Resumen: Canon de regulación y tarifa de utilización de aguas, que establece la Ley de Aguas. Aprobación del canon y la tarifa en fecha posterior a la del devengo: aplicación retroactiva improcedente. Remisión a la jurisprudencia de esta Sala. En el año en que se va a aplicar la tasa debe estar aprobada, antes del presupuesto, aunque se pague al año siguiente. La tasa de un ejercicio no puede, pues, aprobarse durante ese mismo ejercicio, sino antes de producido el devengo. Las liquidaciones no son válidas cuando se aprueban después del año al que vienen referidas, tanto en la anterior como en la vigente redacción del artículo 114.7 TRLA. Los artículos 303, 310 y 311 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico son conformes con la Constitución y la Ley de Aguas, como ha declarado esta Sala en sendas cuestiones de ilegalidad, con valor de cosa juzgada.
Resumen: la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en precisar y complementar la jurisprudencia a fin de determinar cuál es el alcance que ha de atribuirse a la circunstancia de no haberse podido cuantificar directamente el volumen de negocios de la entidad infractora, correspondiente al año inmediatamente anterior a la fecha de la resolución sancionadora. Para ello serán, en principio, objeto de interpretación os apartados 1 y 3 del artículo 63 LDC. Entiende la Sección Primera que la cuestión suscitada no carece manifiestamente de interés objetivo casacional para la formación de jurisprudencia, y, por otra parte, la respuesta que se dé a la cuestión trasciende del caso objeto de este concreto proceso. Reconoce que en las SSTS de 29 de enero de 2015 (RC 2872/2013) y de 30 de enero de 2015 (RC 2793/2013) la Sala subraya que el elemento temporal del precepto es claro -el año o ejercicio de referencia es el inmediatamente anterior a aquel en que se dicta la resolución sancionadora., pero no se resuelve sobre la posibilidad de acudir -a falta de volumen de negocios en el año inmediatamente anterior- al ejercicio inmediatamente anterior en que haya existido negocio o volumen de negocio; ni si, en su caso, ante el supuesto descrito, la cuantificación de la multa debió de efectuarse conforme a los parámetros establecidos en el art. 63.3 LDC.
Resumen: Compensación de oficio de deudas tributarias entre una Administración pública y un particular. Artículo 73.1 de la Ley 58/2013, de 17 de diciembre, General Tributaria. Nueva liquidación girada en ejecución de una resolución judicial que anula otra anterior, practicándose la compensación de oficio por la Administración durante el plazo de ingreso en período voluntario (apartado 1, párrafo 2º, del artículo 73 de la LGT). Requisitos: No se exige la firmeza de la nueva liquidación girada. En consecuencia, acordada la devolución de una liquidación tributaria por anulación judicial a favor de un contribuyente, y girada una nueva liquidación por la Administración actuante -en ejecución de la resolución judicial anulatoria y en sustitución de la liquidación anulada; puede la Administración decretar la compensación de oficio de las liquidaciones, declarando la obligación de pago por devolución de ingresos indebidos sólo del saldo a favor del sujeto pasivo, todo ello durante el plazo de ingreso en periodo voluntario de las nuevas cantidades a ingresar.
Resumen: Se estima el recurso de casación interpuesto fijando como doctrina jurisprudencia aquella que señala que no cabe apreciar responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, derivada de actos administrativos confirmados por sentencia judicial, por haberse producido un cambio de criterio en la vía administrativa acaecido después de dicha confirmación judicial por sentencia firme. Lo que conlleva la casación de la sentencia recurrida en la medida en que ha anudado la antijuridicidad del daño por el que se reclama, de forma automática, al cambio de criterio en la vía administrativa producido tras la confirmación judicial por sentencia firme de los actos administrativos a los que se imputaba el daño por el que se reclama, sin valorar la razonabilidad de la concreta actuación administrativa analizada que debe ser afirmada.
Resumen: La Sala redefine, con modificación del contenido del auto de admisión del recurso de casación, la cuestión relevante en este litigio y afirma que, declarada la caducidad de un procedimiento iniciado por declaración, los actos del mismo, incluyendo la declaración extemporánea del obligado tributario, no interrumpen el plazo de prescripción del derecho de la Administración tributaria a liquidar. Por lo que sólo puede reiniciarse el procedimiento si no ha transcurrido el plazo legalmente establecido. En consecuencia, se declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Agencia Tributaria de Canarias.
Resumen: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Dualidad gestión catastral-gestión tributaria y sus consecuencias cuando, como sucede en el caso, el contribuyente impugna una liquidación de IBI por considerar -como había declarado un tribunal de justicia respecto de otros contribuyentes- que la Ponencia de Valores aplicable incurría en defectos formales determinantes de su ilegalidad. No cabe que la declaración en sentencia firme de que una Ponencia carece de Estudio de Mercado, realizada a los solos efectos de analizar la concreta impugnación del valor catastral efectuada por un concreto contribuyente respecto del IBI que le fue girado, se sitúe por encima de un pronunciamiento judicial, también firme, pero realizado por el órgano judicial competente para analizar la legalidad de dicho acto y en el que se declara ajustada a Derecho esa Ponencia al no apreciar aquel vicio formal, señalando, además, que consta el Estudio de Detalle y que la Ponencia está motivada. El ayuntamiento no estaba obligado a anular la liquidación por defectos de la Ponencia de Valores cuando la declaración judicial previa que así lo establecía carece de cosa juzgada material, pues no impide que el órgano judicial encargado de enjuiciar la legalidad de los actos de gestión catastral adopte -en plenitud- la decisión que proceda.
