Resumen: La Sala estima el recurso de casación.En primer lugar, aplica la jurisprudencia fijada por la STS núm.241/2013 y califica la denominada cláusula suelo examinada como condición general de la contratación, al reunir los presupuestos que determinan la naturaleza de las condiciones generales de la contratación. En segundo lugar aplica el denominado control de transparencia sobre el marco de la contratación realizada y llega a la conclusión de que el predisponente no ha observado los criterios precisos y comprensibles en orden a que los prestatarios pudieran evaluar,directamente,el alcance jurídico de la cláusula suelo respecto a la modulación de la oferta comercial que se realizaba.También rechaza que el deber de transparencia quedara acreditado en el ámbito de la "transparencia formal o documental" que acompaña a este modo de contratar, particularmente del documento en donde se contempla la llamada oferta vinculante. La Sala no entra a valorar los efectos de la declaración de abusividad sobre el contrato a raíz de la ineficacia de la cláusula declarada abusiva, dado que la parte demandante se aquietó sobre este extremo. La sentencia de la Sala cuenta con un voto particular en el que se considera, que aplicando la doctrina de la Sala sobre el control de transparencia, las cláusulas suelo correspondientes a dos de los contratos de préstamo hipotecario examinados, no debían ser declaradas abusivas, en la medida en que el tipo nominal aplicable, no resultaba extraño o sorpresivo.
Resumen: Consumidores y usuarios. Nulidad, por tener el carácter de cláusula abusiva, de la condición general de la contratación contenida en contrato de préstamo a interés variable con garantía hipotecaria suscrito. Cláusula suelo. Recurso de casación. El carácter de condiciones generales de la contratación de las cláusulas de los préstamos hipotecarios concertados con consumidores. Requisitos. La existencia de una regulación sectorial de la contratación bancaria no excluye el carácter de condiciones generales de la contratación de las cláusulas que integran los contratos bancarios celebrados con consumidores. Las cláusulas sobre los elementos esenciales del contrato no pierden por ello su carácter de condiciones generales de la contratación ni quedan excluidas de la normativa sobre cláusulas abusivas. El control de abusividad de la cláusula suelo. La cláusula suelo es abusiva por falta de transparencia. Las consecuencias de la declaración de nulidad por abusividad. Recurso extraordinario por infracción procesal. Inexistencia de infracción de la prohibición de "mutatio libelli". Para que las cláusulas de los contratos celebrados con consumidores puedan ser anuladas por abusivas es requisito imprescindible que constituyan condiciones generales de la contratación, esto es, cláusulas contractuales predispuestas, impuestas en tanto que no negociadas, y destinadas a una pluralidad de contratos. Motivación de la sentencia. Valoración de la prueba. La carga de la prueba. Voto particular.
Resumen: Se analiza la posible abusividad de la cláusula que, en un préstamo hipotecario, establece una comisión de apertura. Tras examinar la normativa sectorial aplicable al caso (nacional y de la Unión Europea) la Sala considera que la comisión de apertura no es ajena al precio del préstamo, por el contrario, el interés remuneratorio y la comisión de apertura constituyen sendas partidas del precio del préstamo, en cuanto que son las principales retribuciones que recibe la entidad financiera por conceder el préstamo al prestatario y no corresponden a actuaciones o servicios eventuales. Tanto el interés remuneratorio como la comisión de apertura deben incluirse en el cálculo de la TAE, que permite al consumidor conocer cuál será el coste efectivo del préstamo. Por esa razón, la Sala concluye que la comisión de apertura no es susceptible de control de contenido, sino exclusivamente de control de transparencia, que considera superado o cumplido. También se pronuncia sobre los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula que atribuye al prestatario la totalidad de los gastos e impuestos, ya declarada nula por la sentencia 705/2015, de 23 de diciembre. Sostiene que son pagos que han de hacerse a terceros -no al prestamista- como honorarios por su intervención profesional con relación al préstamo hipotecario y que el pago de esas cantidades debe correr a cargo de la parte a la que correspondiera según la normativa vigente en el momento de la firma del contrato.
