Resumen: NEG. REALIZAR PRUEBAS DET.ALCOHOL/DROGAS(LO 15/07)
Resumen: La cuestión a resolver consiste en determinar si debe computarse como cotizado el periodo de percepción de prestaciones de desempleo como consecuencia de la suspensión del contrato de trabajo en ERTE covid por fuerza mayor, a efectos de percibir una nueva prestación de desempleo. Y el TS, reiterando doctrina (TS Pleno 16-11-2023, rec 5326/22 y posteriores) da a tal cuestión una respuesta negativa, y declara que en las prestaciones por ERTE COVID por fuerza mayor el periodo de desempleo no puede computar a efectos de ampliar la duración de la prestación no estando contemplado este derecho en la normativa especial de la pandemia (RD-Ley 8/20), siendo aplicable la regla general del art. 269 LGSS que la excluye. Reconoce que hay particularidades relevantes para la prestación por desempleo COVID pero no alteran la norma que impide el cómputo de las prestaciones percibidas como tiempo cotizado para generar un nuevo periodo de desempleo, no recogiendo que el periodo de percepción de prestaciones pueda computarse y generar derecho a nueva prestación como si de ocupación cotizada se tratase. La situación jurídica queda en los mismos términos que el art. 273.2 LGSS, evita que sea periodo carente de cotizaciones empresariales. No genera para el desempleo más beneficios mantiene los derechos del trabajador. Se exige efectiva realización de ocupación cotizada. Reitera STS núm. 212, 213, 214, 215 y 217, todas ellas de fecha 30 de enero de 2024.
Resumen: La sentencia conoce de un supuesto de simulación con fines de elusión de la correcta tributación; declara que la inspección de tributos llegó a unas determinadas conclusiones tras constatar una serie de hechos que, analizados e interpretados conjuntamente y en su contexto, solo podían ofrecer una explicación plausible; a saber: que los negocios jurídicos cuestionados constituían un ejercicio de simulación dirigido a la obtención de un ahorro fiscal al que el hoy recurrente no tenía derecho. Por otra parte, descarta que la declaración de inconstitucionalidad parcial del Decreto de estado de alarma por Covid-19 afecte a la suspensión por el mismo acordada de las actuaciones administrativas, sin que por ello compute dicho periodo a efectos de la prescripción del derecho a determinar la deuda tributaria. También que la actuación inspectora haya causado indefensión al demandante con ocasión de su sordera del 100% al llevarse las diligencias mediante correo electrónico. Por último, en cuanto el elemento de la culpabilidad de la infracción, refiere que las operaciones incursas o fruto de la simulación, llevan aparejada necesariamente intención y, por ende, dolo.
Resumen: En el año 2013 la sanidad pública diagnostico al recurrente un adenocarcinoma de próstata, realizándole prostatectomía radical robótica, iniciándose seguimiento periódico que dio lugar a radioterapia entre septiembre y noviembre de 2015, linfadenectomía de la iliaca común bifurcación aórtica en septiembre de 2016, en septiembre de 2017 se aprecia discreto aumento de tamaño de algunas de las adenopatías en cadena iliaca común, remitido al Servicio de Oncología Médica acudió previamente a consulta privada donde se le aconsejó radioterapia que fue desechada por el Servicio de Oncología, ofreciéndole participar en el estudio CO 39303 que declinó y se inició tratamiento de primera línea en abril de 2018 con excelente tolerancia y descenso progresivo PSA, subiendo posteriormente estas rangos evidenciándose adenopatías retro peritoneales en marzo de 2020. Con estos hallazgos acudió a clínica privada donde fue sometido a tratamiento que solo se proporcionaba en esa y en otra clínica privada, sin que existiese urgencia vital ni denegación de la Sanidad pública, lo que lleva a desestimar la pretensión actora.
