Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra sentencia que a su vez desestimó el interpuesto contra la resolución del Ayuntamiento de Barcelona de 7 de septiembre de 2020 que desestima el recurso de alzada frente a la resolución de 22 de enero de 2019 que acordaba requerir a los propietarios de la finca a derribarlas obras realizadas en los plazos de un mes de acuerdo en forma de inspección de fecha 14/02/2018, en virtud de lo cual se establece el artículo 120 del Decreto 64/2014, de 13 de mayo, por el que se aprueba el reglamento sobre protección de la legalidad urbanística. Señala la Sala que en el recurso de apelación el Tribunal "ad quem" goza de competencia para revisar y decidir todas las cuestiones planteadas, pero no puede revisar de oficio los razonamientos de la sentencia o auto apelados al margen de los motivos esgrimidos por la parte apelante, como fundamento de su pretensión revocatoria; por lo que la parte apelante debe individualizar los motivos opuestos, a fin de que puedan examinarse dentro de los límites y en congruencia con los términos en que vengan ejercitados sin que baste con que se reproduzcan los fundamentos utilizados en la primera instancia, al no estar concebida la apelación como una repetición del proceso de instancia, sino como una revisión de la sentencia impugnada. La falta de motivación o razonamiento específico dirigido a combatir la sentencia apelada, equivale a omitir las alegaciones correspondientes a las pretensiones en la segunda instancia. Y añade que el recurso de apelación autoriza al Tribunal "ad quem" a revisar la valoración probatoria del Juez "a quo", pero el hecho de que la apreciación por éste lo sea de pruebas practicadas a su presencia y con respeto a los principios de inmediación, oralidad y contradicción, determina por regla general, que la valoración probatoria realizada por el Juez de instancia, a quien legalmente le corresponde la apreciación de las pruebas practicadas, debe respetarse en la alzada, con la única excepción de que la conclusión probatoria de que se trate carezca de apoyo en el conjunto probatorio practicado, o bien de que las diligencias de prueba hayan sido practicadas defectuosamente, entendiendo por infracción aquella que afecta a la regulación específica de las mismas, fácilmente apreciable, así como de aquellas diligencias de prueba cuya valoración sea notoriamente errónea, esto es, cuya valoración se revele como equivocada, sin esfuerzo.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra auto que deniega la solicitud de la adopción de la medida cautelar interesada en atención a la falta de acreditación de los perjuicios de imposible reparación que se ocasionarían. Señala la Sala que el recurso de apelación se clasifica como un recurso ordinario y tiene como finalidad la depuración de un resultado procesal obtenido en la instancia, de modo que el escrito de alegaciones del apelante ha de contener una crítica razonada y articulada de la sentencia o auto apelado, que es lo que ha de servir de base a la pretensión de sustitución del pronunciamiento recaído en primera instancia. Es decir, no es posible la reiteración simple y llana de los argumentos vertidos en la instancia con la finalidad de convertir la revisión en una nueva instancia para conseguir una Sentencia o auto a su favor. Así, en el recurso de apelación el Tribunal "ad quem" goza de competencia para revisar y decidir todas las cuestiones planteadas, pero no puede revisar de oficio los razonamientos de la sentencia o auto apelados al margen de los motivos esgrimidos por la parte apelante, como fundamento de su pretensión revocatoria; por lo que la parte apelante debe individualizar los motivos opuestos, a fin de que puedan examinarse dentro de los límites y en congruencia con los términos en que vengan ejercitados sin que baste con que se reproduzcan los fundamentos utilizados en la primera instancia, al no estar concebida la apelación como una repetición del proceso de instancia, sino como una revisión de la sentencia impugnada. Y añade que en relación con actos administrativos que decretaban demoliciones, existe un interés público en el restablecimiento de la legalidad urbanística y en la no persistencia de una construcción que ha sido ejecutada sin la preceptiva autorización. Y no cabe afirmar que la ejecución del acto administrativo comporte la pérdida de la finalidad del recurso, ya que no resulta irreversible la ejecución de la orden de demolición recurrida, ello por consecuencia de la compensación económica y la posible reconstrucción que pudiera hacerse al efecto en el caso de estimación del recurso contencioso administrativo.
