Mancha. Dicho asunto ha sido sentenciado por la Sala Tercera el 9 de julio de 2019, declarando no haber lugar al recurso de casación interpuesto porque el cese de los funcionarios docentes interinos de los cuerpos docentes no universitarios al final del período lectivo del curso escolar, basado solo en la causa de que en los dos meses restantes de éste (julio y agosto) desaparece la necesidad y urgencia que motivó su nombramiento, no comporta un trato desigual no justificado con respecto.
Resumen: La contraprestación del servicio de abastecimiento de agua prestado por el concesionario de hecho tiene naturaleza de tarifa. Tratándose de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, el principio de reserva de ley se flexibiliza, y respecto de la determinación de sus límites cuantitativos, como enseña la doctrina constitucional, resulta suficiente que se establezca por ley los criterios idóneos a partir de los cuáles sea posible la cuantificación conforme a los fines y principios de la legislación sectorial en que se inserte; a nuestro entender el art. 39.1 del TRLAC cumple sobradamente este requisito en cuanto que señala que las tarifas comprenden los costes derivados de la construcción y de la financiación de las obras de la red de abastecimiento Ter-Llobregat en la parte del coste que deba soportar la Generalidad, así como la explotación y conservación de las instalaciones que integran la red y deben ser satisfechas por todos los usuarios de agua en los municipios que reciben el servicio, ciertamente caben otras redacciones -como las posteriores- en las que se recogen los criterios con mayor detalle, pero con ello no se perjudica la suficiencia de los criterios, transparentes y explícitos, previstos en la norma aplicable que por demás posibilitan el posterior control respecto de que si las tarifas fijadas se corresponden con los costes sobre los que debe efectuarse los cálculos.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación. Se aprecian dos cuestiones de interés casacional. La primera, determinar en procesos de promoción interna vertical, cual sea el papel de la negociación colectiva en la materialización de las facultades de autoorganización de la Administración Pública y, en segundo lugar, la determinación y extensión de los requisitos que puede establecer la Administración pública para participar en un proceso de promoción interna vertical y su relación con los derechos constitucionales previstos en los artículos 14 y 23 CE sobre el acceso a los cargos públicos. Además de la carencia jurisprudencial sobre las cuestiones controvertidas, se aprecia la concurrencia del supuesto previsto en el art. 88.2.c) LJCA (trascender del caso objeto del proceso afectando a un gran número de situaciones) dados los numerosos funcionarios que pueden participar en procesos de promoción interna verticial en las diferentes CCAA.
Resumen: Auto de Admisión. Precisar que la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si la sentencia recurrida con la aplicación del Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales, infringe el principio de irretroactividad de disposiciones sancionadoras y restrictivas de derechos y de jerarquía normativa (art. 9.3 de la Constitución), así como el principio de reserva de ley consagrado en el artículo 25 de la Constitución. Identificar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, los artículos 9.3 y 25 CE en relación con el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales.
Resumen: La cuestión en la que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si a los efectos de acceso a la profesión de abogado resulta exigible haber obtenido la convalidación del título habilitante obtenido en el extranjero para ser admitido en los cursos de formación específicos (Máster) o, por el contrario, resulta factible la realización simultánea de ambas formaciones. Y, en consonancia con esta cuestión, las normas jurídicas que, en principio, habrían de ser objeto de interpretación en sentencia son: los Art. 2 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso de las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales y art. 2 del Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley antedicha, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiré el debate finalmente trabado en el recurso. Respecto de cuestión análoga a la presente consta como antecedente de admisión el ATS de 23 de octubre de 2019, RCA 3352/2019.
Resumen: Precisar que la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar: 1. Si la declaración de asociación de utilidad pública de una entidad, que tiene entre sus fines primordiales: " Defender la despenalización de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido para enfermos avanzados que libremente desean liberarse de un sufrimiento que viven como intolerable", vulnera el art. 15 CE, de conformidad con la interpretación sentada sobre dicho precepto por la STC 120/90, de 27 de junio. 2. Si la aportación, junto a la solicitud de declaración de asociación de utilidad pública, de las cuentas anuales, contemplada en el art. 2.2. b) del Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública, es conditio sine qua non, para la obtención de la declaración de asociación de utilidad pública. Identificar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado: el art. 15 de la Constitución Española, art. 1.a) y art. 32.1 Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y art. 2.2. b) del Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública y SSTC.
Resumen: Sujeción o no al impuesto sobre actos jurídicos documentados (documentos notariales, cuota proporcional) de una escritura pública por la que se transmite una oficina de farmacia. Plantea idénticas cuestiones que el RCCA 3631/2019 y 3873/2019.
Resumen: La cuestión planteada por la parte recurrente que presenta interés casacional objetivo, al concurrir las circunstancias previstas en el artículo 88.2.c) y 88.2.f) LJCA, consiste en interpretar la normativa de protección de datos de carácter personal vigente a efectos de delimitar, a la luz de la jurisprudencia europea, si el concepto de búsqueda por nombre de una persona física que fundamenta el ejercicio del derecho de oposición al tratamiento de protección de datos (o de otros derechos, como el derecho al olvido) se refiere única y exclusivamente a las búsquedas realizadas por nombre y apellidos de una persona o incluye también aquellas búsquedas realizadas únicamente por apellidos.