Resumen: Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial. Desestimación. Trámite de audiencia: El Real Decreto fue sometido a consultas de la Conferencia Sectorial de Energía, donde están presentes las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla, receptores directos de los fondos y responsables de su adjudicación, por lo que el procedimiento de audiencia se considera suficiente, sin que pueda reclamarse que fuera sometido a consulta de los potenciales destinatarios. Informes del Consejo de Estado y de la CNMC: respecto del primero, la disposición impugnada no puede considerarse un reglamento ejecutivo de una ley nacional ni del derecho comunitario; y respecto del segundo, no se apoya el demandante en ningún precepto legal que requiera dicho informe. Principios de no discriminación y libre competencia: en un programa como el diseñado no resulta posible argüir discriminación por el hecho de que no haya sido incluido un determinado subsector industrial, pues el programa litigioso es uno de los diversos que se desarrollan ahora y en el futuro, sin que la parte acredite discriminación alguna.
Resumen: Acuerdo por el que se acepta la renuncia formulada con efectos de 30 de septiembre de 2017 por (...), magistrados eméritos del Tribunal Supremo. Desestimación. Resulta imprescindible que la norma retroactiva incida sobre derechos individuales, y ello cualquiera que sea el grado de retroactividad, esto es, con independencia de que se trae de una situación ya agotada o simplemente consagrada, por lo que no puede considerarse que la DT 3ª de la Ley Orgánica 7/2015, y sus actos de aplicación, vulneren el artículo 9 CE sin demostrar antes que quienes eran magistrados eméritos a la entrada en vigor de aquélla tenían un derecho indisponible para el legislador a continuar en dicha condición hasta la edad de setenta y cinco años. La cuestión es si la reducción sobrevenida de la duración de nombramientos ya hechos atenta contra el apartado segundo del art. 117 CE, y la respuesta es negativa, pues la garantía central de la inamovilidad judicial consiste en que cualquier decisión que incida sobre la estabilidad en la plaza judicial ocupada debe producirse en virtud de una causa legalmente prevista. Tampoco está fundamentada la alegada vulneración del derecho fundamental de acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad. La DT cuestionada no tiene ninguna finalidad de hostigamiento o persecución.
Resumen: Es claro que, entre el tiempo transcurrido desde el conocimiento de la sentencia y la interposición de la demanda, el 6 de marzo de 2019 ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, se ha superado ampliamente el plazo de tres meses previsto en el artículo 512.2 LEC para ejercitar la acción de revisión. Este plazo es de caducidad y, por tanto, no susceptible de interrupción o rehabilitación, salvo caso de fuerza mayor que no es el caso. Únicamente a la parte demandante es achacable, por lo demás, el error padecido al no haber presentado sin demora, dentro del plazo, la demanda de revisión ante el Tribunal Supremo en lugar de presentar escritos y, además, en dos ocasiones ante la Audiencia Nacional. Por consiguiente, el proceso de revisión debe ser inadmitido por la extemporaneidad de su interposición
Resumen: Desestima el recurso interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de Ministros que dispuso la continuación, en vía judicial, del procedimiento de extradición del recurrente a las autoridades de Venezuela. Recuerda la constante jurisprudencia que ha abordado la naturaleza del procedimiento de extradición, considerando que se trata de un procedimiento mixto, de naturaleza administrativa y judicial, en el que se pueden distinguir tres fases: dos gubernativas, la primera y la última, estando en medio la decisiva fase judicial; razonando que el acuerdo impugnado corresponde a la primera fase y contiene la decisión del Gobierno de continuar con la fase judicial, tratándose de una decisión administrativa de alcance limitado a la continuación del procedimiento, a la vista de los requisitos establecidos en los referidos arts. 2 a 5 de la LEP, pese a lo cual, se trata de un acto con propia sustantividad susceptible de ser recurrido en sede contencioso-administrativa. Rechaza a continuación las alegaciones del recurrente sobre ilegibilidad de la documentación aportada (que no afecta a la decisión tomada y siendo la resolución judicial definitiva la que la enjuicie y valore), falta de legitimidad de las autoridades venezolanas solicitantes de la extradición (sobre lo que no corresponde pronunciarse al Tribunal Supremo) y afectación de la Decisión (PESC) 2018/90 del Consejo, de 22 de enero de 2018 (no encontrándole relación con la solicitud de extradición en este caso).
Resumen: Siendo una cuestión probatoria la capital en la sentencia, parece que lo aconsejable habría sido inadmitir el recurso, pues el debate sobre la interpretación del artículo 25 TRLHL es superfluo para decidir el recurso de casación, toda vez que, ya sea exigible una memoria económico-financiera completa, ya baste con un estudio razonado de costes (...), el resultado es que aquí se trata de un elemento indiferente para resolver, pues ni uno ni otro constan, ni lo que debe resolverse aquí es si un trámite del procedimiento de elaboración de la ordenanza se ha observado.
