Resumen: La Sala desestima el recurso. Las sentencias de instancia y la de apelación aquí recurridas, se centran en la gravedad de la conducta, que afecta al orden público y la paz social, del delito de lesiones por el que fue condenado el interesado causadas con un objeto (vaso). Nº 1 del artículo 148.1 CP, "pena abstracta", con la agravante de parentesco. Apreciadas que el interesado conoció y en el que presentó alegaciones, las circunstancias determinantes de la expulsión en la resolución administrativa que concluye el expediente administrativo, y valoradas dichas circunstancias en la sentencia impugnada, procede dar respuesta a la cuestión de interés casacional planteada. Pues bien, la decisión de expulsión de un extranjero residente de larga duración, en aplicación del art. 57.2 LOEX, no puede ser automática por el mero hecho de la condena superior a un año, sino que debe además valorarse para dicha expulsión, conforme a los artículos 6 y 12 de la Directiva 2003/109/CE, a la jurisprudencia del TJUE, y del TEDH, y a las sentencias dictadas y citadas en esta sentencia, la gravedad del delito y el peligro que representa para el orden público o la seguridad ciudadana y las circunstancias personales que concurren en el extranjero cuya expulsión se acuerda. Y en el caso concreto de este recurso, esas exigencias se cumplieron en la Resolución administrativa y en las sentencias de instancia y de apelación, la aquí impugnada.
Resumen: Exención de los inmuebles del Estado propiedad del Estado, afectos a la defensa nacional, cuando está cedido su uso a una empresa en virtud de concesión administrativa u otro título que comprenda la posesión. Remisión íntegra a la sentencia núm. 1184/2020, de 17 de septiembre (recurso de casación núm. 2241/2019), dictada en relación con un supuesto idéntico. El IBI es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles (artículo 60 TRLHL), y cuando el artículo 62.1.a) TRLHL dispone que estarán exentos los «inmuebles» del «Estado afectos a la defensa nacional», establece una exención de carácter objetivo, exigiendo únicamente que los inmuebles (1º) sean propiedad del Estado y (2º) estén afectos a la defensa nacional, con independencia de si los mismos son utilizados directamente por el Estado o por una empresa pública, o de si la figura jurídica con la que instrumentaliza su derecho de uso es la concesión demanial. De manera que el objetivo de la prelación de derechos sobre el inmueble objeto de gravamen que establece el artículo 61 TRLHL es, simplemente, individualizar quién es el sujeto pasivo del tributo, que solo puede ser una persona física o jurídica, nunca un inmueble.
Resumen: Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en interpretar el artículo 27.4 LGCA, en relación con el resto de preceptos denunciados como infringidos en el escrito de preparación, a fin de determinar si, con arreglo a tales normas, cabe exigir a la Administración la convocatoria de concursos para la adjudicación de licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora digital terrestre local, cuando la Administración no ha solicitado la afectación de reserva de dominio público radioeléctrico, ni se ha solicitado su convocatoria por algún interesado, dentro de los plazos establecidos por el citado artículo 27.4 LGCA.
Resumen: Determinar si constituye o no el hecho imponible del IVA o, en su caso, el del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, la transmisión por un Ayuntamiento -por permuta o por cualquier otro título jurídico oneroso- de aprovechamientos urbanísticos futuros que, en virtud de las cesiones obligatorias y gratuitas que la legislación urbanística establece, habrán de derivarse en favor de esa Administración, aprovechamientos urbanísticos que, en consecuencia, no se habían materializado aún al tiempo de la cesión ni, por tanto, habían ingresado en el patrimonio del Ayuntamiento.
Resumen: Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.- Impugnación de valoración resultante de tasación pericial contradictoria en relación con determinados bienes inmuebles.- Valoración conforme a la tasación pericial contradictoria instada, respecto de los mismos bienes, por un coheredero.
