Resumen: La Sala niega que en los supuestos en los que se solicita autorización judicial para la entrada en domicilio, las actuaciones realizadas con carácter previo al inicio de un procedimiento de inspección tributaria, que se produce mediante su comunicación formal al obligado tributario, deban considerase actuaciones inspectoras a efectos del cómputo del plazo de duración máxima regulado en el artículo 150 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. En este caso, al producirse la entrada en domicilio en virtud de autorización judicial, no puede tenerse como fecha de inicio del procedimiento la del informe de 23 de abril de 2013, realizado para justificar la solicitud de autorización de entrada en domicilio. El exceso de plazo para llevar a cabo el procedimiento de inspección tiene como efecto la no interrupción del plazo para prescribir, pero resulta irrelevante a efectos de la prescripción cuando las liquidaciones se han girado dentro del plazo de cuatro años de prescripción. Es decir, dado que los ejercicios 2009, 2010 y 2011 por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas fueron liquidados y notificados en 16 de mayo de 2014, a la fecha de la notificación de los acuerdos de liquidación no había transcurrido el período de prescripción de los citados ejercicios, en tanto que la Administración tributaria disponía del plazo de cuatro años para liquidar.
Resumen: inadmisibilidad, por extemporáneo, del recurso contra desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra resolución que declara la pérdida total del derecho de la ayuda concedida. Estimación. En relación con el régimen jurídico de las ayudas y subvenciones públicas, cabe entender que existe un litigio entre Administraciones Públicas, a los efectos de la aplicación del artículo 44 LJCA, cuando la relación jurídica establecida entre la Administración otorgante de la subvención y la Administración beneficiaria de la misma, tenga como base un procedimiento subvencional en el que ambas Administraciones Públicas asumen una posición sustancial de sujetos activos que colaboran y cooperan para alcanzar los fines de interés general previstos en la resolución de otorgamiento de la subvención. Y esto es lo que ocurre en el presente caso, si bien la Administración recurrente actuó con la diligencia exigible, al interponer el recurso de reposición conforme a la advertencia contenida en la resolución administrativa.
Resumen: Resuelve la cuestión de interés casacional consistente en determinar: "cómo debe de operar el principio de vinculación a las hojas de aprecio en relación con la indemnización de la facultad de participar en actuaciones de nueva urbanización", reproduciendo lo razonado en STS al resolver el RCA 2370/19, de semejante contenido, donde se argumentaba que la respuesta a la cuestión planteada será el resultado de dos determinaciones, la primera, el alcance que con carácter general se atribuye por la jurisprudencia al principio de vinculación a las hojas de aprecio -respecto de lo cual existe amplia y reiterada jurisprudencia, de la cual se deduce que la vinculación viene referida a la cantidad global que se reclama, que no podrá ser sobrepasada, pero también comprende los conceptos indemnizables cuando éstos tengan sustantividad propia como bienes, derechos o intereses patrimoniales legítimos y estén diferenciados unos de otros-; y la segunda, la naturaleza de la indemnización por la facultad de participar en actuaciones de urbanización - cuyo carácter autónomo resulta del art. 25 del TRLS 2008, que se corresponde con el art. 38 del TRLSRU 2015-. Responde así a la cuestión planteada considerando que el principio de vinculación a las hojas de aprecio opera en relación con la indemnización de la facultad de participar en actuaciones de nueva urbanización como concepto autónomo y, por lo tanto, en los términos en que se haya planteado en las citadas hojas.
Resumen: Acuerdo de 15 de diciembre de 2017 del Consejo de Ministros por el que se inadmite la solicitud de revisión de oficio del Decreto 137/1960, de 4 de febrero, por el que se convalida la tasa por gastos y remuneraciones en dirección e inspección de las obra. El acuerdo de inadmisión impugnado resulta conforme con nuestro ordenamiento jurídico dado que el Consejo de Ministros ha acordado motivadamente, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del citado artículo 106, la inadmisión a trámite de una solicitud, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado, en un caso, como el ahora examinado, en el que la solicitud carece manifiestamente de fundamento. Partiendo, pues, de que nuestro ordenamiento jurídico no reconoce una acción de nulidad a los interesados contra las disposiciones generales, ello nos conduce a desestimar el recurso por ser conforme a Derecho la resolución recurrida, lo que, a su vez, nos releva del examen del resto de cuestiones suscitadas en este recurso contencioso administrativo.
Resumen: Canon de Regulación del Agua. No es posible su aprobación una vez iniciado el periodo impositivo que, para los años siguientes a aquél en que se produzca la mejora o beneficio de los usos o bienes afectados (caso del canon) o en el momento en que puedan utilizarse las instalaciones de las obras hidráulicas (supuesto de la tarifa), debe entenderse que es el primer día del año natural. Ello no sólo porque podría entrañar problemas de retroactividad de la norma, sino sobre todo porque atentaría contra el principio de legalidad, una de cuyas vertientes, el de la lex previa, obliga al poder público a dar a conocer los elementos esenciales de las obligaciones, cuando surjan de la ley, como las tributarias, antes de que tales obligaciones nazcan. Consiguientemente, en el año en que se va a aplicar el canon debe estar éste ya aprobado, antes de aprobarse los gastos de explotación y conservación de obras hidráulicas que están llamadas a financiar, aunque se pague al año siguiente.
Resumen: Atribución a determinados juzgados, con competencia territorial indicada para cada uno de los casos, para que de manera exclusiva y excluyente conozcan de la materia relativa a las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física. Desestimación. Lo que ha hecho el Consejo colegial de Abogados Cataluña recurrente en este caso es articular una acción en defensa de la legalidad abstracta, por encima y al margen de su legítimo ámbito de actuación definido en sus estatutos. No está reconocida la acción popular en esta materia por lo que sería dable concluir que la parte demandante carece de legitimación. En cuanto al fondo, se cumplen en forma evidente los cuatro requisitos de aplicación del artículo 98 LOPJ, que es excepcional, por tiempo determinado, dictado tras los informes oportunos y se inserta en el Boletín Oficial del Estado. Además, y frente a la alegación que el acto impugnado conculca el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, éstas no se han acreditado. El acuerdo impugnado ha operado en el marco legal que le es propio satisfaciendo el derecho al juez ordinario al señalar en forma abstracta, objetiva, independiente, inamovible, precisa y previa quiénes serán los jueces ordinarios en cada proceso judicial, lo que corresponde determinar al CGPJ. En nada se menoscaba con el acuerdo el derecho a la justicia gratuita de los ciudadanos.
Resumen: El TS recuerda que en el procedimiento de extradición, conforme a la Ley 4/1985, se distinguen tres fases sucesivas: gubernamental; judicial (acordando o denegando la extradición) y de soberanía (decidiendo la entrega o denegando la extradición). El acuerdo aquí recurrido pone fin a la primera fase y decide la continuación del procedimiento, iniciando la segunda fase, judicial. En cuanto al mismo, se rechazan los motivos impugnatorios aducidos en cuanto: al incumplimiento del plazo del Ministerio de Justicia para elevar al Gobierno la propuesta sobre la continuación o no del procedimiento de extradición en vía judicial; a la alegada falta de motivación del acuerdo impugnado; así como respecto a la pretendida falta de Gobierno en funciones para acordar la continuación del procedimiento. En relación con este último motivo, se declara que el acuerdo ha de considerarse inserto en el despacho ordinario de los asuntos públicos. Además de su urgencia dada la finalidad cautelar que persigue. Se recuerda también que el acuerdo de continuar el procedimiento de extradición no es la concesión de la extradición: no es lo mismo un acuerdo del Consejo de Ministros sobre continuación del procedimiento, que una resolución judicial de la Audiencia Nacional sobre la extradición, evidentemente no impugnable en vía contencioso-administrativa, como tampoco es equiparable con una decisión de soberanía del Consejo de Ministros acordando o no la entrega del extraditable.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación presentado cuya cuestión casacional se concreta en determinar si la Junta de Compensación constituida con base en el planeamiento anulado por la Sentencia de la Sala Tercera (Sección 5ª) de 28 de septiembre de 2012 (rec. 1009/2011), ha de reputarse extinguida o, si por el contrario, puede tener cobertura jurídica en el artículo 73 LJCA en tanto que acto administrativo firme dictado en aplicación del citado planeamiento declarado nulo. Y si la aplicación del artículo 73 de la Ley 29/1998 a los actos de gestión dictados en ejecución de planeamiento anulado supone la exclusión de todos los procedimientos regulados en la normativa urbanística en orden a la formalización y aprobación de dicha iniciativa, pudiendo la Administración dar continuidad a la ejecución del planeamiento anulado, o si por el contrario siendo la nueva ordenación presupuesto necesario de cualquier actividad de ejecución, se requiere que la Administración cumpla los procedimientos regulados en la norma en orden a verificar que los actos en su día aprobados se acomodan a la nueva ordenación. Y, en consonancia con esta cuestión, la norma jurídica que, en principio, habría de ser objeto de interpretación en sentencia es el artículo 73 de la ley 29/1998 reguladora de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación preparado contra auto que inadmitió, por extemporaniedad en su interposición, el recurso contencioso administrativo, al haber aportado el poder de representación después de haber transcurrido en exceso los dos meses desde la notificación del acto administrativo impugnado. La cuestión planteada en el recurso de casación, ya resuelta por recientes sentencias, que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si la nueva redacción del art. 24 LEC en relación con el art. 23 LJCA permite subsanar la falta de poder del procurador con posterioridad a la presentación del escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo y transcurrido el plazo de interposición, cuando su otorgamiento se efectúa una vez interpuesto el recurso contencioso-administrativo.
Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso al acoger la última impugnación. La recurrente denuncia que el art. 5.1.f), párrafo segundo del RD recurrido, sobre transmisión de posibilidades, introduce una excepción en favor de las grandes empresas discriminando a los más pequeños, con infracción del art. 14 CE. Pues bien, la Sala considera que la introducción de dicha excepción en el art. 5.1.f), párrafo segundo, del Real Decreto, estableciendo que "solo en el caso de buques pertenecientes a una misma empresa armadora se podrá proceder a la transmisión de posibilidades de forma definitiva de uno a otro grupo del artículo 3.1, conforme a lo estipulado en el artículo 28.2 de la ley, aunque los buques o almadrabas implicados no estén el mismo grupo del censo", supone incorporar reglamentariamente una disposición contraria al mandato establecido en la Ley que le sirve de cobertura y al propio fundamento de la limitación impuesta por el referido art. 28.1.c), incorporación que no puede sustentarse en la previsión del mismo art. 28 en su apartado 2, que si bien se refiere a la transmisión entre buques de la misma empresa armadora, previene que para ello ha de partirse del "previo cumplimiento de las condiciones establecidas en el apartado 1" y, por tanto, de la limitación establecida en la letra c), plenamente reconocida por la Administración que ejercita la potestad reglamentaria. Y dicha excepción vulnera el principio de jerarquía normativa, incurriendo en nulidad absoluta.