Resumen: Ámbito del recurso de casación: no cabe denunciar la infracción de una norma procesal sobre valor probatorio de los documentos privados. Modificación o novación de la cláusula suelo originaria: es posible siempre que la modificación haya sido negociada o si, cuando no lo ha sido, cumpla con las exigencias de transparencia; si se cumplen estos requisitos la nueva cláusula es válida, sin perjuicio de que se pudiera declarar la nulidad de la originaria modificada si no superaba los requisitos de transparencia. Transacción sobre la cláusula suelo: es posible cuando las partes, en una situación de incertidumbre, controvertida y para evitar un litigio, acuerdan realizar concesiones recíprocas y alcanzar un pacto que convierta la incertidumbre en seguridad, y si los términos de la transacción vienen predispuestos por el empresario es preciso comprobar, incluso de oficio, que se han cumplido las exigencias de transparencia en la transacción. Doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: conocimiento por el consumidor de las consecuencias económicas. Las pautas interpretativas sobre la inclusión de una cláusula suelo en un contrato de préstamo hipotecario deben aplicarse también a la cláusula de un posterior acuerdo no negociado individualmente, que la modifique. En el caso: la modificación cumplía las exigencias de transparencia; la cláusula de renuncia no es válida porque abarca cuestiones ajenas a la controversia que subyace al pretendido acuerdo transaccional.
Resumen: Demanda de nulidad por abusividad de la cláusula suelo fijada en la escritura de préstamo hipotecario y luego rebajada en el contrato privado de novación modificativa del anterior por falta de transparencia. Además se pidió la eliminación de la cláusula y la restitución de las cantidades cobradas en aplicación de la misma. En primera instancia se desestimó la demanda ya que cuando se firmó la novación los prestatarios sabían que el préstamo originario tenía cláusula suelo y pidieron al banco su rebaja a cambio de la renuncia a su impugnación. Recurrida en apelación, se estimó el recurso. Consideró que la cláusula suelo inicial no superaba el control de transparencia exigido jurisprudencialmente y restó eficacia al contenido del posterior documento privado de novación por el que se rebajó el tipo de interés mínimo pactado, ante la imposibilidad de convalidar la cláusula nula originaria y a la renuncia al ejercicio de acciones de nulidad. Interpuesto recurso de casación, se estima parcialmente. Apreció la validez de la estipulación que rebaja la cláusula suelo, la nulidad de la inicial cláusula suelo y la renuncia contenida en el contrato transaccional según los parámetros fijados por la jurisprudencia del TJUE en su sentencia de 9 de julio de 2020. Rechazó que los demandantes no tuvieran acción, que el contrato hubiera sido ratificado válidamente por la parte y que las cláusulas del contrato hubieran sido negociadas individualmente, conforme a STJUE de 9 de julio 2020.
Resumen: Se desestima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que desestimó la pretensión de nulidad parcial de un préstamo multidivisa al considerar que el prestatario era conocedor de las características esenciales del préstamo y de los riesgos que asumía. La sala declara que las cláusulas litigiosas superan el control de incorporación, porque los adherentes tuvieron la posibilidad de conocerlas, al estar incluidas en la escritura pública y ser gramaticalmente comprensibles, dada la sencillez de su redacción. No es incompatible ser consumidor e inversor siempre que la inversión no tenga carácter profesional. Pero ello no impide que el perfil inversor del consumidor pueda ser tenido en cuenta a efectos de comprobar si hubo transparencia en la contratación. Está probado que el prestatario conocía los riesgos del préstamo, y con esa base probatoria no es posible afirmar que la cláusula multidivisa no superase el control de transparencia. Solo cuando no se supera el control de transparencia es posible realizar el control de contenido sobre los elementos esenciales del contrato; no cabe un control de abusividad directo. No procede plantear cuestión prejudicial. Tampoco hubo error. Delimitación del control judicial de oficio: no puede llegar hasta el punto de que se ignoren o sobrepasen los límites del objeto del litigio tal como las partes lo hayan definido en sus pretensiones; el juez no está obligado a ampliar el litigio más allá de las pretensiones formuladas
Resumen: Demanda de nulidad de cláusula suelo inserta en préstamo hipotecario. El Juzgado Mercantil declaró la nulidad de la cláusula suelo impugnada por los demandantes. La demandada recurrió la sentencia y solicitó la desestimación de la demanda. La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación exclusivamente en el extremo relativo a la condena en costas de primera instancia, al apreciar serias dudas de derecho. Recurre en casación la parte demandante y la sala estima parcialmente el recurso. La sala reitera su doctrina según la cual, en los litigios sobre cláusulas abusivas, el consumidor, pese a vencer en el litigio, tuviera que pagar íntegramente los gastos derivados de su defensa y representación, no se restablecería la situación que se habría dado si no hubiera existido la cláusula abusiva y, por tanto, el consumidor no quedaría indemne pese a contar a su favor con una norma procesal nacional cuya regla general le eximiría de esos gastos; así, se produciría un efecto disuasorio inverso, pues no se disuadiría a los bancos de incluir las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios, sino que se disuadiría a los consumidores de promover litigios por cantidades moderadas y, por tanto, se vulneraría el principio de efectividad del Derecho de la UE. Respecto de las costas de apelación y casación, al no regir en su imposición el principio del vencimiento, procede aplicar la regla general del art. 398 LEC, que no admite excepciones. Se estima en parte la casación.
