• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ISAAC MERINO JARA
  • Nº Recurso: 2040/2019
  • Fecha: 15/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El Impuesto sobre Actividades que Inciden en el Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana, creado por el artículo 154 de la Ley autonómica 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y de Organización de la Generalidad Valenciana, respeta los límites que establecen los apartados 2 y 3 del artículo 6 LOFCA; no afecta a las competencias atribuidas al Estado en la Constitución; no infringe los principios constitucionales que rigen la imposición; y no vulnera el artículo 3 de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Pamplona/Iruña
  • Ponente: ANA BENITA IRURITA DIEZ DE ULZURRUN
  • Nº Recurso: 403/2020
  • Fecha: 10/10/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Justificado por el motivo de incremento de contagios en estos municipios por la Comunidad Autónoma se adoptan medidas de limitación de aforos, horarios en hostelería y celebraciones para evitar el contacto social. Estas medidas para la Sala se deben extender al juicio de legalidad y proporcionalidad, La competencia objetiva del órgano administrativo. - Principio de necesidad. La concurrencia de razones de necesidad y urgencia asociadas a un peligro actual y real para la salud de los ciudadanos. Principio de adecuación. La prevención y protección de la salud pública como finalidad exclusiva de su adopción. y Principio de razonabilidad. En este caso ve las medidas proporcionadas por la tasa de incidencia alta en todas las poblaciones.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Pamplona/Iruña
  • Ponente: ANTONIO SANCHEZ IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 402/2020
  • Fecha: 10/10/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Se trata de medidas que limitan las celebraciones nupciales, comuniones y otras celebraciones sociales, religiosas o civiles que pudiesen tener lugar tras la ceremonia en establecimientos con servicios de hostelería y restauración que deberán respetar la separación de 1,5 metros, no superando en ningún caso, las dieciocho personas en el interior y treinta y seis en el exterior. No estará permitida la utilización de pista de baile o espacio habilitado para ese uso. Para la Sala la ratificación implica determinar la competencia objetiva del órgano administrativo. Principio de necesidad. La concurrencia de razones de necesidad y urgencia asociadas a un peligro actual y real para la salud de los ciudadanos. Principio de adecuación. La prevención y protección de la salud pública como finalidad exclusiva de su adopción. Principio de razonabilidad. A pesar de que esta tendencia es descendente, se propone, dados los buenos resultados de las medidas adoptadas, consolidar esta tendencia en función de la duración del período de incubación de la enfermedad, que son 14 días, y que podría eventualmente producirse nuevos casos positivos. La razón que justifica el mantenimiento de todas las medidas es consolidar la buena tendencia y disminuir la transmisión comunitaria del virus a niveles razonablemente aceptables. Lo que es adecuado en término de siete días.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVA
  • Nº Recurso: 91/2020
  • Fecha: 08/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Estimación parcial del procedimiento para la protección de derechos fundamentales instado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) contra la inactividad del Ministerio de Sanidad por entender vulnerado el derecho fundamental a la integridad física -artículo 15 CE-, en lo referente al incumplimiento del art. 12.4 del Real Decreto 463/2020. No se dan los presupuestos que el artículo 29 LJCA requiere al recurso contra la inactividad de la Administración. CESM no presentó reclamación previa ni en el artículo 12.4 del Real Decreto 463/2020, se prevé una prestación concreta en favor de personas determinadas que se haya incumplido. CESM no ha acreditado que se haya producido una actuación concreta contraria al mentado artículo 12.4 que se haya traducido en lesión singular de derechos fundamentales de personas determinadas. Si bien para el TS las Administraciones debían proveer de medios de protección a los profesionales sanitarios y, en especial, el Ministerio de Sanidad a partir del 14 de marzo de 2020, los medios disponibles no fueron los suficientes en los momentos iniciales para proteger debidamente al personal sanitario afectando, por tanto, a sus derechos fundamentales. La incapacidad declarada se ha de predicar del Sistema Nacional de Salud en su conjunto y no sólo de la Administración Estatal o del Ministerio de Sanidad. Se desestiman las demás pretensiones, indicando que, en todo caso, ahora se deberá de dirigir a los Servicios de Salud de las CCAA.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER BORREGO BORREGO
  • Nº Recurso: 5071/2019
  • Fecha: 06/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso. Las sentencias de instancia y la de apelación aquí recurridas, se centran en la gravedad de la conducta, que afecta al orden público y la paz social, del delito de lesiones por el que fue condenado el interesado causadas con un objeto (vaso). Nº 1 del artículo 148.1 CP, "pena abstracta", con la agravante de parentesco. Apreciadas que el interesado conoció y en el que presentó alegaciones, las circunstancias determinantes de la expulsión en la resolución administrativa que concluye el expediente administrativo, y valoradas dichas circunstancias en la sentencia impugnada, procede dar respuesta a la cuestión de interés casacional planteada. Pues bien, la decisión de expulsión de un extranjero residente de larga duración, en aplicación del art. 57.2 LOEX, no puede ser automática por el mero hecho de la condena superior a un año, sino que debe además valorarse para dicha expulsión, conforme a los artículos 6 y 12 de la Directiva 2003/109/CE, a la jurisprudencia del TJUE, y del TEDH, y a las sentencias dictadas y citadas en esta sentencia, la gravedad del delito y el peligro que representa para el orden público o la seguridad ciudadana y las circunstancias personales que concurren en el extranjero cuya expulsión se acuerda. Y en el caso concreto de este recurso, esas exigencias se cumplieron en la Resolución administrativa y en las sentencias de instancia y de apelación, la aquí impugnada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO CALVO ROJAS
