Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, del Consejo de Ministros de reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por daños y perjuicios causados a raíz de las medidas restrictivas acordadas y derivadas de la declaración de estado de alarma en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala excluye el instituto de la expropiación forzosa como mecanismo de reparación de los daños derivados del cumplimiento de la normativa COVID-19 y rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: Estructura criminal que guardaba sustancias psicotrópicas, con utilización de domicilios y naves industriales que servían de laboratorio de manipulación de las sustancias, que cargaban en camiones con destino fuera de España. Improcedencia de plantear cuestión prejudicial al TJUE sobre la legalidad de la interceptación de las comunicaciones y a la posterior utilización de los resultados de la misma en países distintos. Intervenciones telefónicas: las transcripciones constituyen prueba documental, sin que sea necesaria la audición en el juicio oral de las conversaciones. Labor de distribución de sustancias estupefacientes de todos los implicados. Delito contra la salud pública cometido en Organización criminal. Delito de tenencia ilícita de armas. Participación relevante de la acusada, que no permite aplicar la complicidad. Inexistencia de vinculo funcional entre la dependencia al consumo de drogas y la comisión de los delitos. Atenuante de dilaciones indebidas inaplicable. Atenuante de confesión que no puede apreciarse.
