Resumen: La cuestión de fondo que determina la demanda de competencia desleal es el abandono de la mayoría de los cooperativistas de la sociedad cooperativa demandada y su adhesión a otra sociedad cooperativa, competidora de la primera. Los tipos que se plantean son el de ruptura injustificada de relación contractual sin preaviso y la inducción a la infracción contractual de los cooperativistas. No existió una ruptura contractual injustificada puesto que la cooperativa demandada había incumplido gravemente sus compromisos fiscales con Hacienda; lo que repercutía en la otra empresa contratante, pues podía verse obligada a responder por la incumplidora. En cuanto a la inducción a la infracción contractual de los cooperativistas la sentencia recoge la doctrina al respecto: inducir significa ejercer una influencia espiritual o psíquica sobre el inducido, a modo de incitación o instigación a hacer algo. Sucede que no cabe inducción si el supuesto sujeto pasivo de la influencia está ya determinado a actuar por su propia decisión. No la hay sólo por generar una ocasión favorable para quien estaba decidido y conserva en todo momento el dominio del acto. Y los cooperativistas abandonaron la cooperativa ante el devenir deficitario de ésta. No hubo competencia desleal.
Resumen: Por el Juzgado de primera instancia se desestima demanda interpuesta por franquiciada, de resolución del contrato franquicia, como consecuencia de sentencia del Juzgado de Marca de la Unión Europea, y por el contrario estimo la reconvención de la franquiciadora, por incumplimiento contractual con condena al pago de 120.000 € pactados como pena por incumplimiento. Recurrida en apelación dicha sentencia, por el Tribunal se desestima el recurso, pues el Juzgado de Marca únicamente dispuso que la oferta y venta de perfumes consistentes en réplicas o imitaciones de marcas ajenas para aprovecharse de su reputación previa constituía un acto de competencia desleal, lo que no supuso que el contrato de franquicia deviniera ineficaz, porque el contrato desplazaba toda la responsabilidad sobre el franquiciado en caso de anunciar equivalencias de las fragancias con respecto a marcas registradas, y, en concreto, la franquiciada conocía los límites derivados del uso de las equivalencias de los perfumes, no siendo ilícito el modelo de negocio ofrecido por "Distribuciones La Botica, S.L." a doña Brigada, por lo que no hay causa de resolución imputable a la apelada. Igual suerte desestimatoria establece el Tribunal respecto a la resolución por incumplimiento por parte de la actora y la imposibilidad de moderar la cláusula penal establecida en el contrato, al existir un flagrante incumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de la franquiciada.
Resumen: Responde la sentencia a la petición de declaración de infracción de marca comunitaria a través de otras marcas con las que puede existir riesgo de confusión. La parte demandada alega caducidad por falta de uso de la marca de la actora. Pero se desestima porque esa excepción debió de articularse en la contestación a la demanda. Tampoco se aprecia la prescripción de la acción, puesto que aplica la moderna doctrina del TS, según la cual la lesión de la marca perdura en el tiempo por un comportamiento continuado mientras éste no cese. Tampoco existe prescripción por tolerancia, pues es un medio de protección de quien posee una marca de inscripción posterior a la que se considera infringida y la demandada no posee ninguna marca inscrita. No se estima la condición de signo genérico de la marca de la actora. Recoge, a continuación los requisitos del riesgo de confusión, así como de los criterios indemnizatorios.
Resumen: La cuestión nuclear que examina la Audiencia es la calificación de la acción colectiva ejercitada por una asociación de consumidores y el Ministerio Fiscal, contra Telefónica y referida a una decisión de ésta de subir 5 euros a todos los consumidores que tuvieran el producto Movistar Fusión. Analiza la legitimación de las asociaciones de consumidores, distinguiendo entre acciones propiamente colectivas y colectivizadas, de tal manera que en unas las asociaciones tendrán legitimación propiamente dicha y en otras capacidad de conducción procesal. Considera que la acción propiamente colectiva es la de cesación; aquí sí es propiamente la asociación la legitimada. En las otras la legitimación es de los consumidores. Por ello el distinto tratamiento procesal que la LEC sitúa en fácil o difícil determinabilidad de los consumidores afectados. También los efectos. La colectiva por intereses difusos (difícil determinación) produce efectos de cosa juzgada respecto a todos los afectados. En este caso son determinables y, por tanto, hay que localizarlos aplicando las diligencias preliminares del art. 256 LEC. Por ello resulta exigible para admitir a trámite la demanda la previa identificación de todos los afectados por el producto del que procede la acción que se ejercita. Defecto que se considera insubsanable. No impone costas por dudas de derecho.
Resumen: Por el Juzgado de primera instancia se dicta sentencia estimando parcialmente la demanda interpuesta por la entidad MELPI, SL contra ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE CABALLOS DE PURA RAZA ESPAÑOLA (ANCCE), ejercitando acciones de competencia desleal, por practicas agresivas, condenándola a indemnizar a la actora en una parte de lo solicitado, desestimando la infracción de los art. 1 y 2 de la LC. Frente a ese pronunciamiento se alza dicha Asociación demandada mediante el correspondiente recurso de apelación, el cual es estimado y revocando la sentencia recurrida, se desestima la demanda, porque no puede calificarse de actos de competencia desleal los realizados por la demandada, al ser una entidad colaboradora del Ministerio en la gestión del Libro Genealógico de Pura Raza Española, que en cumplimiento de sus función publica anualmente un Reglamento de Concursos morfológicos funcionales de caballos y yeguas de Pura Raza Española, el cual regula el desarrollo de tales concursos, porque para que el acto pueda ser calificado de competencia desleal es necesario que se realice en el mercado y que se lleve a cabo con fines concurrenciales, teniendo los actos que realiza en el ejercicio de estas funciones carácter administrativo, siendo susceptibles de recurso de alzada ante la Dirección General de Ganadería, no compitiendo en ningún mercado con actos que puedan ser idóneos para promover o asegurar la difusión de prestaciones propias ni de un tercero.
