Resumen: Reclamación de cantidad derivada de dos facturas aportadas por el concepto de honorarios devengados. Estimada la demanda en relación a una de las facturas, recurren ambas partes. Alega la demandada su falta de legitimación pasiva, pues entre ambas partes lo que existió fue una propuesta de colaboración profesional efectuada por la actora y aceptada por la demandada respecto del trabajo de asesoramiento en el proceso de reestructuración y/o refinanciación de la deuda de la sociedad demandada, estableciéndose que los honorarios dependerían del buen fin o éxito del trabajo encomendado. La Sala procede a la valoración e interpretación del contrato celebrado, en el cual se indicaba que la "retribución se fije en atención al éxito del trabajo realizado", indicando que si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes se estará al sentido literal de sus cláusulas, pero además, en caso de dudas, la interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad. El buen fin de la operación debería consistir en la cancelación de la deuda mediante la dación de pago, el acuerdo de quita con el acreedor o un tercero o mediante la aprobación de un convenio de acreedores, nada de lo cual ha sucedido, por lo que debe estimarse el recuro absolviendo a la demandada de todas las pretensiones contra ella deducidas.
Resumen: Se solicita se condene a la demandada a reestructurar las deudas que la actora mantiene con la misma, aplicando, una serie de medidas a su favor, y subsidiariamente se acepte la dación en pago de la vivienda de la actora, como aplicación de las medidas sustitutivas de la ejecución hipotecaria contenidas en el Código de Buenas Prácticas. Desestimada la demanda, al estimar acreditado que la demandada cumplió con la obligación de contestar a la petición de la actora, a la que reclamó hasta en tres ocasiones la aportación de documentación complementaria, lo que no realizó, recurre la demandante alegando que, la compra del inmueble por el precio sin IVA se encontraba dentro de los parámetros impuestos por la norma para su aplicación, y asímismo la demandante se encontraba dentro del umbral de exclusión del RD Ley 6/2012. La Sala indica que el referido RD Ley extiende su ámbito de aplicación a los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se encuentre situado en el umbral de exclusión y que estén vigentes a la fecha de entrada en vigor o que se suscriban posteriormente, estableciendo asímismo un límite objetivo de precio. No puede acogerse el recurso de la apelante en este extremo, al superar el importe máximo fijado, y a mayor abundamiento corresponde al solicitante la carga de probar encontrarse en la situación de exclusión, lo que no realizó, pese a ser requerido por tres veces para ello, ante lo cual se desestimó su solicitud.
Resumen: El Juzgado desestimó la pretensión de nulidad de una cláusula suelo inserta en un préstamo hipotecario porque los prestatarios habían firmado un documento privado que contenía una transacción en la que éstos renunciaban válidamente al ejercicio de una acción de nulidad respecto de dicha cláusula. La Audiencia señala que lo que firmaron fue una dación en pago de la finca hipotecada. La escritura no contenía referencia alguna expresa a dicha cláusula, ni ninguna renuncia. No reconoce a esa dación en pago el carácter transaccional, ni efectos de cosa juzgada. No comparte el que sea intrascendente el que los prestatarios no fueran informados, de forma previa al otorgamiento de la escritura, ni de la nulidad de la cláusula suelo, ni de las consecuencias económicas y jurídicas que la dación en pago hubiera de tener sobre los efectos derivados de la aplicación de dicha cláusula, ni de una eventual renuncia expresa al ejercicio de las acciones que les pudiera corresponder por ello. Si el Banco quería condicionar la dación en pago a la renuncia del prestatario a cualquier reclamación por nulidad parcial del contrato debió exigirlo expresamente y obligar al prestatario a declararlo así en la citada escritura. Y, con ello pasa a pronunciarse sobre la nulidad de la cláusula, que considera no transparente por falta de información precontractual.