Resumen: Formulada demanda de ejecución sobre bienes hipotecados, los deudores formularon oposición alegando el carácter abusivo de determinadas cláusulas. El auto dictado en primera instancia desestima la oposición sin examinar la abusividad de las cláusulas, al considerar que los ejecutados prestatarios no tienen la condición de consumidores. El auto de apelación, que confirma el recurrido, señala que de la regulación sobre cláusulas abusivas que contienen la normativa en materia de consumidores se infiere que su ámbito subjetivo de protección se circunscribe a la figura del consumidor en sus relaciones contractuales con un empresario, que un contrato , aun integrado por condiciones generales, en el que el adherente no ostenta la condición de consumidor queda sujeto únicamente al "régimen general del contrato por negociación, que en cuanto a la nulidad contiene el Código Civil" y que el TJUE impone al juez nacional que conoce de un litigio relativo a un contrato que puede entrar dentro del ámbito de aplicación de la Directiva, la obligación, de comprobar si el prestatario puede tener la condición de " consumidor" examinando el conjunto de las pruebas y, los términos de dicho contrato y todas las circunstancias del caso susceptibles de demostrar con qué finalidad se adquiere; que en el caso de la escritura resulta el destino del préstamo hipotecario es la refinanciación de deudas e inversión en negocio, lo que deja el contrato fuera de las normas específicas consumidores.
Resumen: Formulada demanda de ejecución sobre bienes hipotecados y despachada ejecución, la ejecutada formuló oposición alegando, entre otros, falta de legitimación activa, carencia de fuerza ejecutiva del título por el que se despacha ejecución y nulidad, por abusivas, de determinadas clausulas. El auto de primera instancia desestima la oposición. El auto de apelación, que confirma el recurrido, considera que si bien falta de legitimación activa no es una de las causas de oposición previstas en la LEC, al afectar a la correcta construcción de la relación jurídico procesal es materia de orden público y puede ser examinada de oficio; que siendo la ejecutante una entidad del mercado hipotecario, basta para la ejecución certificación del Registro de la Propiedad que acredite la inscripción y subsistencia de la hipoteca complementada con cualquier copia autorizada de la hipoteca, que podrá ser parcial, pues la previsión legal no esta limitada a los procedimientos cuyo título lo constituyan cédulas o bonos y entiende que la exigencia de copia se ha cumplido con la presentación de una fotocopia y que es improcedente la aplicación de la aplicación de los controles de transparencia y abusividad regulados en la LCGC por no tener la demandante la condición de consumidora.
Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que estima parcialmente la demanda y tras reconocer la condición de consumidor en el demandante, considera que la cláusula suelo inicial es nula por falta de transparencia y valido el acuerdo privado que la modificó condenando a la entidad demandada a la restitución de las cantidades cobradas en exceso hasta el acuerdo novatorio. Argumenta la Sala que la utilización del capital del préstamo para el pago de deudas cuya naturaleza desconocemos no es óbice para reconocer al apelado la condición de consumidor y para aplicar la normativa tuitiva de consumo al contrato litigioso.No consta que la entidad financiera haya ofrecido al prestatario la información contractual prevista en el Orden de 5 mayo 1994 con antelación suficiente a la firma del contrato, ni tampoco que la hubiera informado de la cláusula suelo, de modo que pudieran conocer su existencia y trascendencia y comparar distintas ofertas.No basta con que en la escritura, el notario haga constar en cumplimiento de la citada Orden , que la entidad prestamista le ha exhibido la oferta vinculante y que en las condiciones financieras de la escritura, que existen limitaciones al tipo de interés.
Resumen: Recurso de casación admisible: se identifican las normas, principios y jurisprudencia que se consideran infringidas, se cita un precedente jurisprudencial que resolvió la cuestión objeto del recurso y se plantea si se han infringido normas y principios jurídicos sustantivos sobre las consecuencias de la nulidad de las cláusulas abusivas y protección de los consumidores. Apreciación de serias dudadas de derecho y principio de no vinculación del consumidor a las cláusulas abusivas: si por la apreciación de existencia de serias dudas de hecho o de derecho, el consumidor, vencedor del litigio, tuviera que pagar los gastos de su defensa y representación, no se restablecería la situación de hecho y de derecho que se habría dado si no hubiera existido la cláusula abusiva y no quedaría indemne pese a contar a su favor con una norma procesal nacional cuya regla general le eximiría de esos gastos; efecto disuasorio inverso. El principio de efectividad en la doctrina del TJUE. Diferente régimen de la imposición de las costas de primera instancia y de las costas de los recursos de apelación y casación: las costas de los recursos de apelación y de casación no pueden imponerse al recurrido, sin perjuicio de que deba correr con sus propias costas; cuando esos recursos son estimados, no opera el principio del vencimiento ni, en su caso, la excepción relativa a las serias dudas de hecho o de derecho, que solo entra en juego en la primera instancia o cuando esos recursos son desestimados.
Resumen: Acción de nulidad de cláusula que atribuía al prestatario todos los gastos e impuestos derivados de un préstamo hipotecario, que fue estimada en ambas instancias. Consecuencias de la nulidad de las cláusulas de gastos en los préstamos hipotecarios. Los gastos notariales y el impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos hipotecarios. La cláusula es nula porque si no existiera no le corresponderían al consumidor todos los gastos, de modo que su introducción genera un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes que determina su abusividad. Consecuencias: aplicación de las disposiciones de Derecho nacional que puedan regular el reparto de los gastos de la hipoteca. ITAJD: el prestatario. Gastos notariales: por mitad. En consecuencia, se estima el recurso de casación en el sentido de dejar sin efecto la condena al banco a pagar a la prestataria el gasto del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados; y, respecto de los gastos notariales, como se refieren al otorgamiento de la escritura de préstamo hipotecario, se fija la condena al banco al pago de la mitad, pues fue otorgada en interés de ambas partes.
Resumen: Gastos hipotecarios. Nulidad de la cláusula que atribuye todos los gastos al prestatario hipotecante. Dicha cláusula es abusiva pues, si no existiera, el consumidor no tendría que pagar todos los gastos e impuestos de la operación, ya que, en virtud de las disposiciones de Derecho español aplicables, no le corresponde al prestatario en todo caso el abono de la totalidad de tales gastos y tributos. Por ello, la introducción de esta cláusula implica un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes que determina su abusividad, máxime teniendo en cuenta la naturaleza del servicio objeto del contrato, que es la financiación de la adquisición de un bien de primera necesidad como es la vivienda habitual. Consecuencias. Una vez declarada nula la cláusula, el tribunal debía entrar a analizar a quién, con arreglo a las reglas legales y reglamentarias, correspondía satisfacer cada uno de los gastos cuestionados. Sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, la nulidad de la cláusula no conlleva su atribución al banco prestamista, ya que el principal sujeto pasivo obligado al pago de este tributo era el prestatario. Respecto a los gastos de notaría deben repartirse por mitad, razón por la cual el banco solo puede ser condenado a reintegrar la mitad. Y en cuanto a los gastos de gestoría su pago debe atribuirse íntegramente a la entidad prestamista.
