Resumen: La actora, empresa de mantenimiento de ascensores, interpuso demanda frente a una comunidad de propietarios con la que tenía contratado el mantenimiento de los ascensores en la que solicitó que, en aplicación de la cláusula penal, se condenara a la comunidad de propietarios a pagarle la suma a la que ascendía el 50% de las cuotas correspondientes a los cuarenta meses que restaban de los cinco años de duración del contrato, alegando que la duración de este había sido negociada y que esta y la cláusula penal en caso de desistimiento estaban justificadas por los gatos fijos e inversiones que tenía que realizar la actora que no podía amortizar si el contrato no tenía una duración mínima. En primera instancia se desestimó la demanda. Recurrida en apelación, la AP desestimó el recurso; declaró que el contrato suscrito por las partes es un contrato de adhesión pero que la estipulación que establece la duración de cinco años para el contrato no era abusiva. Interpuestos recursos de casación y extraordinario por infracción procesal por falta de motivación y error en la valoración de la prueba, la Sala desestimó ambos motivos. Sí estimó el recurso de casación tras realizar el control de abusividad de la cláusula que establece la duración de los contratos de mantenimiento de ascensores y concluir que no se justifica la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen un plazo de duración del contrato tan extenso como el fijado, siendo razonable uno de tres años.
Resumen: Efectos de la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado: en aplicación de los criterios facilitados por el TJUE, se entiende que el préstamo hipotecario es un negocio jurídico complejo, cuyo fundamento común es la obtención de un crédito más barato (consumidor) a cambio de una garantía eficaz en caso de impago (banco). No puede subsistir un contrato de préstamo hipotecario de larga duración si la ejecución de la garantía resulta ilusoria, por lo que, en principio, la supresión de la cláusula que sustenta esa garantía causaría la nulidad total del contrato. Esa nulidad total expondría al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales, y para evitarlo, se aplica la doctrina del TJUE, que ha admitido que la cláusula abusiva se sustituya por la disposición legal que inspiró las cláusulas de vencimiento anticipado, en referencia al art. 693.2 LEC en su redacción del año 2013. No obstante, se considera más lógico tener ahora en cuenta la nueva LCCI, como norma imperativa más beneficiosa para el consumidor. Se facilitan orientaciones jurisprudenciales para los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso en los que no se ha producido entrega de la posesión, en función de si el vencimiento del préstamo se produjo antes o después de la Ley 1/2013 y de si el incumplimiento del deudor reúne los requisitos de gravedad y proporcionalidad exigibles. Es abusiva la cláusula de gastos y la imposición de un visto bueno del banco a la aseguradora elegida el prestatario.
Resumen: El auto analizado plantea cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con la prescripción de la acción para reclamar la restitución de los gastos pagados por la formalización e inscripción de la escritura de préstamo hipotecario por aplicación de una cláusula que le atribuye tal carga y que ha sido declarada abusiva. 1) Plantea el tribunal si la prescripción es conforme con el principio de no vinculación del art. 6.1 de la Directiva 93/13 CEE (si se trata de una acción autónoma o accesoria a la de nulidad de la cláusula), si es compatible con dicho principio la pérdida del derecho restitutorio a pesar de la nulidad de la cláusula, si, caso de ser aplicable el instituto de la prescripción, el concepto de "plazo razonable" de prescripción debe regirse por parámetros exclusivamente nacionales, y, si así fuera, si el cómputo del plazo se ha de iniciar desde que se declara la nulidad de la cláusula. 2) La resolución cuenta con un voto particular, que no considera procedente plantear la cuestión prejudicial porque la controversia sobre la prescripción se desarrolla en el ámbito de aplicación del Derecho interno de un Estado miembro.
Resumen: Auto Ejecutivo que estima la impugnación a la liquidación de intereses practicada. Desestima la excepción de cosa juzgada, apreciando la condición de consumidores de los ejecutados. Sobre la excepción la Sala recuerda la jurisprudencia del Tribunal Europeo, el juez nacional puede examinar de oficio la validez de las cláusulas de los contrato concertados con consumidores tan pronto disponga de los elementos de hecho y de derecho necesarios para ello. La situación de desequilibrio solo puede restablecerse mediante una intervención positiva. La única excepción que permite al juez no entrar a examinar de oficio una cláusula bancaria es cuando ya hubiere sido evaluada judicialmente en otra ocasión. En este caso, en el mismo procedimiento de ejecución hipotecaria se oyó a las partes en dos ocasiones sobre la abusividad de la cláusula de interés de demora, la primera ante un control de oficio, la segunda por la oposición a la ejecución despachada por los ejecutados. En aquella ocasión, la juez, y después la Audiencia declararon que la cláusula no era abusiva por no ser un préstamo concedido para adquirir la vivienda habitual, se trata de una operación de línea de crédito abierta en cuenta corriente para la adquisición de otros inmuebles. Consecuentemente, no es posible volver a enjuiciar una cuestión ya analizada dos veces por la Juzgador y por la Audiencia, habiendo oído a las partes al respecto. Resultaría contrario a los propios actos de la ejecutante no aplicar la cláusula.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada para solicitar la nulidad de la cláusula multidivisa. El tribunal de apelación desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia recurrida: rechaza la alegación de incongruencia alegada, distingue entre anulación por vicio del consentimiento y por falta de transparencia, y entra a resolver sobre la nulidad por esta última causa, calificando la cláusula como condición general de la contratación y valorando el incumplimiento del deber de información de la entidad financiera en atención al perfil del prestatario y la falta de transparencia en la negociación.
