Resumen: Saldo de liquidación a Iberpistas de las obras realizadas en cumplimiento del Real Decreto 1467/2008, de 29 de agosto, por el que se aprueba el convenio entre la Administración General del Estado e Iberpistas S.A., concesionaria del Estado, Sociedad Unipersonal para el mejora del Tramo San Rafael-Villacastín de la Autopista AP-6. Se alega incumplimiento del Convenio en lo relativo a la obligación de compensar la inversión real para garantizar el equilibrio económico-financiero de la concesión. La Sala cuantifica la inversión real incluyendo determinados conceptos a tenor del Convenio y del principio proscriptivo del enriquecimiento sin causa a aquellos supuestos en que las obras realizadas en exceso sobre lo proyectado en el Proyecto constructivo sean necesarias para complementar o suplir deficiencias estructurales, cuando se pruebe que se hayan ejecutado realmente y determinen un beneficio para la Administración.
Resumen: Acción de indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento de obligaciones en la obra ejecutada exigiendo la reparación de los defectos constructivos. La demanda fue estimada íntegramente en apelación, al considerar el tribunal sentenciador que el incumplimiento obligaba a indemnizar también los defectos relativos al sistema solar térmico de la comunidad demandante, dado que según la prueba practicada el mal funcionamiento se había producido desde un principio, por una defectuosa ejecución, y no se debía a falta de mantenimiento. No ha lugar a la admisión de la prueba propuesta ante la sala, relativa a la valoración de la reparación de la instalación de energía solar, efectuada en ejecución provisional de sentencia, dado que la documental no guarda relación con la infracción procesal denunciada. Irrelevancia de esta infracción, puesto que aunque el informe pericial se basa en el CTE, que no estaba en vigor, dicha infracción es irrelevante dado el fracaso generalizado en la instalación, teniendo en cuenta la desviación manifiesta entre lo ejecutado y el proyecto. Indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento contractual. Acreditada la existencia de un incumplimiento contractual por parte de la promotora se deben indemnizar los daños y perjuicios en el importe correspondiente a lo no ejecutado o mal ejecutado, incluyendo los mayores costes para la comunidad que va a suponer la adaptación del sistema al nuevo CTE ya en vigor.
Resumen: Se desestima el recurso de casación en el que la cuestión casacional a solventar consistía en determinar si el derecho al cobro del importe de las unidades de obra ejecutadas al margen del contrato y sin mediar modificado alguno, que se reconoce en aplicación del principio de enriquecimiento injusto, tiene naturaleza indemnizatoria o es precio del contrato; y si a los intereses de demora que genera le es de aplicación la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. La Sala concluye que ante la realización de unas obras en favor de la Administración pública ejecutadas al margen de un contrato y sin modificado alguno, el ordenamiento admite diversas alternativas legales, por lo que la cuestión de la naturaleza indemnizatoria o contractual del pago deberá hacerse en atención a las circunstancias del caso. En el supuesto examinado en este recurso, en el que la Administración siguió un procedimiento de revisión de oficio, con declaración de nulidad de las actuaciones de ejecución de unidades de obra en las que se prescindió total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, al haberse omitido los trámites previstos en el artículo 217.3 de la Ley 30/2007, la naturaleza del pago de las unidades de obra ejecutadas fuera de proyecto tuvo un carácter indemnizatorio, como resulta de la propia resolución de declaración de nulidad.
Resumen: La sentencia analiza el dies a quo del plazo de prescripción para reclamar el importe de las obras realizadas, en concreto valora si se inicia el cómputo desde la fecha de recepción de las obras, devolución de la garantía o en otra fecha distinta. La Sala concluye que el plazo no comienza a computarse desde la recepción de las obras sino desde el momento de la liquidación y a falta de esta desde la certificación final, cuya realización incumbe realizar a la Administración en el plazo de dos meses desde la recepción de las obras con independencia de si asiste o no el contratista a la medición final de las obras. En cuanto al devengo de intereses, estando pendiente de emitirse la certificación final no posible que comiencen a generarse intereses respecto de un importe que no se había ni concretado ni reclamado, por lo que es desde el momento en el que el contratista reclamó el principal, cuando se conoció el importe reclamado y consecuentemente empezaron a generarse los intereses legales desde dicha fecha hasta el completo pago del principal.
