• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVA
  • Nº Recurso: 91/2020
  • Fecha: 08/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Estimación parcial del procedimiento para la protección de derechos fundamentales instado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) contra la inactividad del Ministerio de Sanidad por entender vulnerado el derecho fundamental a la integridad física -artículo 15 CE-, en lo referente al incumplimiento del art. 12.4 del Real Decreto 463/2020. No se dan los presupuestos que el artículo 29 LJCA requiere al recurso contra la inactividad de la Administración. CESM no presentó reclamación previa ni en el artículo 12.4 del Real Decreto 463/2020, se prevé una prestación concreta en favor de personas determinadas que se haya incumplido. CESM no ha acreditado que se haya producido una actuación concreta contraria al mentado artículo 12.4 que se haya traducido en lesión singular de derechos fundamentales de personas determinadas. Si bien para el TS las Administraciones debían proveer de medios de protección a los profesionales sanitarios y, en especial, el Ministerio de Sanidad a partir del 14 de marzo de 2020, los medios disponibles no fueron los suficientes en los momentos iniciales para proteger debidamente al personal sanitario afectando, por tanto, a sus derechos fundamentales. La incapacidad declarada se ha de predicar del Sistema Nacional de Salud en su conjunto y no sólo de la Administración Estatal o del Ministerio de Sanidad. Se desestiman las demás pretensiones, indicando que, en todo caso, ahora se deberá de dirigir a los Servicios de Salud de las CCAA.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER BORREGO BORREGO
  • Nº Recurso: 1640/2019
  • Fecha: 30/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima el recurso de casación y desestima el recurso contencioso administrativo, en los términos del fallo en vía casacional. Siguiendo la doctrina establecida por esta Sala, la resolución administrativa que fija el coste económico- financiero del uso del agua tiene carácter normativo y en tal sentido se considera una disposición de carácter general; que dicho coste unitario del agua ha de fijarse en aplicación de los criterios establecidos en el art. 326 bis.1.c) del RDPH; que la revisión de los costes del uso del agua establecido en la correspondiente resolución administrativa vendrá determinada por la norma legal habilitante y en este caso, a falta de otras previsiones específicas ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en el art. 326. bis.1.c) del RDPH, que establece la incorporación a los correspondientes planes hidrológicos de demarcación de los análisis y estudios económicos del uso del agua que deben elaborar los organismos de cuenca, lo que permite entender que la revisión de la disposición en cuestión habrá de producirse, al menos, en el mismo plazo de revisión del correspondiente plan hidrológico establecido en el TRLA; y que el importe fijado en la correspondiente disposición resulta de aplicación durante todo el periodo de vigencia de la misma".
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 2073/2020
  • Fecha: 30/09/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Como ocurre en los recursos de casación números 1811/2018, 6410/2018, 1598/19 y 1604/19, se admite el presente recurso por apreciarse la concurrencia del interés casacional objetivo a que se refieren los apartados b) y c) del art. 88.2 LJCA, siendo la cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia la atinente a si la verificación y comprobación desplegada por la Administración Pública de una subvención concedida que culmina con la liquidación del importe y abono de la ayuda, impide posteriores comprobaciones, y si necesita, o no, del inicio del procedimiento de control financiero sometido al régimen jurídico establecido en los artículos 49 a 51 Ley General de Subvenciones, para que puedan tener lugar nuevas actuaciones de comprobación de la subvención ya liquidada y derivar en un expediente de reintegro.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 2437/2020
  • Fecha: 30/09/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación en el que la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si la Administración sanitaria que realiza correcta y adecuadamente un acto sanitario debe responder de las lesiones causadas a un paciente como consecuencia de la utilización de un producto sanitario defectuoso, cuya toxicidad se descubre y alerta con posterioridad a su utilización previamente autorizada por la autoridad competente (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) o si por el contrario, la responsabilidad deber recaer en el productor o, en su caso, en la Administración con competencias para autorizar y vigilar los medicamentos y productos sanitarios. Las normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación son los artículos 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 18.11 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, 32 del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios, 5 del Real Decreto 577/2013, de 26 de julio, por el que se regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano y 3, 4 y 20 del Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERNANDO ROMAN GARCIA
  • Nº Recurso: 317/2019
