Los juzgados españoles recibieron en el segundo trimestre del año un total de 36.319 denuncias por violencia de género, lo que supone un incremento interanual del 13,4 por ciento. En el mismo período de tiempo, se elevó también en dos puntos el porcentaje de sentencias condenatorias a maltratadores, que representaron el 64,4 por ciento del total de sentencias dictadas.

En este segundo trimestre del año también se produjo un incremento de más de tres puntos tanto en las solicitudes de órdenes de protección como en la concesión de las mismas por parte de los órganos judiciales. Destaca asimismo el dato de los importantes incrementos experimentados en el número de medidas adoptadas judicialmente para una mayor protección de los menores.

La estadística hecha pública hoy por el Observatorio contra la violencia doméstica y de género refleja que un total de 33.593 mujeres figuran como víctimas de violencia de género en el conjunto de las denuncias presentadas en el segundo trimestre de 2016.

Este dato supone un incremento porcentual del 8,8 por ciento en la variación interanual, ya que en el segundo trimestre de 2015 las mujeres víctimas de violencia de género fueron 30.869.

En cuanto a la ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, destacan por encima de la media nacional, que es 14, las Comunidades de Canarias, con una ratio de 22,5, Murcia, con 21,3 y Baleares, con 21,2 mientras que la ratio más baja se da en La Rioja y en Castilla y León, con ratios ligeramente superiores a ocho.

Incremento de un 13,4 por ciento en las denuncias presentadas

Por lo que hace referencia a las denuncias presentadas, la cifra experimentó una variación al alza de un 13,4 por ciento respecto de la del mismo trimestre del año anterior. En el segundo trimestre de este año se han presentado 36.319 denuncias, mientras que en el segundo trimestre de 2015 se presentaron 32.023 denuncias.

Casi un 70 por ciento de las denuncias fueron presentadas por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de atestados policiales. Las denuncias por intervención directa de la policía se sitúan en el 16,48 por ciento de los casos.

Por otra parte, se produjo un ligero incremento porcentual respecto al año anterior en relación con las denuncias presentadas por familiares de la víctima, que representaron en este segundo trimestre de 2016 algo más de un 3,8 por ciento del total.

Casi un 15 por ciento de víctimas se acoge a la dispensa de la obligación legal de declarar

En el segundo trimestre del año, en 4.913 casos, la víctima de violencia de género se ha acogido a esa dispensa de la obligación legal de declarar, lo que supone un porcentaje de un 14,63 por ciento en relación con el total de mujeres víctimas de violencia de género. Esta ratio supera en más de dos puntos a la del mismo trimestre del año anterior.

Se observa en los datos estadísticos que esta dispensa de la obligación legal de declarar se produce en una ratio superior en las mujeres extranjeras que en las españolas (un 18,3 frente a un 13 por ciento).

Más solicitudes y concesiones de órdenes de protección

Durante el segundo trimestre del año, se solicitaron 10.845 órdenes de protección en los diferentes órganos judiciales. Un total de 9.587 órdenes de protección (que incluyen medidas de protección y seguridad de las víctimas) fueron solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer y otras 1.258 lo fueron en los juzgados de guardia.

El incremento de solicitudes de órdenes de protección en los juzgados especializados con respecto al mismo trimestre de 2015 fue de un 3,74 por ciento. Un 59 por ciento de las órdenes de protección solicitadas fueron adoptadas, un tres por ciento más que en el mismo trimestre del año anterior.

En los juzgados de guardia, se acordaron 911 órdenes de protección, lo que supone un 72 por ciento del total de las solicitadas, habiendo sido denegadas un total de 347.

En un 52 por ciento de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de la solicitud de la orden de protección mientras que en un 48 por ciento restante la relación se había extinguido. Dato que se mantiene estable respecto al del año 2015. Un 2 por ciento de las mujeres víctimas que solicitaron orden de protección fueron mujeres menores de edad.

Además, derivadas de las órdenes de protección y otras medidas cautelares se adoptaron 15.574 medidas judiciales penales, entre las que destacan la orden de alejamiento, la prohibición de comunicación, la suspensión de la tenencia y uso de armas, la salida del domicilio y la prohibición de volver al lugar en que se cometió la agresión.

Al mismo tiempo se dictaron 4.190 medidas civiles cautelares mientras se resolvía el proceso penal. Más de un 30 por ciento de las medidas adoptadas lo fueron en relación con la prestación de alimentos y un 26,4 por ciento resolvieron la atribución de la vivienda. En un 7,6 por ciento de los casos las medidas supusieron la suspensión de la guarda y custodia de los hijos y en un 6 por ciento de los supuestos se procedió a la suspensión del régimen de visitas.

Destaca en este apartado, como consecuencia de las reformas legales operadas para la inclusión de los menores como víctimas de violencia de género, el dato del notable incremento de las medidas tendentes a una mayor protección de los menores, ya que la evolución interanual de las medidas de suspensión de la guarda y custodia refleja un incremento del 236 por ciento, mientras que la suspensión del régimen de visitas ha experimentado un crecimiento interanual del 65 por ciento.

Incremento de las sentencias condenatorias

Durante el segundo trimestre de 2016, los órganos judiciales españoles dictaron un total de 12.162 sentencias penales en el ámbito de la violencia de género, de las que el 64,4 por ciento (7.836) fueron condenatorias, lo que supone un incremento de dos puntos respecto a las sentencias condenatorias dictadas en el mismo trimestre de 2015, que representaron un 62,4 por ciento del total de las dictadas.

