Resumen: La titular de una marca notoria solicita, como medida cautelar, la adopción sin previa audiencia del cese inmediato de la comercialización de productos con el signo ·"SUPREME" o con cualquier otro que lleve este término. Uno de los requisitos de las medidas cautelares urgentes, es decir, antes de presentarse la demanda e inaudita parte es la acreditación de esa razón de urgencia. En este caso sí la hay, pues las destinatarias han se han dedicado a abrir tiendas de forma acelerada. La Audiencia recoge los requisitos legales y jurisprudenciales relativos al concepto de marca notoria no registrada. El concepto de marca notoria supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente, añadiendo que este grado de conocimiento debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca comunitaria conoce esta marca. Además, hay que valorar si esa notoriedad no inscrita es anterior al registro de un signo igual o similar. La prueba practicada sí que lleva a deducir el carácter de notoriedad en España de dicha marca. Concediendo así la medida solicitada. Previa caución de 1.000.000 de euros.
Resumen: Se pide en el recurso que se condene a la demandada a reponer la fuente escultórica a su emplazamiento original en la Plaza del Ayuntamiento. Cuando se trata de de obras plásticas concebidas y ejecutadas por su autor para la colocación del soporte material en un lugar específico -"site-specific Works"-, el cambio de emplazamiento puede atentar a su integridad en la medida en la que altere o interfiera en el proceso de comunicación que toda obra de arte comporta, al modificar los códigos comunicativos, distorsionando los mensajes que transmite y las sensaciones, emociones, pensamientos y reflexiones que despierta en quienes la perciben. El artículo tercero del texto refundido de la ley de propiedad intelectual dispone que los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con la propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que está incorporada la creación intelectual. En este caso la obra fue concebida para su exhibición en una concreta ubicación y el derecho del autor a la integridad de la obra incluye la tutela de su ubicación. Necesaria ponderación del derecho del autor y del propietario. En el presente caso no se ha demostrado que su ubicación actual interfiera en la integridad de la obra.
Resumen: Reclamada la devolución de un préstamo, el demandado niega legitimación de la actora, persona jurídica, por no aportar escritura de constitución. La sala rechaza la falta de legtimación porque constan todos los datos indentificativos de la actora en la documentación aportada en autos, y no ha sido probada la transmisión del préstamo a terceros. No se analiza la alegación de abusividad de ninguna de las cláusulas insertas en el contrato de préstamo porque los prestatarios carecen de la condición de consumidor o usuario, a la que está reducida tal posibilidad.
Resumen: La cuestión se suscita entre dos empresas que se dedican a un sector de comercio similar (productos de regalo) y en el que la demandante imputa a la demandada la imitación de sus diseños, provocando la asociación entre consumidores y el aprovechamiento de su reputación. La pretensión se sustenta en la legislación de competencia desleal, no en la de propiedad industrial de los diseños. La sentencia parte de una serie de presupuestos jurídicos: a) la imitación es libre si no existe un derecho de exclusiva, salvo que esa imitación infrinja los límites legales de la sana concurrencia, b) no necesariamente entre competidores, sino porque desvirtúa el mercado (intereses de los competidores, pero también del consumo). La Audiencia concluye que no existe imitación entre diseños porque, aunque coincidan en parte los diseños, poseen abundantes elementos de uso común en ese tipo de productos. Esa misma razón abona la desestimación del riesgo de asociación, puesto que no existe singularidad suficiente para que el consumidor asocie la procedencia de los productos como de la misma empresa o de empresas del mismo grupo. La demandante no ha creado estilo o marcado tendencia. No hay aprovechamiento de la reputación ajena, pues la actora no ha probado que sus prestaciones tengan calidad superior a la media del mercado.
Resumen: El demandante interesa la condena de MAN TRUCK&BUS en concepto de indemnización de daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la sanción impuesta por la Comisión Europea en la Decisión de 19 de julio de 2.016. Varias sociedades fabricantes de camiones, entre ellas la demandada, integraron un cártel en el que se cometieron una serie de conductas colusorias sobre para la coordinación de los precios brutos de camiones medios y pesados, mediante intercambio de listas de precios brutos e intercambio de los datos de los configuradores de venta de los camiones. También se considera incumplido del calendario para la introducción de tecnologías para cumplir con la normativa europea sobre emisiones. La constatación de una infracción del Derecho de la competencia hecha en una resolución firme por una autoridad de la competencia española o de un órgano jurisdiccional español se considerará irrefutable. En las acciones follow on, se hace innecesaria la prueba de la actuación calificada como infracción y de su imputabilidad a los sujetos declarados responsables. La actividad probatoria debe ir dirigida a la cuantificación de los daños, para lo que e aporta informe pericial, si bien, la LDC prevé la posibilidad que se efectúe una estimación en casos de dificultad para la cuantificación. Se rebaja el estándar probatorio, y puede aplicarse también la Guía práctica elaborada por la CE. Ante la ineptitud de los informes, se adopta el criterio de otros juzgados, el 5% del precio abonado.
