Resumen: En el negocio indirecto es preciso diferenciar entre sus efectos directos, que son los que corresponden a la causa del contrato típico celebrado y los efectos indirectos, que son los realmente queridos por las partes y que obedecen a una intención final o resultado que no podría ser conseguido a través de aquel negocio o contrato típico. En el negocio indirecto el complejo negocial celebrado resulta ser una simple pantalla jurídica o medio en la consecución de los fines buscados por las partes. En este caso, es evidente que el posible precio de venta de las acciones de BARME S.A. es ínfimo, por cuanto la entidad, tras la reducción de capital y la adjudicación a ITG - INTERGRUP S.A. de las controvertidas acciones, ha sido vaciada de su principal contenido patrimonial y que determinaba el valor de la misma, con lo que no dará lugar a ninguna plusvalía objeto de tributación. Se constata, por tanto, la existencia en el complejo negocial de una motivación diferente a la causa típica o inmediata de las distintas operaciones tomadas en consideración individualmente, que pasan a convertirse únicamente en medios para lograr esta finalidad indirecta perseguida por la entidad recurrente, lo que se corresponde plenamente con el concepto de negocio indirecto.
Resumen: El TS desestima este recurso de casación al entender que el solo hecho de la aprobación de un proyecto supramunicipal no puede suponer un cambio en la clasificación del suelo, cambio que sólo puede ser ordenado por el plan general de ordenación del municipio o por la modificación que se tramite al respecto. El hecho de que mediante un proyecto supramunicipal se autorice la ejecución de obras de urbanización en suelo no urbanizable genérico o urbanizable no delimitado no lo convierte directamente en suelo urbanizable delimitado o urbano. En definitiva, que los proyecto supramunicipales no pueden sustituir al plan general como instrumento de ordenación y, por tanto, no pueden clasificar suelo. En consecuencia con dicha conclusión, el TS entiende que la Sala a quo no valora (ni podría hacerlo) las plusvalías que pudieran derivarse del proyecto de expropiación, ya que si el suelo se entiende clasificado como no urbanizable, ha de valorarse conforme a lo previsto en el artículo 25 LRSV 6/1998. Por último, la valoración de la prueba realizada por el Tribunal a quo ha sido correcta, ya que parte de la clasificación del suelo como no urbanizable, y no como suelo urbano no consolidado, como pretende la parte mediante el informe pericial aportado. Asimismo, se concluye que la resolución del Jurado de Expropiación está suficientemente motivada conforme a los cánones exigidos por la jurisprudencia (argumentación racional y suficiente que permita conocer las razones de la decisión).
Resumen: El criterio de afección de los bienes de una entidad a una actividad empresarial determinado en virtud del nexo causal que pueda existir entre la naturaleza de los bienes y el objeto social no ha sido refrendado por el TS: cuando se trate de inmuebles dedicados al arrendamiento, pero propiedad de una entidad que no tiene como objeto exclusivo el arrendamiento, la exención por reinversión será posible si el bien enajenado y los reinvertidos se integran en el activo material fijo de la empresa que presenta el Plan de Reinversión. No gozarían del beneficio las reinversiones efectuadas en bienes inmuebles urbanos que no se integren en el activo material fijo, o no se encuentren destinados al arrendamiento; los incrementos de patrimonio que se pongan de manifiesto en la transmisión de elementos materiales del activo fijo de las empresas, necesarios para la realización de sus actividades empresariales, no serán gravados siempre que el importe total de la enajenación se reinvierta en bienes de análoga naturaleza y destino en un período no superior a dos años o no superior a cuatro años si durante el primero la sociedad presenta un plan de inversiones e invierte durante los dos primero al menos un 25% del total incremento.
Resumen: IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS. Venta de fincas sujeta a condición suspensiva. Los obligados, entre tanto, se hacen con el 100% del capital de una sociedad en liquidación, reducen capital, la transforman, se aumenta el capital aportando las fincas en cuestión. Cumplida la condición suspensiva, la sociedad, que estaba sujeta al régimen de transparencia fiscal, vendió las fincas a otra mercantil. Plusvalías: operación diseñada para evitar su tributación pues la venta realmente fue hecha por los demandantes. Economía de opción: sociedades en régimen de transparencia y levantamiento el velo. Actuaciones inspectoras: Incompetencia territorial de la Delegación de la AEAT de donde radican las fincas cuando el domicilio fiscal de los obligados tributarios está en otra provincial. La Sala salva la competencia pues si bien todas las actuaciones inspectoras se realizaron por la Delegación del lugar en donde están las fincas, el acto final de liquidación lo dicta la Delegación del domicilio. Actuarios: recusación por haber intervenido en la causa penal seguida contra los obligados. La Sala lo rechaza al no haber intervenido como perito. Procedimiento de inspección: sujeción a los principios de contradicción, inmediación, imparcialidad e igualdad, seguridad jurídica, confianza legítima y "cosa juzgada". Deuda tributaria y prescripción: se rechaza en cuanto al tiempo en que estuvo sujeto a investigación penal, por el tiempo en que se resolvió la recusación.
