Resumen: El Auto de la Audiencia recuerda la naturaleza, requisitos y finalidad de las diligencias preliminares. Es el conjunto de actuaciones de carácter jurisdiccional por las que se pide al Juzgado de Primera Instancia competente la práctica de concretas actuaciones para resolver los datos indispensables para que el futuro juicio pueda tener eficacia. La tesis mayoritaria es la de que se trata de numerus clausus; no caben por analogía. Y exigen para su adopción: 1.- interés legítimo en el solicitante; 2.- adecuación a la finalidad propuesta y 3.- concurrencia de justa causa. Tiene que ser necesaria para presentar la demanda. Por lo que exige que se fundamente esa imprescindibilidad. En este caso, la petición a la entidad bancaria de que circularice por sus clientes la intención de demandar de la asociación actora más se considera, tal y como se pide, como un elemento de publicidad de aquélla; por lo que no reuniría los requisitos expuestos.
Resumen: La sentencia estudia la comunicación que una empresa del sector de contadores de agua de comunidades de propietarios remite al colegio de administradores de fincas en el que no sólo recoge el acuerdo transaccional llevado a cabo con su competidora, sino que lo acompaña con una interpretación del mismo en el que dice o añade una interpretación del texto transaccional en el que la ahora demandada daba claramente a entender que la empresa de la competencia reconocía sus errores al calificar el comportamiento de la ahora demandada. Lo que, ciertamente, no resultaba de la transacción. Donde sólo se hablaba de dudas respecto al comportamiento de la otra competidora. Este escrito no se considera como acto engaños ni de confusión, pues no resulta apto para producir ese efecto en los destinatarios de dicho escrito. Pero sí que constituye acto de denigración. Ya que reúne los requisitos de tal comportamiento. Es decir, "idoneidad", "contexto" y "finalidad".
Resumen: Actora y demandada son dos sociedades que compiten en el sector de la asistencia sanitaria habiendo concurrido ambas a concursos para la adjudicación de servicios médicos en el sistema público de salud. La actora imputa a la demandada que en realidad es una sociedad profesional porque su objeto social es la prestación de servicios médicos, por lo que hubiera debido adaptarse a la LSP so pena de disolución. Se califica esta conducta como desleal por infracción de normas de donde resulta una ventaja competitiva y por engañar a los consumidores, y se solicita que se lleve a cabo la disolución de la sociedad. El Juzgado, considerando que el objeto social de la demandada es la prestación de servicios médicos, la califica como sociedad profesional, y le da un plazo de un año para que proceda a la adaptación. La Audiencia aplica la nueva doctrina el Tribunal Supremo y de la DGRN y considera que no es suficiente que el objeto social sea una actividad profesional. En el caso de la demandada su constitución se produjo antes de la entrada en vigor de la LSP, y cuando esta entró en vigor dirigió un escrito al Registro Mercantil comunicando que su objeto social era en realidad la intermediación en la prestación de servicios médicos, los cuales eran prestados por dos cooperativas integradas por profesionales de la medicina, lo que el registrador mercantil consideró suficiente para entenderla excluida de la LSP.
Resumen: En la demanda rectora de este procedimiento se solicitaba que se declare que la actora goza del derecho exclusivo sobre la marca denominativa "RADIO-TAXI COLMENAR VIEJO" para distinguir servicios de transporte de taxi de personas y mercancías de la clase 39 del nomenclátor, así como el uso indebido que la demandada efectúa de la denominación "RADIO TAXI TRES CANTOS COLMENAR VIEJO, y consecuentemente se condene a la demandada a la cesación del uso y su reiteración en el futuro, la remoción y retirada de los efectos publicitarios y de marketing y la condena a la indemnización de daños y perjuicios. La sentencia dictada por el Juzgado de lo mercantil resultó estimatoria de la pretensión ejercitada, frente a la cual se recurre alegando, que la marca de la que es titular la actora incurre en la prohibición prevista en el artículo 5.1 LM (37) en cuanto no cabe el registro de una marca que contenga elementos relativos a la prestación del servicio (Radiotaxi) y geográficos (Colmenar Viejo), excepción perfectamente oponible, no obstante lo cual se desestima, porque el consumidor es capaz de identificar "Radio Taxi Tres Cantos" o "Radio-Taxi Colmenar Viejo" con una determinada procedencia empresarial, no siendo la combinación de ambos elementos una forma "habitual" o "usual" para que el consumidor medio designe los servicios. Por lo demás existe similitud tanto desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual entre ambas denominaciones, por lo que procede confirmar la sentencia.
Resumen: El Tribunal declara que no resulta competente ni este ni el de instancia para ordenar el cese de utilizar una marca mas allá del ámbito europeo por lo que solo en relación a ello admite pero deriva a la mercantil actora TOUS a instar la cesación en la CCAA en que sea competente el juzgado mercantil correspondiente.
