• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE
  • Nº Recurso: 4805/2018
  • Fecha: 14/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso. Se reitera la doctrina ya establecida en sentencia de esta Sala, y que la sentencia de instancia asume como fundamento de su decisión: a) Que, con carácter general, tal modificación "no implica que tal derecho se excluya pues es exigible "ex lege" siendo el artículo 65 una excepción a lo previsto en el artículo 40.4 del TRLA tal y como este mismo precepto prevé". b) Que es cierto que lo allí pretendido era una exigencia de posible responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas derivada de la adecuación del Plan Hidrológico, que era lo allí planteado. c) Que, sin embargo, tal planteamiento no era posible, que resultaba prematuro, en el momento de la impugnación del Plan Hidrológico; y que, en tal momento, no resultaba viable la exigencia patrimonial de referencia "con carácter general y abstracto -desvinculado de la impugnación de los supuestos de revisión de las concesiones- (estableciendo, en dicho momento) los casos en los que ha de indemnizarse por la modificación de los caudales ecológicos en función de la fecha de la concesión: tal cuestión debe suscitarse y resolverse cuando se impugne la revisión de cada concesión administrativa (artículos 65.3 y 65.1.c) TRLA)". Se reitera, pues, dicha doctrina y, por los motivos expresados, se hace extensiva, por la equiparación explicada, a supuestos como el de autos, sin necesidad de condicionarla a la adecuación de la concesión al Plan Hidrológico.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LUIS MARIA DIEZ-PICAZO GIMENEZ
  • Nº Recurso: 4008/2016
  • Fecha: 13/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de Ministros que desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños y perjuicios derivados de la aplicación del Impuesto sobre las Ventas El debate trabado en este recurso no difiere en nada que sea jurídicamente relevante del que tuvo lugar en, entre otros, los recursos en los que la Sala ha dictado sentencias estimatorias. En consecuencia, el principio de igualdad en la aplicación de la ley obliga ahora a llegar a igual pronunciamiento con sustento en los mismos razonamientos jurídicos, condenando a la Administración General del Estado a indemnizar a la parte recurrente en la cantidad resultante de la aplicación de las bases ya reiteradas por la Sala
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LUIS MARIA DIEZ-PICAZO GIMENEZ
  • Nº Recurso: 3042/2016
  • Fecha: 13/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de Ministros que desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños y perjuicios derivados de la aplicación del Impuesto sobre las Ventas El debate trabado en este recurso no difiere en nada que sea jurídicamente relevante del que tuvo lugar en, entre otros, los recursos en los que la Sala ha dictado sentencias estimatorias. En consecuencia, el principio de igualdad en la aplicación de la ley obliga ahora a llegar a igual pronunciamiento con sustento en los mismos razonamientos jurídicos, condenando a la Administración General del Estado a indemnizar a la parte recurrente en la cantidad resultante de la aplicación de las bases ya reiteradas por la Sala
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 7708/2018
  • Fecha: 12/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima el recurso. Sobre la primera cuestión que suscita interés casacional, no es admisible que concurriendo todos los presupuestos de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones por anulación de actuaciones que han generado un perjuicio a un ciudadano, conforme a las exigencias para que concurra en tales supuestos dicha institución de resarcimiento, la existencia de un precepto con rango de ley posterior a la generación del daño, en sentido jurídico-administrativo, no puede afectar a dicha responsabilidad. En cuanto a la segunda cuestión que suscita interés casacional, no puede estimarse como regla general, como parece pretenderse en el recurso, que la ausencia de resolución expresa genera excluir el criterio del vencimiento, que es la regla general y primaria para la imposición de costas. Por tanto, no resulta procedente abordar ya debate alguno sobre esta segunda cuestión de interés casacional toda vez que debiendo estimarse el recurso, al casar la sentencia de instancia, está se deja sin valor ni efecto alguno, y la condena en costas realizada en la primera instancia se deja sin contenido.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: JUAN ANTONIO TOSCANO ORTEGA
  • Nº Recurso: 575/2018
  • Fecha: 12/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Anulación de la sanción por falta de prueba del elemento subjetivo del injusto. En definitiva, desde la perspectiva estricta de la denominada " prueba para sancionar" no viene acreditada aquella certeza. Por consiguiente, si no queda acreditado el elemento subjetivo de las infracciones y la sanciones se imponen por medio de una motivación insuficiente, ha de concluirse que lo procedente ha de ser su anulación, puesto que reposa exclusivamente en una presunción de intencionalidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: OCTAVIO JUAN HERRERO PINA
  • Nº Recurso: 2348/2016