Resumen: Habiéndose llevado a cabo varios proyectos de investigación entre una serie de personas relativos a tecnología geotérmica, uno de los colaboradores decidió seguir por su cuenta ese tipo de investigación, incluso solicitando una solicitud de patente. En base a estos hechos el demandante considera que ese comportamiento es desleal y reclama la cesación de ese comportamiento así como la remoción de sus efectos y la reivindicatoria de la patente solicitada. Distingue la sentencia el ámbito propio de la legislación de patentes de la de competencia desleal. El núcleo de la cuestión está en la determinación de si hubo o no aprovechamiento de las investigaciones del actor. Siendo la conclusión negativa (hay muchas diferencias, según los peritos). No hay ilícito concurrencial concreto. Sin que pueda acudirse a la regla general de ilicitud competencial salvo para tipos extravagantes a los actualmente regulados o asistamos a comportamientos de mala fe. No cuando no se den los requisitos de los tipos específicos a los hechos denunciados. Analiza comportamientos de aprovechamiento de reputación o esfuerzo ajeno; que no se dan. Tampoco la sustracción de secretos empresariales. Tampoco la inducción a la infracción contractual de trabajadores. Esto por sí no es ilícito, salvo que se acompañe de elementos como la sustracción de secretos empresariales o la eliminación de un competidor.
Resumen: La entidad actora formuló demanda contra la mercantil demanda, reprochándole la explotación de soportes publicitarios sobre terrenos municipales sin contar con las oportunas licencias, siendo la demandante la titular de la concesión administrativa para el suministro, instalación y mantenimiento de carteleras publicitaria en terrenos de dominio público en el municipio de Alcalá de Henares, calificando la actuación de ilícito concurrencial del art. 15.1 de LCD y, además, considerar qué integran la cláusula general del art. 4 por ser contraria a la buena fe. Demanda desestimad en primera instancia y se confirma en apelación, porque las actuaciones no supusieron que obtuviera una ventaja competitiva y menos significativa, ni se haya prevalido en el mercado, porque la deslealtad reside en obtención de una ventaja competitiva significativa mediante la infracción de normas, no habiendose invocado el ilícito del apartado 2º del art. 15 de la LCD, sino el 1º, que exige esos requisitos, ventaja competitiva significativa y prevalencia en el mercado, aparte de una infracción de normas jurídicas. También se rechaza infracción concurrencial sobre la base de la cláusula general, al ser improcedente acudir a la fórmula general para combatir conductas que están tipificadas en particular en otras disposiciones.
Resumen: Se plante por la sentencia la relación entre el riesgo de confusión y el de asociación. El concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al de confusión, sino que sirve para precisar el alcance del de confusión. Ha de existir el de confusión para apreciar, después el de asociación. Este no se puede aplicar si no existe el de confusión. La protección de la marca depende de la existencia del de confusión. Identificar las marcas en una visión de conjunto. Además, el de asociación, añadiría el posible equívoco en el público, de que el producto o servicio procediera de la misma empresa (o empresas del mismo grupo). Es una confusión indirecta o riesgo de asociación. Además, en este caso se produce la situación de especial protección de una marca notoria. Lo cual exige que el infractor pretenda obtener un beneficio desleal del renombre o notoriedad de la marca imitada.
Resumen: Demanda en que se ejercitan acciones de competencia desleal frente a un conocido fabricante de herramientas que publicó varias noticias en las que decía haber sido la primera empresa del sector en recibir un prestigioso galardón (la denominada Q de oro), cuando ese premio ya lo habría recibido antes la demandante. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y la Audiencia confirmó la sentencia al entender, en esencia, que la demandante no acreditó realizar todo el proceso de fabricación de la herramienta, mientras que la demandada sí lo hacía. Recurrió en casación y en extraordinario por infracción procesal la demandante; este segundo recurso es rechazado por la sala al no concurrir incongruencia ni falta de motivación en la sentencia y al plantear una cuestión jurídica como si de una errónea valoración de la prueba se tratase. Sin embargo, la sala estima uno de los motivos casación planteados ya que, al constar acreditado que la demandante había obtenido la Q de oro con anterioridad, considera que la información difundida por la demandada induce a error, ya que dicha demandante, pese a dedicarse al ensamblaje de piezas de otros fabricantes, figura de cara al público como tal fabricante; pero es que, además, la sala considera que esta información engañosa puede tener relevancia a la hora de incidir en el comportamiento económico de los usuarios pues niega a la demandante el reconocimiento público de calidad empresarial. Ello determina la estimación de la demanda.
Resumen: Se plantea la aplicación de sanciones recogidas en un acuerdo por las titulares de marcas de perfumes de naturaleza notoria y relativo a la prohibición de pertenencia a la red de franquicia de los distribuidores demandados por haber permitido que algunos de esos franquiciados permanezcan como tales cuando se había demostrado que habían participado en la distribución de perfumes de dichas marcas mediante el sistema de "equivalencia"(perfumes similares a determinada marca notoria) y a través del principio programático: "la alta perfumería está al alcance de todos". El tribunal se considera competente aplicando el principio de permeabilidad relativa, es decir, la íntima conexión entre la acción contractual y la marcaria. Rechaza que la causa del contrato o acuerdo en que se basa la sanción tenga causa ilícita o torpe. Es lícita en el contexto de una franquicia.