• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 2884/2019
  • Fecha: 26/09/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Admisión. La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar cuáles son los mecanismos que permiten dar por cumplido el requisito estipulado en el artículo 67.1 Ley 39/15, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 32.4 de la Ley 40/15, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a efectos de instar válidamente la acción de responsabilidad patrimonial prevista en dicho precepto; en especial, si un recurso jurisdiccional, interpuesto contra la resolución administrativa que desestimó un procedimiento de revisión por nulidad de pleno derecho, promovido contra la actuación que ocasionó el daño, colma o no colma el requisito que fija el artículo 67.1 Ley 39/15 y el artículo 32.4 de la Ley 40/15. Se identifican como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, el artículo 67.1 Ley 39/15, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 32.4 de la Ley 40/15, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En relación con esta cuestión, se ha admitido a trámite el recurso de casación 1750/19 (auto de 1 de julio de 2019).
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Palma de Mallorca
  • Ponente: MARIA CARMEN FRIGOLA CASTILLON
  • Nº Recurso: 62/2018
  • Fecha: 23/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Acuerdo del Govern de les Illes Balears recaída en expediente Revisión de Oficio , que acuerda la nulidad parcial del Acuerdo del Consell de Govern por el que se aprobaron los importes de las subvenciones electorales en relación a la subvención del Partido Popular. La revisión del acto que aprobó las subvenciones concedidas a propósito de los comicios ocurridos en el año 2007 trae causa y deriva de la sentencia penal firme que declara y castiga una actuación claramente irregular y tipificada en la ley electoral porque el Administrador omitió intencionadamente la aportación de varias sumas que ascienden a un total de 71.958'44 euros, de origen desconocido, y los gastos cubiertos con esa suma. Falsear la contabilidad del partido en orden a obtener una subvención produce sus consecuencias, no sólo en el ámbito penal, sino también administrativo cuando por ella se han obtenido subvenciones como es el caso, porque esa conducta no puede ser ignorada por la Administración, que es la que custodia y gestiona la Hacienda pública del territorio. Tampoco resulta un sinsentido que se acordara la nulidad parcial de ese Acuerdo, porque la nulidad de la subvención concedida, afecta exclusivamente a la cuantía de gastos que la sentencia penal ha afirmado que fueron cantidades declaradas fraudulentamente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 3250/2018
  • Fecha: 19/07/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Incidente de nulidad de actuaciones ha lugar. Auto admisión: el interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar el impacto que sobre el régimen de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas puede tener una norma legislativa posterior que deja sin efecto un acto administrativo previamente declarado nulo por sentencia, a efectos de determinar si esa actuación del poder legislativo (que no prevé un régimen indemnizatorio específico) posterior a la sentencia rompe el nexo causal entre los posibles daños padecidos por el administrado y dicha actuación administrativa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO BAENA RUIZ
  • Nº Recurso: 761/2017
  • Fecha: 18/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima el recurso de casación contra la sentencia que había declarado prescrita la acción directa ejercitada frente a la aseguradora de un servicio público de salud por no reconocer efecto interruptivo a un primer litigio dirigido contra la misma aseguradora. La prescripción es una institución no fundada en principios de estricta justicia sino en los de abandono o dejadez en el ejercicio del propio derecho y en el de la seguridad jurídica; su aplicación por los Tribunales no debe ser rigurosa sino cautelosa y restrictiva. En el caso ahora enjuiciado, la Sala considera que en el primer procedimiento (acción meramente declarativa sobre responsabilidad civil médico-sanitaria dirigida exclusivamente contra su aseguradora, que fue desestimada por apreciar falta de legitimación pasiva ad causam) no fue juzgada la responsabilidad patrimonial de la administración y que la sentencia recurrida no aplica la cosa juzgada. En este segundo procedimiento, se ejercita contra la misma aseguradora la acción directa en reclamación de los daños y perjuicios sufridos por el defectuoso tratamiento médico. Asimismo, consta con claridad meridiana que la parte actora no ha incurrido en una conducta que denotase el abandono del ejercicio de su propio derecho. Por tanto, la Sala casa la sentencia recurrida, asume la instancia y procede a desestimar el recurso de apelación de la aseguradora contra la sentencia de primera instancia (estimatoria en parte de la demanda), que se confirma.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CELSA PICO LORENZO
  • Nº Recurso: 499/2017
  • Fecha: 18/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala inadmite el recurso interpuesto contra acuerdo de la Comisión Disciplinaria del CGPJ que acordó archivar el expediente disciplinario que se incoó contra una Magistrada por la posible comisión de una falta muy grave de desatención en el ejercicio de competencias judiciales. La Sala inadmite el recurso trayendo a colación su doctrina jurisprudencial sobre la legitimación del denunciante para impugnar judicialmente las decisiones de archivo de sus quejas sobre las irregularidades en la actuación de Juzgados y Tribunales, habiéndole conferido legitimación para exigir en vía judicial que los acuerdos de archivo de quejas adoptados por el Consejo General del Poder Judicial estén razonablemente motivados y vayan precedidos de una suficiente comprobación e investigación de los hechos expuestos en las quejas y habiéndosele denegado para reclamar que la actividad investigadora iniciada por el Consejo General del Poder Judicial a resultas de sus denuncias necesariamente finalice en la incoación de un procedimiento disciplinario ni en la imposición de sanciones, la no producir la imposición o no de una sanción al Juez o Magistrado denunciado efecto positivo alguno en la esfera jurídica del denunciante, ni elimina carga o gravamen alguno de esa esfera. En el presente caso, la Sala considera que falta la legitimación del denunciante, pues solo interesa la imposición de una sanción, sin que aprecie que deban realizarse diligencias adicionales de investigación por el CGPJ.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE
