Resumen: RECURSO LEY 41/2015. SENTENCIA DICTADA EN APELACIÓN POR EL T.S.J.DELITO: Delito de falsedad en documento mercantil previsto en los artículos 390.1.1º, 392.1 y 393 del Código Penal, en concurso medial con un delito continuado de estafa agravada en grado de tentativa previsto en los artículos 248 y 250.1.5º en relación con el artículo 74, 16 y 62 del Código Penal.
Resumen: Se debate en esta sentencia el carácter recurrible de la sentencia de instancia, que resolvía una demanda de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual, a la que se anudaba una pretendida vulneración de derechos fundamentales, con petición de indemnización por daños morales . La Sala de suplicación se remite a la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha modificado la anterior doctrina de la Sala y que sostiene que no cabe recurso de suplicación frente a la sentencia dictada en modalidad procesal de modificación sustancial de condiciones de trabajo, aunque incorpore reclamación de cuantía superior a 3.000 euros derivada de aplicar la decisión empresarial impugnada. Considera que en este caso la sentencia no debería acceder a la suplicación por razón de la materia, sin embargo hace una interpretación extensiva del artículo 191.3 d) de la LRJS y admite el recurso únicamente para revisar la excepción procesal de "cosa juzgada", que había estimado la sentencia recurrida, pronunciamiento que acaba confirmando.
Resumen: Del importe de la reclamación por rentas de los meses de abril, mayo y junio del año 2020, siendo el objeto de arriendo un Hotel, se aplica la doctrina de rebus sic stantibus dadas las medidas de confinamiento, alarma y restricción de aforos vigente en aquella época, por causa extraordinaria de COVID 19 que afectó, obviamente -aun no aportando la demandada sus cuentas contables- a los ingresos de la arrendataria y se reduce en un 50 %. La demandada debe abonar los importes de IBI dado que el pacto de compensación por reparaciones no lo acredita. A su vez entre litigantes hubo un contrato de venta de un dominio que no resulta inhábil para el funcionamiento del Hotel dado que se disponía de otro propiedad de la actora y se obliga a la demandada a su reintegro. Se fija la condena solidaria de la fiadora, persona física que ostenta condición de consumidora y la cláusula supera el control de transparencia; no aparece dispersa u oculta y la fianza forma parte de contrato de arrendamiento y no puede pasar desapercibido a dicha persona, no limitándose a la simple renuncia de los beneficios de orden, excusión y división sino que explica suficientemente los efectos jurídicos y económicos que implica esa renuncia.
Resumen: La Sala desestima recurso de apelación interpuesto contra sentencia que declaró conforme a derecho resolución dictada en procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística. Tal y como indica el juzgador de instancia la Agencia sí tiene competencia en el expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística, sin que se pueda entender que lo que está haciendo es supervisar si las obras se ajustan a la licencia sino que el ejercicio de su función es comprobar la existencia de una infracción, en este casa contra el suelo rústico. La nulidad prevista en el artículo 62.1.e) de la LRJPAC no la provoca cualquier irregularidad procedimental sino sólo aquéllas de gravedad extrema, constituidas por la ausencia absoluta y total de procedimiento, por haberse seguido uno totalmente diferente o por haberse omitido sus principales trámites. Haciendo proyección de esta consolidada doctrina jurisprudencial sobre el presente caso, es claro que no concurre el vicio de nulidad alegado por el apelante, y es que el día inicial para el cómputo del plazo de caducidad del expediente ni es el de las denuncias ni aquellos en que se emite el informe técnico correspondiente, porque estas actuaciones administrativas son previas al expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística conculcada por la ejecución de obras sin licencia y no tienen más función que la de investigar si concurren los presupuestos de hecho necesarios para la incoación del expediente.
Resumen: La sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 5 de Vigo desestimó la demanda, en la que la parte actora solicitó que se le reconociera la pensión de viudedad, por no estar acreditada la inscripción en el registro de parejas de hecho. La cuestión objeto de debate, relativa a la necesidad de acreditar la existencia de pareja de hecho mediante los mecanismos previstos en art. 221.2 II LGSS ha sido resuelta en múltiples ocasiones por la Sala IV del Tribunal Supremo, entre otras, en la más moderna sentencia de 29 de abril de 2024 (Recurso: 1881/2022) que reitera doctrina estableciendo lo que es necesario. Conforme al articulo 221.2 II,"la existencia de pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja. Tanto la mencionada inscripción como la formalización del correspondiente documento público deberán haberse producido con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante". En el caso que nos ocupa no está acreditada la inscripción.