Resumen: Aplicación de un tipo superior en Actos Jurídicos Documentados en aplicación de la norma autonómica andaluza por haberse renunciado a la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido. Transmisión de terreno no urbano. Delimitación de la exención prevista en el artículo 20.Uno.20º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Resumen: Determinar a partir de qué momento debe reputarse indebido el ingreso efectuado en la liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, a efectos de su devolución, en aquellos supuestos en que las obras no se llegan finalmente a ejecutar y, en tal caso, desde cuándo se han de computar los intereses de demora en favor del contribuyente, si desde el ingreso del importe de la liquidación provisional o desde el momento en que se insta la devolución del ingreso efectuado.
Resumen: Se impugna en este recurso el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha por el que se inicia el procedimiento para la ampliación del Espacio Protegido Red Natura 2000, Laguna del Hito y de la modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Reserva Natural de la Laguna del Hito y su ZEPA y se realiza propuesta a la Comisión Europea para su declaración como LIC. En el fondo del asunto, late una apariencia de la necesidad de ampliación y conservación de espacios naturales con la finalidad de eludir la implantación del almacén temporal de combustible nuclear y residuos radioactivos, que es lo que llevó a la Sala de instancia a estimar el recurso al considerar que se había incurrido en desviación de poder. El Tribunal Supremo afirma que no puede alterar la minuciosa valoración probatoria realizada por la Sala de instancia, negando la infracción de los preceptos invocados, siendo ciertas las obligaciones medioambientales que para los Estados miembros impone el citado artículo 4 de la Directiva Aves, debiendo señalar es que tales obligaciones han de cumplirse en el marco del Ordenamiento jurídico en su conjunto, dictando resoluciones suficientemente motivadas -sobre todo si la Administración procede a un cambio de criterio en su política medioambiental-, siguiendo el procedimiento establecido, ajenas a la desviación de poder y de conformidad con el principio de buena administración.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si, atendidas las circunstancias del caso y la normativa aplicable, resulta ajustada a Derecho la anulación de la disposición de carácter general impugnada. El TS parte de lo declarado en relación con el sentido y alcance de la Directiva Aves o DAS, reiterando asimismo lo expuesto por la Sala en relación con el procedimiento establecido, a los efectos de la anterior declaración, así como respecto del control jurisdiccional de la Propuestas de Lugares de Interés Comunitario (PLIC). Es correcta la apreciación de la sentencia recurrida en cuanto a que la finalidad de la recurrente no fue tanto el cumplimiento de los mandatos protectores medioambientales, cuanto impedir la ejecución de otras competencias estatales, en este caso, el emplazamiento de Almacén Temporal Centralizado de residuos radioactivos (ATC), persiguiendo así una finalidad subrepticia de obstrucción del ejercicio de la competencia estatal, amparándose en la apariencia de la necesidad de ampliación y conservación de espacios naturales. Y si bien cabe la posibilidad de modificación de ámbitos medioambientales (aceptado incluso por el TJUE), pero ha de hacerse en el marco del ordenamiento jurídico en su conjunto, dictando resoluciones suficientemente motivadas, siguiendo el procedimiento establecido, ajenas a la desviación de poder y de conformidad con el principio de buena administración.
Resumen: Como ocurre en los recursos de casación números 1811/2018, 6410/2018, 1598/19 y 1604/19, se admite el presente recurso por apreciarse la concurrencia del interés casacional objetivo a que se refieren los apartados b) y c) del art. 88.2 LJCA, siendo la cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia la atinente a si la verificación y comprobación desplegada por la Administración Pública de una subvención concedida que culmina con la liquidación del importe y abono de la ayuda, impide posteriores comprobaciones, y si necesita, o no, del inicio del procedimiento de control financiero sometido al régimen jurídico establecido en los artículos 49 a 51 Ley General de Subvenciones, para que puedan tener lugar nuevas actuaciones de comprobación de la subvención ya liquidada y derivar en un expediente de reintegro.