Resumen: Solicita la demandante de diligencias preliminares que se llevara a cabo una inspección ocular en las dependencias de la competidora, sin previo traslado a la demandada y con la asistencia de un perito, para que, en función de la información y de la documentación encontrada, se dé traslado a la actora de copia de los planos, dibujos y, en general, de toda la información utilizada para llevar a cabo los actos de violación de los secretos industriales. Previamente había presentado con la solicitud un informe técnico del que deducía que la competidora, en la que trabaja un exempleado despedido por la actora, estaría utilizando técnicas de ésta para la depuración de aguas. Uno de los requisitos de las diligencias es la necesidad de las mismas para presentar la demanda. Necesidad no abstracta, sino concreta, derivada de las circunstancias del caso. Otro requisito es la proporcionalidad: adecuadas al fin perseguido. En el caso concreto, de la pericial que aporta la peticionaria, la Audiencia deduce la necesidad de la diligencia, pues el funcionamiento de la maquinaria en cuestión no puede obtenerse sin más de la observación de maquinaria similar de venta pública; pues se trata de un mecanismo de mayor complejidad, que no se puede poner en marcha con la celeridad que ha hecho la demandada, tras su reciente constitución.
Resumen: Existía entre las partes o miembros de las sociedades litigantes conocimiento de la existencia de una signo similar previamente a la inscripción de la marca del demandado. Con estas connotaciones aborda la Audiencia el análisis de la denunciada inscripción de mala fe de la segunda marca. Esta figura tiene una serie de requisitos que ha ido modulando la jurisprudencia. Unos de carácter objetivo y otros subjetivos. El conocimiento del uso de signo similar por tercero y la intención de impedir dicho uso. Y de naturaleza objetiva: un registro sin intención de uso, la naturaleza de la marca restringida por consideraciones técnicas o comerciales y el grado de notoriedad. La mala fe no es la general, sino la específica del entorno concreto. Sin que baste para apreciarla que el demandado conociera la existencia previa de ese signo. En este caso no se aprecia mala fe, pues se realizó con la intención de regularizar una situación de hecho y como consecuencia de la venta de autocares por el demandante al demandado. Pero sí se aprecia riesgo de confusión. Identidad de mercado o servicios y signo prácticamente idéntico. También se aprecia competencia desleal: manifestaciones equívocas que dan a entender la continuidad en el negocio de quien ya no lo ejerce.
Resumen: Acción de nulidad por abusiva de la conducta de no informar al paciente de la posibilidad de elegir protésico. La presunta abusividad invocada no determina la nulidad interesada en la demanda, ya que la nulidad tiene que venir referida a negocios jurídicos no a conductas como parece pretender el demandante. Una conducta abusiva generará una infracción y sanción de orden administrativo pero en ningún caso determina la nulidad de la conducta. Desestima la demanda.
Resumen: Confirma la sentencia apelada en la que se declaraba culpable el concurso por falta de legalización de libros contables y traspaso fraudulento de actividad. Respecto al primero de los motivos, recuerda la importancia de llevar una contabilidad ordenada que permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones, así como la elaboración periódica de balances e inventarios, sin que sea suficiente la simple elaboración del resumen anual. Entiende que la falta de legalización de los libros contables no puede ser el único motivo en que se sustente la calificación de culpabilidad, sino que dicha falta constituye un indicio que debe de ser corroborado por otros elementos puede dar lugar a la calificación de culpabilidad en la medida en que ponga de relieve que la contabilidad no refleja la imagen fiel de la sociedad. Por ello, al exigir la Ley que la irregularidad contable sea relevante, expresa que debe tener suficiente entidad, cuantitativa o cualitativa, para desvirtuar la imagen de la empresa que ofrece la contabilidad.
Resumen: La infracción de una marca inscrita por otra inscrita posteriormente puede declararse sin necesidad de que se ejercita la nulidad de la misma. Principio reiterado por la jurisprudencia. Por tanto, el registro no protege frente a esa posible infracción de otra marca anteriormente inscrita. Constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. La existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas. Y ello desde la óptica de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. La imitación sistemática de prestaciones e iniciativas empresariales exige un ánimo de obstaculizar la afirmación de la otra empresa en el mercado; por eso no puede cometer esa deslealtad la empresa emergente sino la que ya está instalada. Sí se mantiene la condena respecto a la infracción del diseño industrial.