  • Nº Recurso: 3375/2019
  • Fecha: 05/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Resolución del Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por el que se impone a una sociedad de auditoría y a su socio auditor sendas sanciones al haber incurrido en el incumplimiento de las normas de auditoría susceptible de tener un efecto significativo sobre el resultado de su trabajo. Desestimación. Mientras el control técnico está encaminado a investigar los trabajos de auditoría de cara a ver si se ha incumplido la normativa, el control de calidad consiste en la inspección o revisión periódica de trabajos de auditoría ya realizados a fin de mejorar la calidad de los trabajos de auditoría futuros. Ninguna de estas modalidades de control tiene carácter sancionador, pero ambas pueden desembocar en la incoación de un procedimiento sancionador. Así sucederá cuando en el curso del control técnico se detecte un incumplimiento que pueda ser constitutivo de infracción; pero también a raíz del control de calidad, y no sólo porque la desatención a los requerimientos de mejora está tipificada específicamente como una infracción grave, sino también porque durante el desarrollo del control de calidad, antes incluso de que se formule cualquier requerimiento de mejora, pueden detectarse indicios de algún incumplimiento que merezca la incoación de un expediente sancionador.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: INES MARIA HUERTA GARICANO
  • Nº Recurso: 3130/2019
  • Fecha: 05/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El auto de admisión del recurso de casación fijó como cuestión de interés casacional la consistente en determinar cómo incide lo dispuesto en la Directiva 2003/109/CE, en especial, su considerando 16 y su artículo 12, sobre todo sus apartados 1 y 3, en la adopción de una decisión de expulsión contra un extranjero, residente de larga duración, en aplicación del artículo 57.2 de la LOEX, a la luz de la doctrina sentada por el TJUE al interpretar las referidas disposiciones de la Directiva 2003/109/CE, entre otras, en la sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava), de 7 de diciembre de 2017, asunto C- 636/16. El Alto Tribunal reconoce haber abandonado el criterio previamente sostenido en las SSTS nº 191 y 257/19, de 17 y 29 de febrero de 2019, particularmente en la STS nº 321/20, de 4 de marzo (casación 5364/18) que refleja, de forma exhaustiva, el criterio de la Sala, acomodado a la Directiva 2003/109 y a los pronunciamientos del TJUE, reiterado en la sentencia nº 1125/20, de 27 de julio (casación 3522/19), que ratifica y a la que se remite en su integridad. Así, la respuesta a la cuestión es que: La protección reforzada frente a la expulsión que brinda el art. 12 de la Directiva 2003/109 y el art. 57.3.b) [sic] LOEX, es solo aplicable a los extranjeros, titulares de una de residencia de larga duración, para cuya expulsión -en aplicación del art. 57.2)- será preciso ponderar motivadamente, en cada supuesto concreto, las circunstancias previstas en su apartado 5.b).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: DIMITRY TEODORO BERBEROFF AYUDA
  • Nº Recurso: 2022/2020
  • Fecha: 01/10/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Determinar si constituye o no el hecho imponible del IVA o, en su caso, el del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, la transmisión por un Ayuntamiento -por permuta o por cualquier otro título jurídico oneroso- de aprovechamientos urbanísticos futuros que, en virtud de las cesiones obligatorias y gratuitas que la legislación urbanística establece, habrán de derivarse en favor de esa Administración, aprovechamientos urbanísticos que, en consecuencia, no se habían materializado aún al tiempo de la cesión ni, por tanto, habían ingresado en el patrimonio del Ayuntamiento.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL AGUALLO AVILÉS
  • Nº Recurso: 2935/2019
  • Fecha: 01/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Para la Sala, la Administración está facultada para iniciar un procedimiento sancionador abreviado antes de dictarse la liquidación, pues el artículo 210.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT) no contempla el inicio del procedimiento sancionador ni ninguna singularidad respecto de tal inicio, que viene regulado en el artículo 209.2 LGT, sin que el hecho de que aquel precepto prevea para el procedimiento sancionador abreviado la incorporación de una propuesta de sanción en el acuerdo de inicio añada una peculiaridad que obligue a modificar o matizar el criterio contenido en la sentencia de la propia Sala de 23 de julio de 2020 (RCA/1993/2019). El artículo 210.5 LGT respeta el derecho a ser informado de la acusación, al exigir que en el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador abreviado se incorpore una propuesta de sanción. Observa también el derecho de defensa al otorgar al interesado 15 días para que alegue cuanto considere conveniente y presente los documentos, justificantes y pruebas que estime oportunos. Y no establece la imposición directa de la sanción sin haber procedido antes a aprobar la liquidación, sino únicamente la instrucción de un procedimiento punitivo, que puede acabar o no con una sanción. Por tanto, se desestima el recurso de casación, pues la sentencia impugnada ha apreciado que la Administración puede iniciar un procedimiento sancionador abreviado antes de que se dicte la liquidación tributaria de la que trae causa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LA ESPERANZA CORDOBA CASTROVERDE
  • Nº Recurso: 143/2019
  • Fecha: 01/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Es posible sancionar al retenedor que no ha ingresado las retenciones a cuenta del IRPF cuando la cuota de la liquidación girada por la Administración en concepto de retenciones es cero, siendo la base de la sanción, a los efectos punitivos del artículo 191 LGT, las retenciones no practicadas que debieran haberse realizado.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.