Resumen: PRIMERO.- La instancia ha dictado Sentencia en la que ha estimado la demanda formulada por la empresa SUSPERTU S.L.U., frente al GOBIERNO VASCO - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES, y ha revocado la Resolución dictada de fecha 26 de octubre del 2.018 y anulado la sanción impuesta a la empresa demandante.
Resumen: El Auto de medidas cautelare constató el perjuicio que se estaba ocasionando a los menores por permanecer sin escolarizar y sin seguimiento psicológico de las dos niñas durante más de un año. Se había dictado al amparo de lo previsto en el art. 236-3 CCCat, habida cuenta la actuación de los progenitores que impidieron durante un año aproximadamente, el cumplimiento de la medida de ingreso acordada por la Administración. No se ha recusado a la juez y no hay causa de nulidad de actuaciones. Las partes han tenido vista del expediente administrativo. No hay indefensión. Es procedente que el juez, al examinar la impugnación de la declaración de desamparo contemple el cambio de circunstancias producido con posterioridad. Para acordar el retorno del menor desamparado a la familia biológica no basta con una evolución positiva de los padres. El derecho a la prueba no es un derecho ilimitado y no era necesaria la prueba testifical. Las situaciones que inicialmente fueron calificadas como constitutivas de riesgo, después, por su cronicidad y agravamiento se convirtieron en situación de desamparo. Los tribunales no pueden fijar visitas, antes de fijarlas debe llevarse a cabo la necesaria terapia. Concurre la causa de desamparo de los apartados d) y h) del artículo 105 de la LDOIA: ejercicio inadecuado de las funciones de guarda que comporte un peligro grave para los menores y desatención física, psíquica o emocional grave o cronificada. La DGAIA debía haber utilizado mecanismos adecuados
Resumen: PRIMERO.- El legislador ha querido limitar las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Social que pueden ser recurribles en suplicación, y las ha limitado a aquellas que resuelven litigios cuya cuantía litigiosa excede de 3.000 euros, además de otras afectantes a determinadas materias, como los de clasificación profesional. De este modo se excluye de la posibilidad del acceso al recurso de suplicación a las sentencias recaídas en procesos de cuantía inferior a la citada y otros recaídos en procedimientos relativos a cuestiones de determinada naturaleza.