Resumen: Demanda frente a una entidad bancaria en la que se solicita la nulidad de la cláusula de limitación del interés variable. La sentencia de instancia partió de que la actora no tiene la condición de consumidora, pese a lo cual sostuvo que el control de incorporación de las condiciones generales se extiende a cualquier cláusula que tenga dicha naturaleza, con independencia de que el adherente sea un consumidor o no. Consideró no acreditado que la prestataria fuera consciente de la operatividad de la cláusula pues no se le ofreció información previa, comprensible y clara sobre el coste comparativo con otras modalidades de préstamo, por lo que estimó la demanda y ordenó la eliminación de la cláusula litigiosa. Recurrida por la entidad prestamista, la Audiencia estimó el recurso al considerar que la información ofrecida fue suficiente, que el control de transparencia solo era aplicable en contratos con consumidores y que la cláusula suelo era clara, teniendo constancia de ella la demandante. Casación: se cuestiona la inaplicación del control de transparencia a la cláusula por tratarse de un profesional, defendiendo la aplicación de los mismos parámetros de la STS 9/5/2013. Decisión: improcedencia del control de transparencia cualificado de las condiciones generales incluidas en contratos con adherentes no consumidores; parámetros para el análisis de la posibilidad de abuso de posición contractual: buena fe, expectativas legítimas del adherente y justo equilibrio de prestaciones.
Resumen: Acción de nulidad de la cláusula de un contrato de préstamo hipotecario del año 2004, que fija un interés de demora del 19%. El crédito hipotecario inicial fue destinado a la adquisición de vivienda habitual y, posteriormente, ampliado a otra finalidad distinta de la actividad empresarial, por lo que no impide que se pueda aplicar la normativa sobre protección de consumidores. La sentencia declara que estamos ante una cláusula predispuesta que no ha sido negociada individualmente, prueba que corresponde al profesional, y por tanto sujeta al control de contenido de abusividad. Para realizar ese control tiene en cuenta la doctrina del TJUE, según la cual, el límite legal previsto en el art. 114.3 LH no puede servir de parámetro para determinar la ausencia del carácter abusivo de una cláusula.Procede extender el criterio establecido en la sentencia 265/2015, de 22 de abril, para los intereses de demora en préstamos personales, a los intereses de demora de préstamos hipotecarios y, por tanto, fija el límite de abusividad en dos puntos por encima del interés remuneratorio pactado. Por esta razón, declara el carácter abusivo de la cláusula que fija los intereses de demora del préstamo hipotecario en el 19% por el carácter desproporcionado de la indemnización por retraso en la amortización y su eliminación total, sin que ello suponga la supresión del interés remuneratorio, que retribuye que el prestatario disponga del dinero.
Resumen: Recurso de casación frente a una sentencia desestimatoria de la demanda de la nulidad de una cláusula suelo en un préstamo hipotecario formalizado por una sociedad. La Sala desestima el recurso de casación. Se reitera la doctrina general que sobre esta cuestión había formulado la STS 367/2016, de 3 de junio, referida a la imposibilidad de que el control de abusividad pueda extenderse a cláusulas perjudiciales para el profesional o empresario; solo el control de incorporación resulta aplicable a cualquier condición general, con independencia de que el adherente sea o no consumidor. El control de transparencia, diferente del control de incorporación, queda reservado, tanto en el ámbito comunitario como en el nacional, a la cláusulas predispuesta de contratos celebrados con consumidores. El control de transparencia se relaciona con el juicio de abusividad, en la medida en que la falta de transparencia trae consigo un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor, consistente en la posibilidad de comparar entre las diferentes ofertas existentes en el mercado. Existe la posibilidad de proteger al adherente no consumidor mediante las normas civiles y mercantiles sobre el respeto de la buena fe y el justo equilibrio de las prestaciones para evitar situaciones de abuso contractual que, en el supuesto litigioso, la AP no consideró probado, al no estar acreditado un déficit de información ni que la prestataria diera su consentimiento de manera viciada.
Resumen: Contrato de seguro. Condiciones generales. Acción de cesación de cláusulas abusivas. Consumidores y usuarios. La acción de cesación se hace especialmente necesaria en aquellos casos en los que las conductas de empresarios o profesionales se desarrollan de forma masiva mediante la utilización de condiciones generales para la contratación, y son especialmente aptas para lesionar los intereses colectivos o difusos de los consumidores y usuarios. Cuando las cláusulas abusivas no afectan de forma sustancial al equilibrio diseñado por las partes, la validez y conservación del contrato por un lado, y la nulidad de las cláusulas abusivas por otro, no ofrece especiales dificultades a nivel dogmático, al regir la regla "utile per inutile non vitiatur". En nuestro sistema no es imperativo reconocer al asegurado el derecho de rescate en todas las modalidades de seguros de vida. Los contratos de seguro se basan en principios distintos a los de los depósitos bancarios, no siéndoles de aplicación las reglas fijadas para los depósitos bancarios por las circulares del Banco de España. Cuando la decisión de los Tribunales españoles recae sobre materias en las que existe una legislación armonizada, las normas del ordenamiento jurídico interno deben ser interpretadas por todos los Tribunales en el sentido más conforme al Derecho de la Unión Europea. Extensión de efectos de la sentencia: cuando proceda conforme a la legislación de protección de consumidores.
