Resumen: Remuneración equitativa en favor de los artistas intérpretes o ejecutantes por comunicación pública de las obras por parte de la empresa de televisión que actúa como productora. El artículo 122.1 LPI debe interpretarse en el sentido de que el derecho de autorizar la comunicación pública cuya titularidad corresponde a los artistas, intérpretes o ejecutantes únicamente se traslada a los productores en el caso de que haya existido autorización por parte de aquéllos, bien expresamente, bien mediante las presunciones establecidas en la LPI. El productor de la obra audiovisual puede obtener un derecho a la remuneración equitativa cuando lo reconoce la LPI, y este derecho no es incompatible con el derecho de los artistas intérpretes o ejecutantes a percibir una remuneración equitativa de la propia productora, pues ésta puede actuar con un doble carácter: como productora de la obra y como usuaria de la comunicación pública de la misma en el caso de que la comunicación pública se realice por la propia productora y no mediante la autorización a un tercero. Determinación de la remuneración equitativa con arreglo a criterios de equidad bajo control de la autoridad judicial fundados en los principios de utilización efectiva, amplitud del repetorio y comparación con las tarifas fijadas en convenios con otras productoras.El carácter irrenunciable del derecho a la remuneración equitativa se funda en la necesidad de garantizar su efectividad.
Resumen: Aunque debe diferenciarse el derecho de autor de la obra de la titularidad del derecho de explotación, queda acreditado que no concurren ninguna de las hipótesis que atribuyen al empresario la titularidad de los derechos de explotación de un programa de ordenador creado por un trabajador, pues la prueba practicada es reveladora de que el trabajador procedió a la invención por propia iniciativa y no por ser ésta su tarea o cometido propio ni por encargo expreso o indicaciones concretas del empleador. La presunción del animo de liberalidad no es conforme a la normalidad de las cosas -"quod plerumque accidit- ni la consiente el ordenamiento jurídico, el ánimo de liberalidad no se presume.
Resumen: No es sólo función de la jurisdicción contencioso-administrativa revisar la actividad legislativa del Gobierno puesto que debe distinguirse entre la competencia para revisar en vía jurisdiccional la legalidad de los decretos legislativos y la obligación impuesta con carácter general a todos los tribunales de no aplicar los reglamentos contrarios a las leyes. En este caso, no ha habido exceso del Gobierno en la función encomendada para la redacción del TRLPI. La omisión al "productor" del artículo 108, se debe a que a este le corresponde el derecho a autorizar la comunicación pública de las grabaciones audiovisuales, por lo que no parece justificado que perciba una remuneración equitativa como compensación económica por el acto de comunicación pública que tiene la facultad de autorizar controlando el establecimiento de las condiciones económicas adecuadas. La conservación por el artista, intérprete o ejecutante del derecho a obtener una remuneración equitativa y única por la comunicación pública de su actuación ha sido incorporado al texto refundido de la LPI. El legislador reconoce el derecho a participar en la explotación de la obra obteniendo una remuneración equitativa a los artistas, intérpretes o ejecutantes no sólo en los casos de comunicación derivada, sino también en los de comunicación originaria. El artículo 108.3 II LPI se refiere también a actos de comunicación pública originaria. Equidad de la remuneración de los titulares. No proceden intereses de demora.
Resumen: Contrato de cesión del uso no exclusivo de obras gestionadas por la SGAE con una productora individual por el cual se pacta una remuneración superior en un 37% a la pactada entre SGAE y AFYVE. El contrato es calificado como de adhesión. La imposición contractual por las sociedades de gestión de derechos de autor de condiciones discriminatorias respecto de los contratos celebrados con asociaciones representativas del sector vulnera el art. 157 LPI porque la diferencia de trato no está justificada. Además, aceptar la existencia de un trato más favorable a la asociación de productores frente al productor individual supondría la imposición indirecta de la obligación de integrarse en una asociación para obtener un trato más favorable de la sociedad demandante, en contra del derecho fundamental de asociación, en su vertiente negativa. La SGAE tiene una posición de monopolio de facto, por lo que, la consideración del contrato como de adhesión permite el exámen crítico de las cláusulas pactadas desde el punto de vista de la exigencia de racionabilidad impuesta por la ley. Se vulnera, asimismo, la libre competencia. No hay restricción a la libertad contractual de la recurrente pues la anulación de las cláusulas contrarias a la ley no impiden la efectividad del contrato.
Resumen: Propiedad Intelectual: Cintas de video. Constituye un hecho probado que las cintas controvertidas tienen un paso equivalente a 12,7 mm. Derecho de remuneración compensatoria: Exclusión antes del RD de 1994; el artículo 25 de la LPI fija unas reglas para que el Gobierno pueda establecer supuestos de excepción a la remuneración compensatoria, reglas que se formulan como criterios técnicos y de discrecionalidad en la apreciación de la evolución tecnológica y del mercado, cuya aplicación debe traducirse en un lenguaje técnico preciso. Recurso de casación: la legitimación activa para interponer un recurso de casación está en función del contenido del fallo; la cuantía del asunto a efectos de interponer el recurso de casación es única para todas las partes, por lo que no puede establecerse una distinción de cuantías fundada en el alcance de la condena respecto de cada una de ellas; la casación no es una tercera instancia, ni permite revisar la valoración de la prueba realizada por el tribunal de instancia, sino que tiene la función de contrastar la correcta aplicación del Ordenamiento. No cabe, según esto, tratar de desvirtuar una apreciación probatoria mediante una valoración conjunta efectuada por el propio recurrente para sustituir el criterio del tribunal por el suyo.