Resumen: Declarada la nulidad de las cláusulas suelo, interés de demora y comisión por reclamación de posiciones deudoras incluidas en el contrato de préstamo, Caja Rural de Asturias alega en su recurso que las cláusulas cumplen con el requisito de transparencia exigido por el TS. La Sala responde que este requisito puede resumirse en la necesidad de facilitar al contratante consumidor la información suficiente para que tenga conocimiento adecuado no ya de la existencia de la cláusula, sino de su trascendencia en la economía del contrato, no habiendo acreditado el banco este hecho. Sobre la condena a recalcular el cuadro de amortización, deberá realizarse desde la firma del contrato. Respecto de la cláusula por comisiones deudoras, procede recordar que las comisiones y gastos repercutidos debían responder a servicios efectivamente prestados. No puede entenderse realizado un servicio específico solo por la simple remisión de una comunicación escrita generada automáticamente, sin que pueda ser objeto de retribución separada. Por último, respecto del interés de demora, Caja Rural opone que deben tenerse en cuenta todas las circunstancias concurrentes. Conforme a la jurisprudencia del TS deben declararse abusivas las cláusulas sobre interés de demora previstas en préstamos con garantía hipotecaria cuando tales intereses superen en dos puntos el interés remuneratorio correspondiente. En relación a los efectos, la cláusula debe ser suprimida del préstamo, aplicando el interés remuneratorio.
Resumen: La sala asume la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipada declarada por la sentencia de primera instancia, establece que la nulidad de la cláusula de gastos conduce a que el tribunal decida a qué contratante corresponde cada uno de los gastos, concluye que los de notaría, gestoría y de tasación corresponden por mitad a ambos, y que los de registro son de exclusiva cuenta del prestamista. Entiende también la sala que es nula por abusiva la cláusula que establece una comisión por recibo impagado. Asimismo entiende la sala que el ITPAJD corresponde al prestatario. Rechaza por el contrario la sala la nulidad de la comisión de apertura. La sala estima que la estimación de la demanda ha sido parcial, y hace condena en costas.
Resumen: Cláusula suelo. Novación por negociación. Doctrina general sobre el control de transparencia. Las cláusulas deben redactarse de manera clara y comprensible; no pueden utilizarse cláusulas que, pese a que gramaticalmente sean comprensibles, impliquen subrepticiamente una alteración del objeto del contrato o del equilibrio económico sobre el precio y la prestación, que pueda pasar inadvertida al adherente medio. La transparencia material tiene por objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez la carga económica que realmente supone para él el contrato y la carga jurídica del mismo. El conocimiento adquirido por el prestatario en el momento del otorgamiento de la escritura pública, con intervención de notario, puede no ser suficiente para entender satisfecho el control de transparencia material, siendo muy relevante la información precontractual a fin de que el prestatario tenga margen de maniobra antes del otorgamiento de la escritura. Ahora bien, solo pueden ser cláusulas abusivas aquellas que no han sido objeto de negociación individual. La aceptación de la cláusula por el consumidor no le priva del carácter de cláusula impuesta, pero en este caso debe ser respetado el juicio de inferencia por el que la Audiencia concluye que la cláusula suelo de la escritura de novación fue negociada, basándose en que la novación se limitó a la modificación de los intereses y, en particular, del "suelo" que venía aplicándose, que fue reducido en beneficio del prestatario.
Resumen: Se discute las consecuencias de la declaración de nulidad de la cláusula de gastos incluida en un préstamo hipotecario. La sala concluye que en tal caso corresponde al tribunal distribuir los gastos, de tal forma que los de notaría, gestoría y tasación corresponden por mitades a ambos contratantes, y los de registro al prestamista. En cuanto a las costas, la sala entiende que la declaración de nulidad de la cláusula, aun cuando no se haya condenado al banco a devolver la totalidad de los gastos reclamados, comporta la estimación sustancial de la demanda que determina la imposición de las costas al demandado.
Resumen: Se trata de la nulidad de una cláusula suelo en una hipoteca con interés variable referenciado al índice IRPH. No se discute ni la declaración de la cláusula suelo impugnada, ni la referenciación al IRPH, pues la nulidad de la cláusula que la impone no fue pedida en la demanda. El motivo del recurso planteado por el banco se refiere al cálculo de las cantidades a cuyo pago es condenado por exceso de intereses soportado por el actor, así como a la condena en costas. La sala estima la apelación en parte, porque las liquidaciones propuestas por la actora incluían la corrección procedente por la anulación de la cláusula, como la sustitución del índice de referencia IRPH por el euribor, que ni fue pedida ni otorgada en la demanda. La sala entiende que la sentencia incurre en incongruencia interna en aceptar la liquidación de la actora, porque no declaró la nulidad de la referencia al IRPH. Igualmente estima la sala la apelación porque la liquidación aprobada ignoraba que el sistema de cálculo de intereses pactado es el francés, que tampoco había sido declarado nulo. En consecuencia con ello, la sala entiende que es necesario realizar un nuevo cuadro de amortización del préstamo. En cuanto a las costas, la sala entiende que se trata de una estimación parcial de la demanda que impide la condena a ellas.