Resumen: Se analiza el requisito de la afección de los bienes transmitidos a la actividad de la entidad, formando parte del activo de la empresa. Se declara que en el supuesto de que la actividad de la sociedad fuera la adquisición o promoción de fincas urbanas, dicha actividad ha de ser en exclusividad, como reiteradamente declara la doctrina jurisprudencial.
Resumen: La actora pretende que sea declarada exenta en el Impuesto sobre la Renta la plusvalía derivada de la enajenación de un local adquirido en el año 1970 y vendido el año 2000 de acuerdo con la disposición transitoria 9 de la Ley reguladora del Impuesto 40/1998, que dispone que las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales no afectos a actividades económicas adquiridos antes del 31-12-1994 se reducirán de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria 8 de la Ley anterior 18/1991. Alega al respecto que aunque se desarrollaba una actividad económica en dicho local, la ejercía solamente su esposo, entendiendo que aunque el local era común, se había producido una cesión gratuita a su marido para desarrollar la actividad en la mitad del local que le corresponde, sin que de ello deba derivarse perjuicio alguno en la tributación por dicho impuesto en el momento de la enajenación de aquél. Entiende sin embargo la Sala que tal interpretación forzada de la norma no puede prosperar, dada la claridad del precepto, máxime si se pone en relación con el art. 27 de la Ley 40/1998 cuando señala los elementos patrimoniales que deben considerarse afectos a la actividad económica, el cual no contempla la posibilidad de discriminación ni división de los mismos a efectos tributarios con independencia de que sean de la cotitularidad de ambos cónyuges en régimen de gananciales y de que tan solo uno ejerza la actividad económica en el mismo.
Resumen: Se acogen los recursos de casación interpuestos por la Generalidad Valenciana y por la "Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (S.A.U.)" en la medida que la Sala de instancia fija el valor de los bienes expropiados atendiendo al aprovechamiento que deduce de un Plan aprobado con posterioridad a la fecha de inicio del expediente de justiprecio, cuando es jurisprudencia reiterada la que señala que la valoración ha de realizarse de acuerdo con el planeamiento vigente en el momento de inicio del procedimiento de justiprecio. La valoración de las fincas expropiadas ha de realizarse teniendo en cuenta su clasificación como suelo no urbanizable de protección forestal y no como suelo urbanizable como erróneamente señala la Sala de instancia. La Sala de instancia ha alterado el régimen de contradicción en situación de igualdad de las partes en el proceso al incorporar, como diligencia para mejor proveer, un informe pericial practicado en otro recurso, distinto del que pretendía la parte recurrente y que la misma Sala había denegado por no haber solicitado la prueba en momento procesal oportuno, sin que concurra ninguno de los supuestos excepcionales que justifican el ejercicio de tales facultades de aportación de oficio de elementos probatorios.
Resumen: Se confirma la sentencia del Tribunal de instancia que, asumiendo el dictamen pericial, concluye que la instalación determinante de la expropiación comporta afecciones de tipo medioambiental, que conlleva puntual demérito del resto de la finca. No cabe, pues, aceptar la incongruencia que sobre este extremo se postula en la Sentencia, ya que la Sala se pronuncia sobre la cuestión planteada haciendolo de forma motivada sin que su valoración pueda considerarse irracional, arbitraria, ilógica ni contraria a las reglas de la sana crítica.
Resumen: La Sala declara haber lugar al recurso en consideración a que del tenor del informe pericial practicado resulta palmario que el perito parece estar realizando una comparación de la finca expropiada, con otras, que en ningún momento identifica, pero de las que sí pone de relieve que a diferencia de la expropiada ya han sufrido un proceso de urbanización, circunstancia esta última que excluye de plano la analogía a que se refiere la Ley, a cuya vulneración, pues, procede la Sala de instancia al asumir la valoración contenida en el informe pericial. Sin embargo, entrando en el fondo, desestima el recurso en consideración a que el conjunto de las actuaciones no ha puesto de manifiesto la existencia de posibles expectativas urbanísticas a tener en cuenta en la valoración que desvirtúen la presunción de acierto del Acuerdo del Jurado.
Resumen: Se declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por "Navarra de Suelo Industrial, S.A." al haber sido defectuosamente preparado, sin que obste a esta conclusión la mera invocación del artículo 5.4 de la LOPJ y del consiguiente precepto constitucional que se reputa infringido, pues ello no supone eludir la carga legal de encajar la vulneración de las normas constitucionales aducidas en alguno de los motivos legales que configuran el recurso de casación. Por otra parte, se declara que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Comunidad Foral de Navarra partiendo de la doctrina reiterada de la Sala según la cual la valoración de los bienes expropiados ha de realizarse con referencia a la clasificación urbanística en el momento en que se inicia el expediente de justiprecio, excluyendo las plusvalías que sean consecuencia directa del plan o proyecto de obras que dan lugar a la expropiación. La aplicación del valor obtenido por el método residual parte de los valores de mercado del suelo edificado para, descontando el valor de construcción y demás gastos comprendidos en dicho valor de mercado, llegar a determinar el valor residual atribuible al terreno por metro cuadrado. Además, se declara que la infracción relativa a las reglas de la sana crítica respecto de la prueba pericial debe hacerse valer por el cauce del apartado d) del artículo 88.1 de la LRJCA.