Resumen: La Sala Primera del Tribunal Supremo, en esta sentencia, tras declarar la competencia de la jurisdicción civil para el conocimiento del asunto, considera que ha quedado demostrado en las actuaciones que, con ocasión de festejos populares, la Corporación Municipal recurrente usó el repertorio musical de autores cuyos derechos son gestionados por la SGAE y, asimismo, se ha acreditado que no satisfizo los abonos relativos a estas comunicaciones públicas. La fijación de las remuneraciones relativas a la explotación de los derechos de la propiedad intelectual pertenecen a la libre voluntad de los autores o de su entidad gestora y se aplican unas tarifas generales en ausencia de precio convenido. La demanda va dirigida a obtener la protección jurisdiccional de un derecho de propiedad privado, aunque se trate de un derecho de propiedad especial, sin que quepa afirmar la existencia de un acto administrativo sujeto al ordenamiento jurídico administrativo, sino de una conducta presuntamente infractora de ese derecho de propiedad, y su sanción viene establecida por normas de derecho privado, como es la Ley de Propiedad Intelectual, no obstante exceder el contenido del derecho de autor de la esfera estrictamente patrimonial; de ahí que deban ser los órganos jurisdiccionales del orden civil los competentes para conocer de este litigio no obstante el carácter público de la demandada.
Resumen: Poseer para venta discos falsificados es la acción que realizaba el acusado y, por lo tanto, posesión destinada a la distribución de los mismos, en una de las modalidades que prevé la ley. Se trata, por tanto, de una conducta típica, sin que resulte necesario para estimar consumado el delito, que llegara a realizarse efectivamente ninguna venta, pues se trata de un delito de mera actividad, que se consuma con la mera puesta a disposición del público de los productos, es decir, de la obra obtenida sin autorización.
Resumen: Los dos acusados fueron condenados como autores de un delito contra la propiedad intelectual del art. 270.1 CP, siendo absueltos de los delitos de revelación de secreto de empresa y apropiación indebida. Apelan la sentencia, desestimando la AP el recurso. No se aprecia infracción del principio constitucional de presunción de inocencia por error en la valoración de la prueba. Es irrelevante que la sociedad denunciante no tuviera inscritos los derechos sobre los programas originarios en el Registro de la Propiedad Intelectual: lo protegido es el programa de ordenador, cuya titularidad era de dicha empresa. Como delito de tendencia que es, quedó probado que la conducta de los condenados estaba dirigida a obtener un beneficio empresarial con los códigos fuentes de tales programas ilegalmente copiados.
Resumen: No toda infracción de los derechos morales y patrimoniales, o de "explotación" de autor, es constitutiva de delito. Así, el art. 270 CP, para la tipificación de los delitos contra la propiedad intelectual, ha abandonado la anterior técnica de las normas penales en blanco mediante remisión a la Ley sobre Propiedad Intelectual, amén de que cuando existía esa remisión ya la jurisprudencia restringía la apreciación de estos delitos a las conductas más graves. De otro lado, las conductas típicas descritas en el art. 270 CP se refieren todas a facultades comprendidas en el "derecho patrimonial de autor" o derechos de explotación, excepto el plagio, que protege una de las facultades que forman parte del "derecho moral de autor (en concreto el derecho de éste a "exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra"), aunque también indirectamente sus repercusiones económicas, de modo que la infracción o lesión de los otros derechos morales de autor no está protegida penalmente, y sí mediante medidas cautelares y sanciones civiles. En el caso enjuiciado, si al acusado, en su condición de administrador único, gerente y propietario de una empresa de porcelanas, le fueron cedidos los derechos de explotación intelectual, de ningún modo se puede sostener que la adaptación al proceso industrial de las obras puedan configurar o constituir un supuesto de plagio con relevancia penal.
Resumen: El art. 270 del Código Penal exige, como elemento del tipo, la existencia de ese perjuicio a tercero, lo que obliga a la concreción fáctica de ese elemento en el relato de hechos probados de la sentencia apelada, extremo que no acontece en el presente caso, pues no se ha llegado a identificar quienes eran los titulares de las reproducciones cinematográficas contenidas en los Dvds, identificación que por otra parte debería contenerse en el relato de hechos probados de la sentencia. Debe procederse a la identificación de los titulares de las reproducciones videográficas, extremo esencial para poder comprobar si éstos otorgaron o no la correspondiente autorización que podría excluir la realización del tipo. Es evidente que una y otra cuestión van íntimamente relacionadas entre sí: sin concreción de los titulares de los derechos no puede saberse si éstos han sido o no perjudicados.