Resumen: Tras la sentencia de instancia, que en procedimiento en solicitud de IPA estimó la demanda, recurre en suplicación el INSS en un único motivo al amparo del artículo 193 c) de la LRJS, esto es, en el campo exclusivo de la censura jurídica interesando la revocación de aquella resolución, toda vez que según su criterio la trabajadora demandante no está afecta a incapacidad permanente. La Sala no puede sino coincidir con el criterio de la juzgadora de instancia en aplicación de su reiterado criterio en casos como el que nos ocupa en el sentido que "...el cáncer es una enfermedad que, salvo en grados primarios y escasamente avanzados de desarrollo de los tumores, es altamente incapacitante por las secuelas que produce, no solamente como consecuencia de la enfermedad en sí misma considerada, sino también en los tratamientos que se hacen precisos y de los padecimientos psicológicos de los pacientes. Esto implica que la persona que padece un cáncer derivado de algún tumor en estadio avanzado, y que requiere de tratamiento quimio o radioterapéuticos prolongados, no pueda considerarse hábil para desempeñar con normalidad una actividad laboral, por el hecho de que inicialmente presente una remisión de la sintomatología relacionada con la enfermedad, puesto que para considerar que se ha producido una curación de la enfermedad es preciso que transcurra un periodo de tiempo largo sin recidiva, fijado por la Sala, siguiendo criterios médicos, en cinco años.
Resumen: Declarada en la instancia la procedencia del despido disciplinario del actor, recurre éste en suplicación. La Sala de lo Social rechaza, en primer lugar, la revisión fáctica interesada por no reunir los requisitos jurisprudenciales para ello. Y, en segundo lugar, desestima el recurso pues, si bien la situación de incapacidad temporal, prácticamente coetánea al despido, permitiría a lo sumo inferir un panorama indiciario que habilita a la inversión de la carga de la prueba, se acreditan unos malos tratos, ya que el despedido se encaró con el encargado y le amenazó con agredirle con un puño, colocándose cara con cara, conducta de suficiente gravedad para justificar un despido que no se califica de desproporcionado.
Resumen: La empresa recurre en suplicación la sentencia de instancia que declara el derecho del actor, como trabajador afectado por el ERE mientras se encontraba en situación de IT, a la extinción de la relación laboral con derecho a cobrar la indemnización fijada por acuerdo colectivo. La Sala de lo Social rechaza, en primer lugar, la revisión fáctica interesada por no existir error valorativo. Y, en segundo lugar, estima el recurso y absuelve a la empresa, pues si la acción ejercitada es la de despido individual derivado de otro colectivo, y no la de reclamación de cantidad, la acción estaba caducada ya que, desde la fecha en que la empresa comunicó la extinción del contrato poniéndole a su disposición la liquidación y finiquito, manifestando el trabajador su disconformidad, hasta que presentó la demanda siete meses después, la acción estaba caducada. No podía estar en activo con posterioridad dado que se le reconoció una IPT; en todo caso, tomando en consideración la fecha en la que fue reconocida dicha situación la acción también estaba caducada.
Resumen: Comenzando con la contingencia de la incapacidad interesada, la cual resulta necesario a los efectos de determinar si existe o no la posibilidad de acceder a la incapacidad interesada, dado que la misma no se evidencia en los hecho probados, y tampoco se ha interesado su variación por vía de la revisión de los mismo, no se justifica que haya existido un accidente laboral sufrido por la trabajadora. La trabajadora acudió al Servicio médico de la Mutua Universal para asistencia sanitaria el día 10 de mayo de 2019, por traumatismo a nivel rodilla izquierda, referido por la trabajadora y producido el 1 de abril de ese mismo año, según el volante de asistencia. Atendida en el Servicio Médico de la Mutua en León, a la exploración no se objetivan datos de interés patológico,excepto en las pruebas por imagen, donde se pone de manifiesto la existencia de artrosis anivel de rodilla izda, y al referir solo dolor se le pautó medicación analgésica. Si se tienen en cuenta los antecedentes personales, existe una rotura de cuerno posterior y cuerpo de menisco interno de rodilla izda, ya presente en una RMN realizada en el año 2013, tras sufrir una caída practicando esquí, además de presentar condromalacia patelar y del compartimento interno. Con fecha 10 de mayo de 2019, y por su médico de cabecera, se le otorga la baja médica por contingencia común, refiriendo como diagnóstico Cervicalgia y Lumbalgia de tipo mecánico y gonalgia izquierda.
Resumen: La pretensión principal es el reconocimiento de una incapacidad permanente en el grado de total para su profesión habitual, subsidiariamente parcial a la vista de las dolencias de la beneficiaria (trastorno adaptativo ansioso-depresivo). La beneficiaria, nacida en 1974 no se encuentra incapacitada permanentemente en el grado de total para su profesión habitual de limpiadora, ni tampoco en el de parcial, ya que, dejando a salvo los periodos álgidos susceptibles de su cobertura a través de una incapacidad temporal, tales dolencias y las limitaciones orgánicas y/o funcionales consiguientes (la actora presenta olvidos, no vida social, impresiona de apatía y anhedonia, refiere alteraciones significativas del sueño, autoestima baja, inhibición psicomotora, comunicación solo cuando le preguntan, no lenguaje esporádico), si bien limitan para las relaciones interpersonales, no revisten la gravedad suficiente para impedir realizar las labores fundamentales de dicha profesión habitual, ni suponen una reducción de su capacidad para esas labores en al menos un tercio.
