Resumen: Prestación trasnfronteriza de servicios de juego on line anterior a la Ley Reguladora del Juego. La demandada prestaba sus servicios de juego on line que ofertaba en internet a los residentes en España desde un Estado miembro de la UE, con una licencia expedida en dicho Estado, por lo que resulta aplicable la libertad de prestación. Se analiza la jurisprudencia del TJUE sobre el art. 56 del TFUE, y la normativa nacional anterior a la aprobación de la LRJ y se llega a la conclusión de que dicha normativa constituía una restricción excesiva de la libertad de prestación de servicios por la ausencia de proporcionalidad, sistemática y coherencia con objetivos legítimos de la restricción a la prestación de servicios de juego on line. Por ello, en un litigio sobre competencia desleal, no puede reputarse como una infracción legal, determinante de la deslealtad de la conducta, la infracción de una norma concurrencial de Derecho nacional que es contraria a las exigencias de los tratados de la UE, cuya primacía desplaza la aplicación de las normas nacionales incompatibles en aquellas situaciones que quedan incluidas en el ámbito del Derecho de la UE. El control del juez nacional a estos efectos no es un control de validez, sino de aplicabilidad. Se está ante un "acto aclarado" derivado de jurisprudencia comunitaria sobre la trascendencia de la libre prestación de servicios en la restricciones a los prestadores de servicios de juego on line. Se desestima el recuso de casación.
Resumen: Para que la marca no caduque por falta de uso durante 5 años es preciso que la titular de la misma acredite causa justificativas de ese no uso. Uso que ha de ser real y efectivo, no meramente nominal. La causa alegada es la ejecución provisional de una sentencia anterior en que afectaba al uso de dicha marca. Pero la Audiencia razona que esa objeción ha de hacerse constar en la contestación a la demanda, pues constituye el elemento sustancial de oposición. Traído extemporáneamente no procede su examen. En todo caso, la sentencia ejecutada provisionalmente condenaba por competencia desleal. Es decir, prohibía el uso de la marca no en cuanto a tal, sino en el contexto de la deslealtad. O sea, junto con otros signos que pueda relacionar las prestaciones de la demandante con las de la demandada.
Resumen: La demandante es titular de la marca SPORTIUM, para casa de apuestas deportivas y la demandada lo es de la marca APOSTIUM. La titular de la primera pretende demandar a la segunda por infracción de marca, al considerar que puede haber riesgo de confusión. Y por ello solicita la medida cautelar de cesión en el uso de la marca APOSTIUM mientras dura el procedimiento. La cuestión se traslada al requisito del peligro en la mora. Pero la Audiencia considera que cuando se trata de medidas cautelares anticipatorias, tal requisito ha de valorarse con prudencia, puesto que supone anticipar el fallo. Y, por tal circunstancia, el criterio del consentimiento en el uso de la marca por la demandada ha de tener en cuenta diversos detalles. Entre otros que la actora no se opuso al registro de la marca por parte de la demandada. Y aunque registro no es exactamente igual a uso, era presumible éste. Deniega la adopción de medidas cautelares.
Resumen: Formulada solicitud de diligencias preliminares por una entidad de gestión de derechos de autor frente a una sociedad que se presenta como gestora de los mismos derechos y su directora, frente a las que proyectaba ejercitar acciones de competencia desleal, el Juzgado dictó Auto que rechaza la petición. El auto dictado en apelación, que desestima el recurso, señala que tanto en la LEC como en la LP es presupuesto para la admisibilidad de las diligencias preliminares, la concurrencia de justa causa, en lo que esta ínsita la idea de necesidad de la diligencia, que debe ser una necesidad concreta, lo que presupone : a) la existencia de un conflicto, que se debe explicar con detalle, que justifique la necesidad de un proceso futuro; b) la necesidad de la previa preparación de ese proceso mediante la diligencia que se interesa; respecto a necesidad de acudir al proceso, puntualiza que se deben ofrecer indicios que la justifique, pero que el examen del buen derecho no debe ser efectuado con la misma amplitud en el procedimiento de preliminares (o de comprobación de hechos) que en el de medidas cautelares y en cuanto a la necesidad de la diligencia, siempre que la diligencia interesada sea imprescindible para la correcta interposición de la demanda.
Resumen: Reclamación de cantidad por el lucro cesante sufrido al haber incumplido la demandada y la empresa a ella vinculada, el acuerdo de colaboración para el montaje de un stand. El juzgado tras examinar las vicisitudes de la licitación del stand en el que la actora no resulto adjudicataria, concluye que si el incumplimiento imputable a las demandas es haber concurrido a la misma licitación y haberse aprovechado de información confidencial, lo primero no está expresamente pactado y lo segundo no está probado, desestimando la demanda. La controversia radica exclusivamente en la interpretación de los términos del acuerdo de colaboración para poder concluir si existió el incumplimiento. La Sala tras examinar la doctrina legal sobre hermenéutica contractual, concluye que la valoración de los términos del contrato y en especial la de las cláusulas discutidas es justamente la que sostiene la parte apelante. Lo fundamental es que su colaborador no podía, no debía ni directa ni indirectamente concurrir a la licitación del stand, y que esa postura evitó que la demandante se adjudicara el negocio, como lo había hecho antes. Resulta contrario a las exigencias de la buena fe el proceder de las demandadas pues la naturaleza del negocio exigía un plus de respeto al principio de no competencia desleal, por lo que estima el recurso, si bien, desestima al indemnización de daños y perjuicios ya que no se consideran probados, no siendo aplicable la cláusula penal escueta e inadmisible del contrato.