Resumen: La Sala, dando respuesta a la cuestión de interés casacional planteada, en interpretación del artículo 5, apartados 4 y 5, del Real Decreto 956/2017, de 3 de noviembre, por el que se establece el marco regulador de ayudas a las organizaciones profesionales del sector de la pesca y de la acuicultura, cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y sus bases reguladoras de ámbito estatal, declara lo siguiente:
El concepto de "empresa o entidad vinculada" recogido en el artículo 5.5 del Real Decreto 956/2017, de 3 de noviembre, que transcribe el artículo 3.3 del Anexo I del Reglamento (UE) núm. 651/2014, de 17 de junio, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, requiere necesariamente el cumplimiento de uno de los supuestos recogidos en el precepto, sin que quepa apreciar que constituye un listado abierto o de numerus apertus.
Resumen: La Sala da respuesta a la cuestión casacional fijada en el auto de admisión consistente en: determinar si el incumplimiento de las obligaciones impuestas a la Administración autonómica en materia de ejecución de obras hidráulicas exime de culpabilidad o de responsabilidad a las entidades locales competentes en materia de evacuación y tratamiento de aguas residuales, en la realización de vertidos que incumplan la normativa vigente, desde el punto de vista del Derecho Administrativo sancionador; todo ello teniendo presente lo dispuesto en la STS de 29 de julio de 2021 (recurso contencioso-administrativo n.º 223/2020). Parte para ello de las siguientes premisas: A.-La Administración autonómica- en este caso la Junta de Andalucía- ha incumplido sus obligaciones en materia de ejecución de obras hidráulicas, según estableció la STS n.º 1.100/2021 de 29 de julio, recurso 223/2020. B.-Las administraciones aquí recurridas son competentes en materia de evacuación y tratamiento de aguas residuales para la que deben obtener la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. C.-Pese a esa competencia, el grado adecuado de depuración de las aguas, del que habla la resolución sancionadora, preciso para obtener la autorización, solo puede alcanzarse a través de las infraestructuras que corresponde proyectar y ejecutar a la Junta de Andalucía. Partiendo de estas tres premisas, y de que, en el caso examinado, las administraciones sancionadas fueron especialmente diligentes en la exigencia de que la Junta de Andalucía cumpliera con sus obligaciones, responde que: el incumplimiento de las obligaciones impuestas a la Administración autonómica en materia de ejecución de obras hidráulicas que resulten imprescindibles o necesarias para el tratamiento de aguas residuales podrá eximir de responsabilidad a las entidades locales competentes en materia de evacuación y tratamiento de aguas residuales cuando realicen vertidos que incumplan la normativa vigente, siempre que la no realización de esos vertidos pueda comprometer gravemente la salud de las personas. La sentencia cuenta con un voto particular concurrente.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo del Área Metropolitana de Barcelona, adoptado en sesión de 7 de noviembre de 2022, en el que se denegó la aprobación definitiva de la Modificación puntual del Plan de ordenación urbanística municipal por corrección de un error material en la asignación de vivienda de protección oficial del SUD06 "Bareu Paraiso", de Arenys de Mar, promovido y remitido por el Ayuntamiento. Señala la Sala que la asignación de vivienda de protección pública al sector PPU6 Bareu Paraiso ni infringe el artículo 57.4 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, ni tiene por causa un error material, que, en cualquier caso, no podría ser subsanado diez años después de su publicación, sino únicamente a través de su impugnación indirecta, aquí planteada, que no puede prosperar, como admite tanto la abogada de la Generalitat como la representación del Ayuntamiento de Arenys en su contestación a la demanda, habida cuenta que la Modificación del POUM tiene el mismo rango jerárquico que el POUM y no se aprueba para dar cumplimiento a este último, sino precisamente para modificarlo, razón por la cual no se encuentra entre los supuestos del artículo 26.1 de la LRJCA, en el que se contempla la impugnación de un acto de aplicación de una disposición general fundada en la disconformidad a derecho de esta última, lo que se ha extendido en la jurisprudencia a la impugnación de una figura de planeamiento por la disconformidad a derecho del plan que aplica de superior rango jerárquico, pero que no alcanza a la impugnación de una figura de planeamiento que se aprueba para la revisión o modificación de otra del mismo rango, entre las que, por tanto, no existe jerarquía ni vinculación en cuanto a su contenido. Concluyendo en que no procedía aprobar definitivamente la Modificación puntual del POUM por haberse omitido la documentación que prescribe el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo respecto de la modificación de la reserva de vivienda de protección pública, y no se ha justificado que la reducción del techo y número de esa tipología de vivienda sea oportuna y conveniente en relación con los interés públicos y privados concurrentes, y en especial, con las necesidades actuales del municipio en relación con la misma.