Resumen: Confirma la sentencia apelada que excluyó determinados bienes del inventario y modificó la lista de acreedores para excluir la dación de pago realizada entre el concursado y un acreedor. Recuerda que la dación en pago supone un acuerdo entre acreedor y deudor, admitida en nuestro derecho, que determina la extinción de la obligación por la entrega consentida por el acreedor de cosa distinta de la debida y equivale al pago, ya que el deudor queda liberado en los términos pactados y el acreedor obtiene la satisfacción de su crédito mediante la entrega de una prestación distinta, que admite. Se trata de un negocio complejo, pues participa de las características del pago o cumplimiento de una obligación, de la compraventa y de la novación por cambio de objeto que, con efectos solutorios, extingue la primitiva obligación. En este caso, no se estima que tal acuerdo fuese perjudicial para el patrimonio del deudor concursado, puesto que en principio, un pago debido realizado en el período sospechoso de los dos años previos a la declaración de concurso, siempre que esté vencido y sea exigible, por regla general goza de justificación y no constituye un perjuicio para la masa activa y más en casos como el presente en el que no ha habido una infravaloración de los bienes dados en pago y se extingue la deuda en una cantidad equivalente.
Resumen: Se ejercita por la actora, como copropietaria de diversas fincas, derecho de retracto sobre las participaciones indivisas de propiedad de dichas fincas y cuotas en la Comunidad de Bienes, transmitidas a la demandada. Desestimada la demanda recurre la actora. Las cuestiones a dilucidar en esta alzadas son las relativas a si concurren o no los requisitos exigidos por la acción de retracto de comuneros, y en particular si la entidad adquirente de las cuotas indivisas de las fincas es extraña a las comunidades de bienes existentes. Consta acreditado que la actora es comunitaria de las referidas fincas y que estas fueron vendidas a la demanda. Por otra parte, la demandada no ostentaba hasta ese momento cuota de participación alguna en la referida Comunidad de Bienes ni en la propiedad de las fincas registrales, pese a que su administrador y socio único, sí tenía al tiempo de la transmisión, una cuota de participación de 29,47% en las mismas. La Sala indica, por una parte, que el retracto de comuneros es un derecho real limitado (ius in re aliena) de adquisición preferente que se otorga a los copropietarios de una cosa en común cuando se enajena a un tercero, el todo o parte de la misma, y por otra que la mercantil demandada al tener personalidad jurídica propia y distinta del socio y administrador único de la misma, debe considerarsela como extraña a la comunidad y titularidad de los bienes, por lo que se dan los requisitos para que proceda la acción de retracto solicitada.
Resumen: Desestima el recurso y confirma la sentencia que estimó la acción de reintegro a la masa activa de un vehículo en virtud de la presunción de perjuicio patrimonial por actos de disposición a título oneroso realizados a favor de alguna de las personas especialmente relacionadas con el concursado. Frente a las alegaciones de la parte apelante, rechaza que se haya podido destruir la presunción legal. Así, entiende que el perjuicio a la concursada existe dado que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la situación de insolvencia en el momento de hacerse efectivo el pago y la proximidad con la solicitud y declaración de concurso supone una circunstancia que priva de justificación general un pago de una deuda líquida, vencida y exigible, sin que exista prueba alguna que permita enervar la presunción. Reitera la condición del actor como persona especialmente relacionada con el concursado, sin que sea posible su enervación por la mera afirmación general de que el apoyo financiero que aportan determinados socios, sobre todo, en empresas familiares resulta fundamental para el desarrollo de la actividad empresarial. Finalmente, recuerda que la operación no implicó la entrada de liquidez a la compañía, sino la salida del bien del patrimonio a favor de una deuda de un socio titular del 33 % del capital social, habiendo sido realizado el acto rescindido dentro del periodo legal de dos años anteriores a la declaración de concurso.
