Resumen: Los dos acusados fueron condenados como autores de un delito contra la propiedad intelectual del art. 270.1 CP, siendo absueltos de los delitos de revelación de secreto de empresa y apropiación indebida. Apelan la sentencia, desestimando la AP el recurso. No se aprecia infracción del principio constitucional de presunción de inocencia por error en la valoración de la prueba. Es irrelevante que la sociedad denunciante no tuviera inscritos los derechos sobre los programas originarios en el Registro de la Propiedad Intelectual: lo protegido es el programa de ordenador, cuya titularidad era de dicha empresa. Como delito de tendencia que es, quedó probado que la conducta de los condenados estaba dirigida a obtener un beneficio empresarial con los códigos fuentes de tales programas ilegalmente copiados.
Resumen: Los acusados copiaron sin autorización de su titular AIG el programa de gestión textil Classicfashion, para lo cual accedieron al código fuente del mismo, apropiándose de él, descompilado el programa original y tras variar mínimamente algunas funciones y contenidos, volvieron a compilarlo denominándolo XMODAV1, contando para ello con la colaboración del gerente de una empresa de aplicaciones informáticas. Los requisitos del tipo contra la propiedad intelectual son, acción de reproducción o transformación, carencia de autorización del titular, realización intencionada con ánimo de lucro, y perjuicio a tercero. El ánimo de lucro debe ir acompañado del dolo específico de obtener una ganancia económica, un "lucro comercial", con el correlativo detrimento patrimonial del titular del derecho, por eso, solo son penalmente relevantes las conductas expresivas del propósito de lucro a escala comercial, quedando relegadas al marco civil las vulneraciones de derechos en que pueda estar implícito un propósito de otro tipo. La sentencia integra los hechos probados en la motivación jurídica, a modo de complemento, con todo, no valora datos que no se avienen con la existencia de la intención de beneficio comercial por parte de los acusados, y que provienen principalmente de aportaciones testifícales y de expedientes administrativos de solicitud de subvenciones para el desarrollo del software modificado con cargo a fondos Feder de la Xunta de Galicia. Revocación y fallo absolutorio.
Resumen: No toda infracción de los derechos morales y patrimoniales, o de "explotación" de autor, es constitutiva de delito. Así, el art. 270 CP, para la tipificación de los delitos contra la propiedad intelectual, ha abandonado la anterior técnica de las normas penales en blanco mediante remisión a la Ley sobre Propiedad Intelectual, amén de que cuando existía esa remisión ya la jurisprudencia restringía la apreciación de estos delitos a las conductas más graves. De otro lado, las conductas típicas descritas en el art. 270 CP se refieren todas a facultades comprendidas en el "derecho patrimonial de autor" o derechos de explotación, excepto el plagio, que protege una de las facultades que forman parte del "derecho moral de autor (en concreto el derecho de éste a "exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra"), aunque también indirectamente sus repercusiones económicas, de modo que la infracción o lesión de los otros derechos morales de autor no está protegida penalmente, y sí mediante medidas cautelares y sanciones civiles. En el caso enjuiciado, si al acusado, en su condición de administrador único, gerente y propietario de una empresa de porcelanas, le fueron cedidos los derechos de explotación intelectual, de ningún modo se puede sostener que la adaptación al proceso industrial de las obras puedan configurar o constituir un supuesto de plagio con relevancia penal.
Resumen: El art. 270 del Código Penal exige, como elemento del tipo, la existencia de ese perjuicio a tercero, lo que obliga a la concreción fáctica de ese elemento en el relato de hechos probados de la sentencia apelada, extremo que no acontece en el presente caso, pues no se ha llegado a identificar quienes eran los titulares de las reproducciones cinematográficas contenidas en los Dvds, identificación que por otra parte debería contenerse en el relato de hechos probados de la sentencia. Debe procederse a la identificación de los titulares de las reproducciones videográficas, extremo esencial para poder comprobar si éstos otorgaron o no la correspondiente autorización que podría excluir la realización del tipo. Es evidente que una y otra cuestión van íntimamente relacionadas entre sí: sin concreción de los titulares de los derechos no puede saberse si éstos han sido o no perjudicados.
Resumen: El acusado desarrolló la conducta de distribución a que se refiere el art 270 del Código Penal en relación con el art. 19.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, en tanto que puso a disposición del público soportes informáticos con obras videográficas y fonográficas, sin que para ello hubiera seguido los cauces autorizados por los titulares del derecho de distribución. Resulta, a los efectos de la tipicidad de la conducta, indiferente que llegara o no a vender algún DVD, al tratarse la conducta de distribución de una actividad que no exige un resultado de venta, bastando para su desarrollo la ejecución de actos adecuados para permitir el acceso de las obras al público. Ninguna duda cabe de que quien exhibe DVD'S en la vía pública, del modo en que la sentencia de instancia refiere que hacía el acusado, está desarrollando la conducta de distribución con una evidente intención de proceder a su venta.