Resumen: Tarifa de Utilización del Agua y Canon de Regulación.- Ejercicio 2013- Posibilidad de practicar liquidaciones aplicando tarifas aprobadas con posterioridad al inicio periodo a que se refiere.- Interpretación del artículo 114.7 del texto refundido de la Ley de Aguas en su redacción vigente a partir de la Ley 11/2012. El momento en que debe quedar aprobado el canon o la tarifa, según los casos, ya hemos indicado que no es posible su aprobación una vez iniciado el periodo impositivo que, para los años siguientes a aquél en que se produzca la mejora o beneficio de los usos o bienes afectados (caso del canon) o en el momento en que puedan utilizarse las instalaciones de las obras hidráulicas (supuesto de la tarifa), debe entenderse que es el primer día del año natural, de suerte que la aprobación posterior a dicho día incurriría en una retroactividad proscrita por el artículo 9.3 de la Constitución. Debe aclararse que no es de suyo, inexorablemente, inconstitucional la posibilidad de una retroactividad de grado débil, en caso de normas legales que introdujeran previsiones in malam partem antes de la finalización del periodo impositivo, porque tal proceder no vulneraría per se el límite constitucional del artículo 9.3 CE, a menos que la retroactividad afectase a otros principios constitucionales, significadamente la seguridad jurídica.
Resumen: En el presente caso, la comprobación a que se refiere el artículo 103.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLHL), ha consistido en reclamar a la mercantil a la que se giró la liquidación provisional la documentación relativa a la finalización de las obras, incluyendo la certificación final de las mismas emitida por la contratista, y en base a ésta se determinó la base imponible del impuesto en la liquidación definitiva. Consecuentemente, ninguna infracción se advierte en la actuación de la Administración, pues el procedimiento de comprobación se ajustó al artículo 103 TRLHL. Por otra parte, la Administración, en la comprobación que tiene que realizar con carácter previo a la liquidación definitiva, puede acudir a cualquiera de los medios que recoge el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, pero no está obligada a ello en supuestos como el presente, en que la comprobación previa a la determinación de la base imponible del impuesto ha consistido en la documentación aportada por la recurrente a requerimiento administrativo. A lo expuesto añade la Sala que ninguna consecuencia perjudicial para el obligado tributario ha tenido la actuación de la Administración, toda vez que siempre pudo proponer prueba en cualquiera de las dos instancias judiciales, lo que no ha hecho. En consecuencia, se declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto.
Resumen: La sala declara inadmisible la demanda de error judicial por falta de agotamiento de los recursos previstos en el ordenamiento. Ello es así, porque presentado recurso de apelación, en el que se pretendía, entre otras pretensiones, solventar el error que a criterio de la parte recurrente había incurrido el juzgador de instancia, y resuelto este por sentencia -posteriormente inadmitido el recurso de casación-, debió promover incidente de nulidad contra la misma, no contra la sentencia de instancia, pues ni era procedente -pues procedía interponer recurso de apelación como así hizo-, y, en todo caso, cuando se interpuso, como señala el auto resolviendo incidente de nulidad ante el Juzgado, resultaba a todas luces extemporáneo, por lo que debió acudir, antes de presentar la demanda por error judicial, al incidente de nulidad de actuaciones frente a la sentencia dictada en apelación, lo que no hizo.
Resumen: Recurso de casación contra sentencia que declara firme, por extemporáneo, el recurso interpuesto contra resolución que declara la pérdida del derecho al cobro de la ayuda concedida mediante Convenio Específico de Colaboración. Estimación. En el ámbito del régimen jurídico subvencional, el artículo 44 LJCA resulta plenamente aplicable en aquellos supuestos en que la relación jurídica establecida entre la Administración Pública otorgante de la subvención y la Administración Pública beneficiaria de la misma, ambas Administraciones Públicas actúan en calidad de Administración Pública, como acontece cuando el conjunto de obligaciones contraídas para la ejecución de la actividad subvencionada, y, específicamente, la acción de reintegro deriva de un Convenio de Colaboración firmado entre Administraciones Públicas, siendo improcedente, en estos casos, la interposición de recursos administrativos, en la medida que sólo cabe la formalización del requerimiento; y no resulta aplicable cuando una de las Administraciones asume en la relación jurídico-administrativa entablada entre la Administración otorgante de la subvención y la Administración beneficiaria, una posición semejante o asimilable a la de un particular. En el presente caso, si bien era procedente el requerimiento previo, sin embargo la Administración recurrente interpuso recurso de reposición siguiendo la ilustración contenida al pie de la resolución recurrida.