Resumen: La cuestión que presenta interés casacional se refiere a la interpretación del art. 95.1 de la Ley 22/88 de Costas, y si bien se hace notar que sobre este precepto ya se ha pronunciado la STS de 11 de julio de 2018 -en un asunto análogo al presente relativa al tema de la prescripción de la acción de reposición de la legalidad en materia de costas-, sin embargo, se considera ahora que el recurrente justifica la necesidad de un ulterior pronunciamiento de la Sala que complete o precise la doctrina sentada en la citada sentencia en cuanto a la definición de los criterios con base a los cuales se ha de iniciar el cómputo del plazo de 15 años que establece el precepto en cuestión, desde la existencia de una resolución de reposición de la legalidad urbanística, en los casos en que habiendo recaído resolución de reposición de la legalidad urbanística en vía administrativa, la misma haya sido anulada por resolución judicial firme.
Resumen: Se estima el recurso de casación en el que la cuestión a resolver consistía en determinar cuál sea la norma reguladora del plazo de prescripción de las reclamaciones basadas en incumplimientos de convenios urbanísticos, identificando como normas jurídicas que serán objeto de interpretación los arts. 1964.2 del Código Civil y, 25.1.a) de la Ley General Presupuestaria (LGP). La Sala destaca las líneas jurisprudenciales de los covenios en relación, parte de que la naturaleza jurídica que corresponde a los convenios urbanísticos es la de un contrato administrativo; Las normas jurídicas que se aplican en el momento de la extinción de los contratos administrativos, y de los convenios, son: a) La normativa de contratación pública y sus normas de desarrollo.b) Supletoriamente, las restantes normas del derecho administrativo. c) Y, en defecto de las anteriores, las normas de derecho privado. De este modo concluye que es de aplicación el art. 1964.2 CC, en tanto que el art. 25 LGP se refiere a concretas deudas asumidas derivadas de una relación de servicio o prestacional con las AA.PP., lo que no sucede con los convenios urbanísticos, que son algo más y de naturaleza contractual, a los que aplica el art. 1258 CC; por tanto, ante la inexistencia de norma administrativa alguna acude supletoriamente a lo dispuesto en el Código Civil, que fija el plazo en cinco años (según su última redaccion). Devuelve las actuaciones a la Sala para que fije si cabe o no la restitución in natura.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación. Se aprecian dos cuestiones de interés casacional. La primera, determinar en procesos de promoción interna vertical, cual sea el papel de la negociación colectiva en la materialización de las facultades de autoorganización de la Administración Pública y, en segundo lugar, la determinación y extensión de los requisitos que puede establecer la Administración pública para participar en un proceso de promoción interna vertical y su relación con los derechos constitucionales previstos en los artículos 14 y 23 CE sobre el acceso a los cargos públicos. Además de la carencia jurisprudencial sobre las cuestiones controvertidas, se aprecia la concurrencia del supuesto previsto en el art. 88.2.c) LJCA (trascender del caso objeto del proceso afectando a un gran número de situaciones) dados los numerosos funcionarios que pueden participar en procesos de promoción interna verticial en las diferentes CCAA.
Resumen: La extinción de un condominio, en el que se adjudica a uno de los condóminos un bien indivisible, del que ya era titular dominical de una parte de este, a cambio de su equivalente en dinero, no está sujeta a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, sino a la cuota gradual de la modalidad de actos jurídicos documentados del Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Aplicando ese criterio, se estima el recurso de casación, puesto que la extinción del condominio en el que se adjudicado a uno de los copropietarios el inmueble del que ya era titular dominical del 50 por 100, a cambio de su equivalente en dinero entregado a la otra copropietaria está sujeta a la cuota gradual de la modalidad de actos jurídicos documentados del ITPAJD en tanto en cuanto no está sujeta a la modalidad de transmisiones onerosas, puesto que tal operación no es una transmisión patrimonial en sentido propio sino pura y simplemente, una especificación de un derecho preexistente. Y se estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo puesto que la Administración ha tomado en consideración una base imponible que, refiriéndose al valor declarado del bien, debe limitarse al 50 por 100 de ese valor, dado que la base imponible es única y exclusivamente el valor de esa parte que es la que se adquiere ex novo.
Resumen: Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si en el ejercicio de la potestad sancionadora prevista en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, en materia de protección de datos, resulta o no de aplicación el Derecho de la Unión Europea en materia de protección de datos, así como la normativa española de transposición, y la Directiva 2002/58 sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas.
Resumen: Se desestima el recurso de casación señalando que en respuesta a la cuestión planteada en el auto de admisión del recurso, ha de concluirse: que es aplicable a las solicitudes de protección internacional presentadas en un Centro de internamiento de Extranjeros el plazo para dictar la resolución denegatoria establecido para cuando dicha solicitud se presente en frontera en los términos establecidos por la jurisprudencia de esta Sala, de manera que la falta de respuesta en plazo produce los efectos previstos en dicho precepto teniendo en cuenta la situación del solicitante que se encuentra internado en un CIE, efectos que no desaparecen por el hecho de que con posterioridad se dicte la resolución correspondiente. De otro modo y de admitirse la tesis defendida por el recurrente llevaría a desconocer las determinaciones que el legislador ha establecido sobre el momento de inicio del cómputo de los plazos del art. 21 de la Ley 12/2009, trasladándolo del momento de la presentación o la notificación, al que se refiere la Ley, al día siguiente, lo que supone identificar indebidamente momentos con fechas o días, siendo que constituyen conceptos jurídicos de distinto alcance que el legislador utiliza valorando la naturaleza y circunstancias del trámite o procedimiento, cuyas determinaciones han de mantenerse en la interpretación y aplicación de la norma.