El mayor porcentaje de sentencias condenatorias se produjo en los juzgados de violencia sobre la mujer con casi un 80 por ciento, seguido de las Audiencias Provinciales, con un 73,4 por ciento. Un 55 por ciento de las sentencias dictadas por los juzgados de lo penal también fueron condenatorias.

• Juzgados de violencia sobre la mujer

Los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron en el segundo trimestre de este año un total de 2.175 juicios sobre delitos leves o faltas, de los que 996 fueron juicios rápidos. En el 85 por ciento de los casos, los juicios fueron por vejaciones injustas o injurias.

Estos juzgados ingresaron a lo largo del trimestre un total de 51.178 asuntos penales. El perfil de los delitos instruidos en estos juzgados apenas sufre variación respecto a datos anteriores, ya que el mayor porcentaje, un 56,5 por ciento, corresponde a las lesiones previstas en el art. 153 del Código Penal y un 10,7 por ciento al de lesiones previsto en el art. 173 de la misma norma. Un 8 por ciento fueron delitos contra la libertad, un 7,8 por ciento fueron delitos por quebrantamiento de medidas cautelares y un 6,4 por ciento lo fueron por quebrantamiento de penas.

Los juzgados de violencia sobre la mujer tramitan asimismo demandas civiles –mayoritariamente, separaciones y divorcios y medidas sobre la guarda y custodia- presentadas por las mujeres víctimas de malos tratos. En el segundo trimestre de 2016 estas demandas sumaron un total de 4.310, cifra sensiblemente inferior a la del mismo trimestre de 2015, consolidando así la tendencia de una baja proporción de asuntos civiles ingresados respecto al total de denuncias penales presentadas.

• Juzgados de lo Penal

Los juzgados de lo penal, que enjuician los delitos castigados con hasta cinco años de cárcel, ingresaron 8.232 asuntos y resolvieron un total de 7.820 asuntos, quedando 13.591 asuntos en trámite.

Se dictaron 7.495 sentencias, de las que el 55 por ciento (4.121) fueron condenatorias, lo que supone un incremento porcentual de casi tres puntos respecto al mismo trimestre de 2015.

• Audiencias Provinciales

En las Audiencias Provinciales, cuyas secciones especializadas en violencia sobre la mujer enjuician los delitos más graves, con pena privativa de libertad superior a cinco años, se dictaron 94 sentencias, 69 de las cuales fueron condenatorias, lo que representa un 73,4 por ciento, seis puntos más que en el segundo trimestre del año anterior.

• Juzgados de menores

Por último los juzgados de menores enjuiciaron en el segundo trimestre del año a 58 menores de edad por delitos en el ámbito de la violencia contra la mujer. Se impusieron medidas en un 96,5 por ciento de los casos.

Valoraciones de la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona

La mayor visibilidad del fenómeno de la violencia de género como lo atestiguan los datos correspondientes al segundo trimestre del año nos proporciona una radiografía muy completa de este tipo de violencia y nos conduce invariablemente a las dos caras de una misma moneda.

De un lado, datos positivos, algunos muy positivos, como lo son el aumento de las medidas judiciales que buscan proteger a los menores, víctimas como son de la violencia de género. También quiero destacar una vez más el aumento de las condenas a los maltratadores, por lo que tiene de valor en sí mismo y por el mensaje ejemplarizante que desprende: no hay impunidad para la violencia machista.

En este lado de la balanza también quiero situar el incremento de las órdenes de protección concedidas, no solamente el de las solicitadas. Y, aunque sea todavía escaso, sí quiero resaltar que han aumentado las denuncias de malos tratos que presentan familiares de las víctimas. Es en ese terreno, el de la concienciación y sensibilización social y familiar, donde más podemos ganar en el combate contra el terror de género.

En el lado opuesto, la presidenta del Observatorio no puede ocultar su preocupación por la elevada cifra de denuncias y, sobre todo, de mujeres víctimas de violencia de género. Asumir como algo normal esas más de treinta y tres mil mujeres que han sufrido en un trimestre la crueldad de la violencia sexista es imposible.

También me preocupa que casi un quince por ciento de las víctimas haya decidido renunciar al proceso. Ello me obliga a insistir en la necesidad de potenciar los recursos sociales y asistenciales a disposición de las mujeres maltratadas, para que ninguna sienta desamparo y soledad en el difícil proceso que se abre tras la denuncia. En este punto quiero resaltar el valor, la fuerza y el ejemplo social de las mujeres que se atreven a denunciar y a continuar el proceso judicial.

Todo ello, una vez más, me conduce a expresar en primer lugar mi solidaridad y apoyo para con las víctimas y, en segundo término, a ratificar el compromiso del Observatorio que presido para no desfallecer en la lucha que desde hace años venimos manteniendo en la erradicación de esta lacra social.

Un compromiso que no es papel mojado, sino que se plasma en el fortalecimiento de la coordinación institucional y en la sensibilización de toda la sociedad, haciendo hincapié, cada vez con más fuerza, en la defensa de los valores que nos hacen ser una sociedad madura y democrática: la libertad, la igualdad, el respeto.