Resumen: La Sala desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia, que a su vez estimó la demanda sobre pensión de jubilación, porque el actor acredita 6.491 días cotizados en el régimen general y si bien el INSS desestima la reclamación previa diciendo que es necesario tener carencia específica, reunir 730 días cotizados en los últimos 15 años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante de la pensión 8.5.2022, nada indica sobre si el actor cumple este requisito. No obstante, en la prueba obra informe de cotización en el que se hace constar que desde el 1.8.2019 al 8.5.2022 ha cotizado 366, 365 y 281 días, en total 1.012 días, por lo que reúne el requisito, tanto de la carencia genérica como específica, para poder acceder a la pensión de jubilación en el régimen general. No procede reconocer pensión de jubilación con cargo al RETA porque es necesario cumplir todos los requisitos, entre ellos el periodo de carencia, y el actor en el RETA solo acredita 217 días, periodo insuficiente para tener derecho a la pensión.
Resumen: En la demanda se interesaba que fueran reconocidos los años de servicio religioso a efectos de alcanzar el 100% de la pensión así como el recálculo de la base reguladora aplicando a los años de ejercicio religioso la equivalente a la de un trabajador adscrito al Reta en aplicación analógica de lo dispuesto en el Decreto 3325/1987 y por los convenios especiales recogidos en la Orden Tas 819/2004 y Orden Tas 2865/2003. Sin embargo, como señala la Sala, confirmando el criterio de la Juzgadora de instancia, el Tribunal Supremo en su sentencia de 21 junio 2004, rec. 4503/2003, considera que no se puede computar como asimilado a periodos de cotización el tiempo que el actor desempeño su labor como misionero de la Orden Marista fuera de España. Y ni para incrementar el porcentaje de la pensión ni la base reguladora, para cuyo calculo el INSS ha considerado las bases de cotización acreditadas en el periodo de referencia (art 209 LGSS), lo que es correcto, sin que, en fin, resulte de aplicación el convenio especial a que se refieren aquellas Ordenes que cita, en tanto que posteriores a la fecha misma en que se secularizo y no poder suscribirse por ende el citado convenio, ni sea apreciable, por el hecho de que tal posibilidad no se contemplara en normativa anterior, discriminación con otro colectivo (trabajadores migrantes) cuyas situación y condiciones eran bien distintas.
Resumen: Desestimada demanda en reclamación de grado de incapacidad permanente, se articula recurso de suplicación a nombre de la actora en el que en un único motivo, formulado con amparo en la letra C del artículo 193 de la LRJS: se denuncia infracción de los artículos 193 y 194 de la LGSS. La profesión de la actora es la de limpiadora y sus dolencias consisten en pérdida de la visión de un ojo teniendo en el otro una visión de 0,6 que puede llegar a 0,8. En el informe de oftalmología de agosto de 2022 por control de glaucoma crónico simple tras ser operada en la Unidad de glaucoma del HURH el ojo derecho tiene esclerotomía profunda no perforante (EPNP). Examen: AV cc OD 0.7 ce 0.8 difícil OIMM ce nm. PIO OD 14 OI 47. BPA OD ampolla superior estable con facoesclerosis leve AO, en OI córnea transparente y sin alteraciones. FO Papila excavación amplia en OI, la de OD con ANR conservado. Retina aplicada 360º. Es decir, la situación de la actora puede equipararse a la visión monocular, lo que puede originar una limitación para la visión en profundidad, pero ello a juicio de esta sala, que hace suyos los argumentos de la sentencia de instancia, no justifica la incapacidad solicitada pues la actora podrá sufrir algún inconveniente para su trabajo, pero tiene capacidad suficiente para realizar los cometidos de su profesión sin que ni por su nivel de visión ni por los útiles de trabajo utilizados pueden preverse riesgos para su salud o la de tercero.
Resumen: El propio recurrente pretende acreditar a través de la documentación inadmitida en esta sede que desde el año 2012 no renovó la demanda de empleo, encontrándose en situación de paro no subsidiado. Si bien se argumenta que ello fue debido a haber padecido un ictus y a la patología presentada, no se ha propuesto revisión fáctica en relación a tales datos ni al estado secuelar que le habría impedido tal inscripción como demandante de empleo, lo que impide su toma en consideración en esta sede. A los meros efectos dialécticos, habiéndose producido la interrupción de la inscripción en la indicada anualidad, no ha sido probado que la misma fuese debida a la patología alegada, que debutó posteriormente (año 2021). En consecuencia, impidiendo la ausencia de acreditación del período de carencia específica el acceso al percibo de la prestación de incapacidad permanente absoluta postulada, decae la infracción jurídica tácitamente denunciada y el recurso interpuesto, confirmando la resolución recurrida.
Resumen: Recurre la Mutua-empleadora su condena por despido improcedente reiterando la justificación de la extinción contractual acordada por amortización del único puesto ocupado por la trabajadora en el centro de trabajo que se cerró por las razones organizativas asociadas al hecho de haberse centralizado sus residuales funciones en el centro territorial de la entidad en el que no pudo ser reubicada; sin que haya vulnerado con su proceder un acuerdo de fusión suscrito dos años y medio antes. Desde la condicionante dimensión que ofrece el inalterado relato judicial de los hechos destaca la Sala el compromiso que se asumió de no proceder a despidos objetivos como el litigioso cuando (como es el caso) no concurre ninguna adicional y novedosa que no sea la mera voluntad de la entidad de reorganizar sus servicios. Pues si bien es factible admitir que pueda valorarse una medida organizativa que mejora el servicio que se produce con menor coste por no contratarse nuevo personal para realizar el mismo servicio, ésta general facultad se ve condicionada por aquel vinculante acuerdo en la medida que no concurre una causa distinta y sobrevenida de la invocada y tenida en cuenta para la fusión ni se produce un cambio sustancial y relevante con referencia a las circunstancias que la motivaron amparandose en opciones enraizadas en la mera conveniencia del empleador en contra de los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