Resumen: Se pide la protección de un sacacorchos inventado y diseñado por el causante de la parte actora con el nombre de Pulltap y que la parte demandada comercializa con el nombre Capri. Los sacacorchos son idénticos. El inventor lo registró en su día como dibujo industrial al amparo del antiguo EPI en el año 1994, que tenía una protección de 20 años, y que al día de la fecha ya ha caducado. Lo que se pide es la protección de la forma del producto como objeto de propiedad intelectual, pero ello requiere que tenga la suficiente altura creativa. La sentencia no resuelve esta cuestión de los requisitos que debe tener un diseño para ser protegido por la LPI, y estima la demanda como si se trata de una violación del diseño. La Audiencia considera que el sacacorchos Pulltap tuvo en su día una forma totalmente revolucionaria, por lo que la forma tenía originalidad suficiente Sin embargo desestima la demanda porque la forma vino impuesta por las características técnicas del producto, lo que está excluido de la protección, tanto en sede de diseño, como en sede de propiedad intelectual.
Resumen: Se ejercita en la demanda una acción de protección de una serie de marcas de las que es titular la parte actora que tienen en común la inclusión del término "Cerrato", que se registró por primera vez en el año 1973, contra la parte demandada que tiene como denominación social Iber Cerrato SL. Se plantea el problema de la posibilidad de utilizar como marca un nombre geográfico, como es la palabra Cerrato que designa una comarca de la provincia de Palencia. En principio el nombre geográfico debe estar a disposición de todos los comerciantes de la zona que quieran utilizar el nombre para designar la procedencia geográfica de sus productos. Sin embargo, el nombre geográfico puede perder su naturaleza descriptiva del lugar para convertirse en identificativo de un producto determinado por el uso intensivo que se haya hecho del mismo como marca, que es lo que ha ocurrido con los quesos de la parte actora que se comercializan desde el año 1973 con el nombre Cerrato. Debido al derecho de marca de la parte actora la demandada debe abstenerse de utilizar el nombre Cerrato como denominación social que incluye en sus productos.
Resumen: La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de España (ADICAE) interpone demandada contra CaixaBank para que se declare la ilegalidad de la práctica consistente en el cobro de una comisión de 2 euros al titular de una tarjeta de crédito de otro banco que la usa para sacar dinero de los cajeros de la demandada. El Juzgado y la Audiencia desestiman la demanda. Se destaca que la extracción de efectivo de los cajeros nunca ha sido gratuita cuando se hace con una tarjeta de crédito de un banco diferente. La diferencia con el sistema introducido por CaixaBank es que en el sistema tradicional era la entidad emisora de la tarjeta la que cobraba la comisión a su cliente y luego procedía a abonarla al banco. En el sistema de CaixaBank es esta la que cobra directamente la comisión renunciando al cobro de la entidad emisora de la tarjeta. Se declara que el sistema no es abusivo porque se trata de la remuneración por el uso de un servicio, que está excluido del juicio de abusividad. El sistema tampoco vulnera el artículo 60 de la Ley de Consumidores que establece restricciones al cobro por la utilización de los medios de pago, porque cuando se saca dinero del cajero no se utiliza la tarjeta como medio de pago, sino de crédito. Tampoco se considera la práctica desleal por no ser contraria al buena fe, ya que el usuario es informado previamente de la existencia de la comisión y de su cuantía.
Resumen: Ejercitado la acción de declaración de infracción del derecho de distribución en exclusiva se niega por el demandado que hubiera cometido infracción de los derechos de autor ni de ejercicio de actos de competencia desleal al tener autorización correspondiente de la entidad administrativa gestora declarando la audiencia que en cuanto la demandada no ha distribuido las obras ni tampoco las orquestas que contrata no hay infracción de la distribución concretando que no han entregado ni puesto a disposición del público las partituras realizando únicamente actos de comunicación pública.
Resumen: En principio el registro de un modelo supone su validez, salvo que se reconvenga pidiendo su nulidad total o parcial. En el sistema de registro de la Oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea no se realiza un examen de fondo en el que se valore la novedad o singularidad del dibujo o modelo. Sólo se pretende que la impresión general sea distinta de otros, a los ojos de un usuario informado; teniendo en cuenta la libertad del autor, la naturaleza del producto al que se aplica y el sector industrial en que se desarrolla. El usuario informado es el que tiene un interés profesional o personal por la adquisición o reproducción del modelo, lo que supone que guarda una vinculación específica con el modelo más allá de la genérica de todo consumidor. No es un consumidor cualquiera ni un experto. El grado de libertad del autor en la elaboración del dibujo o modelo se define sobre la base de los imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto. Indemnización del 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con el producto infringido. También da publicidad a la sentencia para ilustrar a los consumidores y evitar equívocos.