  • Fecha: 10/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: De acuerdo con lo dispuesto en el art. 86 de la Ley 31/2007 (LCSE), los requisitos exigidos para el desistimiento son: i) que el desistimiento tenga lugar con anterioridad a la adjudicación del contrato, y ii) que exista causa que lo justifique. En el presente caso, el requisito temporal se cumple, toda vez que la adjudicación inicial realizada a favor de Auditel fue anulada por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, quien ordenó la retroacción de las actuaciones al momento de clasificación de las ofertas con exclusión de la de la UTE Auditel, y el desistimiento se produce con anterioridad a realizarse una nueva adjudicación. En cambio, no se cumple el segundo requisito pues la alegada falta de garantía de la igualdad de trato de los licitadores que pone de manifiesto Metro de Madrid, S.A., no ha resultado acreditada, recordando que del señalado precepto se infiere que no basta para dar validez a un desistimiento la expresión de cualquier causa o de una causa sin justificación, sino que la causa ha de ser legítima y justificada. En cuanto a la pretensión del otro recurrente en casación -una de las empresas licitadoras- de indemnización por los perjuicios sufridos por el periodo de tiempo en el que no se ha adjudicado el contrato y por los gastos de la oferta, servicios dejados de prestar o participación en procedimientos alternativos, resulta improcedente al no haber sido acreditados.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Murcia
  • Ponente: GEMA QUINTANILLA NAVARRO
  • Nº Recurso: 363/2019
  • Fecha: 06/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima el recurso de apelación revocando la sentencia de la instancia y estimando,asi,la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada reconoce el derecho del recurrente a ser indemnizado por el Ayuntamiento de Murcia en 11.885,53 € por daños y perjuicios sufridos como consecuencia del accidente que se produjo mientras caminaba por la vía pública como consecuencia de la falta de un trozo de bordillo de acera y el mal estado de la vía pública, provocando una caída al suelo de forma violenta. Se estima el recurso por la Sala, tras valorar la prueba practicada para acreditar el nexo causal necesario entre el daño que se reclama y la defectuosa prestación del servicio público al que se imputa la reclamación.Previamente,en la instancia,el recurso había sido desestimado al considerar,de las declaraciones testificales prestadas que no había quedado acreditado ni como ni donde se había producido la caída. Se revoca la sentencia apelada al considerar que,a la vista de la prueba practicada si han quedado acreditados, todos y cada uno de los requisitos necesarios para el éxito de la acción de responsabilidad patrimonial,constando así,el lugar de la caída y el mal estado de la vía pública donde la misma se produjo además de comprobar que en la acera había un hueco peligroso, no muy amplio pero profundo, junto a un pivote y precisamente por ello no era un obstáculo evidente o fácilmente salvable si bien se modera la indemnización apreciando concurrencia de culpa de la victima.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 8379/2019
  • Fecha: 06/03/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Auto de admisión en que el que la cuestión casacional consiste en determinar los supuestos en que procede la responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños derivados de la demora o denegación injustificada de una licencia urbanística. Y determinar si, partiendo de los hechos consignados en la resolución impugnada, concurren los requisitos para estimar la procedencia de la responsabilidad patrimonial. Las normas que serán objeto de interpretación son los artículos 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 48 apdo. d) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 7141/2019
  • Fecha: 06/03/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La sala considera que el escrito de preparación presentado cumple las exigencias que impone el art. 89. 2 de la LJCA, habiéndose justificado suficientemente y con singular referencia al caso la concurrencia de los supuestos previstos en el artículo 88.2 LJCA, por entender que la Audiencia Nacional ha aplicado de forma errónea el art. 294. 1 LOPJ a la vista de los recientes pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre el asunto litigioso, lo cual hace aconsejable que la Sala se pronuncie sobre la cuestión planteada. La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar qué incidencia tienen la STC 8/2017, de 19 de enero, así como la STEDH de 16 de febrero de 2016 (asuntos acumulados Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni C. España), en el régimen jurídico relativo a la aplicación del artículo 294.1 LOPJ y en los presupuestos que deban concurrir para declarar la responsabilidad patrimonial por prisión provisional, en los casos en que haya recaído sentencia absolutoria, teniendo en cuenta además las recientes SSTC 85/2019, de 19 de junio, y 125/2019, de 31 de octubre. Sobre una cuestión relacionada, constan admitidos, entre otros, los recursos de casación nº 3847/2018, nº 311/2019, nº 339/2019, nº 2932/2019, nº 2987/2019, nº 3575/2019, nº 4332/2019, nº 4587/2019 y nº 5393/19.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 7251/2019
  • Fecha: 06/03/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Auto de admisión. Precisar que la cuestión en la que entendemos que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si por la vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración puede exigir la devolución de las cantidades entregadas en virtud de un convenio urbanístico de planeamiento en caso de incumplimiento del mismo, o si resulta necesario instar su rescisión por incumplimiento para solicitar la devolución de las cantidades entregadas por su formalización. Identificar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación: el artículo 35.a) del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba la Ley del Suelo de 2008.

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