Resumen: La entidad demandante dedicada a la fabricación y venta de lápidas y panteones, que dispone de un catálogo comercial donde incluye modelos de lápidas demanda por un uso no autorizado de unas fotografías habidas en dicho catálogo y por acto de competencia desleal. La actora encargó hace veinte años la confección del catálogo a una tercera entidad que fue quien realizó las fotografías. No se trata de obra fotográfica sino de meras fotografías donde la actora no es la autora de la misma, sino que lo fue el fotógrafo encargado por la entidad que confeccionó el catálogo. La actora ostenta unos derechos derivados y en el contrato de cesión no se fijó plazo, por lo que juega el legal de cinco años y como ya han pasado veinte, la demandante carece de legitimación al no ostentar derechos de explotación sobre las fotografías incluidas en el catálogo. Tampoco concurre acto de deslealtad concurrencial, porque las fotografías carecen de singularidad competitiva y porque en modo alguno se justifica que la demandada haya conseguido un ahorro o reducción significativa de costes de producción o comercialización,cuando llevan ofertando mas de 20 años el producto.
Resumen: Por el Juzgado de lo Mercantil se estimó la demanda, salvo en el particular relativo a la publicación del encabezamiento y fallo de la sentencia. Se recurre en apelación y la sentencia de la Audiencia, la confirma, partiendo de los hechos acreditados, desestima la falta de legitimación activa del actor por no considerarlo titular de la marca "Acuarios Oceánicos Prieto", cuando el derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado. También desestima el motivo basado en la ineficacia de la marca del actor por registro de la misma de mala fe, toda vez que la mala fe fue elevada a causa autónoma de nulidad absoluta por Ley 17/2001, la cual no es aplicable al presente litigio, ya que el registro de la marca, por el demandante, se llevó a efecto bajo la vigencia de la Ley 32/1988, no siendo aplicable la disposición transitoria segunda de la LM de 2001, pues no se refiere a la nulidad de la marca por mala fe. También desestima el motivo sobre el pretendido carácter notorio de la marca, no solo por ser cuestión nueva sino porque, siendo la notoriedad de la marca un hecho que habrá de ser objeto de prueba, en el caso de autos carece de prueba alguna.
Resumen: La sentencia reitera la doctrina relativa al derecho del titular de la marca a determinar cómo se ha de comercializar; prohibiendo una comercialización que desvalorice la marca. Una distribución selectiva en la forma y en las personas que pueden o no realizar la comercialización de los productos amparados por la marca. Singularmente, aunque no sólo, se refiere a productos de lujo. Hay, pues, un principio de legitimidad en la oposición a la comercialización por terceros, cuando se incumplen las condiciones de comercialización que el titular impone en la distribución. Siempre y cuando esas condiciones se justifiquen por el mantenimiento de la imagen de la marca y no restrinjan ilícitamente la competencia. La comercialización en Internet no es necesariamente contraria la prestigio de la marca. Sí, cuando se hace indiferenciadamente con productos de inferiores calidades. En cuanto a la indemnización por infracción de la marca, el tribunal exige que la parte actora aporte los datos necesarios para su determinación; regalía hipotética. No se aprecia competencia desleal.
Resumen: El demandante esgrimió la titularidad de su marca, "TA TOLDOS ARAVACA" frente al demandado, porque consideraba que entrañaba una vulneración de sus derechos de marca y actuaciones de competencia desleal, el registró por el demandado el 2 de septiembre de 2010 el nombre de dominio www.toldosaravaca.com y a través de él, merced a la conexión con la web www.toldoslareposición.com, con la que aquél enlaza, publicitaba la instalación de toldos, pérgolas, lonas y carpas. La demanda prosperó, en parte, en la primera instancia, pues el juez consideró que a través del dominio en Internet del demandado se producía la violación del derecho de marca del actor, por lo que le impuso la cesación en tal conducta y le condenó a indemnizar a éste en el importe del 1 % de la facturación obtenida a través de la empresa de aquél. El Tribunal de apelación revoca la sentencia, porque reconociendo que el nombre de domino del demandado pueda dar lugar a una colisión que incumba al ámbito del derecho de marcas; sin embargo considera que los únicos elementos que confluyen en ambas marca-dominio, son elementos puramente genéricos, que son descriptivos del producto comercializado o indicativos del lugar de comercialización de los mismos, lo que no puede justificar una infracción marcaría. Ni cabe tampoco estimar la existencia de actos de competencia desleal, porque no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas.
Resumen: La designación "La milla de oro" estaría prohibida como marca si constituyera un título de procedencia geográfica. Pero, no se trata de eso, sino que se refiere a la posibilidad de encontrar un determinado producto en abundancia en un lugar concreto. Los signos de procedencia geográfica no se prohíben por la sola razón de que designen un lugar. Los signos de procedencia geográfica se prohíben por la vinculación que existe entre el lugar y los productos para los cuales se registra la marca, por lo que la marca no es nula. La nulidad de la inscripción de marca hecha de mala fe trata de proteger los signos no registrados de los empresarios contra el titular de una marca que la ha registrado después de que la misma haya venido siendo utilizando por aquellos, lo que no ocurre en el caso concreto. Sin embargo, el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Y el uso de la expresión la Milla de Oro en la medida en que se ha convertido en habitual entre los empresarios de la zona es un uso leal porque la bodega de la parte demandada está incluida en la zona en cuestión, además de ser sus vinos de reconocido prestigio.
