Resumen: Se estima el recurso de casación presentado en el que la cuestión objetiva de interés casacional versa sobre si los efectos del incumplimiento del artículo 21 de la Ley de Asilo son aplicables a los supuestos de estancia del solicitante de Asilo en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), y las consecuencias de la demora por la Administración de respuesta a dicha petición de protección internacional, en los cuatro días establecidos en el artículo 21 ley 12/2009. A ello responde la Sala señalando que el reenvío que efectúa el art. 25.2 al art. 21, ambos de la Ley 12/2009 es integral, siempre y cuando la petición de protección internacional realizada desde un Centro de Internamiento de Extranjeros, se haya formulado en el plazo señalado en el art. 17 de dicho texto legal, y cuando tal petición de protección internacional no se haya realizado en fraude de ley que puede llegar a ser un abuso de derecho proscrito por el Ordenamiento Jurídico, como sucede en el caso examinado, que considera como un grosero uso fraudulento de dicha norma de protección internacional, y que constituye además un claro ejemplo de abuso de derecho. La Sentencia contiene un interesante voto particular que mantiene que el reenvío efectuado no es integral dadas las peculiaridades, muy relevantes, de la situación de los internados en los CIE, y que la falta de respuesta a la solicitud en el plazo de 4 días implica su tramitación por el procedimiento ordinario.
Resumen: Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales de Cataluña (IGEC). Impugnación de la liquidación, establecimientos en Barcelona y Cornellá de LLobregat. Doctrina del TJUE: el establecimiento de un tributo que grava -por razones medioambientales y urbanísticas- los establecimientos comerciales de más de una determinada superficie no contraviene el Derecho de la Unión Europea, concretamente la libertad de establecimiento. No constituye una ayuda de Estado el hecho de prever supuestos de no sujeción (para establecimientos con una superficie útil de exposición y venta al público inferior a 2.500 metros cuadrados o para otros establecimientos comerciales individuales dedicados a la jardinería y a la venta de vehículos, materiales para la construcción, maquinaria y suministros industriales) por cuanto, a tenor de la jurisprudencia del TJUE, la fijación de aquellos umbrales entra dentro del margen de apreciación del legislador nacional. La justificación ofrecida por la Generalidad de Cataluña ha de reputarse suficiente y no ha sido enervada por la recurrente, que no es término de comparación con los establecimientos no sujetos.
Resumen: Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales de Cataluña (IGEC). Impugnación de la liquidación, ejercicio 2003, establecimiento en Gerona. Doctrina del TJUE: el establecimiento de un tributo que grava -por razones medioambientales y urbanísticas- los establecimientos comerciales de más de una determinada superficie no contraviene el Derecho de la Unión Europea, concretamente la libertad de establecimiento. No constituye una ayuda de Estado el hecho de prever supuestos de no sujeción (para establecimientos con una superficie útil de exposición y venta al público inferior a 2.500 metros cuadrados o para otros establecimientos comerciales individuales dedicados a la jardinería y a la venta de vehículos, materiales para la construcción, maquinaria y suministros industriales) por cuanto, a tenor de la jurisprudencia del TJUE, la fijación de aquellos umbrales entra dentro del margen de apreciación del legislador nacional. La justificación ofrecida por la Generalidad de Cataluña ha de reputarse suficiente y no ha sido enervada por la recurrente, que no es término de comparación con los establecimientos no sujetos.
Resumen: Admisión. Las normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, los artículos 294. 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y 24. 2 de la Constitución Española (CE) en relación con el 6. 2 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos (CEDH). La sección de admisión aprecia que el escrito de preparación presentado cumple con carácter general las exigencias que impone el art. 89.2 de la LJCA, y, en relación específicamente con lo dispuesto en el art. 89.2.f), que se ha realizado el imprescindible esfuerzo argumental, con singular referencia al caso, de la concurrencia del supuesto previsto en el art. 88.2.c) y e) LJCA, considerando procedente admitir el recurso de casación y precisando que la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en: determinar qué incidencia tienen la STC 8/17, de 19 de enero, así como la STEDH de 16-2-16 (asuntos acumulados Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni C. España), en el régimen jurídico relativo a la aplicación del art. 294.1 de la LOPJ y en los presupuestos que deban concurrir para declarar la responsabilidad patrimonial por prisión provisional, en los casos en que haya recaído sentencia absolutoria, teniendo en cuenta además la reciente STC 85/2019, de 19 de junio.