Resumen: A efectos de admisión del recurso por razón de la cuantía, la jurisprudencia indica que únicamente ha de ser computado el débito principal, sin costas, recargos ni cualquier otro tipo de responsabilidad; débito que, en materia de Seguridad Social, ha de circunscribirse al importe de las cuotas mensualmente debitadas. Devolución de cuotas indebidamente abonadas por error en el encuadramiento de la empresa: ninguna de las mensualidades alcanzaría el umbral mínimo de 30.000 euros para acceder al recurso de apelación, por lo que procede la inadmisión de la presente apelación.
Resumen: A los efectos de la aplicación e interpretación de la normativa de la Unión Europea en materia de defensa de la competencia establecida en el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como de la normativa estatal prevista en la Ley 15/2007 de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, en las practicas o conductas calificadas como cártel, la definición del mercado geográfico relevante o afectado no es un elemento del tipo de las conductas prohibidas enunciadas en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y en el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, determinante para valorar la antijuridicidad de la conducta infractora, sino que constituye una apreciación económica, que permite establecer los límites de la competencia entre los operadores, y que debe considerarse y examinarse para determinar el alcance del ámbito espacial en el que se desarrollan las estrategias empresariales de colaboración o concertación que tengan como objeto impedir, restringir o falsear la competencia, con la finalidad de determinar la gravedad de los comportamientos anticompetitivos, y, en consecuencia, poder cuantificar el importe de las sanciones que correspondan conforme a los principios y criterios de objetividad y proporcionalidad.
Resumen: Admitido el recurso de casación, la Sala considera que, ante la responsabilidad en que pueda incurrir la Administración autonómica por incumplimiento de las obligaciones impuestas en materia de ejecución de obras hidráulicas que resulten imprescindibles para el tratamiento de aguas residuales, las entidades locales competentes en materia de evacuación y tratamiento de tales aguas, podrán quedar eximidas de culpabilidad o responsabilidad cuando se produzcan vertidos de los que se deduzca el incumplimiento de la normativa vigente, siempre que la no realización de los mismos -vertidos- suponga un perjuicio grave para la salud de las personas. Véase como precedente jurisprudencial la STS de 21 de julio de 2021 (RC 223/2020). Consta voto particular.
Resumen: Habiéndose declarado probada por la jurisdicción social la existencia de una relación laboral, la Seguridad Social no puede cuestionar la realidad de la misma y, por lo tanto, ese trabajador ha de figurar como alta en la Seguridad Social durante el período correspondiente, con independencia de que la empresa obligada haya cotizado o no y de las acciones que proceda ejercer por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social contra ella por las cuotas no pagadas y no prescritas.
Resumen: Recurso de casación planteado frente a Sentencia de la Audiencia nacional que, a su vez, resuelve el recurso frente a Resolución del Ministro de Sanidad, de 19 de mayo de 2021, que denegó la solicitud del reconocimiento de efectos profesionales de médico especialista, deducida por la parte ahora recurrente. La recurrente había solicitado el reconocimiento en España del título adquirido en Venezuela, que, a su juicio, habilitaba para el ejercicio de la especialidad como médico especialista en cirugía general y del aparato digestivo, al amparo del Real Decreto 459/2010, de 16 de abril. la razón de la desestimación fue que el informe de comprobación previa fue negativo, pues que la duración del programa de formación alegado para obtener el título de especialista es de 4 años, no reuniendo la duración mínima exigida en el artículo 36 en relación con el artículo 4.13.b) del Real Decreto 581/2017, de 9 de junio por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE , de cinco años. La cuestión de interés casacional consistió en determinar si el articulo 25 de la Directiva 2005/36/CE sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales -en su versión dada por la Directiva 2013/55/UE - establece para el reconocimiento de Título de Especialista en Ciencias de la Salud que la duración mínima del proceso de formación se compute en años o sí, por el contrario, puede ser computada en créditos u horas trabajadas. El Tribunal, después de deshechar el planteamiento de cuestión prejudicial, concluye que diferencia de lo que acontece con la formación básica de médico, cuando se trata de la formación especializada, la expresada Directiva 2013/55/UE, que modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, debe comprender una enseñanza teórica y práctica, realizada en un centro universitario, un centro hospitalario docente o, en su caso, un centro sanitario acreditado a tal fin por las autoridades u organismos competentes (artículo 25 de la mentada Directiva). El periodo es de cinco años, correspondiendo a los Estados miembros velar por el cumplimiento de esa duración mínima de las formaciones especializadas para que no sean inferiores a las duraciones establecidas.