Resumen: Demanda para la validez y eficacia de un contrato de compraventa y condena a la demandada a cumplirlo, a pagar la parte del precio pendiente, más intereses, gastos e impuestos y al otorgamiento de la escritura pública de venta. Se reconviene interesando la nulidad del contrato por contener cláusulas abusivas, contrarias a la buena fe y al justo equilibrio de las prestaciones de las partes y la condena a la demandante a reintegrar todas las cantidades entregadas más los intereses legales y, subsidiariamente, se acuerde la revisión del plazo concedido al comprador para el pago de las cantidades pendientes en atención a la alteración sustancial, extraordinaria e imprevisible de las circunstancias. El Juzgado desestimó la demanda y estimó la reconvención, declaró la nulidad del contrato y condenó a la reconvenida a la devolución de la parte del precio abonada, más los intereses legales. La sentencia de segunda instancia estimó el recurso y la demanda. Recurso de infracción procesal, no existe error notorio y se plantean cuestiones sustantivas. Recurso de casación, los contratos integrados por condiciones generales de la contratación concertados con quien no ostenta la condición legal de consumidor quedan excluidos del ámbito de aplicación de la legislación especial de defensa de los consumidores. No cabe la resolución ni la modificación del contrato celebrado para especular con viviendas vendidas sobre plano cuando se invierte la tendencia alcista.
Resumen: Condiciones generales de contratación. Inversiones atípicas que no consistían en una imposición a plazo típica pues se podía perder parte o todo el capital. Recurso de casación. Nulidad por falta de transparencia. Claúsula que preve sin la debida claridad y transparencia una vinculación de la remuneración de la inversión a la evolución del valor de unas accciones y puede suponer pérdidas. Nulidad por vinculación causal de operaciones posteriores similares suscritas para enjugar las pérdidas. Las acciones de cesación no van dirigidas unicamente a lograr la interrupción de las actuaciones que vulneran el derecho protegido, sino también a prevenir aquellas de las que razonablemente pueda temerse en el futuro una perturbación del citado derecho. Recurso extraordinario por infracción procesal. No se altera la carga probatoria pues la resolución recurrida no se funda solo en la falta de información suministrada a los clientes en relación con su perfil sino tambien en otros argumentos. Incongruencia "extra petita": no concurre al no ser exigible el rigor formal de una correspondencia exacta con las peticiones de las demandas, sin que se haya producido alteración de causa de pedir, pudiendo fundar su decisión en preceptos jurídicos distintos de los invocados siempre que no se alteren los hechos que fundamentan la pretensión. Proposición de prueba en segunda instancia no practicada en la primera. Necesidad de haber solicitado la prueba como diligencia final.
Resumen: La sentencia recurrida no introduce una cuestión nueva al tratar el control de transparencia: se fijó como cuestión controvertida si las cláusulas estaban o no excluidas del control de contenido lo que tiene relación indirecta con el control de transparencia. La persona jurídica que actúa en su ámbito profesional o empresarial con ánimo de lucro no tiene la cualidad legal de consumidores. Los contratos de préstamo no se rigen por la normativa MiFID: el préstamo no es un contrato de inversión o un instrumento financiero, ni el banco actúa como empresa de servicios de inversión. Control de las condiciones generales de contratación en contratos con profesionales o empresarios, el concepto de abusividad queda circunscrito a los contratos con consumidores, lo que no implica que en las condiciones generales entre profesionales no pueda existir abuso de posición dominante, pero este tema se sujeta a las normas generales de nulidad contractual cuando la condición general sea contraria a la buena fe y cause desequilibrio importante entre las partes. Control de inclusión e improcedencia del control de transparencia cualificado de las condiciones generales incluidas en contratos con adherentes no consumidores. Conexión entre transparencia material y abusividad. La buena fe como norma modeladora del contenido contractual (Principios de Derecho Europeo de los Contratos). Nivel de información proporcionado que excluiría el carácter sorpresivo de la cláusula suelo. Carga de la prueba.