  • Fecha: 28/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se impugna en el recurso directo el artículo 2, apartado veintidós, del Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, que establece la obligación, para obtener una autorización de transporte público de mercancías nueva, de acreditar que dispone de al menos un vehículo que, en el momento de solicitar la autorización, no supere la antigüedad de 5 meses desde su primera matriculación. La Sala estima el recurso, pues dicha exigencia representa un óbice limitativo al principio de libertad de la actividad económica en materia de transporte, sin que su imposición se haya ajustado a las exigencias legales y jurisprudenciales. En primer lugar, por la ausencia de motivación expresa que justifique la necesidad de la limitación en el texto del Real Decreto y en la Memoria definitiva respecto de la necesidad del requisito cuestionado. En segundo lugar, porque el amparo formal en una razón imperiosa de interés general no basta para justificar una limitación a una actividad, pues para ello es necesario que la medida limitativa que se pretenda adoptar sea adecuada y que sea proporcionada, y, en el presente caso, no se ha justificado la adecuación de la medida, y no ha quedado demostrado que la protección de la seguridad vial y el medio ambiente no pueda garantizarse de forma igualmente eficaz con otras medidas menos restrictivas. La indicación de una mayor capacidad, tamaño o solvencia de la empresa no constituye una razón imperiosa de interés general.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 413/2019
  • Fecha: 28/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala se cuestiona si cuando se dicte una orden de desalojo de una vivienda entre cuyos moradores existan menores de edad, el juicio de ponderación que impone la normativa en materia de protección del menores debe ser tomada en consideración al momento de examinar la legalidad de los actos que pudieran comportar dicho desalojo o, por el contrario, debe relegarse ese juicio de ponderación al momento de hacer efectivo el desalojo, cuando se proceda a la ejecución del acto en que se acuerde. El debate que se suscita frente a la actividad administrativa que es objeto de revisión en este proceso, no es ya directamente que los menores abandonen la vivienda, sino simplemente la declaración de que la misma no es idónea para ese fin e, implícitamente y con mayor motivo, para ser morada de menores. La Sala concluye que el juicio de proporcionalidad entre los intereses que subyacen en esa declaración y los de protección de los menores que pudieran quedar en situación de desamparo, deben realizarse, no al dictar la resolución que Derecho procediera, sino al momento de proceder a la ejecución forzosa de dicha resolución, haciendo efectiva la puesta en riesgo de los intereses de los menores, pues el padre puede optar, tiene un derecho, a que, ante esa situación de sus hijos, demorar la orden de la Administración hasta que esta, ejercitando sus potestades, decida ejecutar subsidiariamente dicha orden de desalojo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: OCTAVIO JUAN HERRERO PINA
  • Nº Recurso: 8223/2018
  • Fecha: 28/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima el recurso de casación y desestima el recurso contencioso-administrativo. Atendiendo a la interpretación de las normas que se reflejan en los fundamentos de derecho de la sentencia y dando respuesta a la cuestión de interés casacional planteada en el auto de admisión del recurso, ha de entenderse que la resolución de un Programa de Actuación Integrada por motivos imputables al urbanizador debe llevar aparejada la anulación de los documentos de gestión que desarrollan sus determinaciones, en particular el Proyecto de Urbanización y de Reparcelación, a salvo las particularidades que, cuando proceda, puedan adoptarse en el acuerdo de resolución, conforme determinan los arts. 29 de la LRAU y 143 de la LUV.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: DIMITRY TEODORO BERBEROFF AYUDA
  • Nº Recurso: 1446/2020
  • Fecha: 24/09/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Determinar si las prórrogas de las concesiones mineras que no comporten una ampliación de su contenido material se encuentran sujetas o no al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: DIMITRY TEODORO BERBEROFF AYUDA
  • Nº Recurso: 1037/2019
  • Fecha: 24/09/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Auto de admisión del recurso de casación. Liquidaciones de precios públicos sanitarios. Asistencia sanitaria prestada por hospitales públicos de las comunidades autónomas a internos en centros penitenciarios que tienen la condición de asegurados, afiliados o beneficiarios de la Seguridad Social. Determinación de la Administración (penitenciaria o sanitaria) que debe hacer frente al coste (precio público) de tal prestación. Plantea una cuestión jurídica con interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, pues así se entendió en, entre otros, los autos de admisión dictados en los RCA/1568/2017, 1955/2017, 3552/2017 y 4544/2017 y 5975/2017. Además, el planteamiento de la parte recurrente ha sido aceptado por, entre otras, las Sentencias de 21 de febrero de 2019 (RCA/4544/2017; ECLI:ES:TS:2019:587 y RCA/5975/2017; ECLI:ES:TS:2019:588, respectivamente).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: INES MARIA HUERTA GARICANO
  • Nº Recurso: 374/2019
  • Fecha: 22/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto fundado en que "el incremento de valor experimentado por los terrenos de naturaleza urbana constituye el primer elemento del hecho imponible, de manera que en la hipótesis de que no existiera tal incremento, no se generará el tributo y ello pese al contenido de las reglas objetivas de cálculo de la cuota del art. 107 LHL, pues al faltar un elemento esencial del hecho imponible, no puede surgir la obligación tributaria. La Sala desestima el recurso dado que la recurrente no ha agotado todas las instancias judiciales como exige la Ley 40/2015, artículo 32.4, tampoco ha quedado acreditada minusvalía alguna en la venta -30 de abril de 2014-, por un precio de 89.000 €, de la finca de 275,25 m2 (221,25 urbanos y 54 rústicos), fruto de la segregación de dos fincas y su agregación parcial a otra -operaciones todas realizadas en escritura de 30 de abril de 2014, en la que se le asignó un valor de 30.000 €-, y en la que se había construido un inmueble valorado en la misma escritura con 60.000 €, valores ambos fijados unilateralmente.

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