Resumen: Desestimación de solicitud de reclamación patrimonial del Estado Juez por dolo o culpa grave de magistrados. Desestimación. La Ley Orgánica 7/2015 derogó los arts. 411 a 413 LOPJ, suprimiendo así la responsabilidad civil directa de los Jueces y Magistrados, y en el vigente derecho español sólo existe la responsabilidad del Estado por error judicial y por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, y el art. 296.2 LOPJ lo que regula es una facultad de repetición o acción de regreso a favor de la Administración General del Estado, que se ejerce por vía administrativa, pudiendo por supuesto ser luego controlada en sede contencioso-administrativa. El problema subyacente es quién puede y debe declarar el dolo o la culpa grave que, como se ha visto, son presupuesto indispensable para la repetición de lo pagado. A este respecto, el art. 296.2 LOPJ contempla dos posibilidades: que se declare en sentencia o que se reconozca "en resolución dictada por el Consejo General del Poder Judicial conforme al procedimiento que éste determine", y esta segunda posibilidad es la problemática. En todo caso es indudable que el art. 296.2 LOPJ no permite a quien se considera perjudicado por la actuación de un Juez o Magistrado dirigirse al CGPJ, para que sea éste el que declare la existencia del daño y reconozca el derecho a indemnización.
Resumen: Recurso de casación contra sentencia que anula una sanción por infracción del artículo artículo 79.3.e) de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, al no haber comunicado en plazo los datos de ventas de energías correspondientes a los años 2012 y 2013. Estimación del recurso de casación. Se trata de determinar si la infracción tipificada en el artículo 79.3.e) de la Ley 18/2014 debe ser calificada como infracción instantánea o como infracción permanente a los efectos de concretar el dies a quo del cómputo de plazo de la prescripción. Si se incumple el plazo de comunicación de los datos de ventas (es decir, si hay retraso), se comete una infracción con independencia de que tales datos se comuniquen con posterioridad o no, que puede ser grave o leve dependiendo de que impida o no determinar la obligación, considerando la infracción como permanente en todo caso. En consecuencia, el artículo 79.3.e) de la Ley 18/2014 debe interpretarse el sentido de que tipifica una infracción permanente, de modo que el plazo de prescripción de seis meses, a que se refiere el artículo 83 del citado texto legal, no debe comenzar a contarse sino desde el día en que finalice el incumplimiento del deber de comunicación en que consiste la conducta infractora, es decir, el día en que se comuniquen los datos de ventas por parte del sujeto obligado; no iniciándose el plazo de cómputo de prescripción si tal comunicación nunca se realiza.
Resumen: Sentencia dictada con la Ley 58/2003 vigente respecto de liquidación girada con la Ley de 1963. Inaplicación de los arts. 26.4 y 240 LGT por el tiempo de retraso en resolver el TEAC el recurso de alzada. El que existiese un único procedimiento para la regularización tributaria y la imposición de una sanción, y que la sanción formara parte de la deuda tributaria, no puede hacer desaparecer la diferenciación conceptual de ambas categorías y, por ende, el distinto tratamiento jurídico que en numerosas facetas se deriva de ello. La obligación tributaria posee carácter recaudatorio, su fundamento se encuentra en el deber de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos; y lo decisivo de la sanción tributaria es su carácter sancionador que se rige por los principios inspiradores del derecho sancionador. Distinta naturaleza que no queda empañada porque hasta la 58/2003 se incluyera las sanciones como uno de los componentes de la deuda tributaria -y hasta la Ley 1/1998, hubiera unidad de procedimiento-, pues, como advertía la jurisprudencia, pese a dicha inclusión, la sanción tributaria no cumple la misma función que el resto de los elementos que integran la deuda. En modo alguno cabía equiparar la sanción con lo que es estrictamente deuda tributaria, ni ahora, ni antes, por ser conceptualmente incompatibles, lo que determina un distinto régimen jurídico, por más que la sanción sea fruto del incumplimiento de las obligaciones tributarias.
Resumen: Archivo de diligencia informativa. Desestimación del recurso. Todas las quejas que la demandante manifiesta contra la actuación del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Torrijos constituyen en realidad discrepancias sobre la interpretación de las normas jurídicas aplicadas por el órgano judicial en resoluciones de naturaleza jurisdiccional; discrepancias que sólo pueden ser corregidas, en su caso, mediante los recursos jurisdiccionales que sean procedentes.
Resumen: Determinar si el plazo de tres meses previsto en el artículo 209.2 LGT para el inicio de un procedimiento sancionador, derivado de la comisión de una infracción tributaria, resulta de aplicación, únicamente, a los supuestos de incoación de procedimientos sancionadores que traigan causa de un procedimiento previo, iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección; o, por el contrario, resulta también de aplicación en caso de incumplimiento de un deber formal de presentación en plazo de una declaración tributaria.