Resumen: A la luz de la reforma operada en el texto refundido de la Ley del impuesto sobre sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, con la aprobación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio, la aplicación de los incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión del Capítulo XII del Título VII de dicho texto refundido, hemos de responder que ya no se puede condicionar a la realización de una verdadera actividad económica por el sujeto pasivo, entendiendo por tal la que reúna los requisitos previstos en el artículo 27 de la citada Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, cuando se trate de la actividad económica de alquiler de inmuebles, de forma que a partir de entonces sólo se requiere que el importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo inmediato anterior sea inferior a la establecida por el artículo 108 del mencionado texto refundido de la Ley del impuesto sobre sociedades.
Resumen: Siendo una cuestión probatoria la capital en la sentencia, parece que lo aconsejable habría sido inadmitir el recurso, pues el debate sobre la interpretación del artículo 25 TRLHL es superfluo para decidir el recurso de casación, toda vez que, ya sea exigible una memoria económico-financiera completa, ya baste con un estudio razonado de costes (...), el resultado es que aquí se trata de un elemento indiferente para resolver, pues ni uno ni otro constan, ni lo que debe resolverse aquí es si un trámite del procedimiento de elaboración de la ordenanza se ha observado.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación presentado en el que la cuestión casacional que haya que dilucidar consistirá en determinar: 1) Si la Administración Autonómica puede ser considerada interesada a los efectos del artículo 103 Ley 30/1992, de 26 de noviembre para solicitar de un Ayuntamiento que inicie la revisión de oficio de un acto consistente en la concesión de una licencia municipal de obras que se considera incurre en causa de anulabilidad; y, 2) en el caso de que se considere que la Administración Autonómica está legitimada a los efectos del citado artículo 103, cuáles son los plazos a los que debe sujetarse dicha Administración, tanto para efectuar el requerimiento del artículo 103, como para interponer recurso contencioso- administrativo frente al silencio del Ayuntamiento requerido. Las normas a interpretar serán los artículos 103.1 Ley 30/92, de 26 de noviembre (actual artículo 107.1 Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con el artículo 65 y concordantes de la Ley 7/1985, de 2 de abril (LRBRL), y en relación con los artículos 44 y 46.6 Ley 29/98, de 13 de julio.
Resumen: La sección de admisión considera que el escrito de preparación presentado por la representación procesal del Ayuntamiento de Tomares - contra la sentencia que desestimó el recurso interpuesto frente a la resolución que acordó el reintegro de la subvención recibida por dicho Ayuntamiento- cumple con los requisitos formales que prevé el artículo 89.2 LJCA, y concretamente, respecto del requisito estipulado en el artículo 89.2.f), que la parte recurrente ha realizado el esfuerzo argumental imprescindible para justificar la concurrencia de los supuestos invocados del art. 88.2.a) y 88.3.a) LJCA, concurriendo este último supuesto, pues el escrito de preparación razona la concurrencia del interés casacional, apelando a la necesidad de sentar doctrina jurisprudencial en materia de reintegro de subvenciones. Acuerda por ello la admisión del recurso, declarando que el interés casacional objetivo consiste en determinar: "si un procedimiento de contratación inadecuado con amparo en el art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, puede constituir un supuesto de reintegro de la cantidad objeto de la subvención, por poderse considerar dicho incumplimiento comprendido dentro de alguna de las causas de reintegro de las subvenciones reguladas en el art. 37 de la referida norma". Siendo las normas que, en principio, habrán de ser objeto de interpretación los arts. 31.3 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación preparado por la Comunidad Autónoma contra sentencia que reconoció a la recurrente en la instancia -personal estatutario fijo-, ante la imposibilidad de aumentar las medias adoptadas encaminadas a la adaptación del puesto de trabajo desempeñado debido a la situación de riesgo durante el embarazo, (consistentes principalmente en la no realización de guardias y la evitación de su exposición a rayos o gases) el abono del complemento de atención continuada correspondiente al periodo durante el que se encontraba en situación de riesgo durante el embarazo, al no haber podido cubrir las guardias acaecidas durante el mismo. La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es determinar la procedencia del abono del complemento de atención continuada correspondiente a las guardias no realizadas durante los periodos de adecuación del puesto de trabajo durante el embarazo y, concretamente, la compatibilidad de su cobro con la situación de riesgo durante el embarazo.