Resumen: Admisión. Precisar que la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en: Determinar qué incidencia tienen la STC 8/2017, de 19 de enero, así como la STEDH de 16 de febrero de 2016 (asuntos acumulados Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni C. España), en el régimen jurídico relativo a la aplicación del artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y en los presupuestos que deban concurrir para declarar la responsabilidad patrimonial por prisión provisional, en los casos en que haya recaído sentencia absolutoria, teniendo en cuenta además la reciente STC 85/2019, de 19 de junio. Las normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, los artículos 294.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y 14 y 24.2 de la Constitución Española en relación con el 6.2 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación presentado en el que se precisa que la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en: Determinar qué incidencia tienen la STC 8/2017, de 19 de enero, así como la STEDH de 16 de febrero de 2016 (asuntos acumulados Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni C. España), en el régimen jurídico relativo a la aplicación del artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y en los presupuestos que deban concurrir para declarar la responsabilidad patrimonial por prisión provisional, en los casos en que haya recaído sentencia absolutoria, teniendo en cuenta además la reciente STC 85/2019, de 19 de junio. Las normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, los artículos 294.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y 14 y 24.2 de la Constitución Española en relación con el 6.2 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos.
Resumen: Admisión. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si la suspensión del plazo prevista en el artículo 37.1.a) LDC queda reservada para la reclamación de documentos necesarios y específicos del caso concreto, que no se pudieron recabar en el plazo ordinario, o si ampara también el requerimiento de actuaciones establecidas como obligatorias por las normas de competencia para el procedimiento sancionador, y que pudieron realizarse en el período ordinario.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si la suspensión del plazo prevista en el artículo 37.1.a) LDC queda reservada para la reclamación de documentos necesarios y específicos del caso concreto, que no se pudieron recabar en el plazo ordinario, o si ampara también el requerimiento de actuaciones establecidas como obligatorias por las normas de competencia para el procedimiento sancionador, y que pudieron realizarse en el período ordinario. Añade la Sección Primera podría también resultar necesario un pronunciamiento de la Sección de Enjuiciamiento de esta Sala acerca de los requisitos para acordar la ampliación del plazo pues, si bien es cierto que existe jurisprudencia sobre la motivación de la ampliación de plazos y los efectos de la caducidad en los procedimientos administrativos sancionadores, dicha circunstancia no impide un nuevo pronunciamiento de la Sala a fin de reforzar, clarificar, matizar o revisar la jurisprudencia existente; nuevo pronunciamiento que en este caso estaría encaminado a determinar si, ante un expediente único, la complejidad o falta de complejidad del mismo se comunica a todas las partes intervinientes, en este caso, a la Administración y a las empresas investigadas.
Resumen: El recurso de casación fue admitido partiendo de que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000 y, en concreto, su inciso "delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año" debe ser interpretado en el sentido de que se refiere a la pena asignada, en abstracto, al tipo en la legislación penal o, por el contrario, a la pena efectivamente impuesta en el caso concreto. Pues bien, el TS advierte que dicha cuestión no fue planteada ni abordada en ningún momento (circunstancia esencial que no fue advertida por la Sala de instancia al tener por preparado el recurso, por el auto de admisión ni por la oposición al recurso), sino que surge, "ex novo", en casación, circunstancia que determina que no haya lugar al recurso de casación por cuanto el interés casacional objetivo no puede ser planteado de forma abstracta, sino que ha de guardar relación con los términos en los que se planteó el debate en la instancia, el concreto contenido de las sentencias concernidas y su "ratio decidendi", lo que en el presente caso no acontece.
Resumen: La Sala estima el recurso y desestima la apelación, confirmando la resolución administrativa recurrida. La cuestión suscitada en el presente recurso de casación, admitido por el ATS de 18 de enero de 2019, es idéntica a la que ya fuera resuelta y decidida por esta Sala desde su STS de 980/2018, de 12 de junio (RC 2958/2017), cuya doctrina hemos reiterado en otras sentencias posteriores. En este caso, un ciudadano natural de Ecuador, mayor de edad que carecía de autorización alguna para su estancia en España, siendo, por ello, claro que concurría el supuesto de hecho tipificado como infracción grave en el art. 53.1.a) de la LOEX, por lo que, en aplicación del art. 57.1, procedía su expulsión del territorio nacional, sin que concurran ninguno de los supuestos (al menos en ningún momento quedó acreditado) que faculta, ex (138) art. 5 de la Directiva 2008/15/CE (interés superior del niño, vida familiar y/o estado de salud), a aplicar el principio de no devolución, ni a abstenerse de dictar una decisión de retorno, ex art. 6.5 de la citada Directiva (un procedimiento pendiente de renovación del permiso de residencia u otra autorización que otorgue el derecho de estancia).