Resumen: Al haberse declarado la nulidad del Plan objeto de recurso por sendas sentencias de la Sala de instancia, deviene obligada la pérdida de objeto del recurso de casación admitido por ATS de 7 de diciembre de 2017, siendo de aplicar la consolidada jurisprudencia que declara que la anulación de una disposición de carácter general por sentencia firme hace desaparecer el objeto de los procesos ulteriores promovidos contra la misma disposición, porque priva a la controversia de cualquier interés o utilidad real, tanto más cuanto el TS ya ha desestimado un anterior recurso de casación interpuesto contra una de esas sentencias de instancia anulatorias del Plan en cuestión. Se rechaza la pretensión de las partes en el sentido de que el presente recurso de casación difiere en cuanto a su contenido del anterior desestimado, pues no cabe hacer ahora un pronunciamiento en el vacío, sin el soporte o base de un conflicto concreto, como si el TS estuviera emitiendo un dictamen u opinión doctrinal pro futuro. Y, desde luego, no cabe hacerlo en relación con un instrumento de planeamiento ya anulado, condicionando así -en su caso- la función pública del planificador futuro.
Resumen: La Sala estima el recurso de casación y el contencioso-administrativo. Lo que se plantea en el presente litigio -en el que la Administración ha denegado presuntamente una reclamación de responsabilidad patrimonial- es que que la Sala dedica si una ley posterior -en este caso la Ley de Cantabria 7/2013, de 25 de noviembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en el Comunidad Autónoma de Cantabria- puede dejar sin efecto, a través de una de sus disposiciones adicionales, las asignaciones de potencia eólica que habían sido otorgadas por resolución administrativa -resolviendo la convocatoria de un concurso para la asignación de potencia eólica-, cuando, con anterioridad a la norma, tal convocatoria y posterior adjudicación habían sido jurisdiccionalmente anuladas. Pues bien, podemos afirmar que es compatible la existencia de un perjuicio indemnizable, como consecuencia de una indebida actuación de la Administración, con la fijación del inicio del cómputo del plazo para el ejercicio de la acción de responsabilidad al momento de la firmeza de la resolución jurisdiccional anulatoria de la actuación administrativa. Es más, esta es la regla general que se desprende del artículo 124.4 de la LRJPA. En supuestos como el de autos, sin duda, la actuación administrativa anulada es la determinante de la responsabilidad, y el ejercicio de la acción a tal efecto prevista "prescribirá al año de haberse dictado la sentencia definitiva".
Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo. De la jurisprudencia de esta Sala se deduce que el sujeto pasivo del IIVTNU puede acudir a cualquier medio de prueba de los que prevén los arts. 106 y 108 de la LGT para acreditar que el valor que tiene el terreno en la fecha en que lo transmite no es mayor que el que tenía en la fecha en que lo adquirió. Y se deduce, también, que las escrituras públicas de adquisición y transmisión y, por tanto, los valores que en ellas consten, no es un medio de prueba del que no quepa prescindir, sustituyéndolo por otro u otros. La conclusión que obtenemos al valorar los medios de prueba aportados por la demandante es, en suma, que la misma ha logrado acreditar que el valor del suelo de naturaleza urbana que adquirió en 2004 era mayor que el que dicho suelo tenía cuando lo transmitió en 2014. Sin que a tal conclusión quepa oponer la falta de aportación de la escritura de adquisición. A lo que es de añadir que, una vez que el sujeto pasivo del impuesto ha satisfecho la carga probatoria que pesa sobre él, surge como consecuencia la de trasladar a la Administración demandada la carga de desvirtuar lo que aquél ha acreditado, pues es este transito en la carga de la prueba lo que se deduce de la jurisprudencia de la Sección Segunda de la Sala Tercera. Transito no acometido, en el caso de autos, por dicha Administración.
Resumen: La providencia de la Sala de instancia inadmite el incidente de nulidad de actuaciones prescindiendo de la redacción que al artículo 241 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, le dio la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, al apreciar que la designación apud acta de la procuradora se había realizado fuera del plazo de los dos meses establecido para la formulación del recurso contencioso-administrativo. Frente a lo decidido en la instancia, resultaba procedente, según la Sala, cuanto menos, la admisión a trámite del incidente de nulidad de actuaciones toda vez que: (i) se había producido una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva; (ii) la parte no pudo denunciar dicha infracción antes de la sentencia, toda vez, que la Sala de instancia no ofreció trámite de alegaciones; y (iii) el recurso de casación interpuesto contra dicha sentencia había sido inadmitido mediante la providencia de 18 de enero de 2018 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Se estima, así, la pretensión de declaración de error judicial, si bien que limitada a su función de requisito previo a la eventual pretensión de responsabilidad patrimonial a ejercitar, en su caso, contra el Estado.