Resumen: Estima parcialmente el recurso en el único sentido de dejar sin efecto la temeridad declarada a efectos de costas, confirmando el resto de los pronunciamientos por los que se declaraba la rescisión de diversas compraventas y daciones en pago y el reintegro de los bienes a la masa activa del concurso. Recuerda que el perjuicio de la rescisión concursal tiene en común con el perjuicio pauliano que comporta una lesión patrimonial del derecho de crédito, en este caso, no de un determinado acreedor, sino de la totalidad englobada en la masa pasiva, y esta lesión se ocasiona por un acto de disposición que comporta un sacrificio patrimonial para el deudor, injustificado desde las legítimas expectativas de cobro de sus acreedores, una vez declarado en concurso, sin que pueda equipararse el perjuicio para la masa activa con la alteración de la par condicio creditorum, sino consiste en un sacrificio patrimonial injustificado, en cuanto que tiene que suponer una aminoración del valor del activo, que debe de carecer de justificación. En este caso se cedieron activos por menor valor del que representaban y para liquidar una deuda no justificada al realizarse con persona vinculada con la concursada. Deja sin efecto la temeridad acordada en costas pues la actuación de los demandados no constituye una forma aventurada de litigar ni han mantenido su posición a sabiendas de la injusticia de su pretensión.
Resumen: La sentencia estima que existe situación de precario, según la tradicional jurisprudencia del Tribunal Supremo. Es la parte demandada la que ha de probar el título de ocupación que alega; en este caso un contrato de arrendamiento. Los titulares iniciales del piso eran tres personas físicas. Y ese alegado contrato de arrendamiento sólo estaba firmado por uno de ellos. No existe otra prueba al respecto. La demandante es un Fondo que accedió a la titularidad del inmueble a través del negocio de dación en pago de las tres persona físicas iniciales propietarios. Y, estando inscrito el bien a favor de dicha entidad, se considera suficiente para la legitimación activa; pues se considera que ese efecto no sólo es para la venta, sino también para la dación en pago. Por el contrario, no consta el arrendamiento en el Registro. Es más, la legislación ha querido, como regla general, que la ejecución del b¡en arrendado lleve aparejada la extinción del arrendamiento; salvo constancia de éste en el Registro.
Resumen: Operación financiera y jurídica compleja -constituida por siete contratos- de sociedad con cotización suspendida por el organismo regulador para la entrada de capital social de entidad que actuaría como inversor, y promovida por la sociedad financiada y por sus dos sociedades accionistas de referencia. La sociedad inversora recibió un derecho de prenda sobre las acciones de la sociedad que financiaba, para garantizar, entre otras, la obligación del "Ajuste del Precio" pactado por las partes, y para el que se fijó un precio global y conjunto de las acciones. En el caso, se produjeron tres subastas con pujas u ofertas iguales o superiores al tipo de subasta, fijado en el precio de cotización certificado, destinándose el importe al pago al ejecutante a cuenta de la deuda. No puede pretenderse que, una vez adjudicadas las acciones pignoradas en subasta pública, se haga tabla rasa de la regulación propia de este procedimiento y se sustituyan los precios de adjudicación por el valor de las acciones fijado en un contrato para la hipótesis de que el acreedor ejecutante optase por ejercer la facultad de ejecutar la garantía mediante "apropiación", dada la regla general prohibitiva del ordenamiento del pacto comisorio. Para eludir esa prohibición era necesario que, una vez incumplida la obligación garantizada (no antes), las partes convinieran la dación en pago, en cuyo caso esa dación tendría una función solutoria y no de garantía, tal y como se prevía expresamente en el contrato.
Resumen: Se niega la situación de precario al alegar que se ocupan las naves en virtud de un contrato por el que el actor se adjudicaba las participaciones de una mercantil y el demandado las naves, si bien, se siguió procedimiento ordinario a instancia del aquí demandado exigiendo el cumplimiento de la obligación y en él se solicitó el pago del precio de las naves, por lo que el demandado convirtió la obligación de entregar las naves en una obligación pecuniaria, y eso impide que ahora pretenda tener derecho a la ocupación de las mismas, siendo indiferente que el precio no se haya pagado, pues será exigible en trámite de ejecución de sentencia. No existe título para la ocupación y existe situación de precario que motiva la estimación de la demanda.