Resumen: La conducta típica de distribución consiste en la puesta a disposición del público del original o las copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o cualquier otra forma , y sería aberrante y contrario al sentir y la lógica negar tipicidad como distribución a la exhibición u ofrecimiento en venta si no va acompañada de un intercambio o la entrega al cliente del material ilícito, lo cual en todo caso pertenecería a la fase de agotamiento del delito. Las conductas atentatorias contra los derechos de propiedad intelectual (reproducción, plagio, exportación o almacenamiento) no requieren que la obra haya llegado a manos del consumidor o adquirente final bastando con que se hayan realizado esos actos preparatorios destinados a la comercialización final del producto ilícito. Además, el significado gramatical de la expresión legal "puesta disposición al público" apunta a la idea de que basta con la realización de actos directos que permitan su inmediato uso o adquisición por el público, de la cual las expresiones "mediante venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma" no es sino la enumeración en forma abierta de las distintas modalidades por las cuales puede acceder el público en general al producto puesto a su disposición.
Resumen: En ningún caso es necesario para la consumación que se hayan llegado a producir los perjuicios para terceras personas, pues el Código dice "en perjuicio de tercero", expresión que es distinta a "con perjuicio para tercero". Esta última expresión -según un reputado sector doctrinal- implica la producción de un perjuicio real, mientras que aquélla supone una producción meramente potencial. Es decir, la acción ha de ser idónea para producir un perjuicio a tercero, pero la consumación del delito no exige que efectivamente se le causa; la efectiva venta es ya la fase de agotamiento del delito. El ánimo de lucro fundamentalmente se concreta en el ánimo de obtener una ventaja económica de la realización de una actividad no permitida. El derecho de autor debe de ser respetado y protegido frente a las múltiples posibilidades que la técnica ofrece: las conductas descritas en el artículo 270 del Código Penal pretenden acabar con actividades que pudieran ser más complejas, tales como grandes redes dedicadas a lucrarse de modo ilegal con los beneficios de los derechos de propiedad intelectual ajenos, lo que evidentemente no es el caso, sin embargo, no por ello debe dejar de perseguirse dentro del mismo tipo penal conductas de escasa trascendencia desde el punto de vista de la poca incidencia del perjuicio.
Resumen: Reclamación formulada por una entidad de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual a la entidad titular de un hotel por la actividad de comunicación pública de obras y grabaciones audiovisuales efectuada en el establecimiento hotelero mediante la retransmisión de las imágenes televisivas a través de aparatos instalados en las habitaciones y en otros espacios disponibles. Infracción del artículo 1.6 del Código Civil: Se estima; para la nueva doctrina jurisprudencial hay acto de comunicación pública en la recepción o captación por un establecimiento hotelero de las señales de televisión y su posterior distribución -retransmisión- para uso de los clientes mediante aparatos televisores instalados en las habitaciones y zonas comunes, sin que el carácter público o privado del lugar en que se produce la comunicación tenga relevancia alguna, ni las habitaciones de los hoteles tengan carácter "estrictamente doméstico" a los efectos del art. 20 de la Ley de Propiedad Intelectual . Prescripción extintiva: Se rechaza por haberse producido la interrupción en virtud de la reclamación extrajudicial. Determinación de la cuantía de la indemnización teniendo en cuenta la declarada abusividad de las tarifas correspondientes a algunos años, la reducción en un cincuenta por ciento del manual de las tarifas del año correspondiente y la reducción de la tarifa a una sola emisión por día y habitación ocupada.
Resumen: Se entiende por distribución la puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, a través de distribuidores autorizados. La conducta típica de distribución debe de interpretarse conforme a la configuración legal de ese derecho de distribución realizada por la normativa extrapenal definitoria de tal derecho, que no es otra que el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, de 1996, en sus arts. 17 y 19. El ánimo de lucro existe cuando a cambio del discos compactos falsificados, que han costado un determinado precio, se pide un precio que supera el coste, obteniendo de esta manera quien lo hace un beneficio económico, que se erige en la causa de tal obrar. En cuanto al perjuicio a tercero, la mera reproducción de los discos piratas, sin autorización del titular de los derechos de propiedad intelectual, representa un perjuicio para los mismos perfectamente evaluable, con abstracción de que se haya consumado la venta de un número determinado de tales copias piratas.
Resumen: Principio de intervención mínima: prohibe una interpetación extensiva de los tipos penales. Además el principio de taxatividad de los tipos penales supone que sólo es ilícita penalmente aquella conducta que el Código Penal o las leyes penales especiales definen como delito o falta. Los tipos de los artículos 270 a 276 del Código Penal, referidos a la propiedad intelectual e industrial, son normas penales en blanco que deben ser completadas con las normas que regulan los derechos de la propiedad intelectual. Contra la venta callejera de estos productos, por personas que sólo buscan una manera de ganarse la vida, la lucha no pasa, a juicio de esta Sala, por la aplicación del derecho penal, sino por la de normas de orden público que impidan este tipo de ventas, debiendo entrar en juego las normas administrativas sancionadoras, a través del cumplimiento de las respectivas ordenanzas municipales que de manera general prohiben la venta ambulante o descontrolada, pero la conducta imputada al denunciado, no es por todo cuanto antecede constitutiva de infracción penal alguna, jurisdicción ésta que como es sabido se halla regida por el principio de intervención mínima y ultima ratio.