Resumen: La sala considera que el escrito de preparación presentado por una registradora de la propiedad cumple con las exigencias del artículo 89. 2 LJCA, habiéndose justificando suficientemente y con singular referencia al caso la concurrencia del supuesto previsto en el artículo 88.3.a). Admite el recurso de casación, precisando que la cuestión que tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si la operación por la que se produce la correspondiente minuta, se encuentra incluida dentro de las inscripciones vinculadas estrictamente a las operaciones de saneamiento y reestructuración de entidades financieras efectuadas al amparo de Ley 8/2012 o, en su caso, a operaciones de carácter ordinario, concretando cuál resultaría ser el régimen arancelario aplicable en uno y otro caso. Señala que sobre cuestión análoga se ha pronunciado recientemente la Sala en sentencias de 13 de mayo (recurso 1237/18) y 14 de mayo de 2020 (recursos 8079/18 y 2297/19), declarando haber lugar al recurso de casación interpuesto.
Resumen: Régimen especial de incentivos fiscales para las empresas de reducida dimensión, tras la reforma operada en el impuesto sobre sociedades por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. ¿Se aplica a las sociedades de mera tenencia de bienes que no desarrollan una actividad económica? Procedencia del tipo de gravamen general o del establecido para empresas de reducida dimensión.
Resumen: Canon de Regulación del Agua. No es posible su aprobación una vez iniciado el periodo impositivo que, para los años siguientes a aquél en que se produzca la mejora o beneficio de los usos o bienes afectados (caso del canon) o en el momento en que puedan utilizarse las instalaciones de las obras hidráulicas (supuesto de la tarifa), debe entenderse que es el primer día del año natural. Ello no sólo porque podría entrañar problemas de retroactividad de la norma, sino sobre todo porque atentaría contra el principio de legalidad, una de cuyas vertientes, el de la lex previa, obliga al poder público a dar a conocer los elementos esenciales de las obligaciones, cuando surjan de la ley, como las tributarias, antes de que tales obligaciones nazcan. Consiguientemente, en el año en que se va a aplicar el canon debe estar éste ya aprobado, antes de aprobarse los gastos de explotación y conservación de obras hidráulicas que están llamadas a financiar, aunque se pague al año siguiente.
Resumen: La sala considera que el escrito de preparación presentado por un registrador de la propiedad cumple con las exigencias del artículo 89. 2 LJCA, habiéndose justificando suficientemente y con singular referencia al caso la concurrencia del supuesto previsto en el artículo 88.3.a). Admite el recurso de casación, precisando que la cuestión que tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si la operación por la que se produce la correspondiente minuta, se encuentra incluida dentro de las inscripciones vinculadas estrictamente a las operaciones de saneamiento y reestructuración de entidades financieras efectuadas al amparo de Ley 8/2012 o, en su caso, a operaciones de carácter ordinario, concretando cuál resultaría ser el régimen arancelario aplicable en uno y otro caso. Señala que sobre cuestión análoga se ha pronunciado recientemente la Sala en sentencias de 13 de mayo (recurso 1237/18) y 14 de mayo de 2020 (recursos 8079/18 y 2297/19), declarando haber lugar al recurso de casación interpuesto.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación presentado cuya cuestión casacional se concreta en determinar si la Junta de Compensación constituida con base en el planeamiento anulado por la Sentencia de la Sala Tercera (Sección 5ª) de 28 de septiembre de 2012 (rec. 1009/2011), ha de reputarse extinguida o, si por el contrario, puede tener cobertura jurídica en el artículo 73 LJCA en tanto que acto administrativo firme dictado en aplicación del citado planeamiento declarado nulo. Y si la aplicación del artículo 73 de la Ley 29/1998 a los actos de gestión dictados en ejecución de planeamiento anulado supone la exclusión de todos los procedimientos regulados en la normativa urbanística en orden a la formalización y aprobación de dicha iniciativa, pudiendo la Administración dar continuidad a la ejecución del planeamiento anulado, o si por el contrario siendo la nueva ordenación presupuesto necesario de cualquier actividad de ejecución, se requiere que la Administración cumpla los procedimientos regulados en la norma en orden a verificar que los actos en su día aprobados se acomodan a la nueva ordenación. Y, en consonancia con esta cuestión, la norma jurídica que, en principio, habría de ser objeto de interpretación en sentencia es el artículo 73 de la ley 29/1998 reguladora de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa.