Resumen: Tasación pericial contradictoria.- Plazo de solicitud.- Consideración o no del plazo de interposición de recurso de anulación ante los tribunales económico-administrativos del 241 bis LGT a los efectos de considerar firmes las resoluciones de los tribunales económico-administrativos.- Asunto relacionado con el auto de admisión de 20 de junio de 2018 (RCA 2287/2018).
Resumen: Recurso de casación contra sentencia que inadmite, por extemporáneo por el transcurso del plazo de 2 meses a que alude el artículo 46.6 en relación con el artículo 44 LJCA, el recurso interpuesto contra resolución que declara la pérdida del derecho al cobro de la ayuda concedida mediante Convenio específico de colaboración. Estimación. Partiendo de la jurisprudencia que establece que la aplicación del artículo 44 LJCA debe limitarse a aquellos casos en que ambas Administraciones Públicas actúan en ejercicio de prerrogativas o potestades inherentes a su consideración de poder público, y que de la regulación del procedimiento subvencional se desprende que el otorgamiento de la ayuda pública está destinado a financiar actividades de las Administraciones Públicas o entidades u órganos públicos y quedan excluidos de su participación personas o entidades privadas, por lo que en principio la sentencia no incurre en error de Derecho, sin embargo se estima el recurso, pues el Principado de Asturias había actuado con la diligencia exigible, puesto que la resolución del Presidente del Instituto había advertido expresamente que contra la misma cabía interponer recurso potestativo de reposición (o ser recurrida directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa), que es lo que hizo el Principado de Asturias.
Resumen: Inadmisión por extemporáneo del recurso alzada interpuesto contra la exclusión de la selección de admitidos a la fase de dictamen en proceso selectivo convocado para el acceso a la carrera judicial por categoría de magistrado. Desestimación del recurso. El cómputo de los plazos administrativos se rige por su específica regulación legal, y no por la legislación procesal. Al recurrente no se le ha impedido el acceso a la jurisdicción, y la inadmisión del recurso de alzada se basó en una causa legalmente prevista.
Resumen: El TS, ante la alegación previa de la Administración demandada del incumplimiento por la entidad recurrente del requisito que establece el art. 45.2.d) LJCA para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación, recuerda STS de Pleno de 5 de noviembre de 2008 (rec. 4755/2005), que aclaró definitivamente la necesidad de las entidades mercantiles de aportar el acuerdo corporativo al que hace referencia el citado precepto. En el presente caso, siendo necesario acreditar, no sólo el nombramiento como administrador único, sino también que, como tal administrador único, disponía de la capacidad interna necesaria para ejercitar acciones en su nombre de conformidad con los estatutos, resulta tal requisito no se ha cumplido por la recurrente ya que no consta acreditado en forma alguna que la firmante del acuerdo aportado sea, efectivamente, la administradora única de la sociedad. Y siendo un requisito subsanable, sin embargo la recurrente no ha procedido en consecuencia ante la causa de inadmisibilidad opuesta por la Administración en la contestación a la demanda, lo que obliga a declarar la inadmisibilidad del recurso sin necesidad de que por la Sala se tenga que abrir de oficio ningún trámite de subsanación.
Resumen: El sentido de la justicia rechaza, de manera instintiva, las situaciones absurdas como las que ahora se nos presentan y que, por indefinición legal o por deficiente funcionamiento judicial, son más frecuentes de lo deseable: la contradicción abierta, palmaria e insalvable entre dos resoluciones judiciales provenientes, en este caso, de los órdenes contencioso-administrativo y social, en relación con unos mismos hechos, que se hicieron constar en dos actas de la misma fecha y con ocasión de la misma visita de inspección, pero que después siguieron cursos competenciales distintos y culminaron con decisiones antagónicas entre sí. Sentado esto, sólo habría error judicial, en el sentido definido jurisprudencialmente como tal, si se presenta como patente, ostensible y craso y, además -y aquí radica una particularidad de este caso-, le es atribuible por entero a la sentencia del Juzgado nº 2 de Málaga. Por más que cualquier solución jurídica nos pudiera parecer que no es del todo satisfactoria ,no se aprecia la existencia de tal error en el enjuiciamiento del asunto que culmina con la sentencia y que pueda ser imputable íntegramente a la juzgadora del asunto.
Resumen: El artículo 44 LJCA debe ser interpretado de conformidad con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 CE, por lo que su aplicación no puede realizarse de forma rigorista de modo que impida u obstaculice injustificadamente el derecho de acceso a la jurisdicción de una Administración Pública en aquellos supuestos en que pretende entablar acciones contra otra Administración y la Administración impugnante ha seguido diligentemente los trámites procedimentales indicados por la propia Administración, autora de la resolución administrativa. En el ámbito del régimen jurídico subvencional, el artículo 44 LJCA resulta plenamente aplicable en aquellos supuestos en que los que tanto la Administración Pública otorgante de la subvención como la Administración beneficiaria de la misma actúan en calidad de Administración Pública. En cambio, cuando una de ellas actúa como persona jurídica desposeída de sus prerrogativas públicas será aplicable el régimen de recursos establecido en la LPA. En el caso enjuiciado, es clara la relación pública y bilateral (regulada en Convenio) que se establece entre el Instituto de Reestructuración Minera y el Principado de Asturias, sin embargo la Sala ha interpretado de forma rigorista los presupuestos de acceso a la jurisdicción, pues la Administración recurrente interpuso los recursos ofrecidos por la Administración que adoptó la resolución, actuando con la diligencia exigible.
Resumen: Relación de aspirantes que superaron los ejercicios teórico y práctico de la primera fase del proceso selectivo de especialización para la provisión de plazas de Magistrado Especialista en el orden jurisdiccional social. Desestimación del recurso. No se discute que e recurrente fue considerado no apto para aprobar el ejercicio práctico sin recibir una puntuación por parte de cada uno de los miembros del Tribunal Calificador, y que dicha decisión fue unánime y acompañada de motivación, como tampoco que el apartado d) de la base sexta de la convocatoria no contemplaba, para el ejercicio práctico, una votación de aprobado o suspenso previa a la puntuación, por lo que es claro que el Tribunal Calificador no se ajustó estrictamente a la forma de proceder prevista en las bases de la oposición. Ahora bien, ello no constituye un vicio determinante de la nulidad del acto impugnado, pues dado que la decisión de considerar que el recurrente no reunía los requisitos mínimos para aprobar el ejercicio práctico fue unánime, es evidente que ninguno de los miembros del Tribunal Calificador le habría otorgado 20 puntos. En otras palabras, la suma de las puntuaciones dadas por los miembros del Tribunal Calificador dividida por el número de éstos habría sido indefectiblemente inferior a veinte. Además, la decisión unánime fue acompañada de motivación, por lo que no le causó indefensión al recurrente.
Resumen: La sala declara inadmisible la demanda al haberse presentado fuera del plazo de tres meses establecido en el artículo 293.1.a) LOPJ. Y considera que no hay error judicial, con claridad, porque la sentencia impugnada es correcta cuando impone las costas (art. 139 LJCA), pues, aunque el recurrente junto con sus dos hermanos sucedieron a su madre fallecida en la posición procesal de recurrente, que litigaba con el beneficio de justicia gratuita, ésta es personalísima y sólo disfruta de ella quien acredite la insuficiencia de recursos para litigar. De hecho, en casos de litisconsorcio o pluralidad de actores o demandados, cabe que unos gocen y otros no, del mencionado beneficio, asociado a la situación patrimonial personal de cada uno de ellos. El recurrente acredita que en 2019 obtuvo, al parecer para otro litigio, ese beneficio de justicia gratuita, lo que es un hecho posterior a las vicisitudes de este asunto y que no pudo el Tribunal sentenciador tener en cuenta para resolver, ni afecta a la corrección de lo resuelto.
Resumen: La Sala inadmite el recurso. La causa de inadmisibilidad aducida por la Abogacía del Estado por incumplimiento del requisito establecido en el art. 45.2.d) LJCA se expresó en términos claros e inequívocos en su escrito de contestación a la demanda y la inadmisibilidad del recurso fue, asimismo, la petición principal, formulada de forma expresa, contenida en dicho escrito y reiterada en el de conclusiones, por lo que correspondía a la parte actora rebatirla. Sin embargo, recibidos por ella ambos escritos, de contestación a la demanda y de conclusiones, a pesar de que pudo hacer uso de la posibilidad de subsanación que le brindaba el art. 138.1 LJ nada hizo, sino que mantuvo a lo largo del proceso hasta su culminación por sentencia una total pasividad, incluso en la segunda demanda (que presentó tras ampliarse el recurso a la resolución expresa, cuando ya conocía la objeción opuesta por la demandada), y en el trámite de conclusiones en los que también guardó silencio al respecto. Por ello esta Sala no tenía por qué abrir de oficio ningún trámite de subsanación, encontrándose plenamente habilitada, conforme a la doctrina jurisprudencial expuesta, para declarar la inadmisibilidad del recurso por esta causa directamente en la sentencia, de forma congruente con lo planteado por la Administración demandada en su contestación y conclusiones.
Resumen: Impuesto sobre Sociedades. Devolución de ingresos indebidos. Prescripción del derecho a formular dicha solicitud. Aunque, como regla general, el plazo para solicitar la devolución de ingresos indebidos se sitúa en el momento en que se realiza el ingreso, dicha regla no resulta aplicable cuando el nacimiento del derecho (esto es, la constatación del carácter indebido del ingreso en cuestión) no depende del contribuyente, sino de la Administración, que está regularizando a otro obligado tributario y que, como consecuencia de su actividad de comprobación respecto del mismo, termina emitiendo una declaración que comporta que el ingreso del primer interesado sea indebido. Aplicación de la doctrina de la actio nata y del principio de buena administración, pues la Administración pudo regularizar el ingreso al tiempo que regularizaba el gasto correlacionado.