Resumen: La Sala de Admisión plantea el examen del recurso de casación relativo a si ha de incluirse o no la cuota del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en la base de cálculo de los intereses de demora por el retraso de la Administración en el pago de determinadas facturas de un contrato administrativo. Asimismo, se cuestiona si para atender dicho pago del IVA ha de acreditarse por el contratista que ha realizado efectivamente el pago o ingreso de dicho impuesto en la Hacienda Pública y si puede darse por probado que el IVA ya está ingresado al presentar la factura al cobro teniendo en cuenta el certificado emitido por la AEAT de estar al corriente del pago de las obligaciones tributarias; y por último, si el dies a quo para calcular los intereses de demora sobre la partida del IVA se debe computar desde la fecha del ingreso efectivo del IVA en la Hacienda Pública o desde el transcurso del plazo de 60 días desde la presentación de la factura en los registros correspondientes de la Administración contratante. Precedentes RCA 7382/2018 y 2258/2019 (STS 19 de octubre de 2020), RCA 6689/2019 (STS 24 de marzo de 2021), RCA 4188/2020 (STS 19 enero de 2022) y RCA 1540/2020 (STS 2 febrero de 2022)
Resumen: Se desestima el recurso de casación interpuesto que versa sobre si en el concepto de fuerza mayor del artículo 231 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, (actual artículo 239 de la Ley 9/2017), pueden comprenderse aquellos fenómenos medioambientales catastróficos en los que tiene incidencia la acción humana. Este Tribunal considera al respecto que los supuestos contemplados en el apartado b) de dicha norma se califican como "fenómenos naturales", esto es, cambios en la naturaleza no provocados directamente por la acción humana, sino por las fuerzas naturales ajenas a su intervención, lo que se corrobora si atendemos a los supuestos específicamente mencionados en este apartado (maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones). El hecho de que el propio precepto, tras la enumeración ejemplificativa, añada "u otros semejantes" no cambia la exigencia inicial que los define: han de ser "fenómenos naturales". De modo que junto con los específicamente enumerados también se comprenderán otros en los que exista identidad de razón, tales como tornados, huracanes, etc... Pero sin que la expresión pueda ser entendida como una puerta abierta a otros eventos en los que no se aprecie dicha identidad, incorporando supuestos en lo que se diluya o atenué la exigencia inicial de que se trata de fenómenos naturales con un resultado catastrófico.
Resumen: Recurso de casación contra sentencia que desestima el recurso interpuesto contra desestimación de los requerimientos previos de revocación o anulación de la actuación consistente en la imputación, según el Protocolo de déficit excesivo, como deuda a largo plazo del Ayuntamiento de Murcia de la cantidad de 173 millones de euros en concepto de Asociación Público Privada derivada del contrato de Tranvía de Murcia. Desestimación. Determinación del órgano competente y del procedimiento a seguir para imputar una deuda en el marco del Protocolo de Déficit Excesivo; especial atención a las funciones y el alcance de las decisiones del Comité Técnico de Cuentas Nacionales y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Atribución de la competencia al Comité Técnico de Cuentas Especiales (CTCN) para valorar e imputar las operaciones efectuadas por las diferentes unidades del sector público, lo que incluye a las corporaciones locales, de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas. Consideración de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal como el órgano competente para garantizar el cumplimiento efectivo por las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria del art. 135 de la CE mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario. Falta de aprobación de un reglamento que regule el funcionamiento de la CTCN.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación preparado contra sentencia que desestimó la petición de liquidación final de contrato de obras en las cantidades pretendidas en demanda. La cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es determinar, en relación a la liquidación de contrato de obras, determinar: si el órgano de contratación se puede apartar del criterio sobre revisión de precios aprobado en virtud de un acto administrativo firme (resolución aprobatoria de la CFO) mediante un acto administrativo posterior (resolución aprobatoria de Liquidación) sin seguir los cauces procedimentales para ello; es decir, mediante la declaración de lesividad del vigente artículo 107 de la LPACAP.
Resumen: La Sala de Admisión plantea el examen del recurso de casación relativo a si ha de incluirse o no la cuota del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en la base de cálculo de los intereses de demora por el retraso de la Administración en el pago de determinadas facturas de un contrato administrativo. Asimismo, se cuestiona si para atender dicho pago del IVA ha de acreditarse por el contratista que ha realizado efectivamente el pago o ingreso de dicho impuesto en la Hacienda Pública y si puede darse por probado que el IVA ya está ingresado al presentar la factura al cobro teniendo en cuenta el certificado emitido por la AEAT de estar al corriente del pago de las obligaciones tributarias; y por último, si el dies a quo para calcular los intereses de demora sobre la partida del IVA se debe computar desde la fecha del ingreso efectivo del IVA en la Hacienda Pública o desde el transcurso del plazo de 60 días desde la presentación de la factura en los registros correspondientes de la Administración contratante. Precedentes RCA 7382/2018 y 2258/2019 (STS 19 de octubre de 2020), RCA 6689/2019 (STS 24 de marzo de 2021), RCA 4188/2020 (STS 19 enero de 2022) y RCA 1540/2020 (STS 2 febrero de 2022)
Resumen: La Sala de Admisión plantea el examen del recurso de casación relativo a si ha de incluirse o no la cuota del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en la base de cálculo de los intereses de demora por el retraso de la Administración en el pago de determinadas facturas de un contrato administrativo. Asimismo, se cuestiona si para atender dicho pago del IVA ha de acreditarse por el contratista que ha realizado efectivamente el pago o ingreso de dicho impuesto en la Hacienda Pública y si puede darse por probado que el IVA ya está ingresado al presentar la factura al cobro teniendo en cuenta el certificado emitido por la AEAT de estar al corriente del pago de las obligaciones tributarias; y por último, si el dies a quo para calcular los intereses de demora sobre la partida del IVA se debe computar desde la fecha del ingreso efectivo del IVA en la Hacienda Pública o desde el transcurso del plazo de 60 días desde la presentación de la factura en los registros correspondientes de la Administración contratante. Precedentes RCA 7382/2018 y 2258/2019 (STS 19 de octubre de 2020), RCA 6689/2019 (STS 24 de marzo de 2021), RCA 4188/2020 (STS 19 enero de 2022) y RCA 1540/2020 (STS 2 febrero de 2022)