Resumen: Infracción del derecho de marca por el distribuidor en exclusiva del titular de la misma, desde el momento en que éste resolvió el contrato de distribución. El contrato de distribución puede resolverse unilateralmente por el titular, sin causa alguna. Solo cuando esa resolución es inopinada puede dar lugar a indemnización. También existe violación de la propiedad intelectual, pues el uso de fotografías del empresario principal para comercializar productos está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. Ya que ésta protege no sólo las fotografías con altura creativa, sino también las "meras fotografías". Sin embargo, no existe competencia desleal por la denuncia de un cliente por servicio inadecuado. Ya que estaría englobado en la infracción marcaria, según el principio de complementariedad relativa entre ambas disciplinas. A pesar de que la estimación ha sido parcial, pero sustancial, impone costas a la parte demandada.
Resumen: La actora es J. García Carrión y la demandada es Eckner Granini Ibérica, y ambas compiten en el sector de los zumos de frutas. En la demanda se califica como acto de engaño la emisión de un anuncio televisivo en que se hace pasar al zumo elaborado por la demandada como zumo de naranja natural. Sin embargo, en la etiqueta del producto de la demandada se dice "néctar de naranja elaborado a partir de concentrado", en una letra pequeña pero fácilmente legible. La Legislación española sobre los zumos de frutas, par dar cumplimiento a la Directiva 2001/112/CE del Consejo, relativa a los zumos de frutas y otros productos similares destinados a la alimentación humana, distingue los productos siguientes: zumo de frutas, zumo de frutas a partir de concentrado, zumo de frutas concentrado, zumo de fruta extraído con agua, zumo de frutas deshidratado/en polvo y néctar de frutas. El producto de la demandada se identifica con la última categoría, pero se anuncia como la primera. El Juzgado desestima la demanda, pero la Audiencia la estima. Considera que el anuncio puede llevar a engaño a los consumidores en cuanto a las características del producto y por ese motivo lo califica como acto de engaño. En cuanto a la acción de rectificación se condena a la difusión de la sentencia en las tres cadenas de TV en las que el anuncio ha tenido mayor difusión.
Resumen: La parte actora es una entidad remesadora que se dedica a transferir divisas de los trabajadores migrantes al extranjero para lo cual debe cambiar los euros en las divisas que son transferidas, utilizando para ello los servicios bancarios de la parte demandada. En la demanda se califica como desleal la obstrucción de la demandada a su actividad empresarial al suprimir la posibilidad de contratar un seguro de cambio y al aumentar las comisiones. La parte demandada alega que al transferirse las divisas en un plazo de 24/72 horas desde que el dinero le es entregado para su envío al extranjero no es necesario un seguro de cambio. El Juzgado estima la demanda, con fundamento en la jurisprudencia que ha calificado como desleal la cancelación de las cuentas de las empresas titulares de las remesas. En este caso no se trata de cancelar las cuentas, pero la conducta de la parte demandada también supone una obstrucción. La Audiencia confirma la sentencia en cuanto a la cancelación de los seguros. El seguro de cambio es importante para asegurar que el dinero no pierde su valor desde que el trabajador lo entrega en euros hasta su cambio en divisas. Desestima la demanda en cuanto a las comisiones porque no se ha acreditado que la parte demandada vaya efectivamente a aumentarlas.
Resumen: La concurrencia del administrador social en el mercado en realización de actividades empresariales análogas, idénticas o complementarias a las que realiza la sociedad que administra y que coincide con el objeto social de la sociedad administrada, puede hacerse con o sin infracción de los tipos recogidos en la ley de competencia desleal; con lo cual podrían coexistir varios ilícitos. O tratarse de comportamientos que no incidieran en el objeto social de aquélla. En definitiva, se trata de una consecuencia del deber de lealtad del administrador, por lo que dicha competencias está prohibida, salvo autorización por parte de la Junta General. Autorización que en este caso no existe. Y además, ha de ser autorización expresa. No basta con el silencio de los socios ante esa situación; aunque se trate de una empresa familiar. Pues tampoco el administrador sometió su comportamiento a la autorización del órgano decisorio de la sociedad.
Resumen: Recurso contra la sentencia, que desestimó la demanda ejercitando acciones declarativas y de cesación de actos de competencia desleal, por entender que la demandada incurrió en actos de engaño, prácticas agresivas, actos de denigración y actos de comparación así como en deslealtad, especialmente por la carta de la demandada, remitida a sus distribuidores y la visita o contacto telefónico de sus comerciales a estos distribuidores imputando a la actora prácticas y comportamientos ilícitos. La demandada formulo reconvención, ejercitando acción declarativa de deslealtad. La Sentencia descartó actos de engaño y de comparación que puedan reputarse desleales ya que las manifestaciones de la demandada no son dirigidas a destinatarios finales, no hay comparación directa entre los respectivos productos de los litigantes y rechaza la aplicación de la cláusula general de deslealtad ante la falta de requisitos de los supuestos específicos invocados. Recurrió la demandada solicitando la revocación de la desestimación de la demanda reconvencional. La Audiencia desestimó el recurso no cabe imputar comportamiento causante de confusión por parte de la demandada reconvencional, debiendo descartarse cualquier ambigüedad o intención de confundir por su parte.