Resumen: La cuestión litigiosa se desarrolla en el contexto de la propiedad intelectual y la competencia desleal, pues la parte demandante considera que la demandada expone al público anuncios de gafas similares a los de la actora, que originan confusión entre el público. Incluso la voz en off es parecida. Respecto al concepto de propiedad intelectual, para que una grabación audiovisual tenga la consideración de obra audiovisual es necesario que se acredite que es una creación original, intelectual, propia de su autor. Que el autor haya expresado su capacidad creativa y, por lo tanto, que refleje su impronta personal. La audiencia desmenuza los elementos que utilizan ambas partes en el litigio, pero también otros anuncios relativos al mismo mercado (gafas para uso cotidiano) y concluye que los anuncios de la actora no presentan ninguna originalidad. Pues todos ellos emplean similares elementos de convicción (gráficos, visuales, actitudes, etc.). Tampoco respecto a otros elementos (sartenes, escobas...). No se trata de defender la originalidad de elementos aislados de una grabación, sino su conjunto, con preponderancia del elemento visual. Se trataría en definitiva de un formato televisivo: conjunto de elementos técnicos e intelectuales destinados a la realización de un programa de televisión de emisión periódica con una estructura narrativa, unos personajes y unos elementos escénicos comunes para todas las emisiones, normalmente expresados en un documento. Tampoco produce confusión.
Resumen: Resuelve el Tribunal sobre el cómputo del plazo para recurrir cuando se ha solicitado complemento, rectificación, subsanación o aclaración de Sentencia, señalando que el Tribunal Supremo ha establecido que el cómputo se inicia desde la notificación de la correspondiente resolución que acuerde o deniegue la aclaración, subsanación, rectificación o complemento, por integrar la resolución a la que se refieren. Añade que no es preciso pedir complemento cuando se alega que se ha producido omisión de pronunciamiento respecto de un motivo de oposición sobre el fondo, y no de una concreta pretensión establecida en demanda o de una excepción procesal. Respecto de la existencia de fraude en el registro del signo, señala que no se desvirtúa por la existencia del contrato de arrendamiento, pues con su actuación ha obstaculizado la utilización que el titular venía haciendo del mismo. Respecto de la utilización del signo, establece el Tribunal que no consta el carácter notorio que se le atribuye y que sobre la base del contrato puede entenderse cedido el uso para los fines en él establecidos, por lo que entiende que tampoco pueden estimarse las acciones de competencia desleal ejercitadas.
Resumen: La sentencia resuelve la imputación de competencia desleal por la creación y distribución de trípticos relativos a eventos musicales similares. Por lo que entiende la demandante que la demandada está aprovechando su reputación y creando confusión. No aprecia riesgo de confusión ni de asociación la Audiencia. Un examen conjunto de los trípticos de ambas partes destaca que los elementos más impactantes son de baja distintividad (la palabra flamenco, bailadores, etc), comunes a todos los relativos a ese tipo de negocio o actividad. La finalidad que se persigue con este ilícito concurrencial no está tanto en la protección a las empresas sino en proteger a los consumidores (entendidos en el amplio sentido que también comprendería a profesionales, esto es, a los clientes) en su toma de decisiones de mercado. En cuanto a la reputación ajena, se pretende con esta norma evitar la adquisición de una posición competitiva más beneficiosa en el mercado, sin que el sujeto beneficiado haya tenido que competir para obtenerla, y para ello se haya basado en el aprovechamiento del prestigio de un tercero. Buscándose con ello la existencia de una competencia real y eficaz. No basta con la imitación; se precisan los elementos descritos.
Resumen: El demandante pretende frente a los demandados la protección de los derechos de imagen de su fallecido padre en relación con un personaje humorístico creado por dicho progenitor. Así, también entra en liza la existencia de una marca mixta que identifica el espectáculo humorístico. En la óptica de la ley de competencia desleal no se puede considerar como actos de denigración una carta en la que se emiten contenidos de índole jurídica relativos al derecho a utilizar nombres de personajes de humor. Se trata de una valoración, acertada o no de unos derechos de propiedad intelectual o industrial. No hay competencia desleal. Pero no entra a decidir sobre la titularidad de los derechos de propiedad intelectual ni de marca, porque no se han planteado.
Resumen: La peticionaria de diligencias de comprobación de hechos insta las mismas en atención a que un exempleado suyo estaría haciendo comportamientos de deslealtad hacia su anterior empleadora al facilitar datos sensibles de ésta a empresa de la competencia. Y no pudiendo tener datos más precisos insta la realización de una serie de diligencias a través del juzgado. La legislación de competencia desleal remite a este fin a la ley de patentes. Ésta dispone que solamente podrá acordarse la práctica de las diligencias cuando, dadas las circunstancias del caso, sea presumible la infracción de la patente y no sea posible comprobar la realidad de la misma sin recurrir a las diligencias solicitadas. Lo que obliga a la peticionaria a exponer convincentemente su interés legítimo; datos concretos que puedan llevar a inferir razonablemente esa ilegítima intromisión. Actuaciones del exempleado, pactos de confidencialidad, etc. Por otra parte ha de comprobarse que las diligencias pedidas son adecuadas. Acceso a documentación concreta y no un alcance generalizado de datos de la empresa competidora. Utilizar el medio menos gravoso para la investigada. En todo caso se fijará una caución.