  • Nº Recurso: 1315/2019
  • Fecha: 18/07/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Auto de Admisión. Precisar que la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si puede considerarse "dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado" ex artículo 48.d) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, a los efectos de la exigencia de responsabilidad patrimonial, la necesidad de solicitar la subrogación autonómica prevista en el artículo 90.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, no prevista en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Artículos 48.d) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Palma de Mallorca
  • Ponente: FERNANDO SOCIAS FUSTER
  • Nº Recurso: 49/2019
  • Fecha: 17/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia apelada desestima el recurso. Reconoce que la caída sí se produjo, aunque al advertir contradicciones entre la versión de la reclamante y la de un testigo presencial, tanto en cuanto a punto exacto de la caída como en cuanto a la causa de la misma, se decide la desestimación por falta de prueba sobre los hechos que sustentan la reclamación. Es doctrina de la Sala con respecto a que las caídas en la vía pública por deficiencias del pavimento, en punto destinados al tránsito de las personas (aceras, pasos de cebra...) que deben ser indemnizadas, a diferencia de los supuestos en que dichas irregularidades se encuentran en calzadas o espacios abiertos (parques). Por todas la sentencia 588/2016, de 16 de noviembre. Con independencia de la apreciación subjetiva sobre las condiciones y características del calzado de la lesionada, lo que resultó provado fue, que la caída no fue producto de un tropiezo (con el agujero o con la trampilla) sino un "resbalón" al estar el suelo mojado. En conclusión, se coincide con la sentencia apelada en que la reclamación debe desestimarse al no haberse acreditado la irregularidad en el asfalto, siendo la fortuidad la causa determinante y única de la misma.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Palma de Mallorca
  • Ponente: PABLO DELFONT MAZA
  • Nº Recurso: 103/2017
  • Fecha: 16/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El objeto del presente recurso contencioso-administrativo es la reclamación de responsabilidad patrimonial a raíz de la asistencia médica recibida por el IB-SALUT por una inicial torcedura de tobillo, habiendo llegado a secuelas con las que obtuvo la concesión de pensión por incapacidad absoluta permanente el 21 de mayo de 2012. Siendo pacífico que la acción para reclamar la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas prescribe al año -ahora artículo 67.1 de la Ley 39/2015, y al tiempo de los hechos del caso artículo 142.5 de la Ley 30/1992-, lo que se trata aquí de asistencia médica de la que se considera que derivaron secuelas, con lo que, en el mejor de los casos para el ahora demandante, el cómputo del plazo de un año para reclamar se inició el 21/05/2012 cuando se obtuvo la pensión por las secuelas. Por consiguiente, el 21/05/2013 fue cuando prescribió la acción para exigir la responsabilidad patrimonial del IB-SALUT. Llegados a este punto, cumple la desestimación del recurso porque el 13/10/2014 el ahora demandante ejercitó una acción de responsabilidad patrimonial frente al IB-SALUT que ya estaba prescrita, con lo que no cabe ya que le pueda ser reconocido el hipotético derecho a resarcimiento.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE
  • Nº Recurso: 2432/2019
  • Fecha: 11/07/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación presentado en el que la cuestión que se entiende que cuenta con interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en matizar, en concreto, si, en una revisión jurisdiccional de una denegación de responsabilidad sanitaria fundada exclusivamente en la vulneración de la lex artis , resulta posible la alegación de la falta de consentimiento informado, que no había sido utilizada en la previa vía administrativa. Se identifican como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación en relación con la cuestión debatida, las siguientes: artículos 139.1 y 141.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el artículo 56.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. El supuesto aducido es el siguiente: 88.2.a) , aduciendo a tal efecto diversas sentencias de distintos Tribunales Superiores de Justicia en las que, contrariamente a lo declarado por la sentencia aquí recurrida, se considera que la pretensión de indemnización resarcitoria puede fundarse en la falta de consentimiento informado aun cuando el perjudicado no hubiese articulado dicho motivo argumental en vía administrativa y sí, en cambio, en vía judicial.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO ESPIN TEMPLADO
  • Nº Recurso: 302/2018
  • Fecha: 11/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Sanción de multa por la comisión de una falta leve de desconsideración, prevista en el artículo 419.2 LOPJ. Desestimación del recurso. Es un hecho no discutido por el recurrente que en el marco de dos conversaciones telefónicas con el capitán de la Guardia Civil que actuaba en nombre del equipo de investigación del Cuerpo el sancionado empleó determinadas expresiones, las cuales son por completo inadecuadas incluso en el marco de una conversación telefónica no destinada a hacerse pública, entre un juez en el ejercicio de su cargo y un representante de las fuerzas y cuerpos de seguridad en función de policía judicial, sin que sirva de justificación ni la pretendida intención de defender lo que el sancionado consideraba el adecuado funcionamiento de su tarea instructora ni su falta de intencionalidad ofensiva ni el carácter no público de la conversación. Por lo demás, la sanción, impuesta en una cantidad razonable y muy inferior a la propuesta por el instructor, no puede considerarse desproporcionada.

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